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Full text of "Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Con la relación de sus ..."

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y 






FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



DE JUSTICIA NACIONAL 



CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



FALLOS 



DR LA 



SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA NACIONAL 

CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



PUBLICACIÓN HUCHA 



Pw ln Dictas D. JOSS E. DOMBCÜÍI j D. JOSK A. FRUS 

Secretarlos del Tribunal 



CUARTA SERIE QUE PRINCIPIA CON EL AÑO 4893 

TOMO DÉCIMO 



BUENOS AIRES 

IMPRENTA DE PABLO E. CONI É HIJOS, ESPECIAL PARA OBRAS 

680 — c a„l L K pih A — 680 

4896 



FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA NACIONAL 
CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



AfsTO 1805 



(Continuación) 



CAUSA CXI. 



Contra don Daniel J. Repetto-; sobre comiso 

Sumario. — Cae en comiso el exceso sobre las mercaderías 
manifestadas, aunque se haya presentado solicitud de adición, 
si ésta se presentó despnés de haber habido principio de verifi- 
cación. 



Caso.— Besulta de las siguientes piezas : 



6 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 



■Buenos Aires, Julio 17 de 1890. 

Vistos y resaltando: Que habiendo pedido despacho don D. J. 
Repetto por su manifiesto número 03291, fecha 23 de Noviem- 
bre, de 5 cajones, con la cláusula de ignorar contenido, usando 
así de la franquicia que acuerda el artículo 108 de las Orde- 
nanzas al comerciante, que ignore ano quiera exponerse á error 
en la manifestación; que llenada esa manifestación previa Te* 
rificacion de oontenido por el interesado, es de suponerse, que 
el manifiesto citado fué pasado á Vistas el 23 de Noviembre y 
en la misma fecha á la liquidación, quedándose el Vista con el 
parcial para despachar por él, diligencia que recien practicó 
el día 26 á la 1 encontrando en la verificación los excesos 4 lo 
manifestado de que da cuenta el parte de foja 1 ; Que llamado 
á declarar el interesado expone 4 fojas 2 vuelta, 3 y 3 vuelta 
que extrañaba el parte pasado, pues.el mismo día 26 de Noviem- 
bre á las 11 a. m. había presentado á la Administración una 
solicitud de adición y á la 1 p.m. fué recien el dependiente del 
declarante á despachar con el vista, pero que al abrir el primer 
cajón recibió dicho dependiente orden terminante de suspender 
el despacho, lo que se verificó de acuerdo con el Vista, á quien 
( recien entonces ) hizo notar que se había presentado una soli- 
citud horas antes. 

Considerando que si bien es cierto que oon fecha 26 de No- 
viembre, es decir, el mismo día en que se dio principio á la ae- 
rificación del despacho el interesado presentó una solicitud de 
adición á la Aduana, no es menos evidente que dicha solicitud 
ha sido presentada una vez descubierto el exceso por el Vista 
despachante. 



DE JUSTICIA NACIONAL 7 

Que de no ser así, no es verosímil suponer que habiendo pre- 
sentado la solicitud á las 1 1 a. m. y mandado el dependiente á 
despachar recien á la i no hiciera conocer á éste el exceso á lo 
manifestado que existía en los 5 cajones, áñn de que cumpliendo 
con lo dispuesto enelartículo934de las Ordenanzas hiciera pre- 
sente al Yista haber error de menor manifestación, á fin de ob- 
tener la conmutación de pena. 

Que mucho menos verosímil es que esto pudiera suceder, si la 
solicitud fuera hecha con fecha 25, como aparece. 

Que lejos de ello, está probado por la declaración misma del 
interesado y por las dos cartas de comerciantes que presenta 
como testigos y que obran á fojas 12 y 13, que recién después 
de haber verificado el Vista un cajón el dependiente recibió orden 
de la casa de suspender el despaoho y avisar al Yista que tenía 
error, agregando el testigo Fachi hermanos que presenció cómo 
habiendo el dependiente empezado á verificar con el Vista, al 
notar en el primer cajón alguna diferencia pidió permiso al Yista 
para hablar con la casa y recuerda que al momento volvió y 
dijo al Yista que esa misma mañana se había presentado una 
solicitud, pidiendo agregar al manifiesto 500 metros varillas; lo 
que comprueba en esa parte la exposición del Yista á foja 5, 
donde dice que después de encontrada una diferencia en un ca- 
jón el dependiente se retiró al teléfono, de donde volvió al mo- 
mentó, 4 65 minutos, para decirle que suspendiera el despacho, 
que á las 1 1 l /i habían presentado una solicitud pidiendo au- 
mentar 500 metros de varillas. 

Que la afirmación de la carta del testigo Besio, á foja 13 vuel- 
ta, donde dice que el dependiente lo había encontrado algo 
inquieto porque decía había venido de la Boca y como no lo ha- 
bía visto á su patrón ignoraba lo de la solicitud, queda destrui- 
do no sólo por no haoer fé ese documento, según lo prescrito 
por el artíoulo 1058 de las Ordenanzas, sino también por la 
misma declaración del interesado á foja 2, donde dice que la solí- 



8 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

citad la presentó á las 11 y el dependiente fué á la 1 á despa- 
char, y por la misma solicitud, desde que teniendo fecha 25, 
prueba que desde esa fecha, al menos, la casa conocía el error de 
manifestación. 

Que en cuanto á la hora en que el día 26 se presentó la soli- 
citud de adición, notándose que el interesado, dice haberla pre- 
sentado á las 11 a. m., el empleado de secretaría Langhein. á 
foja 6, á las 11 y 20, y el secretario, á foja 8, como á las 12 ; 
se pidió á dicho funcionario, en vista de esa divergencia de 
datos tomados de un mismo antecedente, informara sobre el pro- 
ceder que entonces observaba la Aduana en la presentación y 
tramitación de solicitudes de este género; el cual se expide á 
fojas 8 vuelta y 10 vuelta diciendo que por la práctica estable- 
cida no se podía precisar la hora exacta de la presentación de 
la solicitud, la cual no era sino calculada, y que el sistema ob- 
servado era que los interesados presentaran y diligenciaran ellos 
mismo 8 sus solicitudes de adioion; exponiendo que sucedía que 
presentada ésta y con el decreto de informe « Contaduría y Jefe 
de Vistas > obtenían el primer informe y reservándose la solicitud 
sin acudir por el segundo, esperaban el resultado del despacho, 
presentándola si el Vista descubría el exceso ó haciéndola 
pedazos si por despacharle en confianza ó por otra causa ésta 
pasaba desapercibida. 

Por estos fundamentos y el muy especial de no haber mani- 
festado al Vistael exceso sino después de haber habido princi- 
pio de verificación que las descubrió, fallo de acuerdo con lo 
prescrito en los artículos 930 y 934, declarando caido en comi- 
so el exceso de 500 metros varillas. 

Hágase saber; pase á Contaduría A sus efectos y repónganse 
los sellos. 

S. Baibiene. 



DE JUSTICIA NACIONAL 9 



Fallo del «Inés Federal 



Buenos Aires, Setiembre 29 de 1891. 

Vistos estos autos : por los fundamentos de la resolncion 
recurrida y considerando además : 

I o Que el hecho de haberse presentado el dependiente de Re- 
petto á pedir el despacho del parcial, cuya adición se había 
solicitado poco antes, constituye una infracción prevista y pe- 
nada por el artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana, pues 
á pesar de la presentación hecha anteriormente* si el Vista, 
ignorando esta circunstancia hubiese despaohado en confianza, 
el resultado habría sido que la mercadería hubiera salido de 
la Aduana y ésta no hubiese podido cobrar el exceso que no po- 
día justificar. 

2* Que aceptando que el dependiente al solicitar el despacho 
obraba por error, no conociendo la solicitud de adición presenta- 
da por la casa, la falta de no haber instruido bien á su depen- 
diente, quien, de acuerdo al artículo 1027 de las Ordenanzas, 
procede siempre á nombre, por cuenta y á cargo de la casa que 
representa. 

Por estas consideraciones, confirmase la resolución recurrida 
de foja..., y, previa reposición de sellos, devuélvase este expe- 
diente á la Aduana. 

Andrés ügarriza. 



10 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SfiftOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Mayo 12 de 1895. 

Suprema Corte: 

Les hechos establecidos tanto en la resolución administrati- 
va como en la del Jaez Nacional de foja 42, están apoyados en 
circunstancias fehacientes del proceso. 

De ello resulta, que el despacho de las mercaderías se inició 
á la vez que se presentaba el pedido de rectificación del ma- 
nifiesto, siendo evidente que, tal proceder conducía al perjuicio 
de la renta, en el caso de despacharse en confianza la mercade- 
ría que, salida de la Aduana, no habría sido posible inspec- 
cionar. 

Siendo aplicables al caso sub-judice las prescripciones de la 
ordenanza citadas en la resolución recurrida, pido á Y. E. se 
sirva confirmarla por sus fundamentos. 

Sabiniano Kier . 



Fallo 4e la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio l 9 de 1895. 

Vistos; De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General y por sus fundamentos, se confirma oon cos- 
tas el auto apelado de foja cuarenta y dos. Devuélvanse, de- 
biendo reponerse los sellos ante el inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 11 



CAUSA CXL1 



El doctor don Ramón Agüero contra el Banco Hipotecario 
Nacional; sobre cobro de honorarios 



Sumario. — £1 abogado que' presta sus servicios profesiona- 
les al Banco Hipotecario Nacional, por encargo del abogado ti- 
tular que recibe de éste por los suyos una compensación men- 
sual, no tiene derecho para oobrar honorarios á dicho Banco. 



Caso. — (Lo explica el 



Pulí» del «Inés WmémwmM 



Santiago/.Janio 27 de.1894. 

Y Tistes: el cobro de honorarios que hace el abogado doctor 
Ramón Ignacio Agüero, al agente del Banco Hipotecario Na- 
cional; de su estudio, resulta: 

Que el Banco tiene un abogado titular que es el doctor Fede- 
rico Espeche, quien percibe una remuneración fija, por los ser- 
▼ióosque presta ai Banco; que habiéndose ausentado éste ( el 



12 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

doctor Espeche) dejó encargado al doctor Agüero, para que le 
remplazara en su ausencia; lo que sabido por el agen te del Ban- 
co, éste le llamó para dirigirle en la gestión que debía entablar 
ccmtradon Juan San Gernes. 

Que aceptando esta invitación, el doctor Agüero concurrió á 
patrocinar al Banco, de acuerdo con lo que había convenido con 
el doctor Espeche, en el sentido de sustituirle, en su ausencia, 
en la dirección de las gestiones que tuviera que hacer el Banco. 

Que siendo notorio que e! abogado titular del Banco percibía 
un sueldo fijo mensual por toda remuneración de sus servicios, 
el doctor Agüero no debe suponerse que lo ignorara; y que, por 
lo tanto, al aceptar la sustitución del titular, se sujetara aper- 
cibir la remuneración que á aquél le correspondía, salvo pacto 
especial entre ambos. 

Que la pretensión del Banco, en cuanto á que el doctor Agüe- 
ro cobre sus honorarios del señor Juan San Germes, no es pro- 
cedente, por cuanto dicho señor no ha sido condenado oon las 
costas^ en el incidente que ha motivado estas actuaciones. 

Que, por lo tanto, y sin desconocer que el dootor Agüero, 
esté en su derecho al cobrar honorarios por los servicios pres- 
tados al Banco, en ocasión deben gestionarse contra el señor J. 
S. Germes, debe hacerlo contra quien corresponda en de- 
recho. 

Por todo lo expuesto y por otras consideraciones que se omi- 
ten, declaro: que el agente de! Banco Hipotecario no está obli- 
gado á pagar los honorarios del doctor Agüero, quien debe di- 
rigir su acción contra quien corresponda en derecho. Repón- 
gase elsello. 

P. Olaechea y Alcor ta. 



DE JUSTICIA NACIONAL 13 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 1* de 1895. 

Vistos y considerando : Primero : Que según lo reconoce el 
doctor Agüero en su escrito de foja seis, el doctor don Federico 
Espeche, abogado titular del Banco Hipotecario Nacional, le en- 
cargó de su representación en todos sus asuntos, durante su 
ausencia, resultando que es en virad de ese encargo que reemplazó 
al citado doctor Espeche para la defensa en la causa que ha 
motivado este juicio. 

Segundo: Que reconoce igualmente que el agente del Banco, 
al requerir sus servicios profesionales, le manifestó que sabía 
que el doctor Espeche lo había encargado de reemplazarlo, lo que 
él corroboró. 

Tercero: Que de esos antecedentes se desprende que el doctor 
Agüero ha obrado en la causa de referencia, asumiendo por 
convenio con el doctor Espeche, la representación que éste le 
confirió. 

Cuarto : Que el sustituido no puede gozar contra el mandan- 
te originario derechos más extensos que el sustituyente ( ar- 
tículo 1926, Código Civil ), sin perjuicio délos que le correspon- 
dan contra su mandante inmediato (artículo 1928). 

Quinto : Que el hecho aseverado por el agente del Banco, de 
que éste paga á su abogado titular una compensación mensual 
por sus servioios y que también afirma la sentencia, se halla 
corroborado por lo dispuesto en el artículo once de la Ley orgá- 
nica de aquella institución de crédito, á que se agrega que ese 
hecho no ha sido contestado por el doctor Agüero. 

Sexto : Que el doctor Agüero expresa que no ha celebrado 
convención alguna con el Banco, tendente á modificar la sitúa- 



i A FALLOS D* LA SUPREMA CORTE 

oion de éste en relación á sus obligaciones precedentemente 
contraidas. 

Por estos fundamentos y concordantes del auto apelado de 
foja catorce, se confirma éste, con costas. Repuestos los sellos, 
devuélvanse, pudiendo notificarse con el original. 



BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN.— OCTAVIO BUNGB. — 
JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CX lili 



L. Trebino y C*,por denuncia de contrabanda de huano, impu- 
tado á don Mariano Rondanini; sobre intervención en el juicio. 



Sumario. — El denunciante de contrabando de huano, no tisue 
derecho de intervenir en el juicio correspondiente. 



Caso . — Resulta de la siguiente 



/ 



DE JUSTICIA NACIONAL 15 



PETICIÓN 



Buenos Aires, Mayo 15 de 1895. 

Señor Juez Federal: 

L. Trebino, de la razón sooialL. Trebino y C% exploradores 
de la costa sud, en virtud del decreto de 13 de Mayo de 1890, 
denunciantes de contrabando de Imano verificado por los buques 
Ibrahimj Duilio, constituyendo domicilio en la calle San Mar- 
tin 142, escritorio 19, altos, á Y. £. digo: 

Que habiendo terminado el sumario instruido para la investi- 
gación del delito denunciado, vengo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4° de la ley de 9 de Ootubre de 1880, y artíoulo 
33 de la ley de Aduana vigente, á pedir á Y. S. ordene se me 
tenga por parte en este juicio de contrabando, dándoseme la 
intervención en la causa que por la citada ¡ey me corresponde. 
Es justicia. 

L. Trebino. 



Palto del Juei Federal 



Buenos Aires, Mayo 16 de 1895. 

No estando autorizada la intervención que el reour rente recla- 
ma, ni por la ley citada de 9 de Ootubre de 1880, ni por las Or- 
denanzas de Aduana, ni por el artículo 33 de la ley de Aduana, 
vigente, no ha lugar. 

J. V. Lalanne. 



Í6 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 4 de 1895. 

Vistos : Por sus fundamentos y considerando además : Que el 
présente juicio se ha promovido y seguido ante el Jaez de la 
causa en el concepto de tratarse de un contrabando, ó de un hecho 
regido, en cuanto al procedimiento, por las reglas correspon- 
dientes á ese delito (artículo cuarto de la ley número mil cin- 
cuenta y cinco, de nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta). 

Que la excepción establecida por el artículo treinta y tres de 
la ley de Aduana vigente en el corriente año, haciendo parte á 
los empleados de la misma, en juicios de contrabando, indepen- 
dientemente de la acción fiscal, confirma para los casos no excep- 
tuados la regla que niega, sin esa calidad, la intervención (del 
demandante, como lo tiene resuelto en diversos fallos esta 
Suprema Corte. 

Que Trebino y Compañía no son empleados de Aduana. 

Se confirma, con costas, el auto apelado de foja cuarenta y 
tres vuelta. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el 
Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN . — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 17 



CAUSA C3XI1I 



Don Domingo Lamberti contra don Bautista Guaragua, por 
restitución de campo y haciendas; sobre nombramiento de ad- 
ministrador provisorio. 



Sumario. — Sin haberse promovido contra el socio adminis- 
trador el juicio sobre remoción de la administración, "no procede 
el nombramiento de administrador provisorio de los bienes de la 
sociedad. 



Caso. — El señor Lamberti se presentó al Juzgado exponien- 
do : Que es arrendatario de un campo perteneciente á doña Ca- 
talina Murray y Boy ce, situado en el partido de Suipacha, y 
compuesto, más órnenosle 640 cuadras, al cual introdujo cierto 
número de hacienda vacuna y lanar ; 

Que mediante un salario convenido, encargó del cultivo y ad- 
mistracion del campo á don Bautista Guaragua, á quien ha he- 
cho ciertas observaciones respecto de las cuentas y gastos, exa- 
gerados en extremo ; 

Que aquel se dio por ofendido y olvidando su carácter de 
empleado, se considera desligado de todo deber para con él, lle- 
gando al punto de alzarse con todo cuanto se le confió, en térmi- 

T. x 9 



18 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

nos qae rehusa entregarle el campo, protestando ana asociación 
que nunca ha existido; 

. Que ante este hecho, fundado en el articulo 2465, Código 
Civil, entabla demanda contra Guaragua y pide se le con- 
dene á restituir el campo, las haciendas y útiles de labranza, 
con costas. 

En un otrosí dijo: que admitiendo hipotéticamente la exis- 
tencia de la asociación pretendida por Guaragua, no obsta áque 
se decrete su remoción y se nombre un administrador proviso- 
rio hasta tanto se decida el juicio, porque si mediando un moti- 
tivo grave procede la revocación del mandato al socio adminis- 
trador, con mayor razón cuando falta tal mandato y cuando los 
actos de un socio suscitan desconfianza en el otro (artículos 
1682, 1684 y 1692, Código Civil). 

Que en esa hipótesis, pide al Juzgado se decrete la remo- 
ción de Guaragua de la administración que ejercita, nombran- 
do un administrador provisorio, el que deberá ser puesto en po- 
sesión del campo, haciendas y útiles de labraza bajo inventario. 



\ 



Fall» del Juei Federal 



La Plata, Diciembre 21 de 1894. 

Por acreditada la competencia del Juzgado; de la demanda 
traslado, acordándose al demandado para contestarla y compa- 
recer á estar á derecho, el término de 14 días, y se comete la no- 
tificación al Juez de Faz de Suipacha. 

Al primer otrosí, como se pide, bajo la responsabilidad de 
esta parte, librándose al efecto el correspondiente ofioio al 
Juez de Pax de Suipacha, y nombrándose administrador . á don 
Nicandro Dorr, quien deberá aceptar el cargo en forma ante el 



DB JUSTICIA NACIONAL 19 

actuario. Téngasele por parte á don Agustín Volpicelly, y 
por constituido el domicilio. Repóngase el sello. 

Aurrecoechea. 



Fallo de la Suprema Corte 

^ Buenos Aires, Junio 4 de 1895. 

Vistos y considerando : Primero: Que es en el concepto de 
la existencia de una sociedad afirmada por el demandado y re- 
conocida posteriormente por el actor, que éste ha solicitado en 
el otrosí del escrito de foja once, el nombramiento de un admi- 
nistrador provisorio para los bienes que aquel tenía bajo su ad- 
ministración. 

Segundo: Que eliminando de la exposición de hechos, conte- 
nida en la demanda, la afirmación de que el demandado se ha- 
bía encargado de la administración en calidad de simple man- 
datario, que, por reconocimiento ulterior del demandante y 
por la escritura de foja treinta y una, por él presentada, se de- 
muestra que se encargó de tal administración en el carácter de 
socio industrial, lo que ya no se contesta, resulta de la citada 
exposición que ese estado de cosas procedía de estipulación del 
contrato mismo. 

Tercero : Que además de esa consideración y del mérito que 
surge de la circunstancia de constituir en su industria el aporte 
social del demandado, á quien en la escritura de poder de foja 
primera le llama habilitado; el hecho de .proceder la adminis- 
tración, del contrato mismo, se demuestra por las citas legales 
en que se basa el pedido de nombramiento de administrador 
provisorio, pues que los artículos mil seiscientos ochenta y dos 



20 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

y mil seiscientos ochenta y cuatro que se invocan, habiéndose 
heoho valer especialmente este último en el informe in voee 
ante esta Suprema Corte, se refieren á la remoción del adminis- 
trador nombrado en el contrato social. 

Cuarto: Que no tan sólo no se ha producido comprobante 
alguno tendente & acreditar la existencia de una causa legítima 
de remoción del socio que administraba la sociedad, sólo ó con- 
juntamente con su coasociado, sino que no se han expresado 
con la precisión bastante los hechos que fundarían el motivo 
grave* que se refiere el artículo mil seiscientos ochenta y dos, 
lo que puede tener su explicación, en la circunstancia de haber- 
se intentado la demanda sobre la base de tratarse de un simple 
mandato ordinario, y no de un mandato social. 

Quinto : Que una vez promovida la acción para la revocaoion 
del mandato por los motivos graves del artículo mil seiscientos 
ochenta y dos, es que el artículo mil seiscientos ochenta y cua- 
tro autoriza el nombramiento de administrador provisorio, du- 
rante la secuela de la causa, cuando hubiese peligro en la demo- 
ra, resultando así que esa autorización tiene por antecedente el 
juicio sobre remooion del socio administrador, que aún ni si- 
quiera se ha promovido. 

Por esto : se revoca el auto de foja catorce vuelta en la par te 
apelada ; repuestos los sellos, devuélvanse. Notifíquese con el 
original. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 21 



CAUSA CXI.IV 



Don Juan Siches y otros contra la sociedad <Howaldtswerke* f 
por embargo y regulación de honorarios ; sobre apelación 
denegada . 



Sumario. — 1° Los autos del inferior mandando cumplir una 
resolución de la Suprema Corte, no son susceptibles de recurso. 

2 o Tampoco lo es el decreto ordenando se manifieste confor- 
midad 6 disconformidad con un acuenta de honorarios. 



Caso. — Lo explica el siguiente 



INFORME DEL JUEZ FEDERAL 



Buenos Aires, Mayo 90 de 1895. 
Suprema Corte : 

En cumplimiento del decreto de Y. E., recaído en el recurso 
de heoho deducido por don Guillermo Lippold, tengo el honor 
de informar lo siguiente ; 



$2 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que en 28 de Mayo del año próximo pasado, los señores Juan 
Siohes, H.Py,Luis Sattlery Juan C. Almandos, los tres primeros 
como arbitros y el último como Escribano, en el juicio arbitral se- 
guido entre el capitán Carlos Zindel, representante de la casa 
c Howaldtswerke » y el señor Francisco Francioni, referente al 
buque t I o de Mayo», presentaron á este Juzgado sus respecti- 
vas cuentas de honorarios, pidiendo á la vez, entre otras dili- 
gencias, se trabara embargo preventivo délas sumas que dicho 
capitán debía percibir en tal carácter; á lo cual se proveyó de 
conformidad, nombrándose regulador, de acuerdo con la anti- 
gua ley de la materia. 

Recurrido este proveído en cuanto al embargo, fué él confir- 
mado por auto de Y. E. de féchala de Marzo del corriente año, 
habiendo entretanto quedado suspendido el incidente sobre re- 
gulaoion . 

Posteriormente y en fecha 29 del indicado mes y año, el ex- 
presado señor Almandos se presentó solicitando : I o Se hicie- 
ra efectivo el embargo antes referido ; 2 o Se regularan sus 
honorarios de acuerdo con lo dispuesto en la ley actual sobre 
costas procesales; y 3 o se entendieran tales diligencias con el 
representante de la casaHowaldtswerke, señor L ipp oíd, alo que 
el Juzgado proveyó de conformidad, fijando la cantidad de 5200 
pesos oro sellado á los efectos solicitados; embargo que no se 
llevó á cabo por indicación verbal del interesado y por ser él 
de todo punto inútil, desde que los fondos pertenecientes á la 
casa Howaldtswerke se hallaban ya embargados y á disposición 
de este Juzgado. De este auto, el representante de la casa «Ho- 
waldtswerke», señor Lippold, dedujo los recursos de reposición, 
apelación y nulidad en subsidio, que tramitados en forma fue- 
ron desestimados, ordenándosele en consecuencia, manifestara 
su conformidad ó disconformidad con la cuenta de honorarios 
antes expresada, que es el proveído recurrido. 

Debo sólo agregar á lo expuesto, que el jnicio sobre ejecución 



DE JUSTICIA NACIONAL 23 

del laudo tramitado últimamente con el señor Lippold en su ca- 
rácter de representante del a casa«Howaldtswerke», terminó por 
la resolución de este Juzgado de fecha 5 de Marzo del corriente 
año y de que Y. E. tiene pleno conocimiento por haber conocido 
de ella, á mérito de un recurso idéntico, que Y. E. desestimó 
por resolución de fecha 26 del mismo mes. 

Siendo, pues, el presente juicio, un incidente propiamente de 
aquél, que como queda dicho fué tramitado con intervención 
del señor Lippold en el carácter indicado, el Juzgado no ha po- 
dida menos que darle en dicho incidente, la intervención qué le 
correspondía como tal representante de la enunciada casa 
cHowaldtswerke», negándole la apelación interpuesta al respec- 
to y que motiva el presente recurso; 

Es cuanto tengo que informa á Y. E., á quien Dios guarde. 

Juan del Campillo. 



Vallo de la Suprema Corto 



Buenos Aires, Junio 4 de 1895. 

Yistos en el acuerdo: Considerando: Que el embargo de que 
esta parte reclama, se halla autorizado por resolución de esta 
Suprema Corte, en cuyo caso, esa medida no puede fundar un 
recurso de providencias del Inferior mandando cumplirla citada 
resolución. 

Que el decreto ordenando la manifestación de conformidad 6 
disconformidad con las cuentas de honorarios presentadas, no 
causa gravamen al recurrente, susceptible de dar lugar al recur- 
so de apelación, como lo tiene resuelto esta Suprema Corte en 
diversos casos; pues que tal decreto nada resuelve sobre las 



24 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

obligaciones que puedan pesar contra la parte del recurrente. 
Por esto: se declaran bien denegados los recursos interpuestos, 
sin perjuicio de los derechos que esta parte tuviere para hacer- 
los valer en la oportunidad correspondiente. Hágase saber con 
el original, y remítanse estas actuaciones al Juez de la causa 
para que las mande agregar á sus antecedentes, debiendo ante 
él reponérselos sellos. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. —JUAN E. TO- 
RRE NT. 



CACHA CILV 



Don JoséSanguinetti, cesionario de don Abel Saint, contra don 
Juan Calcagno, por falsificación de marca de fábrica ; sobre 
ampliación de la contestación á la demanda . 



Sumario. — Después de trabado el pleito por demanda y por 
respuesta, y de llamados los autos, no puede ampliarse la con- 
testación á la demanda. 



DE JUSTICIA NACIONAL 25 



Caso. — Resulta de la siguiente 



PETICIÓN 



Buenos Aires, Enero 30 de 1891. 

Señor Juez Federal : 

Don Juan Caloagno, en la demanda que me ha promovido don 
José Sanguinetti, como cesionario de don Abel Saint, sobre pre- 
tendida falsificación de marca de fábrica, indemnización de 
supuestos daños y perjuicios, como mejor proceda en derecho, 
digo : 

Que después de haber contestado á la demanda llegó á mi 
conocimiento el hecho de que don José Sanguinetti ejercía la 
profesión de procurador; hecho sobre el cual he presentado un 
pliego de posiciones que ha absuelto dicho señor reconociéndo- 
lo exacto. 

Juro queese hecho me ha sido conocido sólo después de contes- 
tada la demanda, y no estando aún la causa á prueba, vengo á 
ampliar la contestación pidiendo se tenga como parte de 
ella. 

De ese hecho resulta la nulidad de la cesión verificada por 
Saint á Sanguinetti, con arreglo á los artículos 1145 y 1361, 
inciso 6°, del Código Civil. 

Tratándose de una prohibición legal fundada en una razón 
de orden público, el hecho podía haberse alegado en cualquier 
estado de la causa, 7 con mucha más razón, no estando aún 
ésta recibida á prueba. 

Pido, en consecuencia, á Y. 8. que habiendo por ampliada la 
contestación á la demanda, se sirva mandar se haga saber al 
demandante para los efectos que correspondan en derecho. 



26 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por tanto : á V. S. suplico se sirva proveer de conformidad. 
Es justicia, etc. 

Otrosí digo: Que ruego áV. S. se sirva proveer al otrosí de 
mi escrito de contestación á la demanda, providencia que en el cú- 
mulo del despacho, ha sido omitida al dictar la de fecha 13 de 
Noviembre del año próximo pasado, á foja 35. Es justicia. 

Julio Fonrouge. — Juan Calcagno. 



Fallo del Jaei Federal 

Buenos Aires, Enero 30 de 1891. 

En lo principal, estando cerrada la discusión por el llama- 
miento de autos, no ha lugar; Al otrosi hágase saber la pro- 
testa formulada y téngase por oonstituido el domicilio in- 
dicado. 

Ugarriza. 



Fallo de lo Supremo Corte 

Buenos Aires, Junio 6 de 1895. 

Vistos: Estando ya trabado el pleito por demanda j por res- 
puesta y con la providencia de autos diotada por el Juez de la 
causa, en su virtud, se conñrma el auto apelado de foja cua- 
renta y tres vuelta, sin perjuicio del derecho que tuviere el ape- 
lante para hacerlo valer cuando y en la oportunidad que co- 
rresponda. Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el 
inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGÉ. — JUAN E. TOARENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 27 



CACHA CXIiYI 



Don 0. Wulff contra la compañía del Ferrocarril Buenos Aires 
y Rosario, por cobro de pesos, absolución de posiciones y 
costas; sobre apelación denegada. 



Sumario. — I o Es apelable el auto que exime délas coatas 
al vencido. 

2° Prooede la imposición de costas al que se opone á la con- 
cesión del recurso de apelación que la contraparte interpone 
contra el auto que la declara confesa. 



Caso. — Lo explica el siguiente 



RECURSO 

Suprema Corte: 

Manuel Tedin, por la compañía del Ferrocarril Buenos Aires 

y Rosario, ante V. E. comparezco y como mejor proceda digo : 

Ante el Juzgado federal de Santiago del Estero don O. Wulff 



38 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sigue un juicio contra la compañía que represento, por cobro 
pesos. En este juicio el demandante pidió se mandara absolver 
posiciones al gerente interino de la empresa, don Garlos Wib- 
berley. 

Citado éste para absolverlas, manifestó que no siendo parte 
en el juicio y no teniendo la reprasentacion legal de la compa- 
ñía, no podía absolver posiciones á nombre de ella. 

No obstante esto, con fecha 11 de Setiembre, el Juzgado dic- 
tó un auto dando por confeso al señor Wibberley, auto que fué 
apelado por mi parte. 

Notificada la interposición del recurso á Wulff, se presentó 
éste oponiéndose á que se concediera, y habiéndose corrido vis- 
ta de esta oposición á mi parte, pidió se desestimara, oon costas. 

Con fecha 29 del mismo mes, el Juzgado resolvió el inciden- 
te favorablemente á mi parte, no haciendo lugar, oon costas» á 
laoposioion. 

"Wulfif pidió entonces revocatoria, sosteniendo mi parte que 
no procedía la reposición por no tratarse de providencia mera- 
mente interlocutoria ó de trámite y si solamente la apelación . 
Sin embargo, el Juzgado ha resuelto este segundo incidente, 
revocando su auto en cuanto á las costas. 

Considerando que tal resolución es nula, por cuanto modifi- 
ca su auto interlocutorio con fuerza definitiva, causando gra- 
vamen á mi parte, al eximir á la contraria de las costas, no 
obstante la disposición del artículo 205 del Código de Procedi- 
mientos, se interpuso con juntamente los recursos de apelación 
y nulidad, los cuales han sido, á mi juicio, indebidamente dene- 
gados, el día diez del presente mes. 

En mérito de lo expuesto, ocurro ante Y. E. haciendo uso 
del recurso de queja autorizado por el artículo 227 del Código 
de Procedimientos. 

Por tanto: Pido áV. E. que habiéndome por presentado 
dentro del término establecido por la ley, se sirva ordenar 



DE JUSTICIA NACIONAL 29 

al Juez a quo, la remisión de los autos de referencia y acordar- 
me en oportunidad la apelación denegada. Será justicia. 

A. E. Rusiñol.—M. Tedin. 



rallo de la Suprema Carie 

Buenos Aires, Junio 6 de 1895. 

Vistos en el acuerdo: Considerando que el auto apelado 
trae gravamen irreparable. 

Por esto se declara mal denegados los recursos interpuestos. 

Considerando en cuanto á la materia del recurso: Que la im- 
posición de costas contenida en el auto de foja ocho es arregla- 
da á derecho, porque no puede ponerse en duda la procedencia 
de la apelación del auto que había por confeso á la parte de la 
empresa, desde que ese auto claramente trae gravamen para la 
definitiva, no habiendo, por consiguiente, razón atendible que 
motivara la revocación pedida por el demandante, del auto que 
otorgó dicha apelación. 

Que el traslado conferido del escrito pidiendo revocatoria, 
entraba en la tramitación establecida por el artículo doscientos 
cuatro de la ley de Procedimientos. 

Que por tanto j por el mérito que se desprende del artíoulo 
doscientos cinco de la citada lej de procedimientos, el Juez no 
ha podido revocar la condenación en costas. 

Por estos fundamentos : se revoca el auto de fojadiei y siete, 
en cuanto exime de las costas al demandante, en que fué conde- 
nado por el auto de foja ocho. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



30 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CXIiVII 



Contra don Enrique Bravaix, por contrabando y comiso; sobre 

sobreseimiento definitivo 



Sumario. — Producida la acusación, debe correrse traslado 
de ella. El sobreseimiento definitivo debe ser objeto de la sen- 
tencia final. 



Caso . — Resulta de la 



VISTA FISCAL 



Buenos Aires, Agosto 18 de 1894. 
Señor Juez Federal : 

De las actuaciones practicadas en el presente proceso resulta: 
I o Que Bravaix se embarcó en Genova en el vapor cYittoria» 
con destino á Buenos Aires, según propia declaración, según 
los rótulos de su equipaje, j según las declaraciones del comi- 
sario de ese vapor, foja 16. 



DE JUSTICIA NACIONAL 31 

2° Que bajó en Montevideo y que allí, coa el objeto de eludir 
la cuarentena que en nuestro puerto sabía le impondrían al 
cVittoria», se embarcó en el \apor cHelios» sin equipaje, que 
dejó á bordo del primero, diciendo que aquí lo reclamaría. 

3 o Que en el vapor «Helios > tomó pasaje para Palmira, se- 
gún su propia declaración y las concordantes de Félix Corso, 
estafetero en el «Helios», foja 74, Francisco Giménez, emplea- 
do del barco, foja 75 vuelta, y Glimaoo Becker, capitán del va- 
por, foja 77, y también según el boleto que corre agregado á 
foja 5. 

4° Que llegado al puerto de Buenos Aires bajó del vapor, de- 
jando á su bordo un bastón que era lo único que aparentemen- 
te tenía y que después reclamó. Sobre estos puntos concuer- 
danlas afirmaciones de la denuncia con las diferentes declara- 
ciones, agregándose alas ya citadas, las de los señores Escobar, 
Carmona, Lacroix, Pitta y otras que corren de autos. 

Sobre estos puntos no hay divergencia alguna entre los testi- 
monios y las constancias que arroja el proceso y deben estable- 
cerse como antecedentes probados, poniéndolos fuera de discu- 
sión. 

Manifiesta igualmente Bravaix que al pasar de un vapor al 
otro estuvo en Montevideo donde le entregaron por un cambis- 
ta, su amigo, los brillantes que llevaba para que los vendiese en 
Palmira ú otras ciudades de la República Oriental (foja 41 
vuelta). 

Esos brillantes embarcados en Montevideo los traía sobre sí, 
sin haber hecho manifestación alguna al capitán ó autoridades 
del vapor «Helios». 

Bravaix declara y sostiene que descendió del barco para salu- 
dar á un amigo, no separándose más de tres metros de la orilla, 
y que estando en conversación con dos amigos, Gregorio Mar- 
oowich y otro más, fué invitado por el Inspector Ouviñas para 
que le acompañara hasta el Resguardo. 



32 TALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Esta afirmación de Bravaix está confirmada por la declara- 
ción de Gregorio Marcowieh, deLuisPitta, foja 50, y de Ben- 
jamín Lacroix, foja 59, é incidentalniente por la del empleado 
Pablo Diaz á foja 44 vuelta. 

Por el contrario, el denunciante, es decir, el Inspector Ouvi- 
ñas asegura que Bravaix desembarcó y acompañado de otras 
personas se dirigió precipitadamente á tomar un carruaje, que 
en efecto tomó, y donde, según su afirmación (foja 53 vuelta) 
aprehendió á Bravaix, conduciéndolo á la Oficina del Resguardo. 

Esta afirmación del Inspector está confirmada por las decla- 
raciones de Garmona y Escobar, foja 31 vuelta y foja 37. 

Bravaix agrega en seguida, que conducido por Ouviñas á la 
Oficina del Resguardo é invitado á declarar lo que tuviera, ma- 
nifestó que uada tenía que declarar, por ser un transeúnte, pero 
que instado, sacó de los bolsillos los brillantes que menciona, 
los que le fueron secuestrados, foja. . . 

La denuncia contradice este hecho, y manifiesta que se vio 
obligado á que se registrara á Bravaix, sacándole los menciona- 
dos brillantes ó alhajas que fueron allí depositados; esta afir- 
mación está corroborada por el empleado Diaz á foja 2. 

De los antecedentes recordados, resulta claramente estable- 
cido, no contradicho por nadie y más bien apoyado en la misma 
declaración de Bravaix (foja 41 vuelta), que los brillantes que 
traía y que le fueron tomados por el Inspector Ouviñas, los em- 
barcó en Montevideo al pasar del paquete cVittoria» en que ve- 
nía de Europa, al vapor <Heiios> en que se embarcó, como afir- 
ma, con destino á Palmira. 

Esos brillantes que recibió en Montevideo de manos de su 
amigo Barres (declaración de foja 4i vuelta), los embarcó en 
puerto de un país limítrofe, y omitió manifestar al espitan 6 
autoridad del buque la mercancía que traía. Esto imposibilitó, 
en consecuencia, al capitán del vapor tHelios» el manifestar 
toda su carga en las condiciones que lo establece el artículo 10 



DE JUSTICIA NACIONAL 33 

de la ley de Aduana; cansando con aquella omisión un exceso 
en la carga del <Helio$* , que no se hubiera podido constatar á 
no habérsele tomado los brillantes por el Inspector Ouviñas. 

La mencionada omisión de parte de Bravaix,que á su vez cau- 
só la falta de la manifestación completa del «Helios» por su 
capitán, coloca la mercadería de que se trata dentro de lo pres- 
crito por la segunda parte del citado artículo, es decir: 

i° Que su existencia pudo ser constatada por la autoridad 
aduanera, es decir, por el Inspector (fariñas, no sólo en la ram- 
bla del puerto, sino aún á bordo mismo del buque «Helios». 

2 o Que, como mercadería no manifestada en la carga del va- 
por, con arreglo al citado artículo, está comprendida dentro de 
su segunda parte, que establece para ello la pena de comiso, con 
arreglo al artículo 930 de las Ordenanzas de Aduana. 

En consecuencia y en cuanto á la mercadería debe Y. S. de- 
clararla de comiso, con arreglo á las disposiciones citadas. 

En cuanto al delito de contrabando imputado á Bravaix y á 
los efectos de la aplicación del artículo 22 de la ley de Aduana 
vigente, considero que la perpetración de ese delito por su par- 
te, no se halla plenamente comprobado. 

Sin tomar en cuenta sino como simples indicaciones las afir- 
maciones de la denuncia, por cuanto afectan directamente al 
denunciante, desde que la ley le acuerda un provecho en pago 
de su denuncia (inciso I o , artículo 276, Código de Procedimien- 
to Penal) encuentro en las declaraciones de testigos tal contra- 
dicción, que hacen imposible su eficacia para constatar el hecho 
de que se trata. 

La vista de ojos practicada por Y. S. y las demás diligencias 
del sumario, no inducen á pensar que Bravaix perpetró el deli- 
to, sino que, en todo caso, hubo la tentativa de hacerlo. 

Creo que en tal situación, y dado el examen que tengo hecho 
de las constancias de autos, Y. S. debe, en lo relativo al punto, 
de aplicar á Bravaiv la pena establecida por el artículo tt de 

T. X 3 



34 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la ley citada, mandar sobreseer provisoriamente, de acuerdo 
con el inciso I o del artículo 435 del Código de Procedimiento 
Penal . 

Otrosí digo : que á la presente vista va acompañada la nota 
adjunta, que me ha sido remitida por la Dirección General de 
Rentas, á efecto de que ella sea agregada á los antecedentes de 
este asunto y para mayor ilustrucion de la resolución de Y. S. 

Julio Botet. 



Auto del Juez Federo! 

Buenos Aires, Agosto 28 de 1894. 

Existiendo en autos, ajuicio del Juzgado, mérito bastante 
para llevar adelante los procedimientos respecto del delito de 
contrabando imputado al procesado, elévese esta causa al señor 
Procurador General de la Nación, de conformidad con lo dis- 
puesto en el artículo 460 del Código de Procedimientos en lo 
Criminal. Al otrosí, agregúense los documentos acompañados, 
como lo solicita el Procurador Fiscal. 

Lalanne. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 16 de 1894. 
Señor Juez de Sección : 

Las presunciones que el trasbordo del procesado, su presen- 
cia en la rada y demás circunstancias expresadas por los seño* 



DE JUSTICIA NACIONAL 35 

res Carmona y Escobar á foja 34 y foja 37, establecen contra él, 
se desvirtúan con el boleto de pasaje gara Palmita que refieren 
las declaraciones del capitán y demás personal de la gerencia 
del vapor cHelios» y la de los señores Marcovich, Pitta y La- 
croi!. 

Encuentro por ello, que no resulta de lo actuado mérito bas- 
tante para apreciar la existencia del delito , y que habiéndose 
agotado las diligencias de investigación, sin que aparezca po- 
sible su desenvolvimiento ulterior, procede en el caso el sobre- 
seimiento provisional solicitado á foja 90 vuelta, por el señor 
Procarador Fiscal, sin perjuicio de la continuación de los pro- 
cedimientos sobre comiso délas mercaderías introducidas con 
violación de las leyes de Aduana. 

Sabiniano Kier. 



Falle del Juez Federal 



Buenos Aires, Setiembre 18 de 1894. 

Autos y vistos : Atento lo dictaminado por el señor Procu- 
rador General de la Nación y de conformidad con lo pedido por 
el Procurador Fiscal á foja... y en virtud de lo dispnosto en el 
articula 161 del Código de Procedimientos en lo Criminal, so- 
breséase provisoriamente respecto del delito de contrabando á 
que se refiere el artículo 22 de la ley de Aduana vigente impu- 
tado á don Enrique Bravaix y liase por cerrado el presente su- 
mario, y de la acusación entablada, traslado por el término de 
ley. 

Lalanne. 



38 FALLOS OE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEftOR PROCURADOR GENERAL 



Bueuos Aires, Diciembre 3 de 1894. 
Suprema Corte: 

El auto corriente á foja 93 fué dictado de conformidad con 
las conclusiones de las vistas del Procurador Fiscal y Procurador 
General, de fojas 86 y 92. 

Ese auto es ajustado, á mi juicio, á los antecedentes del pro- 
ceso. 

Limitado, por otra parte, su mandato al sobreseimiento, fa- 
vorable al procesado, y á la tramitación de la causa de comiso, 
no resulta fundada la apelación. Pido á Y. E. por ello, se sirva 
confirmarlo. 

Sabiniano Kier . 



Fallo 4e la Suprema Coria 

Buenos Aires, Junio 6 de 1895. 

Tistos y considerando: Que la causa se halla en estado de ple- 
nario. 

Que producida la acusación por el Ministerio Público, corres- 
ponde correrse de ella el respectivo traslado, como se hace por 
el auto apelado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
cuatrocientos sesenta y tres del Código de Procedimientos en lo 
Criminal. 

Que la resolución que pretende el apelante, se refiere á la ma- 



BE JUSTICIA NACIONAL 37 

teria de fondo qoe deberá ser el objeto de la sentencia definitiva, 
equivalente á la absolución en el caso, y la devolución libre déla 
mercadería embargada. 

Por esto, y de conformidad con lo pedido por el señor Pro- 
curador General, se confirma, con costas, el auto apelado de fo- 
ja noventa, y tres, en cuanto no hace lugar al sobreseimiento 
definitivo y manda correr traslado de la acusación. Repuestos 
los sellos, devuélvense. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



«JAUSA t;xi¿viii 



Dona Salomé C. de Medina contra don Juan La trille, por cobro 
de alquileres y reconvención por daños y perjuicios ; sobre 
pruebas. 



Sumario. — i° El incidente sobre desembargo pedido y re- 
suelto sin sustanciacion se produce propiamente por el recurso 
de revocatoria y apelación que se interponga contra el auto que 
lo ordena, y no suspende hasta entonces el curso del término 
probatorio. 

2* Si éste se halla vencido, cuando dicho incidente se pro- 



38 FALLOS OE LA SUPREMA CORTE 

duce, no son admisibles las diligencias probatorias que se soli- 
citen con posterioridad. 



Caso. — £1 juicio se inició por un embargo sobre bienes 
muebles de Latrille, existentes en la casa de cuyos alquileres se 
trata; embargo que se ordenó en auto de Julio 7 de 1891. 

Después de practicado' el embargo, la señora Medina dedujo 
su demanda por cobro de alquileres, la cual fué contestada por 
Latrille, reconviniendo además á la demandante, en 18 de Agos- 
to del mismo año 91 . Entre los pedimientos de la parte de La- 
trille en dicho escritose halla el de que se levante el embargo 
trabado . 

Contestada la reconvención, se recibió la causa á prueba por 
quince días, por auto cuya última notiñcacion á las partes tu- 
yo lugar el 19 de Abril de 1892. 

En 25 de Abril del mismo año, Latrille presentó escrito ha- 
ciendo notar que su pedido referente al desembargo no había sido 
proveído, y pidiendo que él se decretara. 

El Juez ordenó el levantamiento del embargo, por auto de 13 
de Mayo de 1892. 

La parte de Medina interpuso contra este auto los recursos 
de revocatoria y apelación con fecha 18 de Mayo; y sustanciado 
el primer recurso, el Juez lo rechazó por auto de Junio 9, y 
mandó elevar los autos á la Suprema Corte. 

La Suprema Corte confirmó el auto apelado por sentenciado 
29 de Setiembre de 1892. 

Devuelto el expediente, se ordenó el levantamiento del em- 
bargo; y con fecha 29 de Octubre del mismo 92, la parte de La- 
trille, pidió que declararan testigos, cuya nómina acompañó. 

El Juez ordenó que para mejor proveer, certificara el actua- 
rio sobre el término probatorio. 



DE JUSTICIA NACIONAL 39 

El actuario certificó que ese término fué por quince días, que 
empezaron á correr el 19 de Abril de 1892 y vencieron el 6 de 
Mayo del mismo. 



Palle del «Jues Federal 



Buenos Aires, Noviembre 19 de 1892. 

Resultando del presente certificado del actuario que el escri- 
to de foja... pidiendo declaración de testigos, ha sido presenta- 
do fuera del término, no ha lugar á la prueba que se solicita. 

Tedin. 



Aute del Juez Federal 



Buenos Aires, Enero 25 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que el solo hecho de ha- 
berse presentado la parte de Latrille pidiendo el levantamiento 
de un embargo existente en bienes de su propiedad, no es un 
motivo suficiente para suspender el término de prueba sobre la 
cuestión principal, la cual podía seguir su curso con completa 
independencia de aquel incidente. 

Segundo: Que el auto mandando levantar el embargo referido 
fué diotado 7 días después de venoido dicho término, según lo 
demuestra el certificado de foja.. ., produciéndose después de él 
propiamente, el incidente sobre desembargo por el recurso de 
revocatoria que debía sustanciarse y de apelación que privaba 
de jurisdicción al Juzgado. 



40 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Tercero: Que el argumento derivado de la remisión del expe- 
diente á la Suprema Caite es insubsistente, desde que este heoho 
se produjo cerca de dos meses después de expirado el término 
de prueba. 

Por estos fundamentos y concordantes del escrito de foja... 
no ha lugar, con costas, á la reposición solicitada y se concede 
la apelación subsidiariamente interpuesta para ante la Supre- 
ma Corte adonde se elevarán los autos en la forma de estilo. 
Repónganse la foja. 

Virgilio M. Tedin. 



Fallo de I* Suprema Corte 



Buenos Aires, Junio 8 de 1895. 

Vistos: Por los fundamentos segundo y tercero del auto de 
foja noventa y nueve, se confirma, con costas, el auto apelado 
foja ochenta y seis vuelta. Bepuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS T. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 41 



causa «xi,ix 



Don Emilio Otero en los autos ejecutivos de la provincia de 
Entre-Rios, contra don Francisco Molina; sobre derecho i 
• seguir por si la ejecución. 



Sumario. — El acreedor que obtiene el embargo de un crédi- 
to perteneciente á su deador, tiene el derecho de practicar por 
sí mismo lasgestiones conducentes á hacerlo efectivo, siempre 
que el titular de ellas abandone 6 descuide. 



Caso. — En el juicio ejecutivo seguido por la provincia de En- 
tre-Bios contra don Francisco Molina, don Emilio Otero, que á 
su vez seguía ejecución contra la provincia, obtuvo el embargo 
de lo que correspondiera á ésta en dicho juicio. 

Habiendo el representante de la provincia dejado paralizar 
la causa, Otero, invocando el artículo 4496 del Código Civil, 
pidió que se librara mandamiento de ejecución y embargo, por 
no haberse verificado el pago dentro del término del auto de 
solvendo. 

La Suprema Corte proveyó de conformidad. 

Pedida revocatoria, se dictó el signiente: 



42 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Vallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 8 de 1895. 

Vistos en el acuerdo: Considerando : Que el crédito á que se 
refieren estos autos ha sido embargado para el pago de la deu- 
da que ejecutivamente cobra don Emilio Otero á la provincia 
de Entre-Bios . 

Que el derecho al fin lleva consigo el de los medios adecua- 
dos para conseguirlo. 

Que según consta del expediente, la provincia de Entre-Bios 
ha dejado paralizada la secuela de la causa, no haciendo lo que 
hacer debía para la efectividad del derecho del acreedor embar- 
gante, lo que se observa haber sucedido desde que se trabó el 
embargo del crédito. 

Que en tal virtud se halla justificada la solicitud de foja vein- 
tisiete y decreto recaído en su mérito. 

Que no basta que la provincia de Entre-Bios, manifieste vo- 
luntad de seguir el juicio, si los hechos no corresponden á esa 
declaración. 

Que no pueden quedar los derechos de Otero indefinidamen- 
te perjudicados por la inacción de su deudor. 

Por esto, no se hace lugar á la revocatoria interpuesta en el 
escrito de foja treinta, quedando, en consecuencia, subsistente, 
el auto de foja veintiocho, sin perjuicio de la intervención de la 
provincia de Entre-Bios en la causa. Hágase saber con el ori- 
ginal, y repóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 43 



CAUSA CX 



El doctor don Marcos Fulle contra don Jacinto de los Santos; 

sobre cuenta de honorarios 



Sumario. — Es inapelable el auto por el cual se manda pre- 
sentar la cuenta de honorarios, cuya estimación se pide. 



Caso. — El Doctor Fulle se presentó en los autos seguidos por 
el Fisco contra de los Santos, pidiendo que se regularan sus 
honorarios. 

Por auto de fecha 20 de Mayo de 1892, ordenó el Juez que 
los honorarios fueran regulados por el doctor don Tomás de 
Yeyga; quien los reguló, en 25 de Agosto de 1894, en la canti- 
dad de 500 pesos. 

Mandada hacer saber esta regulación, de los Santos se mani- 
festó disconforme con ella, en 12 de Octubre de 1894, y pidió al 
Juez que regulara los honorarios. 

Convocados ajuicio yerbal, tuvo lugar éste el 29 de Octubre 
del 94, con asistencia de sólo de los Santos, que fundó su opo- 
sición. 

El Juez llamó autos en el mismo juicio verbal, y en este esta- 
do quedó el expediente hasta el 5 de Mayo [de 1895, en que el 
doctor Fulle pidió despacho. 



44 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo del Summ Federal 



Buenos Aires, Mayo 8 de 1895. 

Atento lo dispuesto en la nueva ley sobre derechos procesa^ 
le8 y de Agosto 34 del año próximo pasado, presente el recurren' 
te su cuenta de honorarios . 

Lalanne. 



Fallo de la (tappeaaa Corte 

i Buenos Aires, Junio 8 de 1895. 

Vistos: No trayendo gravamen para el apelante el auto de 
foja once vuelta, pues que, con arreglo tanto á la ley nueva, so- 
bre regulación de honorarios como á la anteriormente en vigor, 
es del resorte del juez de la causa la resolución que corresponda 
ouando hay desacuerdo entre las partes, se declara mal conce- 
dido el recurso. ¡Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. TÁRELA. — 
ABEL BAZAN . — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. T0RRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 45 



CAUSA CXI 



Contra Policarpo Sosa; sobre infracción de la ley de Correos 



Sumario. — Debe ser castigada la negligencia en la custodia 
de las cartas, y resultando haberse encontrado abiertas an nú- 
mero importante de ellas, es benigna la pena de 40 pesos de 
multa al culpable. 



Caso. — Resulta del 



Callo del Juez Federal 



Mendoza, Setiembre 28 de 1894. 

Vistos: Con la denuncia de don Policarpo Sosa, agregada á 
foja ana, manifestando que al buscar por reclamo de doña Es- 
tefanía Arias, la carta certificada número 576 dirigida á Heme- 
terio Castillo, en Villa Boca, provincia de Buenos Aires, encon- 
tró abiertas las cartas que formaban el rezago de correpondén- 
cia. Se instruyó el sumario administrativo, que da por resaltado 



46 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la separación del empleado, de su cargo, con la instrucción sub- 
siguiente del sumario judicial. El señor Fiscal titular no 
encontró mérito para acusar y pidió el sobreseimiento. Nom- 
brado un fiscal especial por la resolución de foja 30 vuelta, sos- 
tiene que la correspondencia rezagada, consistente en 203 car- 
tas, de las cuales 201 eran certificadas, distribuidas en sobres 
por orden alfabético, han sido violadas, descubriéndose el hecho, 
con motivo del reclamo de doña Estefanía Arias; que la respon- 
sabilidad de este delito no puede pesar sino sobre el encargado 
del servicio de certificados, don Policarpo Sosa, quien había 
empaquetado y guardado la correspondencia, prohibiendo á los 
demás empleados inspeccionar ni entregar correspondencia al- 
guna ; que la forma de la violación revela que se necesitó un 
tiempo del que sólo podía disponer el enoargado de la oficina, y 
que el móvil no pudo ser otro que el robo de valores que pudie- 
ra contener aquella correspondencia; que de conformidad á lo 
prescrito por el artículo 54 de la ley de Telégrafos nacionales 
y por el artículo 263 del Código Penal, pide se condene á don 
Policarpo Sosa apagar doscientos pesos fuertes de multa y á 
sufrir dos meses de prisión, oon más las oostas del proceso, cu- 
ya pena sería equitativa, aún bajo el supuesto de que el reo sólo 
fuera culpable por descuido ó inobediencia de los reglamentos 
de Correos y Telégrafos. 

El defnnsor del procesado contesta la acusación á foja 42, 
pidiendo la absolución de su defendido y el archivo de la causa # 

Se funda en que, como lo sostiene el fiscal titular en su dic- 
tamen de foja 30, no correspondía por las constancias del pro- 
ceso, otra cosa que el sobreseimiento; que no existe presunción 
alguna de culpabilidad contra su defendido, y que demasiado 
Castigada está su negligencia con la destitución del empleo que 
desempeñaba, pues su descuido, si lo hubo, no constituye nin- 
gún delito definido por la ley, y cuanJo más, constituye una 
falta de carácter administrativo. 



DE JUSTICIA NACIONAL 47 

Abierta la causa á prueba, no se produjo ninguna. 

Llamados á foja 46 vuelta los autos para sentencia, y fijado 
el día para el informe in voce y no tuvo lugar este último, según 
la constancia de foja 47 vuelta. 

T considerando: I o Que según resulta de la declaración del 
procesado don Policarpo Sosa y demás constancias de la causa, 
el 17 de Julio de 1891, satisfaciendo aquél el reclamo de doña 
Estefanía Arias, respecto de una carta que había certificado el 
26 de Enero del año anterior, de 1800, dirigida á Hemeterio 
Castillo, en Villa Boca, provincia de Buenos Aires, encontró 
violados los paquetes de correspondencia rezagada, en el lugar 
mismo de su archivo; hecho de que dio cuenta al señor Jefe de 
Distrito con fecha 18 del mismo mes y año, procediéndose acto 
continuo á la revisacion de las cartas, que reveló la existencia 
de 203 cartas violadas, de las que 201 eran certificadas y dos or- 
dinarias. 

2 o Que don Policarpo Sosa, era, al tiempo de tener lugar la 
violación de la correspondencia antedicha, el encargado de la 
oficina de Certificados, siendo reemplazado de ordinario por el 
auxiliar don Ramón Mesura, que compartía el servicio con él, 
y accidentalmente por el telegrafista de 4 a clase don Elias Ba- 
rros y el auxiliar don Moisés Garay. 

3 o Que según lo manifestado por el mismo Sosa, la violación 
de la correspondencia rezagada, debió verificarse entre Noviem- 
bre de 1890 y la feoha del. denuncio que él hizo el 18 de Julio 
de 1891, pues, aún con alguna posterioridad á la primera fecha 
mencionada, comprobó el estado de esa correspondencia, no en- 
contrando nada que observar, y despaes, mantenida en archivo 
bajo llave y clasificada por orden de letras, no se ha hecho revi- 
sacion alguna. 

4 o Que si bien se manifiesta que el empleado señor Sosa 
no permitía á los demás que intervinieran en la correspondencia 
rezagada que estaba arreglada por él, en sobres abiertos, cons- 



48 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ta también que la llave del armario que contenía la correspon- 
dencia pasaba de unas manos á otras. 

5 o Que dentro del armario donde estaba la correspondencia 
rezagada y no obstante mantenerse bajo llave, se han encen- 
trado papeles ajenos á la oficina y cartas con las estampillas 
arrancadas, notándose, además, algún desorden en otros útiles 
de la misma oficina que no han podido producirse ni llevarse 
sino por otras manos que las de los empleados. 

6 o Que tanto de la declaración de los empleados como del 
Jefe de Distrito, consta que el acusado fué un empleado de in- 
tachable conducta, no imputándosele otra falta que la de no 
revisar en cada entrega, la correspondencia á su cargo. 

7 o Que no hay prueba ni antecedentes en autos que funden la 
imputabilidad de la violación de la correspondencia rezagada 
que motiva este juicio, al procesado don Policarpo Sosa, para 
considerarle como reo de ese delito. Nada prueba que él sea ei 
autor del hecho oriminoso descubierto, en parte, merced al 
mismo acusado. No puede, pues, responsabilizársele por el he- 
cho, en tal sentido. 

8° Que la inviolabilidad de la correspondencia importa no só- 
lo la obligación de no abrir ni sustraer ninguno de los objetos 
confiados al correo, de no tratar de ninguna manera de conocer 
su contenido, de no hacer saber qué personas mantienen rela- 
ciones entre sí, sino también la de no dar á nadie la ocasión de 
cometer tales faltas ; obligación cuya observancia se refiere 
especialmente á los empleados de correos y telégrafos, como 
encargados de tal custodia de la correspondencia (artículo 9, 
ley de correos de 40 de Octubre de 1876). 

o Que indudablemente ha existido negligencia culpable por 
parte del empleado señor Sosa, al no verificar con sujeción á $ 
los reglamentos el estado déla correspondencia á su cargo, re- 
zagada 6 no, y al dejar en malas condiciones de seguridad di- 
cha correspondencia, sobre todo cuando pudo notar que el ar- 



DE JUSTICIA NACIONAL 49 

mario no ofrecía seguridad alguna, pues debió ser abierto más de 
ana vez sin su consentimiento y no obstante mantenerlo con llave* 

40° Que ño teniendo la infracción cometida una pena espe- 
cial señalada para ella, debe considerarse el caso legislado por 
el artículo 446 de la ley de correos de 4876, graduando la pe- 
nalidad con arreglo á. lo prescrito por los artículos 16, incisos 
30 y 5o f y 20 del Código Penal, 

44° Que de consiguiente* tratándose de una omisión culpa- 
ble, que, acompañada de voluntad criminal, merecería la pena 
de doscientos pesos de multa, debe corresponderle la quinta 
parte de esta condenación, ó sean, 40 pesos de multa. 

42° Que no puede considerarse como pena aplicable á la in- 
fracción que motiva el juicio contra el señor Sosa, bastante para 
dar por reparada su negligencia, según lo sostiene su defensor, 
el hecho de haber sido aquel destituido de su empleo en la re- 
partición en que lo desempeñaba (artículo 51, Código Penal). 

Por estos fundamentos : fallo, condenando al procesado Don 
Policarpo Sosa, argentino, empleado que fué del correo, á pagar 
40peso8de multa por la infracciou que ha originado esta cau- 
sa, con costas. Juzgando en definitiva, así lo declaro y ordeno 
en Mendoza á 28 de Setiembre de 1894. Hágase saber con el 
original y en oportunidad archívese. 

Severo G. del Castillo, 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Marzo 30 de 1895. 

Suprema Corte: 

La culpa ó negligencia culpable del procesado es un hecho 
constante en el proceso y reconocida por el mismo defensor del 
procesado en la expresión de agravios. 

T. X 4 



50 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Se objeta, sin embargo, que la pena de multa aplicada en la 
sentencia es excesiva, por haber el procesado sufrido ya la des- 
titución de su empleo y la prisión preventiva. 

Pero la destitución no ha sido impuesta como pena en la sen- 
tencia, sino dispuesta por la administraoion general de Correos, 
como medida puramente administrativa, que entra en sus fa- 
cultades y la detención del acusado por pocos días y tal vez por 
pocas horas, pues el hecho no consta del mandato de foja 32, 
tampoco puede legalmente constituirla. 

Queda, entonces, sólo la multa mínima, pena cuya benigni- 
dad debió hacerla aceptable al mismo recurrente. 

Por ello, pido á Y. E. la confirmación de la sentencia recu- 
rrida de foja 48. 

Sabiniano Kier. 



IPallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 15 de 1895. 

Vistos y considerando: Que como lo observa el señor Procu- 
rador General, la benignidad de la pena impuesta por la sen- 
tencia apelada, en relación á la gravedad de la falta, hace que 
la citada sentencia no cause gravamen alguno al apelante. 

Que consentida por el Ministerio Fiscal, la mencionada sen- 
tencia, esta Suprema Corte no puede agravar la pena aplicada 
al procesado. 

Por esto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, y fundamentos concordantes de la sen- 
tencia apelada de foja cuarenta y ocho, se confirma ésta, con 
costas. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 54 



CAUSA C&1I 



Don Lisandro de la Torre contra Don Esteban Rivarola; sobre 
rescicion de un contrato de compra-venta 



Sumario. — I o Las acciones,que los artículos 1345 y 1346 del 
Código Civil acuerdan al comprador, por falta de continencia 
de la superficie rendida, no proceden, cuando dicha falta se atri- 
buye á la parte de la misma superficie que la Municipalidad, 
sin ser dueña de ella, ha destinado, con anterioridad ala venta, 
para calles no abiertas todavía . 

2 o Procede sin embargo la acción por disminución de precio, 
habiendo sido la venta por un precio único, si las partes han 
dado por existente alguna de esas calles, enunciándola como 
lindera del terreno indicado, y si dentro de esa calle existe an 
área mayor del vigésimo del área total designada en el con- 
trato . 

3° Esta acción no está sujeta á la prescripción establecida 
por el artículo 4040 del Código Civil. 

4° Interpuesto de la sentencia del inferior solamente el re* 
curso de apelación, la Suprema Corte se halla habilitada para 
dar fin al pleito apreciando y resolviendo las cuestiones apre- 
ciadas y resueltas por dicha sentencia. 



52 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso.— Resulta del 



Fallo 4el Jura Federal 



Rosario, Octubre 6 de 1893. 

Y vistos : los instaurados por don Lisandro de la Torre con- 
tra don Esteban Rivarola, sobre rescisión de un contrato de 
compra-venta y demás aducido, de los que resulta : 

I o Que don Esteban Rivarola, en fecha 6 de Abril de 1889, 
vendió á don Lisandro de la Torre un terreno situado en los su- 
burbios de la ciudad del Rosario, compuesto de 75 metros 83 
centímetros de frente al oeste, por 120 metros 3 centímetros 
de fondo en el costado norte, y 119 metros 43 centímetros tara- 
bien de fondo en el costado sud, teniendo un contrafrente de 
-76 metros, todo lo que hace una superficie total de 8814 me- 
tros 52 centímetros cuadrados, equivalentes á 11.752 varas 
cuadradas con 68 centímetros de otra (escritura de foja 29). 

2 o Que esta superficie fué adquirida por el señor de la Torre 
por la suma de 70.516 pesos con 8 centavos nacionales, según 
lo establece el instrumento público de foja 29. 

3 o Que posesionado el señor de la Torre de este predio y de- 
seando edificar en él, solicitó de la municipalidad, de acuerdo 
oon las ordenanzas vigentes, el permiso y línea necesarios para 
la construcción proyectada, acordándosele ésta en fecha 26 de 
Setiembre de 1891 y mediante el pago de los derechos respecti- 
vos que constata el documento á foja 31 . 

4 o Que dicha línea le fué dada salvando los espacios corres- 
pondientes á las vías públicas que cruzaban el terreno, siendo 
éstas el cBoulevar Timbúes» y una otra calle de nombre « Sar- 
miento », c Las Heras » ó c Junin >. 



DE JUSTICIA NACIONAL 53 

5 o Que á mérito de esto la demanda se interpone aduciéndo- 
se: que la compra había sido hecha á razón de seis pesos por 
cada vara; y según el plano número 1 de foja 3 entregado al 
señor de la Torre por el vendedor señor Rivarola, lindando el 
frente del terreno con el boulevar Timbúes y el fondo con el 
Ferrocarril Central Argentino; que esto no obstante, en vez de 
la extensión mencionada en dichos planos y en los títulos, el 
terreno aparecía con menos fondo, perdiendo una superficie de 
629 metros con 82 centímetros cuadrados, ó sean, 839 varas 
con 81 centímetros, según se demostraba en el plano número 2 
que se acompañaba á la demanda, procediendo esta disminución 
del hecho de haber dado el señor Rivarola al boulevar Tim- 
búes menos ancho ( 10 metros ) que el que realmente le corres- 
pondía f20 metros); que siendo el terreno total comprado, de 
41.752 varas 68 centímetros cuadrados y perdiendo en su fren- 
te que alcanza á casi la décima parte ( ochocientos treinta y 
nueve varas cuadradas ), por este solo concepto estaba autoriza- 
do el demandante para solicitar la rescisión de la compra-venta 
y devolución del precio con los intereses legales, pues que Ri- 
varola no podía hacerle pagar parte de una calle pública, no 
solamente porque se trata de una superficie que pertenecía á 
la comunidad, si que también, porque el terreno vendido lin- 
daba con el boulevar Timbúes, esto es, con una vía de deter- 
minada extensión; que además, el perjuicio que sufría era mu- 
cho mayor todavía, lesionando gravemente sus intereses, pues 
además de la pérdida ya mencionada, resultaba que la calle Las 
Heras ó Junin, cruzaba diagonalmente la propiedad, volviendo 
á perder ésta, portal concepto, una superficie de 1872 metros 
85 centímetros cuadrados,- lo que daba una disminución, en 
conjunto, de más de 3000 varas que representaba, no sólo el 
vigésimo exigido por la ley, sino la tercera parte del terreno, co- 
mo lo demostraba el plano número 2, que también acompañaba 
á la demanda; que como ni el plano número 1, que sirvió para la 



54 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

compra-venta, ni la escritura que se le otorgó á de la Torre nada 
indicaba respecto á esta calle, dicho señor de la Torre había ig- 
norado, al verificar su contrato, la existencia de esa vía pública, 
error del que salió recien cuando solicitó de la Municipalidad la 
línea para edificar, y esta corporación, dándosela sobre la ver- 
dadera línea del boulevar y la de la calle indicada, lo obligó á 
respetar esas calles públicas; que de estos antecedentes se de- 
ducía el perfecto derecho que tenía el actor para dejar sin efec- 
to el contrato, de acuerdo con el artículo 1345 del Código Civil, 
pues que la disminución que el terreno sufría, era no sólo de un 
vigésimo, sino del treinta por ciento, que equivalía á cerca de 
siete vigésimos; que, en consecuencia, solicitaba la rescisión del 
contrato de compra-venta con las condenaciones de derecho. 

6 o Que contestándose la demanda á foja 16, se pide su re- 
chazo con costas, aduciendo que la acción interpuesta estaba 
prescripta según el artículo 4040 del Código Civil; que el te- 
rreno vendido era parte de otro mayor, siendo cierto que por él 
debía pasar el boulevar Timbúes ; que al dar como frente del 
terreno vendido, á dicho boulevar, se había designado ya á éste 
el ancho que gratuitamente cedía para esa vía; que era sabido 
que las vías de comunicación que crea la Municipalidad y que 
deben pasar por terrenos de propiedad particular, deben expro- 
piarse; que el señor de la Torre debía cobrar á la Municipalidad 
el exceso de terreno que le toma en bien del interés general; 
que el boulevar Timbúes no estaba abierto cuando se efectuó 
la venta, ni lo estaba en el momento de la contestación á la de- 
manda sino en pequeñísima parte ; siendo probable no fuera 
abierto en su totalidad por mucho tiempo, por tener que tomar 
terrenos indispensables para la Empresa del Ferrocarril Cen- 
tral Argentino y para otros establecimientos industriales; 
que la reclamación del demandado era inoportuna ( injusta, lo 
primero, porque la Municipalidad no pensaba todavía realizar 
la teórica obra de ese boulevar, y lo segundo, porque cuando 



DE JUSTICIA NACIONAL 55 

llegase su ejecuoion, la Municipalidad le pagaría á de la Torre 
lo que hoy éste redamaba; que era faUo que la oalle de La6 He- 
ra$ cruzase diagonulmente el terreno vendido; que dicha calle 
no tenia sino media cuadra de extensión al comenzar, en bou- 
levar Santafesino, y otra media cuadra al ooncluir, en el bou- 
le?ar Avellaneda, encontrándose lo demás de ella ocupado por 
construcciones y terrenos pertenecientes á los ferrocarriles de 
Súnchales y Central Argentino; que si alguna vez la Municipa- 
lidad atravesaba esos terrenos con calles, era cierto que déla 
Torre estaba expuesto á la contingencia de que se le expropiase 
su terreno, más bajo ó más alto de lo que le costó; pero que 
en ello nada tenía que ver el vendedor Bivarola; y que en cuan- 
to al derecho, aducido por el demandante, no era aplicable al 
0410, por cuanto el terreno vendido lo habla sido por una suma 
dada, la de 70.516 pesos, no estando por tanto regido por lo dis- 
puesto eael artículo 1345 del Código Civil, sinóal contrario, por 
el inciso 5 o del artículo 1344 del mismo código, ppr haberse se- 
ñalado el área por un precio único y no á tanto la medida. 

Abierta la causa á prueba por el auto de foja 23, se produce 
la muy abundante que corre en este expediente. 

T considerando : I o Que de los antecedentes que se dejan 
consignados, surgen las siguientes cuestiones á resolver : 

Primera: La acción deducida, ¿está, 6 no, prescripta? 

Segunda: En caso negativo, ¿procede, ó no, la rescisión del 
contrato ? 

Tercera: En caso adverso á la rescisión, ¿existe, ó no puede 
existir disminución en el área vendida ? 

Cuarta : En caso afirmativo, ¿procede, ó no, la devolución del 
precio pagado de más por el comprador? 

9° Basta leer con atención el artículo 4040 invocado por el 
demandado fundando l£ excepción de prescripción, para que la 
primera cuestión quede resuelta en un sentido negativo : 

.« Se prescribe también por 6 meses, dioe el artículo citado, 



56 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la acoion del comprador para rescindir el contrato, ó pedir in- 
demnizacion de la carga ó servidumbre no aparente que su- 
fra la cosa comprada y de que no hizo mención en el con- 
trato. > 

Ese artículo, como se vé, rige exclusivamente para el caso 
déla compra de un predio que sufra una carga ó servidumbre 
no aparente ó ignorada por el comprador, en cuyo caso pnede 
éste, 6 rescindir el contrato durante 6 meses, ó pedir, disyun- 
tivamente, una indemnización, correspondiente que venga á 
compensar los inconvenientes inherentes á toda servidumbre ó 
carga . 

En el caso sub-judice, no se trata ni remotamente, de que el 
predio vendido por el señor Bivarola al señor de la Torre sufra 
carga, ni servidumbre alguna; luego, la prescripción de derecho 
indicada, está lejos de Tegir la cuestión. 

La disposición legal aplicable, sería en todo caso, la consignada 
en el artículo 4023, referente á la acción personal, á la que di 
cho artículo da diez años de plazo entre presentes y veinte entre 
ausentes (nota 52 y comentario respectivo al artículo 4040 de 
los doctores Segoviay Llerena). 

La esoritura de venta (foja 29) es de 6 de Abril de 1889. 
Sólo han transcurrido, pues, cuatro años y medio, y por ende 
la prescripción no se ha verificado. 

3 o La negativa en la segunda cuestión, surge igualmente 
evidente. 

Basta atender á los términos en que está concebida la escri- 
tura de foja 29, para convencerse que la venta no fué heoha fi- 
jándose el precio por la medida, á que se refiere el artículo 
1345 del Código Civil, sino que, al contrario, la venta ha sido 
verificada con la indicación del área por un precio único , y no 
á tantola medida (artículo 1343, inciso 5 o , del mismo Código). 

Las prescripciones de los artículos 992, 993, 994 y 995, son 
bien esplícitos en sus términos, que preceptúan: «que los testigos 



DE JUSTICIA NACIONAL 57 

de un instrumento y el oñoial público que lo extendió no pueden 
contradecir, variar ni alterar el contenido de él, sino alegasen 
que testificaron el acto por dolo ó violencia qne se les hizo, en 
cayo caso el instrumento público no valdrá (artículo 992); y 
que el instrumento público hace plena fé, hasta que sea argüido 
de falso, de la existencia material de los hechos que el oficial 
público hubiese anunciado como pasados en su presencia; sien- 
do esta plena fé extensiva, no sólo entre las partes, sino contra 
tercer o 8, en cuanto á las convenciones contenidas en ellos y he- 
chos 6 actos jarídicos que forman su objeto principal»; indu- 
dable es entonces que debe estarse á lo consignado en la escri- 
rura; y que no tienen valor legal en contra de ella las deposicio- 
nes délos testigos Alvarado y Puccio; de foja 58, ni la del 
oficial público (foja 80) que extendió el instrumento re- 
ferido . 

Es de advertir, que no se ha argüido' de falsa la escritura de 
foja 29, sino simplemente aducido que en ella se ha suprimido la 
cláusula de que «la compra se verificaba por un tanto la me- 
dida». Pero es que debe tenerse también presente que dicha 
cláusula no es una mera circunstancia, ni un detalle comple- 
mentario, ni una agregación de mera forma, sino que, por el 
contrario, tal cláusula viene á destruir fundamentalmente los 
términos de la convención, cambiándola y variándola de mane- 
ra radical y absoluta. 

Efectivamente, si la agregación que se pretende fuera intro- 
ducida en la escritura de foja 29, el derecho que refería á ese 
contrato, sería completamente distinto de aquel que en la ac- 
tualidad le rige, según su declaracicn presente. Con tal refor- 
ma, el contrato obedecería al artículo 1345 del Código Civil, que 
autoriza la mcmonde la compra-venta cuando ella se ha efec- 
tuado fijándose precio por la medida; mientras que, tal cómo la 
escritura se encuentra redactada, el contrato que ella perfeccio- 
na, obedece directa y ajustadamente á la prescripción inversa 



58 FALLOS DE LA SUPREMA COKTE 

contenida en otro artículo del Código Civil, en el 1346, qae no 
permite la rescisión, y da sólo acción á la devolución de la par- 
te de precio pagado de más, y ésto, sólo cuando la diferencia 
entre el área real y la expresada en el contrato, fuese de un 
vigésimo, con relación ai área total de la cosa vendida. 

Como se vé, este cambio inversivo, tan absoluto, del contrato 
y del derecho aplicable, no es, ni puede ser permitido á una de 
las paites, por la bien obvia razón, de que entonces los instru- 
mentos públicos, á los que, la ley ha revestido con fé plena, 
ningún valor tendrían si tan fácil como caprichosamente pu- 
dieran ser cambiados, sustituidos y des ¿ruidos t aun por la 
prueba testimonial tan deficiente como maleable quo al pre- 
sente se quiere oponer en contra de la escritura de foja 29. 

Consecuente con todo ello, el artículo 996 del mismo Código, 
exige para que pueda ser modificado ó quedar sin efecto un ins- 
trumento público como el de foja 29, se labre un otro instru- 
mento público ó instrumento privado, anotado en la escritura 
matriz y en su copia. 

La escritura de foja 29 dice de manera terminante que, 
«vende Bivarola al señor de la Torre el terreno deslindado por 
la suma de 70. 516 pesos 8 centavos moneda nacional legal>, 
sin agregar una palabra siquiera en todo su texto, cuál haya 
sido, ni que se hubiera dado un valor unitario áoada medida; 
luego no hay duda de que la convención ha sido llevada á cabo 
sólo con la indicación del área por un precio único y no á tanto la 
medida. Esto mismo se encuentra ratificado por la confesión 
de de la Torre al contestar las primera, segunda y sexta posi- 
ciones de foja 50. 

Establecidas así estas premisas, no puede dudarse cuál sea 
la prescripción de derecho aplicable al caso. 

Ya lo hemos enunciado, los artículos 1345 y 1346 del Códi- 
go Civil enseñan que en el caso de una determinada falta (un 
vigésimo) del área total vendida, habiéndose fijado el precio 



DE JUSTICIA NACIONAL 59 

por la medida, puede el comprador dejar sin efecto el contrato; 
pero que en todos los demás casos indicados en el artícnlo 1344, 
y entre los cuales se encuentra expresado el sub-judice, de una 
renta con indicación del área por un precio único, y no á tanto 
la medida , la rescisión, por el contrario, no está autorizada, y 
sólo da derecho á una disminución por el área que resulte fal- 
tar, cuando la diferencia entre el área real y la expresada en e 1 
contrato fuese de un vigésimo con relación al total de la cosa 
vendida. 

No habiendo, pues, el señor de la Torre comprado por medi- 
da, y si habiéndole vendido Rivarola toda el área por el precio 
único de 70.516 pesos 8 centavos, la rescisión que el primero 
solicita, no es legalmente aceptable, y debe, por tanto, recha- 
zarse. 

4 o Para dar solución á la 3 a cuestión, es necesario el estudio 
prolijo que se ha hecho de los autos. 

¿Existe, ó no puede existir disminución en el área vendida? 
Tal es la interrogación, y los autos, en su larga secuela, dan 
elementos suficientes para dilucidarla. 

La existonoia del boulevar Timbúes, es un hecho indiscuti- 
blemente comprobado, no sólo por los mismos términos de la 
escritura de foja 29, otorgada por Rivarola á déla Torre, laque 
expresa linda el terreno vendido, por el frente al Oeste, con el 
boulevard Timbúes, sino también por la especial confesión he- 
cha por el vendedor en la contestación á la demanda y á la 
novena pregunta de las posiciones de foja 43. A esto que sería 
bastante para dejar ampliamente comprobada la existencia de 
esa vía pública, se reúne aún el hecho material llevado á cabo 
por el vendedor Rivarola de la construcción del edificio de su 
propiedad, limitándola por uno de sus frentes á la línea del 
bonlevar mencionado (inspección ocular, foja 109). 

Respecto á la existencia de la calle Las Heras, Junin, Sar- 
miento ó Frenen, que todos estos nombres, alternativamente, 



60 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

se dan á la otra vía en discusión, consta también en autos su 
existencia por la confesión de la misma parte de Rivarola, quien 
á foja 19 vuelta, dice: ella no tiene más que media cuadra de 
extensión al comenzar el boulevar Santafecino, y otra media 
cuadra al concluir en el boulevar Avellaneda. Así, pues, tal 
calle se encuentra en su comienzo y su fin, ya edificada, es de- 
cir, formada, constituida. ¿Cómo puede negarle su existencia?. 

Por otra parte, el informe municipal de foja 67, demuestra 
bien claramente que la apertura de esa calle se encontraba ya 
autorizada, entre otros, por decreto de fecha 9 de Abril de 
1888. 

A foja 267, vuelve la parte de Rivarola á confesar la existen- 
cia de tal vía cuando textualmente dice refiriéndose á la argu- 
mentación del contrario: «Si se refiere á que esa ordenanza 
aprobó el relevamiento, que es el trazado sobre el terreno, de 
calles que existían solamente creadas por ordenanzas anterio- 
res, y no trazadas aún sobre el terreno, es exacto, y es preci- 
samente loque he venido sosteniendo». 

Además, en la vista de ojos (acta de foja 108), se constató 
que la calle enunciada, y que cruzaba el terreno de la cuestión 
de Este á Oeste, se encontraba delineada con estacas puestas 
particularmente por el ingeniero municipal Bosco. La referida 
construcción de Rivarola ha sido también por éste limitada, por 
el otro de sus costados, por la calle Las Heras. 

No puede entonces caber la menor duda, sobre la existencia 
de la calle llamada indistintamente Las Heras ó Junin, según 
los litigantes, y Sarmiento ó French, según el boleto municipal 
de f o j a 31 . 

Comprobada así, la evidente existencia del boulevar T i iri- 
búes y de la calle Junin, etc., toca estudiar si esas vías tra- 
zadas sobre el terreno vendido, aunque no edificadas en toda 
su extensión, importan una disminución en el área enajenada. 

En tal cuestión nos inclinamos por la afirmativa. 



DE JUSTICIA NACIONAL 61 

No importa en el concepto del proveyente, qne una vía pú- 
blica se encuentre ó no edificada en toda su trayectoria, para 
que deje de pesar de manera efectiva sobre el área de terreno 
porque aquella cruce, una desmembración del derecho de pro- 
piedad; y cree, por el contrario, que tal derecho cuando ha si- 
do trasmitido perfecto y sin restricción por la escritura de ad- 
quisición (como son los términos usados en la de foja 29), él 
debe existir desde el principio siempre amplio y perfecto ; 
mientras que la sola existencia de una disposición legal vigente 
que destine para otros usos públicos una parte del área adqui- 
rida para usos particulares y propios, basta y sobra para que el 
derecho cedido se encuentre restringido y desmembrado. 

La acción de eviccion consagrada por todas las legislaciones, 
indica, por sí sola^l deber ineludible que todo vendedor tiene 
de mantener á su comprador, siempre y en cualquier momen- 
to, en el ejercicio perfecto del derecho de propiedad sobre el 
predio enajenado, garantiéndole y conservándole en su in- 
tegridad. 

E ilógico sería sostener que tal integridad ó derecho único y 
perfecto, se tiene en un predio sobre el cual pesa una ley de 
expropiación vigente, que adjudica á la comunidad todo, ó una 
parte de él, apartándolo así del derecho privado é individual que 
lo adquirió . 

Una prueba de ello la tenemos en el uso, de vulgar notorie- 
dad, que existe de que en las transacciones de tierra urbana, 
para que se entienda que la enajenación incluye calles, ó vías 
públicas, conste tal circunstancia en la convención celebrada. 

En el caso sub-judice tal acuerdo no ha existido: no hace de 
él referencia alguna la escritura de foja 29, y de manera inver- 
sa, consta gráficamente no haber existido tal convención, como 
se prueba por el plano número i de foja 3, que sirvió de base 
para ella, y en el cual no se encuentran delineadas, como debían 
de estarlo, las vías públicas de la referencia. 



62 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

La Municipalidad, en su exposición de foja 66» informa que 
el boulevar Timbúes tiene un ancho de 40 varas, mientras que 
el plano número i, que, según confesión del vendedor al absol- 
ver la octava posición de foja 43, sirvió de base al contrato que 
se discute sólo le da el ancho de la mitad, ó sea, de diez varas 
cedidas voluntaria y gratuitamente por Rivarola, como también 
éste lo ha confesado; faltan así otras diez varas para completar 
la vía pública, que no han sido excluidas de la venta. 

Existe, pues, y con relación á esta sola vía, una disminución 
de 629 metros 82 centímetros cuadrados, iguales á 839 varas 
81 centímetros cuadrados ( informe pericial de foja 146 y pla- 
no número 2 de foja 3, no argüido por las partes). 

Respecto á la calle Junin ó Las Heras, etc., el informe mu- 
nicipal de foja 67 establece tener ella un ancho de 20 varas, 
determinado por decretos de 28 de Octubre de 1868 y 13 de Ju- 
nio de 1873 . 

Cruzando esta vía (no excluida tampoco de la venta )diago- 
nalmente el terreno de la cuestión, ella toma, según el mismo 
informe pericial de foja 116 y plano número 2 de foja 3, una 
superficie cuadrada de un mil ochocientos setenta y un metros 
setecientos setenta y dos milésimos, equivalentes á 2495 varas 
842 milésimos cuadradas, formando así ambas vías una super- 
ficie total de disminución, importante de 2501 metros 592 mi- 
lésimos cuadrados, iguales á 3335 varas 652 milésimos cua- 
dradas. 

Tal área puede pasar al dominio de la comunidad el día que la 
Municipalidad, es decir, un tercero, lo quiera, pues que se en- 
cuentra sometida á su amplia voluntad, mediante disposiciones 
legales en vigencia. 

Propiedad de contingencia tan acentuada y evidente, no pue- 
de nunca servir de base ni constituir un derecho perfeeto de ad- 
quisición como es el dado por la escritura de foja 29, y cuando 
menos el que se diga propietario se encuentre en la perplegidad 



DE JUSTICIA NACIONAL 63 

en que lo coloca el mismo señor Rivarola, de « que le expropien 
el terreno ámás bajo precio del que le costó > (final del párrafo 
I o del escrito de contestación á la demanda, foja 20 vuelta). 

Pero la defensa dice no tener ella nada que ver con tal expro- 
piación, siendo la Municipalidad la que debe abonar á de la To- 
rre el terreno que tome. 

El error de concepto es manifiesto; existiendo, como existía 
( 1868 y 1873), la disposición legal de expropiación, que desti- 
naba parte de esos torrónos á vías públicas, de propiedad de la 
comunidad, Rivarola no podía en 1888, como ya se ha dicho, 
trasmitir íntegro á su comprador el derecho de propiedad, co- 
mo lo ha hecho por la escritura de foja 29. 

Y la mejor prueba del conocimiento de esta falta de derecho* 
la tenemos en el hecho emanado del mismo vendedor de dejar 
diez varas gratuitamente para el boulevar Timbúes, no in- 
cluyendo las mismas en la venta que verificaba. 

Por otra parte, una expropiación trae común y casi necesa- 
riamente un juicio en el que, según ley, no todos sus gastos se 
abonan al expropiarlo, y no es lógico suponer 'que nadie compre 
un pleito, máxime cuando tiene seguridad de que no todos los 
gastos de él, los más elevados, como honorarios de abogado, no 
le van á ser reembolsados. 

Ademas, y por último, por una disposición legal de expropia- 
ción, el propietario del terreno sobre la que pesa, se encuentra 
efectivamente coartado para hacer construcciones ó dar destinos 
estables á su propiedad, como ha sucedido en el oaso sub-judice 
cuando comprador y vendedor han querido realizar los edificios 
que se bosquejan en los planos de fojas 3 y 129, teniendo que de- 
jar, el uno voluntaria y el otro forzosamente, libre y sin cons- 
trucción las vías públicas decretadas. 

Lo justo, pues, razonal y legal, una vez la expropiación de- 
cretada, es que el vendedor del predio suprima de la venta el 
área expropiable, ó siquiera ponga en conocimiento del compra- 



64 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dor antes de la venta, la dicha circunstancia restrictiva de do- 
minio, á objeto de su aceptación ó rechazo ; y ni una ni otra cosa 
ha hecho el demandado. 

De todo ello se signe también no ser la Municipalidad, á qnien 
deba de la Torre cobrar el terreno coartado, sino ásu inmediato 
vendedor Rivarola, responsable directo de la eviccion de dere- 
cho, ya pertinente por la limitación que acusa el documento res- 
trictivo de línea de calles, expedido por la Municipalidad, y 
que corre á foja 31 de estos autos. 

Establecidas las preluciones anteriores, la cuarta cuestión se 
resuelve en forma afirmativa con certeza evidente. 

Ta se ha dicho que el artículo 1346 del Código Civil estatuye, 
que en todos los casos del artículo 1344, excepción hecha del 
inciso 4 o , tiene derecho el comprador para exigir de su vendedor 
la devolución del precio pagado de más por el área que resulta 
faltar. Para fundar esta petición sólo exige dicho artículo que 
el área que falte sea de un vigésimo con relación al área total de 
la cosa vendida. 

Bien, pues, el área comprada á Rivarola por de la Torre, es 
de 11.752 varas y 8 centímetros, equivalentes á 8814 metros 
52 centímetros cuadrados (escritura de foja 29). 

El área que toman las expropiaciones alcanza á 2501 me- 
tros 592 milésimos, equivalentes á 3335 varas 652 milímetros 
cuadrados ( informe de foja 116). 

Luego, el vigésimo exigido por la ley, se encuentra en el caso 
sub-judice, casi sextuplicado, y por ende la prescripción de de- 
recho del artículo 1346, ampliamente cumplida, y la acción de 
reclamo, perfectamente justificada. 

Por estos fundamentos, concordantes de los escritos de fojas 
4 y 157, definitivamente juzgando, fallo: declarando que don 
Esteban Rivarola sé encuentra obligado á devolver á don Li- 
8andro de la Torre, y le devuelva dentro el plazo de 10 días pos- 
teriores á la ejecutoria de esta sentencia* la suma que corres- 



DE JUSTICIA NACIONAL 65 

ponde, con relación al precio de compra, á las 3335 varas 652 
milésimos cuadrados, equivalentes á 2501 metros, 592 milí- 
metros que toman, en el terreno vendido por el primero al se- 
gando, las vías públicas denominadas boulevar Timbúes j 
oalles Las Heras 6 Jnnin, etc., sin especial condenación en 
costas. Notifíqnese con el original y repónganselos sellos. 

G. Escalera y Zuviría. 



Vallo de 1» Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 15 de 1895. 

Vistos 7 considerando: Primero: Que según lo expresa el 
demandante en su escrito de demanda y se confirma por las 
constancias de autos, el demandado entregó á aquel el terreno 
áque se refiere la escritura de compra-venta de foja catorce. 

Segundo : Que el demandante funda su acción en la falta de 
continencia de la superficie vendida á mérito de resultar in- 
cluida, según lo alega en ella, una parte del boulevar Tim- 
búes y una calle denominada «Las Heras» (ó Junin) que cruza 
diagonalmente el terreno, perdiendo éste metros cuadrados 
seiscientos veinte 7 nueve con ochenta y dos centímetros, por la 
primera de esas causas, 7 metros cuadrados mil ochocientos se- 
tenta y dos con ochenta 7 cinco centímetros, por la segunda, 
lo que da un total de metros cuadrados dos mil quinientos dos 
con sesenta 7 siete centímetros, ó sea una disminución que se 
aproxima á la tercera parte de la continenoia declarada en el 
contrato. 

Tercero : Que si bien no se contesta la exactitud de los resul- 
tados de las operaciones aritméticas de la demanda, partiendo de 
los datos que deben servirles de antecedente, en el concepto del 

T. x 5 



66 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

actor, es oierto, que á la épooa déla venta no estaba abierto el 
boulevar Timbúes en el terreuo rendido, no estándolo tampoco 
la calle Las Heras ó Junin, etc. 

Cuarto: Que del mérito de autos (informe de fojas sesenta y 
siete á setenta) resulta que la Municipalidad del Bosariodispuso, 
con anterioridad i la venta, la apertura de los citados boulevar 
y calle, pero las mismas constancias comprueban acabadamente, 
que esa disposición no tuvo aún su cumplimiento, no estando 

« 

además demostrado que la referida Municipalidad tuviese la 
propiedad de los terrenos necesarios para dichas vías públicas, 
ya originariamente ó ya por actos á título oneroso ó gratuito. 

Quinto: Que el terreno vendido es parte del que adquirió el 
demandado por trasmisión que le hizo la compañía del Ferro- 
carril Central Argentino mediante el contrato de venta y per- 
muta de foja treinta y nueve, constando que la convención sobre 
dicha trasmisión comprendía la totalidad del inmueble que, 
según los términos de la escritura y plano de foja treinta y cin- 
co, no estaba reducido ó limitado ni por el boulevar Timbúes, 
ni por calle que cruce. 

Sexto: Que por consiguiente, el demandado ha podido ven- 
der el terreno con las dimensiones con que lo adquirió, sin que 
pueda oponérsele la nulidad por venta de cosa ajena, desde que 
como ya se ha establecido, él tiene á su favor título traslativo 
y no se ha demostrado que la Municipalidad del Rosario tuvie- 
se derechos anteriores á la venta que la hiciesen dueña de parte 
alguna del inmueble ó le dieran siquiera sobre él algún otro 
derecho real. 

Séptimo: Que no existiendo falta de continencia en la cosa 
vendida por razón de reducciones de orden municipal, no son 
procedentes, bajo tal concepto, las acciones que, para sus 
respectivas peculiaridades, acuerdan al comprador los artículos 
mil trescientos cuarenta y cinco y mil trescientos cuarenta y 
seis, Código Civil. 



DE JUSTICIA NACIONAL 67 

Octavo: Que por otra parte, la venta en litigioso realizó por 
un precio único y no á tanto la medida, como lo prueba la escri- 
tura de foja catorce, j lo demuestra la sentencia apelada, lo 
que basta para concluir que el caso no entra en la disposición 
del citado articulo mil trescientos cuarenta y cinco. 

Noveno : Que las consideraciones precedentes resuelven la 
cuestión de continencia en favor del demandado, en lo que se 
reñereá la reducción que pretende el actor por razón de la pro- 
yectada calle cLasHeras 6 Junin» etc., y la resolvería también 
en relación al boulevar Timbúes, á no mediar la circunstan- 
cia especial de haberse fijado ese boulevar como límite del 
terreno vendido, según se dice textualmente en la escritura de 
foja catorce. 

Décimo: Que convenido entre comprador y vendedor que el 
inmueble materia del contrato, habrá de tener su frente sobre 
el citado boulevar, la existencia de éste, á sus efectos entre las 
partes, ha quedado bajo el amparo de una estipulación que cons- 
tituye una regla á que deben someterse los contrayentes como 
á la ley misma (artículo mil ciento noventa y siete, Código Ci- 
vil). 

Undécimo : Que refiriéndose la escritura á una vía pública 
decretada de antemano con su nombre, ubicación y correspon- 
diente dimensión, debe entenderse que se excluía de la venta el 
terreno que hubiera de ocupar esa vía, desde que no se hace de- 
claración que restrinja el alcance de la estipulación, como se- 
ría necesario para reputar fundada la interpretación limitativa 
que pretende el demandado, á que no se prestan los términos 
absolutos del contrato y que consistiría en reducir por mitad el 
ancho del citado boulevar. 

Duodécimo: Que es tanto menos atendible dicha interpreta- 
ción, cuanto que consta que para la fracción del inmueble adqui- 
rido del Ferrocarril Central Argentino con ubicación á la otra 
parte del boulevar Timbúes, que se ha reservado el demanda- 



68 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

do, éste obra sobre la base -del asignado á esa .vía por las 
disposiciones municipales (inspeocion de foja ciento ocho). 

Décimo tercero : Que en mérito de lo expuesto, la continen- 
cia declarada en la escritura de venta de foja catorce sufre una 
disminución de metros cuadrados seiscientos veinte y nueve 
con ochenta y dos centímetros, que quedan dentro del bou le- 
var Timbúes, y que excediendo al vigésimo del área total de- 
signada eu el contrato da lugar, en consecuencia, á la reducción 
proporcional del precio (artículo mil trescientos cuarenta y seis, 
Código Civil). 

Décimo cuarto : Que tratándose de la reducción en el precio 
por defecto de continencia en la cosa vendida, es indudable que 
la duración de la acción no está reglada por el artículo cuatro 
mü cuarenta del Código Civil, que no la menciona. 

Décimo quinto : Que habiendo interpuesto el demandado tan 
sólo el recurso de apelación, ha consentido por tal hecho que la 
causa se tramite y juzgue apreciando y resolviendo las cues- 
tiones que aprecia y resuelve la sentencia en la parte apelada, 
lo que con arreglo á. derecho habilita á esta Suprema Corte 
para pronunciarse sobre el recurso traído, dando con justicia 
final pleito. 

Décimo sexto : Que no ha llegado el caso de juzgar sobre los 
derechos y obligaciones correlativas del comprador y vendedor 
por razón de la eviccion que motivase la apertura de calles, 
pues que, ni la Municipalidad ha requerido, en forma, la expro- 
piación del terreno vendido al actor, ni éste ha promovido ges- 
tiones contra ella en defensa de derechos trasmitidos por el 
demandado y que éste estuviese en el deber de garantir. 

Decimoséptimo: Que con arreglo á los artículos quinientos 
ocho y seiscientos veintidós del Código Civil el deudor de 
sumas de dinero debe los intereses de la mora. 

Por esto y fundamentos concordantes de la sentencia apelada 
de foja doscientos ochenta y uno : se declara que Don Estovan 



DE JUSTICIA NACIONAL 69 

Bivarola sólo está obligado á devolver á Don Lisandro de la 
Torre, la suma que corresponda oon relación al precio de venta 
á los seiscientos veintinueve metros cuadrados y ochenta j 
dos centímetros, á que se refiere el considerando trece de esta 
senteuoia, dentro del plazo consignado en la sentencia apelada, 
con sus intereses á estilo de los que cobra el Banco de la Naoion 
Argentina en sus descuentos, desde la fecha de la demanda, 
quedando en estos términos modificada la citada sentencia de 
foja doscientos ochenta y una, la que, en consecuencia, se revo- 
ca en la parte que manda pagar el valor del terreno referente á 
la calle «Las Heras ó Junin» etc. Notifíquese con el original y 
repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO FITHGK. — 
JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CXIII 



Don Víctor fl. Coutteret contra Don José Borrachio ; sobre 
otorgamiento de escritura de venta 



Sumario. — El acreedor de un pagaré por el cual el deudor se 
obliga á abouar su importe al firmar la escritura de venta de un 



70 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

terreno de su propiedad, no tiene acción para que se condene á 
éste á la escrituración de dicha venta, en la cual no resulta que 
haya habido previo acuerdo, ui se expresan las condiciones, y 
la persona del comprador . 



Caso. — El señor Coutteret se presentó al Juzgado acompa- 
ñando el siguiente documento : 

«Por pesos 1929 m/n. Debo y pagaré al señor Pedro Herrera 
6 á su orden la cantidad de 1929 pesos m/n, que pagaré al fir- 
mar una escritura de venta de un terreno de mi propiedad 
situado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia 
de Buenos Aires, para cuya constancia firmo el presente. 

«Alberdi, Septiembre 14 de 1889. 

c José Borrachio. 



€ Pagúese por mi y á la orden de Don Yictor R. Coutteret é i 
su orden. 

«Rosario, Septiembre 18 de 1889. 

c Pedro Herrera*. 



Fundado en él, demandó á Borraohio para que se le condene á 
otorgar la escritura de venta á que dicho documento se refiere. 

£1 demandado contestó : que la obligación por la cual se le 
demanda es condicional» y no habiéndose cumplido la condición 
impuesta en el documento acompañado, éste es ineficaz para 
producir las acciones que de él nacen, y pide, en consecuencia, 
se resuelva en oportunidad lo que corresponda, con costas. 



DE JUSTICIA NACIONAL 71 



Fallo del Jura Federal 



Rosario, Junio 12 de 1891 • 

T vistos : los autos en que Don Víctor B. Coutteret demanda 
á Don José Borrachio, por la suma de 4929 pesos (documento 
de foja 2), que debía entregarle al firmar una escritura de venta 
de un terreno depropiedad deBorraohio, situado en la ciudad de 
San Nicolás de los Arroyos. 

Con lo alegado por ambas partes en sus escritos de fojas 18, 
43, 70 y 74 y la prueba producida que corre de fojas 58 á 64. 

Y considerando: I o Que las partes están de aouerdo en que 
efectivamente se trata en el caso sub-judice de una obligación 
condicional, como es la contraída en el documento de foja 2 
que da origen á este litigio (Véase el alegato de bien probado 
del actor corriente á foja 70), 

2° Que débese, en consecuencia, estudiar y fallar esta causa 
bajo la faz enunciada, aplicándose al presente las disposiciones 
legales que para esa clase de obligaciones establece la legisla- 
ción civil. 

3° Que esa legislación estatuye ser esencial llegue á cumplir- 
se la condición puesta en el contrato, para que la dación de que 
es objeto pueda ser reclamada por el acreedor. 

4° Quesi, por el contrario, la condición impuesta no llega á 
efectuarse, es necesario probar que esa falta de verificación 
trae su origen de la culpa, inercia 6 dolo de parte del compro- 
mitente á cuyo cargo la misma se encontraba. 

5 o Que esa prueba no se ba producido en autos, pues la única 
rendida y que corre de fojas 58 á64, no sólo constata que la 
condición impuesta para el pago (la de la venta del terreno), no 
se haya verificado, sino que tampoco comprueba que esa falta 



72 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de cumplimiento de lacondicion, sea ocasionada por culpa 6 dolo 
departe del demandado Borrachio; y antes por el contrario, 
de tal prueba resulta haber existido imposibilidad para que 
aquella condición se realizase. 

6 o Que en efecto, así resulta de las cartas corrientes á fojas 
68 y 61 y reconoeidas á foja 63 vuelta, expresándose en la I a : 
< Que se hará lo posible para abreviar el negocio», lo que prue- 
ba no estaba éste concluido; y la 2 a agrega: que las escrituras 
no eran aptas para efectuar la venta del terreno mencionado, 
repitiendo en ésta lo que ya antes se había dicho : que haría 
(Borrachio) lo posible para que el negocio se realizase. 

7° Que dados estos antecedentes era deber de la parte del se- 
ñor Coutteret, demostrar y dejar constatado en autos que esa 
falta de realización de la venta y esos mismos obstáculos que 
presentaban las escrituras que deberían servir para llevarse á 
cabo la nueva venta, no se habían salvado por culpa, dolo ó ne- 
gligencia del obligado Borrachio (artículo 537, Código Civil; Sa- 
vigny, Derecho Bomano, tomo 3°, página 141 y siguientes ; y 
Aubry y Bau, párrafo 302). 

8 o Que aunque lo anterior no existiera, debe al presente apli- 
carse el principio jurídico de que en caso de duda (la existen- 
cia 6 no del dolo) debe estarse en favor del demandado . 

Por tanto: fallo declarando no debe hacerse lugar á la 
acción duducida por Don Víctor Coutteret contra Don José 
Borrachio por el cobro de los 1920 pesos, materia de este plei- 
to, en razón de no haberse cumplido la condición impuesta en 
la obligación para el abono de la misma. 

Notiflquese con el original y repónganse los sellos. 

G. Escalera y Zuviría. 



DE JUSTICIA NACIONAL 73 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Junio 17 de 1895. 

Vistos y considerando: Que después de presentado y recono- 
cido el documento de foja dos, en el que el domandado se obliga 
á pagar al causante del actor la suma de mil novecientos veinte 
y nueve pesos moneda nacional al firmarse la escritura de venta 
del terreno de su propiedad áque ese documento se refiere, el 
oitado actor deduce la demanda ordinaria, foja dieciocho, pidien- 
do que se condene al demandado á la escrituración de dicha 
venta, no á su favor, sino al de persona que no designa, ó en 
su defecto, á daños y perjuicios. 

Que el actor, impugnando la sentencia apelada, insiste en su 
expresión de agravios que es esa la materia del juicio y no el 
cobró de pesos, que no ha pretendido en la causa. 

Que la escrituración de un contrato de compra-venta presu- 
pone el acuerdo previo entre el comprador y vendedor sobrecosa 
y precio. 

Que no sólo no se ha probado que exista ese acuerdo, sino 
que ni se expresa cuáles sean las condiciones del contrato, si- 
quiera en sus elementos esenciales, y lo que es más ni aún se 
determina, como ya se ha mencionado, la persona que haya de 
ser el comprador . 

Que concretada la cuestión á los términos expresados, como 
lo quiere el aotor, el rechazo de la demanda se impone. 

Por esto, se confirma, con costas, la sentencia apelada de foja 
ochenta y dos, en cuanto ella importa no hacer lugar á la acción 
deducida en la demanda, sin perjuicio de los derechos que el 



CAUSA ClilT 



La sucesión de Don Adolfo Pujato contra la sucesión de Don 
Luis José Fernandez, por pago de obligación á pesos fuertes; 
en recurso ante la Suprema Corle contra sentencias de los 
Tribunales de la Capital. 



Sumario. — I o La Suprema Corte no puede pronunciarse 
sobre la interpretación que los jueces locales hayan dado á las 
leyes que reglan sus respectivos procedimientos, ni sobre las 
contestaciones que se resuelven por los principios del derecho 
común. 

2 o La deuda estipulada en pesos fuertes moneda metálica, se 
refiere á moneda especial, que en los términos del artículo 3 de 
la ley de inconversion no da derecho al deudor para satisfacerla 
en billetes de curso legal á la par. 



i 

! 

74 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE j 

actor tuviere para hacerlos valer como corresponda. Repuestos 
los sellos, devuélvanse, pudiendo notificarse con el original. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 75 



Ca% o . — - Resulta de la siguiente: 



SENTENCIA DEL JUEZ DE I a INSTANCIA 



T vistos : estos autos seguidos por la sucesión de Don Adolfo 
Fujato contra la sucesión de Don Luis José Fernandez, por cobro 
de pesos, de los que resulta: 

Que con fecha 42 de Julio de 4888, se presentó el doctor 
Miguel O. Méndez en representación del doctor don Adolfo Pu- 
jato, exponiendo: que Don Luis José Fernandez adeudaba á su 
poderdante las cantidades siguientes : 2500 pesos fuerte oro, 6 
su equivalente en moneda nacional, que habla recibido de Fer- 
nandez con fecha 42 de Febrero de 4880 en calidad de préstamo 
y al interés de uno por ciento mensual y 4900 pesos fuertes mo- 
neda metálica al mismo interés, que recibió en 23 de Abril de 
4879. 

Que Fernandez vendió al doctor Pujato en cinco de Agosto de 
4881 una fracción de campo situado en el departamento de Con- 
cepción, provincia de Corrientes, paraje denominado «Ibicui», 
cuya venta se hizo á razón de tres mil novecientos pesos fuer- 
tes legua cuadrada y cuyo valor según el área resultante de la 
mensura que se practicara se deduciría de las sumas que en ca- 
lidad de préstamo tiene recibido el señor Fernandez y de la que 
se ha hecho mención, debiendo cesar el interés estipulado desde 
la fecha del otorgamiento de la escritura por la cantidad á que 
asciende el valor d-el campo vendido, según el área que resulte 
tener. 

Que todo lo relacionado consta déla escritura acompañada. 

Que para determinar de una manera exacta el monto de la 
deuda del señor Fernandez era indispensable proceder previa- 
mente á la mensura del citado campo y pedía en consecuencia se 



76 FALLOS OE LA SUPREMA CORTE 

librara oficio al Juez de I a Instancia de Corrientes para que la 
hiciesen practicar, facultándolo también para aprobarla con 
arreglo á derecho. 

Conferido traslado á la parte demandada, lo contestó á foja 
veinte el representante de su curador, Don Victor Silvero, mani- 
festando su conformidad con que se ordene la mensura; solicita- 
do y oido el Ministerio de Menores, a foja 21 vuelta, fué ordena- 
da la mensura, debiendo remitirse los autos al efecto al juea 
respectivo de la provincia de Corrientes. 

Devueltos los autos con la mensura practicada y aprobada, y 
habiendo fallecido el demandante y demandado, seguidas va- 
rias tramitaciones por los sucesores de ambos, tendentes á es- 
tablecer lu forma en que debía practicarse la liquidación del 
crédito de la parte aotora, á foja 147 y foja 148 se resolvió 
que ésta debía presentar la liquidación de su crédito á fin de ser 
sustanciada en forma. 

Presentada con el escrito de foja 160 dicha liquidación, en 
la que resultaba un saldo en contra del demandado por la suma 
21.149 pesos con 65 centavos ni/n, y puesta en la oficina 
por seis días, á foja 165 fué inpugnada por Don Víctor 
Silvero, como apoderado de parte de la sucesión demandada, por 
ser inaceptable esa liquidación en virtud de haberse incurrido 
en ella en errores materiale sde suma, en falsa relación de ante- 
cedentes y en equivocada aplicación de derecho. 

Sostiene que ni en la escritura presentada por la parte aoto- 
ra en su primer escrito, ni en los autos que la precedieron, hay 
nada que haga presumir que los contrayentes tuvieron la in- 
tención de efectuar un contrato á oro, y que por consiguiente la 
nombrada liquidación no ha podido ser practicada en oro sella- 
do como se ha hecho sino en la moneda nacional que es la que 
ha venido á sustituir en la circulación al peso fuerte inconver- 
tible, una vez desaparecido éste. 

Que respecto de los intereses establecidos en los préstamos 



DE JUSTICIA NACIONAL 77 

hechos por Pujato á Fernandez, existe el recibo de foja I a y foja 
2 que acredita el pago de dicho intjrés hasta el 3 de Abril 
de 1884. 

Que desde esta fecha no pudo correr el interés estipulado en 
la escritura del convenio como lo pretende el actor, porque la 
sucesión de Fernandez no se encuentra en el caso de un deudor 
moroso, pues ni judicial ni extrajudioialmente se le ha exigido 
el pago de suma alguna á Fernandez ni á su sucesión y la de- 
manda de foja 4 a no lo ha sido por cobro de pesos, no constitu- 
ye propiamente una demanda ni se pide en ella pago de intere- 
ses, teniendo por único objeto que se ordenara la mensura del 
campo. 

Que los intereses estipulados hasta el vencimiento de los pla- 
zos de los dos préstamos están proscriptos, con arreglo al artí- 
culo 4027 del Código Civil. 

Que como lo ha demostrado la sucesión de Don Luis José 
Fernandez, cumple su obligación pagando su deuda á moneda 
nacional sin intereses, por estar prescripto lo convenido en los 
préstamos y por no haber inourrido en mora respecto de la 
deuda . 

Practicada á su vez la liquidación del crédito adeudado á la 
sucesión de Pujato, de la que resulta un saldo á favor de ésta 
por la cantidad de 2058 pesos m/n de curso legal con 68 cen- 
tavos, y pide que siendo temeraria la liquidación practicada por 
la parte demandante é importando un verdadero caso de plus 
petition, que por lo menos merece una severa condenación en coa- 
tas, sea fallado este asunto en definitiva, declarándose que la 
suma que se adeuda á la sucesión del doctor Pujato importa 
2058 pesos con 68 centavos m/n, con especial condenación en 
costas. 

Conferida vista á los Ministerios de Menores y Fiscal, el 
primero se expide á foja 274: que á su juicio la cuestión debe 
ser sometida á la decisión de peritos amigables componedores, 



78 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

y el segando, á foja 176, adhiriendo alas consideraciones adu- 
cidas en el escrito de foja 165. 

Recibida la causa á prueba por el auto de foja 176 vuelta se 
produjeron las que constan del certificado de foja 214, presen- 
tándose el alegato agregado á foja 227 y dictaminando el Minis- 
terio Fiscal sobre los mismos áfoja 236 vuelta. 

Y considerando: Que la primera ouestion que debe resolverse 
es la de si la deuda que el doctor Don José Luis Fernandez, hoy 
su sucesión, reconoce á favor de Don Adolfo Pujato, según re- 
sulta de la escritura pública de foja I a consiste en pesos fuer- 
tes que puedan satisfacerse por su valor equivalente en billetes 
de pesos nacionales de curso legal, ó si esa deuda es de pesos 
fuertes oro sellado que deben pagarse con los billetes de curso 
legal, según el cambio corriente en plaza en la fecha de la liqui- 
dación contenida en el escrito de foja 160. 

Que las partes están conformes en que la ley llamada de 
curso forzoso, de Octubre de 1885, sólo se refiere á las obligacio- 
nes ordinarias, y que no comprende las contraidas en moneda 
especialmente determinada, las que sólo pueden solventarse con 
los billetes de pesos nacionales de curso legal por su valor co- 
rriente en plaza en el día del pago. 

Resulta así que la cuestión á resolver es de hecho, á saber, 
si se contrajo en una clase de moneda especial la obligación 
cuyo pago se persigue, pues sí asi fuese debe satisfacerse la deu- 
da en esa clase especial de moneda, ó en los términos del artí- 
culo 619 del Código Civil, esto es, en la moneda corriente por su 
valor corriente en plaza; en la escritura pública de foja 2 se ex- 
presa que los préstamos hechos á Fernandez lo fueron en pesos 
fuertes moneda metálica, lo que en concepto del Juzgado im- 
plica reconocer que la deuda debe satisfacerse en pesos fuertes 
oro sellado, que esa es la clase de moneda matálicaque existía 
en la fecha de los préstamos y de la escritura de reconocimien- 
to otorgada en 5 de Agosto de 1881. 



1 



DE JUSTICIA NACIONAL 79 

Pesos fuertes moneda metálica es lo mismo que pesos fuer- 
tes oro sellado, en controposicion á pesos fuertes solamente; la 
primera expresión determina que la moneda en qne se con- 
trae la obligación es moneda de metal de oro., en que según la 
ley de moneda que creó el peso fuerte consistía éste, mientras 
qne la expresión de peso fuerte se refería ordinariamente al 
billete de ese valor legal qne entonces existía. 

Y no se diga que el peso fuerte en moneda metálica ó en oro 
sellado no existía, porque nunca llegó á acuñarse esa especie de 
moneda, puesto que siempre se determinó su valor por el de la 
relación con las monedas de oro extranjeras, teniendo en cuen- 
ta la cantidad de oro fino que éstas tienen y las que por la ley 
debía tener el peso fuerte. 

Fundándose en esta doctrina la Suprema Corte Federal en 
numerosos fallos que se citan á foja 72, ha resuelto : que obli- 
gaciones semejantes á las que motivan la presente cuestión, y 
aún aquellas contraidas simplemente á pesos fuertes oro, sólo 
pueden pagarse con los billetes inconvertibles por su valor co- 
rriente en plaza y no por su valor nominal, igualmente si se tiene 
presente que en cinco de Agosto de 1881, fecha de la escritura 
de foja 2, se encontraba vigente también la ley de curso forzo- 
so de Septiembre de 1885, análoga á la que hoy rige, debe razo- 
nablemente suponerse que al emplearse en dicha escritura las 
palabras pesos fuertes moneda metálica, la intención de los con- 
tratantes no ha podido ser otra que sustraerse á las prescrip- 
ciones de la ley vigente estipulando la obligación en una clase 
especial de moneda para ser cumplida en esta misma clase de 
moneda. 

Considerando, en cuanto á los intereses que cobra la sucesión 
dePujato, que en dicha escritura de foja dos expresamente se 
consigna que el precio de venta del campo se deducirá de la 
suma de 2500 pesos fuertes moneda metálica que Fernandez 
tiene recibido de Don Carlos Pujato con fecha 12 de Febrero de 



80 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

1884 en calidad de préstamo á 18 meses de plazo y el interés de 
1 % mensual más otra cantidad de 1900 pesos fuertes mo- 
neda metálica al mismo interés y por el término cinco años des- 
de Abril 23 de 1879, cnyo interés cesa desde la fecha de la escri- 
tura por la cantidad únicamente á que asciende el valor del 
campo rendido que se arreglará cuando se baya practicado la 
mensura correspondiente. 

Todo literalmente tomado de la escritura de foja 2, demues- 
tra que los contratantes Fernandez y Pujato, reconocieron en 
el acto de su otorgamiento que los intereses estipulados de esos 
dos préstamos corrían desde que tenían lugar y que continua- 
rían corriendo hasta que fuesen pagados. 

Puesto que convinieron que cesarían desde esa fecha única- 
mente por la cantidad áqne asciende el valor del campo los in- 
tereses estipulados en esos préstamos se deben desde la fecha 
en que tuvieron lugar hasta el día del pago, no precisamente 
como intereses moratorios sino por la naturaleza del contrato» 
de acuerdo con lo que disponen los artículos 2248, 2252 y sus 

correlativos 62t y 622 del Código Civil, así como los 707, 710. 

> 

711 y 717 del Código de Comercio vigente en la época en que se 
contrajola obligación. 

Así, pues, la sucesión de Fernandez debe pagar á la de Pujato 
los intereses estipulados por los préstamos referidos, desde el 
día en que tuvieron lugar hasta que haga efectivo su pago. 

En cuanto al tipo del interés, debe ser también el estipulado, 
pues bolo en defecto de convenio pobre el particular rige el in- 
terés legal, como lo disponen las prescripciones legales citadas. 

En cuanto al recibo presentado por intereses, á foja 102, y to- 
mado en cuenta en la liquidación de foja 160, aparte de que en 
él no se expresa ch amenté que es por los intereses de los prés- 
tamos mencionados, tampoco demuestra haberse pagado esos 
intereses hasta una fecha determinada, y sólo probaría en todo 
oaso un pago á cuenta de esos intereses . 



DE JUSTICIA NACIONAL 81 

Aún cuando la verdadera demanda consiste en el escrito de 
foja 160 y la contestación en el de foja 165, y en éste no se opo- 
ne á la prescripción qne se ha alegado con anterioridad, cree el 
juzgado deber recordar qne ella no se ha operado, puesto que la 
primera gestión se hizo en Julio de 1888, foja 17, habiéndose 
otorgado la escritura de foja 2 en Agosto de 1881 , y habiéndose 
interrumpido la prescripción con la carta de foja 185 de fecha 
30 de Noviembre de 1884, que el Juzgado declara auténtica, en 
mérito de informe pericial de foja 210, y de lo qne dispone el 
artíoulo 178 del Código de Procedimientos. 

Por estos fundamentos y disposiciones legales, y considera- 
ciones concordantes aducidas en el escrito de foja 227, fallo : 
aprobando la liquidación contenida en el escrito de foja 160, y 
declarando que la sucesión de Don Luis José Fernandez es deu- 
dora á la de Don Adolfo Pujato de su importe, sin espeoial con- 
denación en costas, por no encontrar mérito suficiente para im- 
ponerlas á la parte vencida. 

Definitivamente juzgando, así lo pronuncio, mando y firmo 
en Buenos Aires, á 23 de Diciembre de 1893» 

Inscríbase en el libro de sentencias y repónganse los sellos. 

Ángel S. Pizarro. 



ACUERDO Y SENTENCIA DE LA CAMA R A DE APELACIONES 

En Buenos Aires, capital de la República Argentina á 22 de 
Noviembre de Í894, reunidos los señores vocal es de la Exma. Cá- 
mara de apelaciones en lo Civil en su sala de aonerdos para co- 
nocer en el recurso interpuesto en los autos seguidos por Pujato, 
Don Adolfo, contra Fernandez, Don Luis José, por cobro de pe- 
sos, respecto de la sentencia corriente á foja 240, el Tribunal 
estableció las siguientes cuestiones : 

T. X 6 



82 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

• I a ¿Es nula la sentencia recorrida de foja 240? 

2 a ¿En caso negativo es justa? 

3 a ¿Ha procedido exonerar al vencido del pago de las costas ? 

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía tener lugar 
en el orden siguiente: doctores Giménez, Díaz, González del 
Solar, Molina Arrotea y Gelly. 

A la primera cuestión el señor vocal doctor Giménez dijo : 

Ningún precepto legal autoriza á pronunciar la nulidad de un 
juicio, porque en la copia de un documento, por sustancial que 
sea, con que se instruye el escrito de demanda, se incurre en 
omisiones, mucho más cuando, como al presente ocurre, ellas 
han debido y podido ser oportunamente notadas por los deman- 
dados al instruirse de los términos en que está concebido el es- 
crito del demandado como asimismo de las diferentes constan- 
cias de autos á que se hace referencia en el escrito de responde . 

Que aún en la hipótesis de que una nulidad por la causa ex- 
presada pudiera ser viable, ella, aplicando por analogía la dispo- 
sición del artículo 240 del Código de Procedimientos, que se 
refiere á defectos de procedimientos, había quedado subsanada 
por no haberse hecho ningún reclamo en la instancia en que el 
documento se presentó. 

En consecuencia, reproduciendo los fundamentos del prece- 
dente dictamen del señor Fiscal, voto por la afirmativa en esta 
cuestión. 

Los señores vocales doctores Díaz, González del Solar, Moli- 
na Arrotea y Gelly se adhirieron al voto anterior. 

A la segunda cuestión, el señor vocal doctor Giménez dijo : En 
el escrito de agravios, no se ha intentado siquiera inpugnar las 
consideraciones que fúndanla sentencia. Todo ese escrito se 
contrae á motivar el recurso de nulidad. 

Esta circunstancia hace escusadoque entre en mayores razo- 
namientos, desde que por otra parte estoy de perfecto acuerdo 
con los aducidos por el Inferior, los cuales en orden al punto capi- 



DE JUSTICIA NACIONAL 83 

tal de la controversia se ajustan á los términos explícitos déla es- 
critura de foja l tt , concordantes con los del documento de foja 
186, y á reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte y muy es- 
pecialmente en lo establecido en los casos que se registran en el 
tomo 20, serie 2\ página 304, y I o , serie 3 a , página 199. 

Acepto igualmente los fundamentos de la sentencia en lo que 
se refiere al capítulo de intereses y á la prescripción. 

Voto por la afirmativa. Los doctores vocales Díaz, González 
del Solar y Molina Arrotea se adhirieron al voto anterior. 

El señor vocal doctor Gelly, ala segunda cuestión, dijo: nada 
tendría que agregar á los fundamentos de la sentencia apelada 
y voto precedente, si no primaran, ante mi criterio, considera- 
ciones de otro orden que me deciden á votar por el absoluto re* 
chazo de la demanda instaurada. 

Don Adolfo Pujato demanda á la testamentaría de Fernan- 
dez por cobro de dos préstamos, valor ambos de 4400 pesos 
fuertes oro y más los intereses estipulados, y de cuja suma total 
deduce los 1407 pesos adeudados por él á Fernandez por la compra 
de un campo que le hizo con posterioridad á los referidos prés- 
tamos. En resumen, demanda á la testamentaría por 21 .159,65 
m/n, á que asciende la liquidación que ha practicado con arre- 
glo á las bases enunciadas (escrito de foja 160). 

Efectivamente, de la escritura pública de foja 1% que es la ba- 
se de la demanda, resulta que Don Adolfo Pujato compró á 
Don José Luis Fernandez una área indeterminada de campo á ra- 
zón de un precio cierto la legua y cuyo valor se deduciría, una 
vez practicada la mensura, del importe de dos préstamos por 
4400 pesos fuertes oro que Fernandez reconocía adeudar á Don 
Carlos Pujato, con el interés y desde las fechas que en esas es- 
crituras se indican; con arreglo, pues, alas constancias de esa 
escritura pública y á la mensura practicada á foja 32 para de- 
terminar el precio correspondiente al área vendida, resulta ple- 
namente comprobado que Don José Luis Fernandez (hoy su 



i 



t 



84 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sucesión) es deador de la cantidad expresada en la liquidación 
de foja 4 60. 

¿Pero deudor de quién? La misma escritura de foja 4 a bien 
claramente lo nombra áDon Garlos Pujato. 

Ahora bien, si el acreedor es Don Carlos Pujato sólo él 6 su 
suoesor legal tienen acción para exigir el pago (artículo 505, 
Código Civil) y sin embargo quien intenta esa acción es Don 
Adolfo Pujato, sin tomarse el trabajo siquiera de expresar cómo 
y cuándo adquirió la propiedad del créditoqu t reclama. 

La justificación de su derecho sólo reposa en la coincidencia 
de apellido cun el verdadero acreedor, y de que ha aprovechado 
consiguiendo sorprender á la sucesión demandada, que no ha 
reparado en su absoluta falta de acción, pues de otro modo no 
se explica que se exponga á sabiendas apagar dos veces el cré- 
dito de Don Carlos Pujato, para quien este juicio es res inter 
allios acta y no está obligado en consecuencia á aceptar como 
legítimo el pago que se hiciera á otro Pujato. 

Podría observarse, tal vez, que de uno de los pagarés exhi- 
bido incidentalmente á foja 486 resulta comprobada la cesión 
del crédito á favor del actor, pero esa observación sería contra- 
producente, porque esa cesión, nula por su forma y por su fecha 
(artículos 805 y 842 del Código de Comercio vigente en aquella 
época), demuestran una vez más la completa y absoluta caren- 
cia de acción por parte de Adolfo Pujato. En presencia de todas 
estas circunstancias y antecedentes ¿ sería justo condenar á la 
sucesión de Fernandez, pagar á Don Adolfo Pujato un crédito 
ajeno, nada más que porque el deudor confundiendo al acreedor, 
no haya hecho observación alguna al derecho invocado por el 
supuesto acreedor ? 

Se dirá que un derecho reconocido debe ser respetado, pero 
ésto que es exacto en principio tiene sus limitaciones, pues un 
reconocimiento arrancado evidentemente por la confesión que 
la malicia ó el ardid engendran, puede ser retractado en todo 



I 



DE JUSTICIA NACIONAL 85 

tiempo, porque el error jamás es fuente de derecho (artículo 
784, Código Civil). 

Luego, pues, si los Tribunales, cuya justa misión es dar á 
cada uno lo quesea suyo, advierten el error que ha podido pasar 
desapercibido para los interesados, no pueden ni deben en mi 
concepto sancionar la confirmación de un acto notoriamente 
irregular, tal vez delictuoso (artículo 292, Código Penal). 

Por estas consideraciones voto por la negativa. 

A la 3 a cuestión el señor vocal doctor Giménez dijo: 

En mi opinión el Inferior ba usado correctamente de la facul- 
tad que le acuerda la ley de eximir á la parte vencida de la 
responsabilidad de las costas del juicio, por no encontrar mérito 
suficiente para imponer esta condenación. 

La justicia de este pronunciamiento resulta ámi juicio délos 
simples antecedentes de la causa relacionados en la sentencia 
apelada, sin que pueda imputarse temeridad ni malicia á la de- 
fensa por la oposición deducida á la liquidación presentada con 
el escrito de foja 160» 

Por lo expuesto, voto por la afirmativa. Los señores vocales 
Doctores Diaz, González del Solar, Molina Arrotea se adhirie- 
ron al voto anterior. 

El señor vocal doctor Gelly, á la tercera cuestión dijo : 

Consecuente con la opinión emitida en la cuestión precedente, 
pienso que no procede condenar en costas á la testamentaría. 

Voto, pues, por la afirmativa. 

Con lo que terminó el acto quedando acordada la siguiente 
sentencia . 

GELLY. — MOLINA ARROTEA.— GONZÁLEZ 
DEL SOLAR. — GIMÉNEZ. — DÍAZ. 



Ante mi : 



Luis Ponce y Gómez. 



86 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Buenos Aires, Noviembre 22 de 1894. 

Yvistos: Atento el resultado de la votación consignada en 
el precedente acuerdo, se confirma en todas sus partes la sen- 
tencia apelada de foja 240. Repóngase las fojas y devuélvanse. 

JULIÁN GELLT. — CARLOS MOLINA ARRO- 
TEA.— NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR. 
— EMILIO GIMÉNEZ. — DELFÍN DÍAZ. 



Ante mi : 



Luis Ponce y Gómez. 



VISTA DEL SEftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Marzo 8 de 1895. 
Suprema Corte: 

Se ha cuestionado en esta causa la inteligencia de las leyes 
del Honorable Congreso Argentino sobre incorvertibilidad y 
curso legal de los billetes de los Banco oficiales. Es una cues- 
tión de carácter nacional cuya decisión afecta al régimen mismo 
de las leyes especiales y la jurisprudencia que ha establecido su 
inteligencia genuina, corresponde por ello á V. E. la decisión 
en último recurso, según el principio de excepción consignado 
en el inciso 3 o , artículo 14 de la ley sobre competencia de jus- 
ticia federal. 

En cuanto al fondo de la cuestión, nada creo deber agregar, 
á los sólidos fundamentos de las sentencias dictadas por los 



DE JUSTICIA NACIONAL 87 

Tribunales de la Capital. Una vez que el documento de foja 146 
había designado expresamente el oro, como el metal con que 
debían pagarse los pesos fuertes reconocidos en el documento 
de obligación y el de foja I a refiriéndose expresamente al docu- 
mento originario había consignado pesos fuertes, ese oro ó peso 
fuerte, no puede comprenderse en la obligaciones ordinarias 
de la ley de 1885 y cae bajo el régimen de las excepciones de la 
misma ley. 

Por ello, creo que procede en el caso, la confirmación de la 
sentencia recurrida. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 18 de 1895. 

Vistos y considerando: Que esta Suprema Corte no puede 
pronunciarse sobre la interpretación más ó menos ajustada que 
los jueces locales hayan dado á las leyes que reglan sus respec- 
tivos procedimientos, desde que esa materia no entra en los ca- 
sos que de conformidad al artículo catorce de la ley sobre juris- 
dicción y competencia de los Tribunales Federales,pueden fundar 
un recurso ante esta Suprema Corte, de sentencias pronuncia- 
das en juicios radicados ante los Tribunales de Provincia, álos 
queá esos efectos están equiparados los Tribunales locales de 
la capital (artículo noventa de la ley de organización). 

Que tampoco puede juzgar de la contestación, referente á in- 
tereses, porque resolviéndose ella puramente por los principios 
de derecho común, el artíoulo quince de la citada ley excluye el 
caso del artículo catorce de la misma. 



88 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que en cnanto ¿ la cuestión sobre la clase de moneda en que 
se ha contraído la obligación y derechos resaltantes en su méri- 
to es incontestable que la deuda del apelante á favor del apela- 
do, estipulada expresamente en pesos fuertes moneda metálica, 
se refiere á moneda especial que, en los términos del artículo 
tercero de la ley de inconversion no da derecho al deudor para 
satisfacerla en billetes de curso legal á la par. 

Por esto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, y por sus fundamentos concordantes se 
confirma, con costas, la sentencia apelada de foja doscientos 
noventa y tres. Repuestos los sellos, devuélvanse a) Tribunal de 
su origen. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. 



CAUSA tX? 



Dona Salgar Torres de García contra Don Antonio Uguerroaga 
y otros, sobre reivindicación de una finca; en recurso á la Su- 
prema Corte contra sentencias de los Tribunales de Salta. 



Sumario. — No procede y debe declararse mal concedido el 
recurso ante la Suprema Corte contra sentencias de los Tribu- 



DE JUSTICIA NACIONAL 89 

nales looales que se basan exclusivamente en disposiciones del 
Código Civil y leyes de Procedimiento. 



Caso. — Resulta déla siguiente 



\ 

SENTENCIA DEL JUEZ DE I a INSTANCIA 



Salta, Julio 20 de 1888. 

Y vistos : Estos autos sobre reivindicación, seguidos por Don 
Benjamín García, como esposo de Doña Salgar Torres, contra 
Don Antonio Uguerroaga, Don Brigido Alancay, Don Silverio 
Santos y Don Martin Torres, eliminado del juicio, y Doña Fide- 
la Torres, de los que resulta. 

Que doña Salgar Torres, como coheredera de su finado padre 
Don Manuel Cayetano Torres 7 oondómina en la finca denomi- 
nada las «Pircas» 7 autorizada por el artículo 2679 del Código 
Civil, se presenta reclamando la parte indivisa que pueda tener 
en la expresada finca contra los detentadores arriba mencio- 
nados. 

Corrido el traslado de la demanda, los demandados oponen la 
excepción del previo 7 especial pronunciamiento de falta de per- 
sonería en el señor García, 7 vencidos en la articulación por auto 
de fojas 75 á 76, confirmado por la Exma. Cámara de Justicia 
á foja 85 vuelta, se les ordena que contesten directamente la 
demanda 7 no habiéndolo hecho se les declara rebeldes por auto 
de foja 90 vuelta. Abierta á prueba la causa se ha producido la 
que instruye el certificado del actuario á foja 240. 

Y considerando respecto á la prueba prod acida por la deman- 
dante: I o Que se ha comprobado suficientemente que Don Manuel 



90 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Cayetano Torres es hijo legítimo de Don Valeriano Torres y de 
Doña María de la Presentación Mejía, partida de bautismo de 
foja 134, de donde arranca el vínculo establecido por el Presbí- 
tero Don José Gabriel de Torres. 

2 o Que Don José Antonio Torres, como mandatario de Don 
Manuel Cayetano Torres, era simple tenedor de la finca las c Pir- 
cas», reconociendo el derecho de propiedad en el segundo, como 
consta del escrito sobre petición de deslinde á foja 9 vuelta y 
las declaraciones de los testigos, uniformes, contestes y exentos 
de toda tacha, que corren & fojas 162, 165, 168, 171 y 172, los 
cuales declaran que Don José Antonio Torres poseía á nombre 
de Don Manuel Cayetano Torres mientras éste estaba ausente 
en la provincia de Catamarca, por consiguiente está compren- 
dido en las disposiciones de los artículos 2462, inciso 2 o , y 2465 
del Código Civil. 

3 o Que Don Manuel Cayetano Torres falleció el 7 de Abril 
de 1862 en Copaoabana, provincia de Catamarca, auto de decla- 
ratoria de foja 138, habiendo dejado por únicos y universales 
herederos, á la demandante Doña Salgar Torres, conjuntamente 
con sus hermanos Diógenes Torres, Abraham Torres, Doña Ar- 
gento Torres, Doña Filodamia Torres y Don Odilon Torres (re- 
posición de títulos de propiedad de foja 143 á foja 157 vuelta, 
partida de bautismo, foja 135, de Don Abraham Torres, confe- 
sión de la madre en el poder otorgado á DonBómuloB. Herre- 
ra, foja 132), todos como hijos legítimos, entrando por consi- 
guiente en posesión de la finca cLas Pircas» desde el momento 
de la muerte del autor déla sucesión, aunque ignorasen su aper- 
tura, de conformidad al artículo 3410 del Código Civil. 

4 o Si Don José Antonio Torres era simple detentador de la 
finca «Las Pircas)* y poseía á nombre de Don Manuel Cayetano 
Torres ¿cómo podía por su simple voluntad y sin título ninguno 
del segundo, trasmitir por testamento este inmueble? En caso 
afirmativo, es inconciliable con los principios fundamentales del 



DE JUSTICIA NACIONAL 91 

derecho. Los romanos decían nemosebi ipso causatn possesio- 
nis mutare potest: nadie puede por sí mismo mudar la causa de 
su posesión; y este principio ha pasado á la legislación argenti- 
na en sus artículos 2353 y 2354, Código Civil, «el que ha comen- 
zado á poseer por otro, se presóme que continúa poseyendo por 
el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario*. 

5 o Los demandados no han presentado prueba ninguna que 
compruebe esta mutación de posesión por un título válido de 
adquisición, de consiguiente si en el caso existen herederos de 
Don José Antonio Torres continúan poseyendo á nombre de Don 
Manuel CayetanoTorres, pero como ha fallecido dejando sus re- 
presentante* en esta vida, continúan reconociendo la propiedad 
á nombre de éstos y que son los mencionados anteriormente. 

6 o Que la prueba presentada por los demandados consiste en 
las operaciones de inventario y tasaciones de Doña Petrona TJ. 
de Torres y el testamento otorgado por Don José Antonio To- 
rres; este último, á su simple lectura, se nota que no tiene la 
designación déla fecha en que fué otorgado y siendo éste un re- 
quisito esencial parasu validez, sea por acto público ú ológrafo, 
adolece de insanable nulidad, según los artículos 3657 y 3639 
del Código Civil. 

Por estas consideraciones y fundamentos legales se declara á 
la familia Torres, mencionada en el considerandos , dueña de 
la finca de «Las Pircas», como herederos de Don Manuel Caye- 
tano Torres, prooedente la acción deducida por Don Benjamín 
García, como esposo de Doña Salgar Torres (artículos 2679 y 
2761, Código Civil), y se condena á los demandados á la restitu- 
ción del inmueble para que la demandante entre á poseer en la 
parte indivisa que le corresponde, con costas. Repónganse los 
sellos. 

Adrián Cornejo. 



92 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



SENTENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL 

Salta, Octubre 22 de 1891. 

Vistos: En la apelación interpuesta por Don Antonio ligue- 
rroaga, en autos con Doña Salgar T. de García, sobre reivindi- 
cación de la finca de «Las Pircas». 

Y considerando: i° Que la actora no invoca para fundar su 
derecho de propiedad el vínculo del mayorazgo, sino su derecho 
hereditario como hija legitima de Don Manuel C. Torres (de- 
mandado fojas 31 á 33), quien adquirió la propiedad de «Las 
Pircas» en virtud de la sentencia del Juez de Alzadas de Cerri- 
llos, dictada en juicio contra los Morillos (foja 4). 

2 o Que en dicho juicio los Morillos demandaban la parte que 
les pudiera corresponder sin desconocer el derecho de Don Ca- 
yetano, pero el Juez declaró único dueño á éste, con exclusión 
sólo de lo que creía vendido á su apoderado en dicho juicio Don 
José Antonio Torres, por boleta de fecha 49 de Junio de 4848, 
fundándose en que D«>n Cayetano, como hijo mayor, era el lla- 
mado por el vínculo. 

3 o Que aunque el fallo de referencia pudiera estar en abierta 
oposición á lo preceptuado por las leyes patrias que prohibieron 
los mayorazgos, él, una vez pronunciado y notificado sin que se 
haya recurrido, quedaba pasado en autoridad de cosa juzgada 
para aquellos contra quienes se dictó, según la regla 32, título 
34, partida 7 a , que dispone: «otro si dezimos, que la cosa que es 
juzgada por sentencia de que no se pueden alzar, que la deben 
tener por verdad. Cualesquiera que pueda ser por otra parte el 
error eu que hubiese incurrido el Juez» (ley 207 del Digesto 
Resjudicata pro veritate acciptua). Tratándose, pues, de dere- 
chos adquiridos tiempo ha por Don Cayetano es incuestionable 
el derecho de los herederos para representar sus derechos (artí- 
culos 3410, 3545 y 3546, Código Civil). 



DE JUSTICIA NACIONAL 93 

4 o Que la competencia del Juez de Cerrillos no puede ser 
apreciada con arreglo n, la actual legislación por no tener efecto 
retroactivo, ni por el procedimiento del año 57, que es posterior 
al fallo, sino por las leyes? antiguas y á este respectóla delega- 
ción de jurisdicción es procedente (ley 74, título i°, libro 5°, 
del Digesto Romano). 

5 o Que la acción basada en el artículo 2679, Código Civil, es 
procedente por estar reconocido por la parte y justificado por 
las declaraciones de foja 1371a calidad de heredera de Don Ca- 
yetano, como hija legítima, qoien puede reivindicar la cosa en 
que tenga su parte indivisa, no una parte material y determi- 
nada. La acción reivindicatoría se funda en el dominio y la 
pérdida de la posesión (artículo 2758, Código Civil), lo primero 
está justificado con la calidad de heredera legítima d e Don Ca- 
yetano, quien tenía declarado la propiedad de toda la finca; y lo 
segundo por la sentencia de foja 5, que colocó á Don José Anto- 
nio en posesión de la finca á nombre de su poderdante y poste- 
riormente inició juicio de deslinde también á su nombre (fojas f 
á 30), posesión que se continuó hasta el ano 62 desde el 54. Ad- 
virtiéndose que la pérdida de la posesión ha tenido lugar cuando 
por propia voluntad los Morillos dividían la finca de «Las Pir- 
cas» seis meses después de muerto el declarado dueño único Don 
Manuel C. Torres (documentos de fojas 319 y 138). 

6 o Que si bien los herederos no pueden reivindicar lo vendido 
por el causante de la sucesión, la venta á que se hace refereucia 
por la boleta de foja 362 se refiere á un retazo de la finca de 
«Las Pircas», no al todo, parte que está marcada con límites 
precisos, y por otra parte quien podría cuestionar estos derechos 
serían aquellos á quienes hubiesen sido trasmitidos, no los que 
ningún título presentan ni de que están en posesión siquiera 
de esta parte vendida y más bien de los límites fijados en la bo- 
leta y cesiones hechas á los Torres parecen estar éstos en pose- 
sión ya de esos terrenos. 



94 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por dicho boleto vende Don Cayetano á Don José Antonio, y 
TTgaerroaga, que es el que se defiende, ningún títnlo presenta 
que justifique qué parte de la boleta ó el todo hubiese pasado á 
su poder, ni aun por herencia de su esposa como hija de Don Jo- 
sé Antonio Torres, pues que en las posiciones de foja 148 dice 
no heredó nada de su mujer y que la que cuestiona lo tiene ad- 
quirido por compra con su propio dinero. 

El señor Uguerroaga, en este caso, sería un defensor de dere- 
chos ajenos sin personería, así es que la cuestión bajo esta faz 
se resolverá cuando se presenten aquellos que representen los 
derechos de dicha boleta, á cuyos derechos se refiere la ratifica- 
ción de Doña Vicenta Villafañe. 

7 o Que la única parte de cLas Pircas» justificada por Ugue- 
rroaga que ha adquirido, es la comprada á Don José María Ro- 
dríguez (foja 369), la que está justificada por la prescripción de- 
cenal, aceptándose la mayor edad de la actora desde el año 75, 
reconocidapor el demandado (foja 482) sin aceptarse en todas sus 
fuerzas la declaratoria de foja 137 presentada por no haberse 
llenado las formalidades prescritas por los artículos 125, 440 y 
siguientes, ley de enjuiciamiento, constando por la misma es- 
critura que Uguerroaga posee mayor extensión de terreno, 
puesto que colinda esto comprado con él, sin que se demuestre 
en autos á qué título lo posee . 

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia ape- 
lada de fecha Julio 20 de 1888(fojas 257 á 260) se le confirma 
declarando sólo prescrito á favor del señor Uguerroaga la parte 
de «Las Pircas» á que hace referencia la venta de Don José 
María Rodríguez, de foja 369. Sin costas en I a y 2 a instancia. 

Tomado razón y repuestos los sellos, devuélvanse. 

Daño Arias. — JuanC. Tamayo (en di- 
sidencia). — Ricardo Figueroa . — Pas- 
tor Ahumada . — Manuel Diez Gómez . 



DE JUSTICIA NACIONAL 95 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 18 de 1895. 

Vistos y considerando : Que en el pleito, tanto en primera 
como en segunda Instancia, no se ha puesto en cuestión por las 
par te 8, la Constitución, tratados 6 leyes del Congreso. 

Que las sentencias que resuelven la causa en ambas instan- 
cias, se basan exclusivamente en disposiciones del Código Civil 
y leyes de Procedimientos. 

Que en tal caso, no ha podido traerse este juicio para la reso- 
lución de esta Suprema Corte, desde que él se radicó ante los 
Tribunales de Provincia, 7 el recurso no sólo no se halla auto- 
rizado por el artículo catorce de la ley de jurisdicción 7 compe- 
tencia, sino que se halla expresamente denegado por el artículo 
quince de la citada 107 7 jurisprudencia conforme de este Tri- 
bunal. 

Por esto, se declara mal concedido el recurso interpuesto á 
foja quinientas veinticuatro por la parte de Uguerroaga. Re- 
puesto los sellos, devuélvanse al Tribunal de su procedencia. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



96 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CliVI 



La provincia de Buenos Aires contra la Municipalidad de la 
Capital, por restitución de terrenos; sobre mensura 



Sumario. — Cuando se ha enajenado una área de terreno bajo 
un cierto número de medidas ¿ tomarse en un terreno más 
grande, y nose ha hecho á su tiempo la entrega ad mensuram de 
la superficie enajenada, debe prooederse á la mensura á costa 
del enajenante. 



Caso. — Diotada la sentencia de fecha mayo 2 de 1895, el re- 
presentante de la Provincia solicitó se practicara una mensura 
para determinar el excedente de terreno á que dicha sentencia 
se refiere . 

El representante de la Municipalidad se opuso á dicha so- 
licitud. 



Vallo de 1» Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 20 de 1895. 

Yistos en el acuerdo: Considerando: Que la sentencia ejecu- 
toriada á foja doscientas seis, pronunciada por esta Suprema 



DE JUSTICIA NACIONAL 97 

Corte, ha rechazado la aocion reivindicatoría intentada por la 
provincia de Buenos Aires, en cuanto se refiere á los cuatro mi- 
llones novecientos cincuenta mil metros cuadrados que dicha 
sentencia declara haber entrado en la enajenación hecha por 
la citada provinoia, á favor de la Nación, reconociendo el dere- 
recho de aquella en el excedente que hubiere en el terreno de la 
cuestión en sus relaciones con la Municipalidad, y por razón 
de los títulos invocados por ésta, que estuvieron en litigio. Que 
á exibtir ese excedente dentro de los terrenos que la Municipa- 
lidad posee, en virtud de la trasmisión hecha por la Provincia 
y por derechos derivados de ésta, se habría realizado el caso de 
la enajenación de una~ superficie dada, á tomarse de un terreno 
mayor, prevista por el inciso tres del artículo mil trescientos 
cuarenta y cuatro del Código Civil. 

Que en tal caso, el medio indicado para llegar á una so- 
lución legal, y ya que el enajenante no hizo á su tiempo la entre- 
gará mensurara de la superficie enajenada, deber es suyo de rea- 
lizarlo para el exacto cumplimiento de las obligaciones contrai- 
das, y desde que por su parte, pretende haber exceso de medida 
en la cosa entregada. 

Por esto : se resuelve hacer lugar á lo pedido en el escrito de 
foja doscientas catorce, debiendo en consecuencia procederse á 
la mensura solicitada, por el agrimensor propuesto, á costa del 
solicitante, y sin perjuicio de la intervención que quisiere to- 
mar la Municipalidad en esa operación. Repóngase el papel. 
Notifíquese con el original. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS Y. TÁRELA. — 
OCTAVIO BÜNGE. —JUAN B. TORRENT. 



T. X 



98 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CIíVII 



Contienda de competencia entre el Juez de /* Instancia de La 
Plata y el de igual clase de la Capital Federal, para conocer 
en el juicio de sucesión de don Marcelino Suarez . 



Sumario.— 1° Ninguna persona puede teaer en el país dos 
domicilios generales. 

2 o Entre dos lugares contradictoriamente pretendidos como 
domicilio, de los cuales en uno resulta haber el causante ejer- 
cido su profesión, construido casa para su habitación habitual, 
hecho testamento, tener sus domioilios losalbaceas nombrados, 
haber estado radicada la administración de su finca de campo, 
y ser su domicilio de origen, y en el otro haber tenido resi- 
dencia temporaria ó periódica y ejercido funciones, debe estar- 
se por el primero, máxime cuando en documento público otor- 
gado pocos meses antes de su muerte, en lugar distinto délos 
dos disputados, el causante declaró ser aquel su domicilio. 

3 o El domicilio una vez adquirido se conserva mientras no se 
manifieste la voluntad de cambiarlo, y tal voluntad no puede 
presumirse del hecho de haber el finado residido en los últi- 
mos meses de su vida en el segundo lugar, haberse allí casado 
in extremis, y fallecido, cuando consta que se trasladó á ese 
punto por motivos de salud, y conservó en el otro su casa habi- 
tación en esa calidad, con sus muebles, papeles, etc. 

4 o La declaración en el acto del matrimonio in extremis de 



DE JUSTICIA NACIONAL 90 

ser domiciliado en el lugar de so celebración no puede referirse 
al domicilio real, sino á la residencia, cuando en esa misma 
época el causante en una disposición codicilar menciona su ca- 
sa y papeles conservados en ella, 7 está averiguado que hasta el 
instante de dicha celebración, su domicilio era en el otro lugar. 
B° En la duda debe tenerse en cuenta, para Ion efectos de la 
jurisdicción, la prevención en el conocimiento de la causa. 



Caso. — Resulta del fallo de la Suprema Corte, de la disi- 
dencia del señor ministro doctor Bazany y de la 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Agosto 1* de 1894. 
Suprema Corte : 

De las constancias de los expedientes formados para el arre- 
glo de la testamentaría de don Marcelino Suarez, surge la con- 
vicción de que el causante alternaba su domicilio en la Ca- 
pital Federal, donde habitábala casa de su propiedad calle Bel- 
grano, y la casa-quinta de su propiedad también, situada en 
Lomas de Zamora. 

Esta habitación alternativa en la ciudad y en la campaña, 
hecho muy común entre las personas de una condición acomo- 
dada, está bien constatado en los autos traídos. 

Se ha demostrado la existencia de la casa edificada por el cau- 
sante expresamente para su uso, y que esa casa !a habitaba, 
habiendo quedado á su fallecimiento con muebles, papeles y en- 
seres que se han inventariado. 

El mismo causante reconoce ese domicilio al otorgar el po- 



100 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

der público corriente áfoja 34, y al otorgar y fechar en Buenos 
Aires su testamento ológrafo de foja I a . 

Contra esos hechos resulta que Suarez vivía también en su 
quinta de Lomas, que allí firmó y otorgó el codicilo agregado á 
foja 4, allí contrajo matrimonio y falleció poco después. 

Entre estos dos domicilios claramente determinados, conside- 
ro que predomina el de la Capital Federal. 

La habitación de la casa de campo es un hecho eventual, 
cuando se tiene y conserva otra en la ciudad; la presunción es 
que al trasladarse no se tiene en vista un cambio definitivo sino 
momentáneo. 

El casamiento in articulis mortis, el deceso ocurrido pocos 
días después, no son circunstancias comprobantes de ánimo 
manendi, sino simples consecuencias de la súbita agravación de 
la mala salud del causante. 

Si él no tenía establecimiento que administrase en la provin- 
cia, la circunstancia de ser dueño de un terreno, ninguna pre- 
sunción agrega en favor del domicilio, desde que ese campo es- 
taba arrendado sin explotarse directamente ó indirectamente 
por el propietario. 

En la duda, debe primar el domicilio que tuviese el carácter 
de mayor permanencia, según resulta de los artículos 89 y 99, 
Código Civil; y es fuera de duda que éste era el de la Capital, 
donde estaba la habitación principal, donde se otorgó el testa- 
mento, donde residían los legatarios y hasta los albaceas que 
debían ejecutar las disposiciones testamentarias y donde con 
tales recaudos se inició con prelacion de fechas el arreglo testa- 
mentario. 

Invocando, para evitar repeticiones, la sólida doctrina con- 
tenida en el escrito del albacea de foja 35, pidoá V. E. se sirva 
declarar la competencia del Juzgado de la Capital Federal. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 101 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 20 de 1895. 

Vistos y considerando: Primero: Que según resulta del mé- 
rito de autos, el finado don Marcelino Suarez, hasta el año 1892, 
y con anterioridad á esa fecha, había ejercido en esta ciudad su 
profesión de Escribano, como se demuestra por las declaracio- 
nes corrientes á foja 31, y por el informe de foja 73 vuelta ; 
construido en terreno propio, casa-habitacion en donde moraba 
habitualniente, hecho su testamento con nombramiento de 
albaceas domiciliados en el mismo lugar y radicado allí tam- 
bién la administración de su finca de campo, nbicada en el par- 
tidode Ayacucho, provincia de Buenos Aires, lo que se prueba 
por la estipulación décima del contrato de arrendamiento, de 
foja 138, tercer cuerpo, constando igualmente que en esta ciu- 
dad tuvo su domicilio de origen. 

Segundo: Que esos hechos apreciados en su conjunto, dan ele- 
mentos suficientemente caracterizados para concluir que era en 
esta ciudad en donde el citado don Marcelino Suarez tenía su 
domicilio hasta el año mil ochocientos noventa y dos, con arre- 
glo á lo dispuesto en el artícul ) ochenta y nueve del Código Ci- 
vil, desde que era en ella que tenía establecido el asiento prin- 
cipal de su residencia y desús negocios. 

Tercero: Que si la residencia temporaria y tal vez periódica 
del expresado Suarez, en su quinta de Lomas de Zamora, pro- 
vincia de Buenos Aires, y las funciones que allí desempeñó, pu- 
dieran, aisladamente consideradas, servir para comprobar el he- 
cho del domicilio en esa localidad, no resisten, ante el valor 
comparativo de los elementos de juicio recordados en el primer 
considerando de esta resolución, siendo de notar que si pagaba 



iOS FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Suarez impuesto por carruaje en Lomas de Zamora, lo paga- 
ba también en esta ciudad. 

Cuarto\ Que si alguna duda hubiera de quedar al respecto, 
ella desaparecería en fuerza del mérito resultante de la escri- 
tura pública, ya citada, de foja ciento treinta y ocho, tercer 
cuerpo, otorgada en la ciudad de La Plata, en siete de Setiem- 
bre de mil ochocientos noventa y uno, en la que se deolara que 
el domicilio de Suarez, uno de los otorgantes, era en esta ciu- 
dad; declaración de positiva y especial importancia, dado que 
ella se hacía en lugar distinto de los dos domicilios contradic- 
toriamente pretendidos en estos autos, lo que significa que ella 
era el resultado de una intención manifestada con premedita- 
ción y que conducía á establecer la primacía del domicilio en esta 
ciudad, en oposición á Lomas de Zamora. 

Quinto : Que es un principio de derecho, que el domicilio, 
una vez adquirido, se conserva cuando no se ha manifestado la 
voluntad de cambiarlo y de adoptar otro (artículo noventa y 
nueve del Código Civil). 

Sexto : Que esa voluntad no resulta del hecho de haber re- 
sidido Suarez enLomas de Zamora durante parte del año de mil 
ochocientos noventa y dos y fallecido en esa localidad, pues 
consta que se trasladó allí por motivos de salud y conservando 
en esta ciudad su casa-habitacion, en esa calidad, con sus mue- 
bles, papeles, etc., lo que antes de demostrar la intención de 
cambiar, demuestra la de mantener el domicilio en su esta- 
do anterior. 

Séptimo: Que ante las precedentes consideraciones, el acta 
de foja cuatro vuelta, segundo cuerpo, de veintisiete de Agos- 
to de mil ochocientos noventa y dos, destinada á comprobar el 
matrimonio celebrado en Lomas de Zamora, por Suarez, trece 
dias antes de su fallecimiento, al declarar que él estaba domi- 
ciliado en ese lugar, no podía referirse al domicilio real del 
expresado Snarez, sino á la circunstancia accidental de la resi- 



DE JUSTICIA NACIONAL 403 

denoia, porque una persona no puede tener dos domicilios ge- 
nerales en el país, lo que se confirma por la circunstancia de que 
el mismo Suarez en so disposición de foja tres vuelta, segundo 
ouerpo, datada en Lomas de Zamora con feoha Agosto veinti- 
cinco de mil ochocientos noventa y dos, todavía se refería á 
su casa en la ciudad y á sus papeles conservados en la misma. 

Octavo: Que no son de tomarse en cuenta, por carecer de valor 
jurídico, las alegaciones que tienden á afirmar que, con su ma- 
trimonio in extremis, Suarez mostraba la voluntad de hacer 
del lugar de la celebración el de su domicilio estable, y menos 
aún, lasque se proponen enoontrar en ese hecho un fundamento 
derivado del artículo noventa y tres del Código Civil, cuando es 
incontestable que este presupone la realización de las circuns- 
tancias características del domicilio, ó pea, el asiento principal, 
el de la residencia, y cuando está averiguado que hasta el 
instante de dicha celebración el domicilio de Suarez era en es- 
ta Capital . 

Noveno: Que la razón y la doctrina están de acuerdo en re- 
oonocer la subsistencia de un domicilio cuando los hechos en 
que se funde la pretensión de haberse operado su cambio no 
son de tal manera eficaces que demuestren acabadamente la 
constitución de un nuevo domicilio. 

Décimo: Que las declaraciones contenidas en la escritura de 
foja ciento ochenta y ocho, primer cuerpo, carecen de valor 
legal por no haberse presentado en las formas y con los requi- 
sitos de derecho (ley treinta y una, título dieciseis, partida 
tercera). 

Undécimo: Que la jurisdicción sobre sucesión corresponde 
$ los jueces del lugar del domicilio del difunto á la época de 
su fallecimiento (artículo tres mil doscientos oohenta y cnatro 
del Código Civil). 

Duodécimo: Que además de las precedentes consideraciones 
sobre el domicilio, y por tanto sobre la competencia, debe te- 



104 FALLOS DE LA SUPREM.' CORTE 

nerse en cuenta, en caso de duda, que el Juez de la Capital ha 
prevenido en el conocimiento de la causa. 

Por estos fundamentos y concordantes de la vista del señor 
Procurador General : se declara que el conocimiento del juicio 
testamentario de don Marcelino Suarez, corresponde al Juez 
de Primera Instancia de la Capital de la República, á quien se 
remitirán los autos, avisándose por oficio al Juez de La Plata. 
Notifíquese con el original y repónganse los sellos. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
OCTAVIO BUNGE . —JUAN E . TORRENT . 

— abel bazan (en disidencia). 



DISIDENCIA 



Vistos: Los autos déla cuestión de competencia por inhibi- 
toria, promovida por el Juez'de Primera Instancia de la ciudad 
de La Plata, contra el Juez de igual clase de la Capital de 
la Nación, pretendiendo que le corresponde el derecho de cono- 
cer en el juicio testamentario de don Marcelino Suarez, falle- 
cido en el pueblo de Lomas de Zamora, territorio de su jurisdic- 
ción, con exclusión del de esta Capital que, á su vez, se atribuye 
un mejor derecho al conocimiento del mismo juicio. 

Y considerando: Que en las cuestiones de competencia por 
inhibitoria, que se someten á la resolución de esta Suprema 
Corte, son los Jueces que repectivameute se atribuyen la ju- 
risdicción que el uno niega al otro, las verdaderas partes que, 
como demandante y demandado, actúan en la contienda, demos- 
trándolo así el hecho de ser ellos los que recurren ante esta 
Suprema Corte con las respectivas actuaciones en que fundan 
sus encontradas pretensiones de conocer en la misma causa. 



DE JUSTICIA NACIONAL 105 

Que las circunstancias de ser admitidas ¡i informar en la 
oontienda ante esta Corte, por el interés que tienen en el resul- 
tado de ella, las personas que actuaron ante los jueces recu- 
rrentes, no es una razón qne pueda habilitar á este Tribunal 
para considerar y resolver las cuestiones que ellas quieran so- 
meter á su fallo, tanto sobre la legitimidad de su personería, 
oomo sobre la eficacia de los derechos que se atribuyen en la 
causa, origen de la contienda, porque tales cuestiones son del 
exclusivo resorte del Juez que haya de ser declarado úuico com- 
petente para entender en aquella, siendo ante él que deben ven- 
tilarse y resolverse con los recursos que autoricen las leyes de 
Procedimiento para ante el superior correspondiente. 

Que por lo tanto, y para resolver la cuestión de jurisdicción 
que en la presente contienda se ha traído á la decisión de .esta 
Suprema Corte, debe ponerse de lado todo lo alegado ante ella, 
ya sobre la legitimidad de la personería del albacea que ha 
iniciado el juicio sucesorio de Suarez ante el Juez de Primera 
Instancia de esta Capital, como la de los hermanos Machio, 
que han promovido el mismo juicio ante el Juez de La Plata, 
ya sobre la eficacia de los derechos que respectivamenre se atri- 
buyen, lo mismo que la viuda de aquél, en la sucesión de que 
se trata, haciendo para ello mérito el albacea de la validez del 
testamento ológrafo otorgado por Suarez y de la nulidad del 
acta de sn matrimonio civil, con la señora Adela Soiarelli; y 
los otros, sosteniendo la nulidad de ese testamento y la validez 
del matrimonio, en virtud del cual pretenden que ha quedado 
aquel sin efecto; pues estas cuestiones, aparte de ser del re- 
sorte exclusivo del Juez que haya de ser declarado competente, 
como se ha dicho, no tienen tampoco en el caso, una necesaria é 
imprescindible conexión con la cuestión de jurisdicción que 
se debate, de suerte que no pueda ésta resolverse, sin que ellas 
se solucionen á la vez. 

Que así lo persuade la disposición del artículo tres mil dos- 



106 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cientos ochenta y cuatro del Código Civil, cuando establece que 
cLa jurisdicción sobre la sucesión, corresponde á los jueces del 
último domicilio del difunto »-. Lo que implica que, para ía de- 
bida, solución de la cuestión de competencia que sostienen los 
jueces recurrentes, basta examinar y resolver la cuestión da 
hacho, sobre cuál ha sido el último domicilio del finado Suarez, 
si el pueblo de Lomas de Zamora ó esta Capital, sin que sea 
necesario ni permitido á esta Suprema Corte arrogarse el co- 
nocimiento y decisión de las cuestiones relativas á la persona- 
lidad y los derechos de los diferentes pretendientes álos bienes 
de la sucesión, cuya personería admite sólo á los efectos del 
debate, y en cuanto ha sido admitida y reconocida por dichos 
jueces. 

Que según lo demuestran los términos del articulo citado, 
y lo confirma la disposición del artículo noventa, y siete del 
mismo Código, el autor de una sucesión puede haber tenido su- 
cesivamente diferentes domicilios, lo que ciertamente no auto- 
riza á declarar la primacía del Juez del anterior domicilio del 
finado sobre la del Juez del último, para conocer y entender en 
todo lo que se relacione con su sucesión. 

Que siendo de expreso derecho, que el domicilio puede cam- 
biarse de un lugar á otro; c que esta facultad no puede ser 
coartada ni por contrato, ni por disposición de última volun- 
tad», y «que el cambio de domicilio se verifica instante 
neamente por el hecho de la traslación de la residencia de un 
lugar á otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su prin- 
cipal establecimiento» (articulo noventa 7 siete del Código 
Civil ); es también de toda evidencia que no pueden ni deben 
invooarse los hechos constitutivos de un anterior domicilio en 
un lugar dado, por caracterizados que sean, para demostrarlo, á 
efecto de negar la constitución de un nuevo y posterior domi- 
cilio en otro diferente lugar, si se prueba que la persona de cu-. 
70 domicilio se trata, trasladó efectivamente su residencia de 



DE JUSTICIA NACIONAL 107 

aquel lugar á este último y si se hace constar de un modo au- 
téntico, que esa misma perdona declaró que este lugar era su 
domicilio, ya se haga esa declaración al verificar su traslación á 
él, ó ya durante su residencia en el mismo. 

Que examinada la cuestión de jurisdicción que se debate, á 
la clara luz de estos principios, no puede haber la menor duda 
de que ella tiene que resolverse ante las constancias de los au- 
tos, en favor de la competencia del Juez de La Plata; porque 
si es verdad que el albacea ha probado suficientemente que don 
Marcelino Suarez estuvo domiciliado hasta fines de mil ocho- 
cientos noventa y uno, en esta Capital, como lo demuestran los 
hechos de haber vivido en la casa de su propiedad, que, en años 
anteriores, hizo construir y amuebló para su habitación, en la 
calle de Belgrano número dos mil ciento cincuenta y cuatro, 
de esta ciudad, de haber administrado aquí las rentas de que 
vivía y muy especialmente por haber declarado que estaba do- 
miciliado en esta Capital, en escrituras públicas de fecha quince 
de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho, y siete de Setiem- 
bre de mil ochocientos noventa y uno; según consta de sus res- 
pectivos testimonios de foja ciento treintay tres, tercer cuerpo, 
y foja ciento treinta y ocho, tercer cuerpo; no es menos cierto 
también que se ha probado por parte de los hermanos Machín, 
que, después de la fecha de la última de las escrituras citadas, 
Suarez trasladó su residencia de esta Capital á la quinta de su 
propiedad que poseía en el pueblo de Lomas de Zamora, donde, 
según confesión de la parte del albacea, acostumbraba aquél 
pasar la temporada de verano, donde ejerció el cargo de Juez de 
Paz de la localidad, consecutivamente por los años de mil ocho- 
cientos ochenta y tinco, ochenta y seis y ochenta y siete y pagó 
patente de carruaje desde el año mil ochocientos ochenta y 
siete hasta mil ochocientos ochenta y nueve" ( certificados de fo- 
ja ciento veinte vuelta, tercer cuerpo); que allí ha residido du- 
rante el año mil ochocientos noventa y dos, hasta que ocurrió 



108 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

su fallecimiento en nueve de Setiembre de este mismo año, y 
que, finalmente, en dicho pueblo contrajo matrimonio con Adela 
Sciarelli, con fecha veintisiete de Agosto del expresado año no* 
venta y dos, constando, bajo su firma, en el doble instrumento 
público de su matrimonio civil y canónico, celebrado respectiva- 
mente ante el Jefe del Registro Civil y el Párroco de la locali- 
dad, con el correspondiente número de testigos, que era vecino 
de ese lugar. 

Que hallándose así en autos, justificados los extremos que el 
artículo noventa y siete del Código Civil requiere para que se 
entienda operado el cambio de domicilio real, que es al que se 
refiere dicho artículo y que son: la traslación de la residencia 
de un lugar á otro y el ánimo de permanecer en él y tener allí 
su principal establecimiento, ánimo que se halla perfectamente 
acreditado eu el caso, con la declaración consignada en los ins- 
trumentos públicos ya citados, de ser Suarez vecino del pueblo 
de Lomas, es fuera de duda, que este lugar es el de su último 
domicilio, y que para desconocerlo, no pueden oponerse los 
hechos que acreditan su anterior domicilio en esta Capital. 

Que siendo la facultad de cambiar domicilio eminentemen- 
te propia, y dependiente de la voluntad de las personas, de tal 
suerte que no puede ser coartada, ni por contrato, ni por dis- 
posición de última voluntad, según expresamente lo dispone la 
ley, es por demás claro que puede usarse de ella, sea por razo- 
nes de salud, de conveniencia ó de simple placer, sin que sea 
dado desconocerla ó negarla, porque se alegue de contrario, co- 
mo ha sucedido en el presente caso, que si Suarez trasladó su 
residencia de esta Capital á Lomas, fué porque buscaba alivio 
á su quebrantada salud, y que por esto, como por haberse refe- 
rido en el testamento ológrafo que redactó, á la casa habitación 
que dejó amueblada en esta ciudad, y á los papeles que tenía 
en ella, nada puede significar la traslación de su residencia, ni 
la esplícita declaración de ser vecino de aquel pueblo, hecha 



DE JUSTICIA NACIONAL 109 

bajo de su firma en los instrumentos públicos ya mencio- 
nados. 

Que para destrnir tan débil alegación y el mérito que la par- 
te del albacea atribuye á la información sumaria de testigos 
que ha producido ante el Juez de la Capital, pretendiendo pro- 
bar con ella que Suarez ha estado domiciliado aquí hasta su fa- 
llecimiento, basta recordar la jurisprudencia adoptada por esta 
Suprema Corte en las causas que se registran en los tomos 
veintinueve, página trescientos cuarenta y tres, y quinto, pá- 
gina doscientos cuarenta y dos, de sus fallos, en que con moti- 
vo de llamarse vecino de un lugar el interesado que firma un do- 
cumento público, se establece en el primer caso que : cesa de- 
claración de la parte sobre el lugar de su domicilio, hecha en 
instrumento público debe ser preferida á la declaración de los 
testigos, por ser aquella una declaración más auténtica de la 
intención y voluntad del que lo otorga, que el juicio de los tes- 
tigos basado sólo en meras suposiciones > y en el otro caso, que 
c la mención del domicilio hecha por el mismo interesado que lo 
indica, basta por derecho para determinar la competencia de 
los jueces de aquel lugar». 

Que á las precedentes consideraciones que fundan ya por sí 
solasde un modo incontestable, la competencia del Juez de La 
Plata, para conocer en la testamentaría del finado Suarez, pue- 
de y debe agregarse otra no menos poderosa, y es la de que es- 
tando plenamente probado en autos que desde muchos años 
atrás ha tenido Suarez una habitación alternativa en esta Ca- 
pital y en el pueblo de Lomas, pasando una parte del año en su 
casa de esta ciudad, calle Belgrano dos mil ciento cincuenta y 
cuatro, y otra parte en su quinta de Lomas, lo que quita á la re- 
sidencia el carácter de accidental, como lo ha declarado esta Su- 
prema Corte, en la causa del tomo veintiséis, página trescientos 
siete de sus fallos; y habiendo formado Suarez familia, en el 
último período de su residencia en Lomas, por su casamiento 




110 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

con la señora Sciarelli, viviendo con ella hasta su fallecimiento 
en ese mismo lugar, tiene necesariamente que declararse que 
dicho pueblo es el de su domicilio, aunque haya dejado amue- 
blada su casa de esta Capital, cuando se trasladó á la expresada 
quinta, aunque en esta misma Capital hubiese establecido el 
percibo de sus rentas y se hallasen en ella los papeles á que se 
refiere en su testamento; porque así corresponde declararlo de 
acuerdo con el artículo noventa y cuatro del Código Civil, que 
expresamente establece que c en el caso de habitación alterna- 
tiva en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se ten- 
ga la familia ó el principal establecimiento». 

Que es de observar, que los términos disyuntivos en que está 
concebido este artículo coando habla del lugar en que se tenga 
la familia ó el principal establecimiento, no disminuyen en lo 
mínimo, la lógica y la verdad de la conclusión establecida en el 
precedente considerando, por la sencilla razón de que dicho ar- 
tículo legisla para dos situaciones diferentes, á saber: la de una 
persona sola ó sin familia, que tenga residencia alternativa en 
dos ó más lugares, y la de aquella que haya residido también 
alternativamente en diferentes lugares, pero que forme y tenga 
su familia en un solo lugar. 

Para el primer caso, el domicilio de la persona con habita- 
ción alternativa es el lugar donde tenga su principal estableci- 
miento ; y para el segundo, el lugar donde resida con su fami- 
lia, aunque este lugar no sea el de sus negocios ó el de su prin- 
cipal asiento, como lo viene á confirmar, en los términos más 
esplícitos, el artículo noventa y cuatro del mismo Código, cuan- 
do dispone que: < Si una persona tiene establecida su familia 
en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su 
domicilio » . 

Que nada importa que el matrimonio de Suarez se haya con- 
traído durante su última enfermedad, y que éste falleciera á 
los trece días de celebrado, para que dejen de aplicarse al caso 



DE JUSTICIA NACIONAL 111 

las disposiciones legales ya citadas, desde que esos hechos no 
constituyen en parte alguna del Código una excepción* en vir- 
tud de la cual pueda decirse que tales disposiciones no com- 
prenden este caso, cuando evidentemente lo abrazan en la ge- 
neralidad de sus términos, y cuando ni razonable sería excluirlo, 
en presencia del artículo noventa y siete del Código Civil que 
declara: que c £1 cambio de domicilio se verifica instantánea- 
mente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar 
á otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal 
establecimiento >, lo que implica que no se puede subordinar el 
cambio dedomicilio, ni su existencia probada por los hechos que 
al efecto establece la ley, á la condición de que se realicen, más 
ó menos pronto, hechos ulteriores que lo hagan desaparecer, 
como la muerte de la persona, ó una nueva traslación de la re- 
sidenc a con ánimo de fijarlo en otro lugar, debiendo decirse lo 
nñsmo de las razones porque plazca á la persona verificar su 
traslación y manifestar el ánimo ó la voluntad de permanecer 
en ese lugar. 

Que la nulidad del matrimonio de Suarez, que se ha alegado 
por parte del albacea, doctor Isla, con el intento de destruir el 
mérito de la declaración, sobre actual domicilio que contiene el 
instrumento público con que se prueba la celebración de aquel, 
no aparece prima facie justificada por deficiencia de las forma- 
lidades requeridas por la ley, para que deje de considerarse vá- 
lido el acto, como es de derecho considerarlo, mientras no se 
entable demanda en forma, redarguyendo de falso dicho docu- 
mento y no sea declarada su falsedad por autoridad competente, 
demanda y sentencia que no existen . 

Que dadas las precedentes consideraciones, el caso en cues- 
tión sobre á cuál de los Jueces recurrentes corresponde el cono- 
cimiento de la sucesión de Suarez, no puede ciertamente ser 
dudoso, para que se atribuya al de esta Capital la jurisdicción 
disputada por haber prevenido en el juicio testamentario y en 



112 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

virtud del aforismo de beatus qui possidel, razón que no puede 
generalizarse para convertirla en regla de solución de las cues- 
tiones de esta naturaleza, cuando ella equivaldría á borrar del 
Código las disposiciones legales, por las cuales se resuelven, 
desde que no hay cuestión de competencia por inhibitoria que 
no se suscite, precisamente por haber un Juez prevenido en el 
conocimiento de una causa á quien se disputa su competencia. 

Que también hay que decir, que no corresponde al Juez de 
esta Capital la jurisdicción sobre la testamentaría Suarez, en 
virtud de la próroga de jurisdicción que se alega haberse hecho 
en H 8u favor por el albacea, como parte legítima y por la misma 
viuda Sciarelli, invocando para ello las disposiciones del mis- 
mo Código de procedimientos que rige, tanto en esta Capital co- 
mo en la provincia de Buenos Aires, y que autorizan dicha proro- 
gacion, porque si es verdad que el Código citado autoriza la 
prórroga de que se trata, no es menos cierto también, que tales 
disposiciones no pueden entenderse, ni aplicarse sino á las cau- 
sas de la exclusiva competencia de los diferentes jueces del 
territorio de la Capital ó de la provincia de Buenos Aires, en- 
tre los cuales, consultando el mejor servicio délos intereses pú- 
blicos de cada localidad, se haya dividido el ejercicio de cada 
jurisdicción territorial, lo que es tanto más evidente, cuanto que 
no se puede pretender, que al adoptarse como ley, por las res- 
pectivas legislaturas, dicho Código, haya sido para querija fuera 
del radio de su jurisdicción territorial, y para que toleren sus 
jueces las usurpaciones de jurisdicción, en perjuicio de la suya 
propia, que les difieran las disposiciones del Código Civil, y en 
perjuicio, también, de los intereses fiscales respectivos, por im- 
puestos de papel sellado ú otros que establezcan sus respectivas 
leyes. 

No; tal inteligencia no pueden darse á las leyes que se invo- 
can por el albacea, para atribuir al Juez de esta Capital una 
jurisdicción que no le corresponde por razón de prorrogación co- 



DE JUSTICIA NACIONAL 113 

mo lo ha declarado un fallo de la Cámara de lo Civil de esta 
misma Capital, en nna sentencia que se registra en la serie 
segunda, tomo ocho, página trescientas setenta y una de sus fa- 
llos, en una cuestión de competencia sobre sucesión entre un 
juez de La Plata y otro de esta Capital. 

Por estos fundamentos, oído el señor Procurador General, se 
declara que el conocimiento del juicio sucesorio de Don Marce- 
lino Suarez] corresponde al Juez de Primera Instancia de la ciu- 
dad de La Plata. Remítansele en consecuencia los autos, y aví- 
sesele por oficio al Juez de la Capital. Repóngase el papel. 

ABEL BAZAIf. 



«JAUfcA CIíVIII 



Contienda entre el Juez de Comercio de Santa-Fé y el de la Ca- 
pital Federal, para conocer en el concurso de Don Manuel 
Ocampo Samanes. 



Sumario. — Corresponde al Juez del lugar donde el comer- 
ciante ha tenido y tiene su domicilio civil, el oonocimiento del 
juicio de quiebra del mismo. 

T. X 8 



114 FALLOS DE LA SUPREMA COKTE 



Caso. — Resulta de las siguientes piezas: 



AUTO DEL JUEZ DE SANTA-FÉ 



Santa-Fé, Julio 28 de 1894 

Y vistos: Estos autos seguidos por los señores J. P. Lorda, 
Ángel Labella, J. Bombell, D. Piceda, S. Felippe, S. Soharat, 
Don V. Canioli, D. Otto Hanselman, D. V. Flores, D. B. An- 
tiché, D. Delfino Méndez, A. Longhi, J. T. Cáceres, J. L. Cá- 
ceres, J. Mistre, S. Arrillaga, A. Mahurate, Catalina B. de Mai- 
trans, D. Fabatier, Julio Flores, David Tomazzi y la S. Ertska- 
radeS. M., solicitando de este Tribunal que se declare com- 
petente para entender un el juicio de quiebra seguido contra D. 
M. (X ampo Samanes en el Tribunal de Comercio de la Capital 
de la República. 

Resulta que con el escrito inicial se presenta un ejemplar del 
diario «Nueva Época» en el que aparece un edicto mandado 
publicar por el señor Juez de Comercio de la Capital de la Re- 
pública j que contiene un auto dictado por el mismo Juez, de- 
clarando el estado de quiebra de Don Manuel Ocampo Samanes. 
Con esta publicación se comprueba el hecho de hallarse el men- 
cionado Juez conociendo en el juicio de quiebra del citado Don 
Manuel Ocampo Samanes, en el mismo escrito se ofrece sumaria 
información para acreditar el hecho de que Ocampo Samanes 
no sólo tiene en esta provincia su principal establecimiento 
comercial, sino los únicos que posee. 

Aceptada y producida la información ofrecida por los postu- 
lantes, los testigos presentados están contestes en cuanto á la 
veracidad de los hechos afirmados, como puede verse de foja 41 
vuelta á foja 49 vuelta. Corrida vista al señor Agente fiscal, es- 



DE JUSTICIA NACIONAL 115 

te funcionario se expide sosteniendo la jurisdicción de los Tri- 
bunales de esta provincia para conocer en el juicio de quiebra 
do la referencia. 

T considerando : Primero : Que la ley nacional número 927, 
de 3 de Setiembre de 1878, establece en su artículo 2 o que el 
juicio universal de concurso de acreedores corresponderá en el 
territorio de la República á los jueces respectivos de aquella 
provincia en la que el fallido tuviese su principal estableci- 
miento al tiempo de la declaración de quiebra. En el caso sub- 
judice no sólo se encuentra en esta provincia el principal esta- 
blecimiento del fallido, sino que se encuentra el único estable- 
cimiento comercial, de modo que la disposición citada es riguro- 
samente aplicable, sin que su texto claro deje lugar á duda 
alguna. 

Segundo: No obstante lo expuesto, es indispensable hacerse 
cargo de la disposición contenida en el artículo 1389 del Código 
de Comercio, cuja sanción es posterior á la de la ley nacional 
antes citada. Ese artículo establece que la manifestación del 
estado de quiebra se hará en la Secretaría del Tribunal del 
domicilio del fallido. Pero este artículo no tiene, sin duda, el 
alcance de determinar la jurisdicción en que debe seguirse el 
juicio de quiebra, como pudiera creerse á .primera vista: los 
antecedentes legislativos y el estudio de su propio texto lo de- 
muestran. 

Tercero: Nuestra ley comercial vigente no constituye un Có- 
digo de Comercio distinto del que regía hasta el I o de Mayo de 
1890, en que empezó á observarse la ley actual; es el mismo 
Código reformado, no un Código nuevo; lo cual se encuentra 
expresamente dicho en el artículo I o de la ley nacional número 
2637, que manda observar como ley de la Nación, no un código 
nuevo, frilíó un proyecto de reformas al Código de Comercio. 
Y bien, el citado artículo 1389 del Código de Comercio es idén- 
tico al artículo 1522 del Código anterior, de modo que tratan- 



116 CALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dose de una misma ley, como lo dejamos establecido, y no ha- 
biéndose reformado la disposición legal citada, ésta tiene fuerza 
de ley por la primitiva sanción del Congreso legislativo, no por 
la sanción de las reformas. Forzoso será entonces oonvenir en 
que sien 1878 el Congreso Nacional dictaba una ley para des- 
lindar las jurisdicciones judiciales en caso do quiebra, la pos- 
terior sanción del proyecto de reformas al Código de Comercio, 
en nada puede derogar aquella ley, puesto que esas reformas no 
han recaído sobre ninguna disposición que deslinde las juris- 
dicciones repecto de la quiebra. Precisamente lo que la ley de 
1878 se ha propuesto, es concluir pon las incertidumbres á que 
ha dado lugar el artículo 1389 del Código de Comercio, de modo 
que la razón que antes existía para mantener la ley nacional 
citada es la misma que hoy existe : eadem est vatio 

Cuarto: En nuestra opinión, el artículo del Código de Comer- 
cio que estudiamos no ha tenido ni tiene necesariamente el 
alcance de determinar la jurisdicción á que corresponden los 
jnicios de quiebra; su espíritu es el de facilitar al fallido el 
deber legal de hacer manifestación de su estado dentro de 3 
días de la cesación de pagos, y nuestra opinión está robustecida 
por lo siguiente : Primero: Por la necesidad evidente deque 
la ley tome en consideración á los efectos de la manifestación 
de quiebra, el hecho de tener el fallido un domicilio distinto ó 
lejano del lugar en que tiene sn principal establecimiento; Se- 
gundo: Por la circunstancia de que la ley considera suficiente 
la manifestación del estado de quiebra ante la Secretaría del 
tribunal solamente, loque sin duda tiende á facilitar esta ma- 
nifestación; Tercero: Por la misma redacción del artículo 1389 
que nos ocupa, en el que sólo se habla de 1» manifestación del 
estado de quiebra y no del juicio de quiebra; Cuarto: Por la 
materia de que el artículo se ocupa, pues en él se trata principal- 
mente de establecer la manifestación del estado de quiebra, 
hablándose por incidencia del Tribunal del domicilio del fallido, 



DE JUSTICIA NACIONAL 117 

siendo así que si se hubiese querido determinar la jurisdicción 
á que corresponde el juicio de quiebra, dada la importancia de 
la materia, se hubiese hecho un artículo especialmente desti- 
nado á ese objeto. 

Quinto: Pero aún en la hipótesis de que las reformas del Có- 
digo de Comercio, constituyan un Código nuevo, no se podría 
por eso deducir que el artículo 1389 deroga la ley nacional ci- 
tada, tanto por lo que dejamos expuesto en el anterior conside- 
rando, como por la circunstancia de no traer la nneva ley ningu- 
na disposición que derogue las leyes anteriores que se le opon- 
gan, máxime cuando el texto de la ley de 1878 es perfectamente 
claro, mientras que el del artículo 1389 del Código de Comercio 
es algo más que dudoso que determino necesariamente la juris- 
dicción respecto del juicio de quiebra, hablando como habla 
sólo de la manifestación de quiebra que debe hacer el fallido. 

Además, una prudenteobservadon de los principios legales nos 
conducirá siempre á la conclusión que se llega en esta resolución. 

Por lo expuesta, resuelvo: Hacer lugar á la inhibitoria so- 
licitada declarando competente á este Juzgado para entender 
en la quiebra de Don M. Ocampo Samanes, con exclusión de 
cualquier otro Tribunal del distrito federal ó demás provincias 
de la nación. 

En consecuencia, líbrese exhorto al señor Juez de Comercio 
de la Capital de la República, doctor José A. Víale, pidiéndole 
que se inhiba de entender en el mencionado juicio de quiebra, 
y remita el expediente al infrascripto, acompañándose con el 
exhorto de este juzgado copia autorizada le estos autos. 

Invítese al Juez exhortado para que en caso dono acceder á 
la inhibición, remita los autos á la Suprema Corte como lo de- 
termina el artículo 3 o de la ley nacional número 927. Hágase 
saber de los interesados y repóngase el papel. 

Juan B. Siburu. 



118 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



AUTO DEL JUEZ DE COMERCIO DE LA CAPITAL 



Buenos Aires, Octubre 1° de 1894. 

T /istos : Considerando: I o Que el libro -4 o del Código de Co- 
mercio comprende la legislación de fondo y también la de forma 
en la materia de quiebras. 

2 o Que el artículo 1389 estatuye que la manifestación de la 
cesación de pagos de un comerciante debe hacerse en la Secre- 
taría del Tribunal de Comercio del domicilio del fallido. 

3 o Que la inteligencia de esta disposición, es que el Juez com- 
petente para declarar la quiebra y entender en el proceso, es el 
del domicilio del deudor. 

4 o Que entendida así esa prescripción, se armoniza con los 
artículos 25 y 53, en virtud de los cuales los comerciantes tie- 
nen que matricularse y hacer rubricar sus libros por el Tribu- 
nal de Comercio de su domicilio. 

5° Que aparte de que la jurisprudencia constante £ invaria- 
ble de los Tribunales ha consagrado el principio deque el Juez 
de la quiebra es el del domicilio del fallido, los comentadores 
del artículo del Código Francés, de donde ha sido tomado el 1389 
del nuestro, y que se mencionan en el escrito del síndico áfoja 
156, exponen la misma doctrina, que es la incorporada en to- 
dos los Códigos. 

6° Que e! artículo 2 o de la ley nacional de 3 de Setiembre 
del año 1878, invocado por el señor Juez de la provincia de 
Santa-Fé, ha empleado la expresión «principal establecimien- 
to» como equivalente de «domicilio». 

7 o Que así lo revela de una manera evidente la discusión á 
que dio lugar esa ley, tanto en la Cámara de Diputados como en 
el Senado y que hace notar el Síndico en el escrito ya citado de 



DE JUSTICIA NACIONAL 119 

foja 156, y también la jurisprudencia sentada por la Suprema 
Corte Nacional (Fallos de la Corte, serie 8 a , tomo 3 o , página 72). 

8 o Que sita expresión «principal establecimiento» consigna- 
da en el artículo 2 o de la ley de 1878, fuera diversa de «domici- 
lio», esa ley no sería de aplicación, en razón de que el Código de 
Comercio vigente es d« fecha muy posterior, y las leyes anterio- 
res no derogan á las posteriores . 

9 o Que el concursado Don Manuel Ocampo Samanes, está ma- 
triculado y sus libros están rubricados en este Tribunal, al 
que ha acudido solicitando moratorias primero y la declaración 
de su quiebra después, según consta de estos autos. 

10° Que en esta Capital reside y ha residido siempre con su 
familia y ha tenido su escritorio, como es de pública notoriedad. 

11° Que aquí se encontraba la dirección de todos sus nego- 
cios, la centralización de todo su comercio, lo que vale decir, su 
sede mercantil. 

Por estos fundamentos, y los expresados en el escrito de 
foja 156, y de conformidad con lo solicitado «n la vista fiscal de 
foja 173 vuelta, no se hace lugar á la inhibitoria solicitada áfo- 
ja 153 por el señor Juez de Comercio de la cuidad de Santa-Fé. 

En su consecuencia, comuniqúese esta resolución al expresa- 
do señor Juez, enviándole testimonio de ella, del escrito fnja 
156 y de la vista fiscal foja 173 vuelta, á fin deque lo conteste 
para continuar actuando si reconociere la competencia de este 
Juzgado ó remitir los autos á la Suprema Corte para que resuel- 
va lo que corresponda, de conformidad con los artículos 50 j 
51 de la ley de Procedimientos de los Tribunales Nacionales, de 
14 de Setiembre de 1863. Repónganse los sellos. 

José A, Víale. 



120 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Marzo 18 de 1895. 
Suprema Corte: 

Los f andamentos consignados en el escrito del Síndico del 
concurso de Don Manuel Ocainpo Samanes, corriente á foja 156, 
que han sido adoptados en la resolución del Juzgado de Comer- 
ció déla Capital, de fojas 176 y 178 vuelta, parecen legales y 
decisivos. Invocándolos á fin de evitar repeticiones, pido á V. 
E. la declaración de la competencia del Juez de Comercio de la 
Capital, para la continuación del conocimiento del juicio de 
concurso expresado. 

Sábiniano Kier. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Junio 30 de 1895. 

Vistos y considerando: Primero: Que es un hecho incontes- 
tadoy que debe darse por debidamente averiguado en mérito de 
las constancias de autos, que Don Manuel Ocampo Samanes ha 
tenido su domicilio civil en esta Capital, así como que lo ha 
conservado hasta el momento de la quiebra. 

Sugundo: Que no hay disposición alguna en la ley mercantil 
vigente, que establezca para el comerciante un domicilio gene- 
ral diferente del establecido por la ley civil, lo que vale decir 
que el citado Ocampo Samanes, aún en su calidad de comer- 



DE JUSTICIA NACIONAL 121 

ciante, ha estado domiciliado enestaciadad, en que se inscribió 
también en la matrícula respectiva é hizo rubricar sus libros 
de comercio. 

Tercero: Que 9l fallido, haciendo la manifestación de su es- 
tado ante el Jaez de la Capital, ha cumplido con lo prevenido en 
el artículo mil trescientos ochenta y nueve del Código de ia ma- 
teria. 

Cuarto: Que ese artículo, sin duda alguna, regíala jurisdic- 
ción á que corresponde el conocimiento de la quiebra, lo que, 
aún para mayor claridad si cabe, se confirma con lo dispuesto 
en el inciso quinto del artículo mil trescientos cuarenta y uno 
del mencionado Código, debde que allí se preceptúa que, en tra- 
tándose de bienes situados fuera del domicilio del fallido, las 
diligencias que ordena, se han de realizar mediante los despa- 
chos necesarios, que no podrían expedirse sino por el Juez de 
la quiebra. 

Quinto : Que tanto el artículo mil trescientos ochenta y nueve 
como el inciso quintodel artículo mil cuatrocientos treinta y uno, 
ya recordados, confieren la jurisdicción sobre la quiebra al Juez 
del domicilio del fallido, no habiendo nada más que averiguar, 
ni otras cuestiones que resolver al respecto, cuando se trata 
de sociedad comercial, de que no se trata en este caso. 

Sexto: Que ya sea que el artículo segundo de la ley de tres 
de Setiembre de mil ochocientos setenta y ocho, hubiese qu.ri- 
do establecer que el domicilio de una persona visible puede no 
coincidir con el del asiento de su establecimiento principal, 6 
ya que, tomando la frase principal establecimiento en un sentido 
amplioy de referencia al centro de los negocios, vida de familia, 
morada habitual, en una palabra, á las circunstancias qne ca- 
racterizan el domicilio, hubiese simplemente aludido á éste, 
la cuestión de competencia traida ante esta Suprema Corte se 
resolvería del mismo modo, puesto que el Código de Comercio 
es posterior á la referida ley del setenta y ocho; él mantiene la 



122 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

regla del domicilio del fallido, determinante déla jurisdicción 
para la quiebra, y deja con la supresión del título respectivo 
del antiguo Código, sometido alo que establece el Código Civil 
todo lo relativo á la determinación del domicilio general. 

Por esto y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General, y fundamentos concordantes del auto de foja ciento se- 
tenta y seis vuelta (segundo cuerpo) del Juez de Comercio de 
la Capital de la República, se declara que á él corresponde el 
conocimiento del concurso comercial de Don Manuel Ocampo 
Samanes. Remítansele, en consecuencia, los autos y avísese 
por oficio al Juez de Santa-Fé. Repóngase el papel y notifí- 
quese con el original. 

BENJAMÍN PAZ . — ABEL BAZAN . — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TOBRENT. 



CAUSA €1,1* 



Don H. Brisson contra Don Jesús Baldía y Don Manuel Beltran, 
por falsificación de marca de fábrica; sobre instrucción de 
sumario. 



Sumario . — No procede la instrucción del sumario en las cau- 
sas sobre falsificación de marca de fábrica. 



DE JUSTICIA NACIONAL 123 



Caso. — Resulta de la siguiente 



PETICIÓN 

Señor Juez Federal: 

• 

Joseph Brisson, por H. Brisson, según el poder general que co- 
rre agregado al expediente iniciado ante V. S. por otro asunto 
análogo j que se encuentra en la Secretaría del doctor D. Te- 
din, constituyendo domicilio en la calle Tucuman 745, á Y. S. 
expongo : 

1 o Que en el expediente & que acabo de referirme se encuen- 
tran agregadas las patentes que acreditan que mi representado 
es el propietario de la marca con que se distinguen los cigarri- 
llos denominados «Atorrantes». Me remito á esos recaudos 
para que V. S. los tenga presente para las ulterioridades de 
este juicio. Cuando recien se encuentra en principio la causa 
que he iniciado ante este Juzgado para hacer castigar los auto- 
res de una falsificación, me encuentro con otra nueva que ha si- 
do ya descubierta, pero que se hace necesario que el Juzgado 
tome las medidas necesarias para hacer castigar á los autores 
de esta otra falsificación que denuncio ante V. S. Las personas 
comprometidas en este hecho son Don Jesús Baldía,domiciliado 
en la calle Rivadavia 781, y Don Manuel Beltran, domiciliado 
en la calle Chile 820, ambos son miembros de la razón social 
M. Beltran y C* y antiguos dependientes de la casa García y 
hermanos. Contra estas personas entablo querella en forma, de 
acuerdo con el artículo 176 del Código de Procedimientos en lo 
Criminal, haciéndola extensiva á todos los que resulten culpa- 
bles después de la debida instrucción del sumario. La existen- 
cia del delito se encuentra perfectamente evidenciada por ha- 



124 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

berse secuestrado un carro cargado de materiales falsificados 
entre los que está la piedra litografíe*! que les ha servido á los 
falsificadores para la elaboración de las etiquetas, cajas, etc. 
Tudas esas mercaderías se encuentran en la Policía de esta Ca- 
pital, habiendo sido la comisaría de la sección 4 a la que inter- 
vino para detener los referidos bultos. Esos objetos constitu- 
yen el cuerpo del delito y ellos servirán para poder instruir el 
sumario en debida forma. 

2° La ley de 1876 considera á la falsificación de marcas como 
un delito y en ese sentido corresponde el procedimiento en ma- 
teria penal. Es bien cierto que hasta ahora no se ha procedido, 
nunca se ha iniciado un asunto de esta clase, instruyéndose el 
correspondiente sumario, pero es indudable que no hay razón 
fundamental alguna para obrar de esa manera y si ha podido 
establecerse una costumbre que requiera una forma de juicio 
especial ó inadecuada para proseguir estos asuntos, esa costum- 
bre aún consagrada por la jurisprudencia, no puede bajo con- 
cepto alguno privar de ios beneficios que acuerda una ley que se 
encuentra vigente y que no puede ser derogada ni por el uso ni 
por decisión judicial, cualquiera que ella sea. La instrucción 
del sumario es una necesidad imperiosa para iniciar esta clase 
de juicios, puesdeacuerdocon los procedimientos bien determi- 
nados que se encuentran en el Coligo respectivo es que se puede 
hacer efectivo el derecho del propietario de la marca y que no 
suceda loque hoy día pasa; esto es, que el falsificador goza de 
todas las franquicias, su proceder delictuoso queda siempre im- 
pune, porque siguiéndose el procedimiento civil no es posible 
hacer averiguación alguna y se hace muy difícil el castigo de 
los culpables. Cuando se comete una falsificación, el dueño de 
la marca falsificada sólo puede saber y conocer que existe el de- 
lito, pero es difícil y en casi todos los casos imposible que 
averigüe todo lo concerniente al hecho delictuoso, no tiene los 
medios necesarios de coacción para arribar á un resultado posi- 



DE JUSTICIA NACIONAL 125 

tivo. Parala averiguación completa de los hechos es que existe 
la instrucción del sumario y si la falsificación de una marcaos 
un delito (artículo 28 y siguientes de la ley vigente), no puede 
existir razón alguna para que no se siga el procedimiento en lo 
criminal. Si pudiese militar algún motivo para no seguir en es- 
tos casos el mismo camino que se sigue en todos los delitos, esa 
razón tendría que desaparecer, en vista de los resultados nega- 
tivos que da el proceder contrario. Sobre cualquier considera- 
ción de detalle, destruyendo cualquier argumentación de derecho 
estricto, debe tomarse seriamente en consideración el hecho de 
la impunidad que se favorece, no aplicándose los medios legales, 
que no tienen otro objeto sino averiguar los actos que se come- 
ten en contra de la ley, en fraude y perjuicio de personas que 
se encuentran al amparo de nuestras instituciones. Y. S. ha 
declarado en sus decisiones judiciales que estos asuntos deben 
considerarse como delitos y que les son aplicables los procedi- 
mientos en materia penal. Tanto más legítimo y aceptable se 
hace este modo de pensar, cuanto que él no importa desconoci- 
miento de derecho alguno, ni puede iirogar perjuicio á la parte 
demandada. 

3 o V. S. se ha de servir ordenar que se instruya el corres- 
pondiente sumario, tomando todas las medidas tendentes á la 
averiguación del hecho que denuncio. Con este fin, V. S. orde- 
nará se libre oficio al señor Jefe de Policía para que remita al 
Juzgado copia délas declaraciones que be han prestado en la co- 
misaría de la sección 4 a , así como de todo lo que allí se ha actua- 
dlo ordenando al mismo tiempo que los materiales falsificados que 
existen secuestrados se entreguen al depositario, Don Gustavo 
Breuer, domiciliado en la calle Tucnman número 745, que desde 
ya nombro en estos autos. De acuerdo con la disposición del ar- 
tículo 236 del Código de Procedimientos en lo Criminal, V. S. 
se ha de servir tomar declaración indagatoria á Don Jesús Bal- 
día y á Don Manuel Beltran, constituyéndolos en prisión y em- 



i 26 FALLOS DE LA SUPREMA COK TE 

bargándoles los bienes en cantidad suficiente para cubrir su 
responsabilidad, la cual será apreciada por el Juzgado; todo de 
acuerdo con el inciso 4 o del artículo 176 del Código de Proce- 
dimientos. La prisión procede en este caso, porque se ha en- 
contrado el cuerpo del delito y existe la presunción vehemente 
de que los querellados son autores principales del hecho que 
denuncio. Si no se considerara procedente la detención en esta 
oportunidad, el iuoiso 4 o i el artículo 178 del Código de Proce- 
dimientos no tendría razón de existir. 

4 o En vista de estas consideraciones Y. S. se ha de servir, 
dejando á salvo la acción que me corresponde por daños y per- 
juicios: I o Tenerme por parte, á mérito del poder agregado á 
los autos á que me he referido ; 2 o Ordenar se instruya el su- 
mario correspondiente ; 3 o Nombrar depositario al señor Gus- 
tavo Breuer; 4° Condenar á los autores y cómplices de este 
delito al máximun de las penas que les correspondan, 7 e acuerdo 
con el artículo 28 de la ley vigente. Es justicia. 

Pérez Gomar. — Joseph Brisson. 



Pallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Abril 27 de 1895. 

Téngase por acreditada la personería del recurrente en méri- 
to del testimonio que antecede y por constituido el domicilio 
indicado, y no procediendo la instrucción del sumario en causas 
de esta naturaleza, según lo establecido en el artículo 34 de la 
ley de marcas de fábrica y de comercio, y la jurisprudencia de 
la Suprema Corte: no ha lugar á lo solicitado. 

Lalanne . 



DE JUSTICIA NACIONAL 427 



Valla de la Suprema Carie 



Buenos Aires, Junio 22 de 1895. 

Vistos: Por sus fundamentos, se confirma, oon costas, el auto 
de foja trece en la parte apelada. Repuestos los sellos, devuél- 
vanse . 

BENJAMÍN PAZ.-— ABEL BAZAN.— OCTA- 
VIO BUNGE . — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CLX 



Recurso de habeos corpus á favor de Don Víctor N. Aubone; 

sobre incompetencia 



Sumario. — El Juez Federal no es competente para conocer 
en el recurso de habeas corpus deducido á favor de un oficial de 
¡a guardia nacional no movilizada, arrestado por orden del Ins- 
pector de Milicias de la Provincia por falta de disciplina. 



\ 28 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Caso. — Lo explica el 



Fallo del Juez Federal 



San Juan, Mayo 24 de 1896. 

Vistos y considerando: Que el artículo 20 de la ley sobre 
jurisdicción y competencia de los Tribunales nacionales, pres- 
cribe que cuando un individuo se halle detenido ó preso por una 
autoridad nacional ó so color de una orden emitida por auto- 
ridad, etc., los Jueces de Sección podrán, á instancia del preso ó 
de sus parientes ó amigos, investigar sobre el origen de la pri- 
sión y en caso de que ésta haya sido ordenada por autoridad ó 
persona que no esté facultada por la ley, mandará poner al pre- 
so, inmediatamente en libertad. 

En el presente caso, el señor Víctor Aubone ha sido preso, 
según lo manifiesta su hermano Don Daniel S. Aubone, por 
orden del Inspector Milicias de esta Provincia, Coronel de la 
misma, Don Juan B. Cambras; el cual, como se expresa, no es 
autoridad nacional; pues que, según el artículo 67, inciso 24 
de la Constitución nacional, las provincias tienen el derecho de 
nombrar jefes y oñciales de las Milicias que no estén al servi- 
cios de la Nación ; y los guardias nacionales de las provincias 
no están al servicio de la Nación, pues no hay un decreto ó ley 
que lo haya ordenado. 

Que el articulo H6, inciso 5 o , de la Constitución provincial, 
conforme con lo proscripto por la nacional en su artículo é in- 
ciso oitados, declara al Poder Ejecutivo jefe de la Guardia Na- 
cional, con excepción de la movilisadaal servicio de la Nación; 
concede grados militares por sí hasta el de Capitán, y con el 
acuerdo de la Cámara de Diputados hasta el de Coronel ; por con* 



DE JUSTICIA NACIONAL 429 

siguiente el nombramiento de Don Juan R. Cambras de Inspec- 
tor de Milicias y de Coronel es nn actQ puramente del Gobierno 
de la Provincia. 

Por estas consideraciones 7 lo dictaminado por el Procurador 
Fiscal, este Juzgado se declara incompetente para conocer en este 
recurso. Notifíquese original 7 repónganse los sellos. 

L. Echegaray. 



VISTA DEL SEftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Mayo 4 de 1895. 
Suprema Corte: 

Tratándose de la Guardia Nacional no movilizada, 7 de auto 
ridades dadas por la provincia de San Juan, con sujeción á su 
Constitución 6 le7es locales, considero ajustadas á derecho la 
declaración de incompetencia dictada por el Juez de la Sección 
nacional de San Juan á foja 4 vuelta 7 pido á Y. E. se sirva 
•onfirmarla, por sus fundamentos. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de I» Snpreaia Corte 



Buenos Aires, Junio 22 de 1895. 

Vistos 7 considerando : Que en el presente caso se trata de 
la disciplina de la Guardia Nacional no movilizada ni entrega- 
da alservioio de la Nación. 

T. x 9 



i 30 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por esto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Suprema 
Corte y lo pedido por el señor Procurador General, se confirma, 
con costas, el auto apelado de foja tres vuelta. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ . — ABEL BAZAN . — OCTA- 
VIO BUNGE.— «JAN E. TORRENT. 



CAUSA CLXI 



Don Isidoro Pedeflous contra la viuda de Marius Berthe é hijo; 

sobre falsificación de marca de fábrica 



Sumario. — No existe delito de falsificación de marca de fá- 
brica, cuando no hay posibilidad razonable de confusión entre 
la marca del acusador y la del acusado. 



Caso. — Resulta del 



Falto del Jues Federal 



T vistos : Estos autos seguidos por Don Isidoro Pedeflous 
contra la viuda Marius Berthe é hijo, por falsificación de una 
marca de fábrica, de los que resulta : 



DE JUSTICIA NACIONAL 131 

Que á foja 10 se presenta por sí Don Isidoro Pedeflous expo- 
niendo : Que la Oficina de maroas de fábrica y de comercio, con 
fecha 30 de Setiembre de 1891 le concedió al señor Archam- 
beand y al recurrente, el uso exclusivo délas marcas con qne se 
distingue un licor denominado «¡Bitter des Basques », cuya im- 
portación en la República le ha sido reservada por sus legíti- 
mos dueños y fabricantes los señores Archambeaud hermanos. 

Que abusando del crédito alcanzado por el artículo que él in- 
troduce, se habla falsificado aquel en repetidas veces bajo dife- 
rentes formas y por personas sin ninguna responsabilidad. 

Que sin embargo existen otras hechas por casas conocidas, 
con simples modificaciones de detalle, buscando con este medio 
engañar al público y de escapar al castigo de la ley . 

Que habiendo recibido aviso que á los que pedían «Bitter des 
Basques» se les vendía un licor denominado «Dos Bascos», que 
recibían sin ninguna desconfianza, considerándolo como legíti- 
mo, y que dada la similitud de las etiquetas de ambos, no obs- 
tante tener uno leyenda en francés y el otro en portugués, su 
confusión era fácil y tal vez forzosa. 

Que habiendo tenido conocimiento de que la casa viuda M. 
Berthe é hijo expendían dicha bebida, hizo comprar un cajón ' 
en dicha casa . 

Que acompaña un ejemplar de la etiqueta «Bitter dos Bas- 
cos» como también una botella legítima del «Bitter des Bas- 
ques», á fin de que se pueda establecer la comparación entre 
ambos. 

Que la ley declara que la propiedad absoluta de la marca, así 
como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda 
producir confusión entre los productos, corresponde al indus- 
trial ó comerciante que haya llenado los requisitos exigidos por 
esta ley. 

Que la cuestión de imitación debe apreciarse por la semejan- 
za que resulta del conjunto de los elementos que constituyen 



432 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la marca y no las diferencias que en diversos detalles pudieran 
ofrecer tomadas aislada y separadamente. 

Que la Suprema Corte, consecuente con la doctrina antes ci- 
tada, dijo : c que para incurrir en las penas de la ley de marcas 
de comercio no es necesario que se copie con toda exactitud una 
marca ajena, siendo bastante que se la imite con sus rasgos 
principales, que es lo que constituye la adulteración ». 

Que por todo lo expuesto venia á entablar demanda contra la 
viuda Marius Berthe é hijo, pidiendo se le condene al máximun 
de la pena establecida por el artículo 28 de la ley de 19 de 
Agosto de 1876. 

Que corrido traslado de la demanda, á foja 38 la contesta la 
demandada y expone : 

Que el señor Fedeflous dice que su marca consiste en cBitter 
des Basques» mientras que la suya, aparte de un sin número de 
detalles que la diferencian de aquella, lleva un nombre comple- 
tamente distinto, cual es cBitter dos Bascos» en idioma español, 
y no en portugués como lo afirma el demandante, siendo tam- 
bién completamente distintas las botellas que le sirven de en- 
vase para la venta de su producto; eomo puede comprobarse 
con una de las secuestradas en la diligencia de embargo y que 
se encuentran en Secretaría. 

Que la marca registrada por el demandante tiene las siguien- 
tes distinciones : 4 a Una etiqueta rectangular colocada en el 
frente de la botella ; 2 o Un rótulo cuadrangular en cuyo fondo 
aparece estampadas con letras coloradas y de varias dimensio- 
nes, una advertencia contra los falsificadores, una fecha y una 
firma autográfica del fabricante Archambaud Fréres, en carac- 
teres negros todos circunscritos por una lista negra ; 3° Una 
etiqueta de color blanco puesta al rededor de la cápsula y en 
que está estampada la inscripción siguiente : Toutes nos boutei- 
lles portent notre signaiure. Contenance garantie unlüre^en dos 
renglones de color colorado separados por la firma autográfica 



DE JUSTICIA NACIONAL 133 

Archambaud Fréres de color azul : todo circunscripto por un 
círculo de color dorado; 4 o La inscripción siguiente grabada en 
el vidrio de la botella tBitter des Basques* Archambeaud Fré- 
res, Bordeaux y abajo (también grabado en el vidrio) <L. Isard, 
Basauntza,con el dibajo de dicho Isard y marca de comercio de 
J. Pedeflous, Buenos Aires». 

Que elBitter qae ellos expenden es distinto de aquel y se di- 
ferencia: en que las botellas que le sirven de envase son 
más bajas y más anchas; no tienen grabado de ninguna espe- 
cie en el vidrio : en el frente tienen un sello de relieve, en el 
mismo vidrio cerca del gollete, que sobresale notablemente y 
dice Bitter ; tampoco tienen sus botellas la etiqueta ya descrita 
y cuya diferencia se nota extraordinariamente en las que usa 
Pedeflous, aparte de otra infinidad de detalles que enumera. 

Que el demandante ha entablado su acción contra ellos por 
falsificación de marca de fábrica y que no existiendo ninguna 
prueba de que ellos sean los falsificadores del «Bitter des Bas- 
ques» como se pretende, por cuanto ellos expenden un produc- 
to propio, con una denominación bien distinta de aquella, es 
decir, con el de < Bitter dos Bascos », cuya aceptación en plaza 
es bien conocida, sin que á nadie se le haya ocurrido que entre 
ambos pudiera haber ni la más ligera confusión ; que por todo lo 
expuesto pedían se rechazara la demanda con costas y con la de- 
claración de que el demandante es responsable por los daños y 
perjuicios causados. 

Recibida la causa á prueba, se ha producido la que corre 
agregada en autos de foja 54 á foja 66. 

Y considerando : Que el actor ha acreditado con el certifica- 
do de la oficina respectiva de foja I a , su derecho ai uso exclu- 
sivo de la marsa «Bitter des Baques» en la forma y con los 
agregados especificados en la descripción y etiqueta (fojas 3, 4, 
5 y 6). 

Qae consta de la diligencia de embargo de foja 20 y de la pro- 



\ 



i 34 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



pía manifestación de los demandados en su escrito de contesta- 
ción, que éstos usan la etiqueta de foja 8, para distinguir la 
misma clase de produoto. 

Que si bien los mismos expresan en algunas partes de dicho 
escrito que introducen ese bitter en apojo de la leyenda que en 
la etiqueta se observa y dice «C. Blanchet, Importador», estose 
encuentra desautorizado por los propios demandados, pues en 
un impreso que acompaña en su contestación á foja 28, consis- 
tente en una relación de precios de la casa se lee «Fábrica de li- 
cores, viuda de Marius Berthe éhijo, Buenos Aires». «Adjunta- 
mos la planilla de precio de ios productos fue elaboramos en 
nuestro establecimiento», figurando entre éstos el Bitter Dos 
Bascos, sobre que versa el presente juicio. 

En la página 13, del periódico «Boletín Industrial», que obra 
á foja 30, acompañado también por los demandados, en la parte 
por éstos mismos señalada, se lee : « Bitter Dos Bascos » sigue 
siendo objeto de buena demanda, tanto por parte de esta ciudad, 
como de la campaña, este rioo tónico que producen los señores 
viuda de Marius Berthe é hijo». 

A foja 45 vuelta del escrito de contestación, manifiestan los 
demandados que como antes que ellos el señor Pedeflous intro- 
dujo un bitter denominado «Bitter des Basques», encargaron 
la fabricación de uno especial, al que se dio el nombre de «Bi- 
tter Dos Bascos» . 

Que establecido así, que los demandados usan la etiqueta de 
foja 8, en un producto de su elaboración, sólo habrá que exa- 
minar para averiguar la procedencia ó improcedencia de la acu- 
sación formulada, si es posible que se confunda un producto con 
otro. 

A este fin conviene tener presente los términos de nuestra ley 
de marcas de fábrica y de comercio. Esta, en su artículo 4°, al 
declarar que el registro de la marca constituye al que lo hace, 
en propietario absoluto de la misma, le otorga también el dere- 



DE JUSTICIA NACIONAL 435 

cho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir 
directa ó indirectamente, confusión éntrelos productos. 

La jurisprudencia formada por las diversas resoluciones de la 
Suprema Corte, sobre la materia, ha fijado el alcance y signifi- 
cado de esta disposición de la ley de marcas, consagrando que 
incurre en las responsabilidades legales el que usa una marca 
susceptible de producir confusión con la registrada por otro. 
(Serie 2% tomo 15, página 543; tomo 21, páginas 367 y 519; 
serie 3 a , tomo 1% página 399). 

Los tratadistas franceses más reputados y la jurisprudencia 
déla misma nación, concuerdan sobre el particular, teniendo 
interés esta circunstancia por el hecho de que nuestra ley se ha 
inspirado principalmente en la similar de aquel país. 

Que comparadas las etiquetas usadas respectivamente por el 
actor y los demandados, resulta evidente que la que éstos em- 
plean es una imitación de la de aquel. 

Hay sin duda entre ambas, diferencias de detalle ; pero las 
partes esenciales son de tal semejanza que no se concibe que la 
una haya podido ser confeccionada sino en presencia de la otra. 
La denominación < Bitter dos Bascos » no es más que una adap- 
tación lo más aproximada posible de la de «Bitter des Bas- 
ques >, denominación impresa en ambas, en una faja roja que 
cruza la parte superior de las etiquetas; el grupo central que 
figura en la etiqueta de los demandados está imitado también 
de la otra; lo mismo sucede con la franja superior que las coro- 
na, con la faja roja que contieue el nombre del importador, con 
las tres divisiones que las termina y en las que en caracteres 
minúsculos se hace el reclamo del artículo en tres idiomas. A 
esto se agrega que las botellas que contienen uno y otro licor, 
son casi exactamente iguales en la forma y el tamaño, que lle- 
van eu el cuello una faja de papel semejante y en el extremo su- 
perior una cápsula del mismo color. 

Si bien no existe identidad entre las etiquetas y los envases 



136 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

hay entre ellas una semejanza tal, que hace posible la confu- 
sión. Las diferencias que se advierten, se explican, como decía 
la Suprema Corte en un caso análogo, «por el propósito de disi- 
mular el fraude», serie 2 a , tomo 15, página 543. Que para de- 
terminar que la confusión es posible, no ha menester que las 
marcas coincidan en sus rasgos principales y en sus detalles : 
si debiera procederse así, jamás podría reconocerse la existencia 
del fraude. La impresión del conjunto es laque debe servir de 
norma; precisa colocarse en la situación del comprador, del 
consumidor, que no tiene comunmente á la vista los dos artícu- 
los para hacer la comparación de las marcas, que no estando 
prevenido acerca del engaño, se entrega á la buena fé del ex- 
pendedor, guiándose por el aspecto general de la marca, y bas- 
tándole las más de las veces la sola denominación del producto, 
pues no es raro que los dibujos y detalles de las etiquetas sufran 
variación por acto del mismo fabricante. 

Un elemento de juicio de que no puede prescindir se en esta 
clase de asuntos, es el público especial que consume el artícu- 
lo y la forma más común y general en que el mismo se expende. 

El bitter es un licor aperitivo que se expende y consume por 
lo general en detalle, en pequeñas porciones. £1 procedimien- 
to para el expendio es conocido: el consumidor solicita una por- 
ción del licor, dando la denominación de éste; el detallante 
toma la botella del anaquel y sírvela cantidad usual volviendo 
á colocar la botella en el sitio correspondiente. 

Durante esta operación, el consumidor no prevenido, tiene só- 
lo un instante para cerciorarse de que le sirven efectivamente 
lo que ha pedido ; y en tal situación se impone forzosamente el 
aspecto de conjunto; es la denominación, son los rasgos prin- 
cipalesde la etiqueta los que determinan su juicio, ó mejor 
dicho su impresión respecto de la identidad del artículo pedido 
y el que se le expende. 

Que las precedentes conclusiones no pueden ser afectadas por 



DE JUSTICIA NACIONAL 137 

las declaraciones de los testigos presentados por la parte 
acusada y que tienden á establecer que esos comerciantes han 
comprado «Bitter Dos Bascos» sabiendo que se trataba de 
un artículo de elaboración especial de la casa que lo expendía y 
que no lo confundían con el «Bitter des Basques» , introducido 
por el actor. 

Es admisible y puede darse por sentado que los comerciantes 
que se surtían de aquel licor en casa de los demandados, no su- 
frieran confusión ninguna y que supieran distinguir ambos pro- 
ductos» Pero ellos no eran sino los intermediarios forzosos en- 
tre el fabricante y los consumidores. Estos son los que en ca- 
lidad de tales, forman el objetivo real del engaño y es en ellos 
que debe producirse la confusión. 

Así, Pouillet en el § 190 de su obra sobre marcas de fábrica 
dice: «No es necesario establecer que la imitación ba tenido 
necesariamente por resultado engañar á una 6 más personas ; 
basta que la marca 6 etiqueta sea, en conjunto, susceptible de 
engañar al público; es que, en efecto, la ley tiene aquí en vista 
al consumidor, es decir, al que en definitiva compra el produc- 
to, revestido con la marca falsificada y al cual el legislador en- 
tiende proteger contra el fraude. Por consiguiente, cuando un 
fabricante vende productos con etiquetas que imitan las de otro 
fabricante, es pasible de las penas sancionadas por la ley, aun 
cuando los expendedores á quienes vende directamente esos 
productos no hayan podido engañarse personalmente, respecto 
de su naturaleza y de su procedencia, si por lo demás aquellos 
que hayan de comprar esos productos á los expendedores, pue- 
den engañarse respecto de su origen». 

Que siendo posible, como queda dicho, la confusión directa 6 
indirecta entre los productos del demandante y demandados á 
que esta causa se refiere, á lo que se agrega que la etiqueta de 
éstos contiene además una enunciación falsa respecto de la pro- 
cedencia del licor, enunciación también penada por la ley, los 



138 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

demandados han incurrido en las responsabilidades del caso. 

Por estos fundamentos, de oonformidad con lo que disponen 
los artículos 4 y 28 de la ley de Marcas de Fábrica y de Comer- 
cio y con las resoluciones de la Suprema Corte antes citadas, 
fallo condenando á los demandados á una multa de pesos 300 
fuertes, más las costas del juicio. 

Déjanse á salvo las acciones que al actor corresponda por los 
daños y perjuicios que se hayan irrogado. 

Procédase respecto de las meroaderías embargadas en los tér- 
minos del artículo 32 de la ley de la materia. 

Notifíquese con el original y repóngase el papel . 

J. V. Lalanne. 



Falle tto I» Suprema Certe 

Buenos Aires, Junio 22 de 1895. 

Vistos y considerando : Primero : Que para que exista imi- 
tación de una marca de fábrica, á los efectos de la aplicación de 
la ley de la materia, es indispensable la posibilidad razonable 
de una confusión entre aquella que forma el motivo de la pa- 
tente, y la que fraudulentamente trata de perjudicarla imitan- 
do sus rasgos característicos, á fin de que puedan confundirse 
en el comercio los artículos similares á que una y otra marcase 
aplican. 

Segundo : Que en el caso sub-judice, semejante confusión no 
es posible, no sólo porque la diferencia de una y otra marca con- 
siste precisamente en los rasgos característicos de ambas, sino 
también porque la que se pretende fraudulentamente empleada, 
ha sido circulada en una forma cuya diversidad con la patenta- 
da se hace visible al auxilio de un examen, aún ligero. 



DE JUSTICIA. NACIONAL 439 

Tercero : Que en efecto, mientras la patentada á favor del de- 
mandante tiene una etiqueta rectangular en el centro de la ouai 
j como emblema principal, se encuentra, en un paisaje de mon- 
tes, un solo vasco llevando en su mano izquierda un frasco y 
en la derecha un bastón, la que se pretende fraudulenta contie- 
ne, en vez de uno, dos bascos teniendo el de mayor formato, un 
bastón en la izquierda y una botella en la derecha, y á su espal- 
da un árbol ó arbusto que se extiende desde su pié hasta arriba 
de la cabeza y que no se encuentra en la marca del actor. 

Cuarto : Que aparte de esas diferencias primordiales se ob- 
servan también otras varias igualmente visibles, consistentes no 
sólo en el nombre del artículo, firma del fabricante, sino en la 
etiqueta cuadrada y palabras en el vidrio que lleva la patenta- 
da y que no tiene la denunciada, y en el sello en vidrio que se 
observa en ésta y de que carece aquella. 

Quinto: Que las mencionadas diferencias y otras más, cuyo 
análisis se omite por no considerarse necesario, demuestran que 
el demandado se ha limitado á usar del derecho reconocido por 
el artículo veintitrés" de la ley de marcas de fábrica, desde que 
ha empleado en el producto que vende modificaciones que ha- 
cen visiblemente distinta la marca por él empleada en relación 
á la marca registrad a. 

Sexto: Que la prueba producida viene en apoyo de las prece- 
dentes conclusiones, puesto que los testigos examinados h&oen 
constar que en las transacciones sobre el artículo en que han 
intervenido, han obrado con conocimiento de su respectiva es- 
pecialidad y marca de comercio . 

Séptimo : Que para la resolución de esta cuestión, que sólo 
tiene por objeto averiguar si hay ó no falsificación de la marca 
del demandante, poco importa que el artículo expendido por el 
demandado sea de fabricación nacional ó extranjera. 

Por esto y de acuerdo con lo resuelto por esta Suprema Corte 
en casos análogos, como puede verse entre otros, en la causa 



440 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que se registra en la serie tercera, tomo doce, página trescien- 
tos noventa y dos de sus fallos, se revoca la sentencia apelada de 
foja ochenta y cuatro, y se absuelve al demandado de la deman- 
da. En consecuencia deberá entregársele la mercadería embar- 
gada, quedando á salvo los derechos que tnviere, por daños y 
perjuicios, para hacerlos valer como corresponda. 

Notifiquese con el original y repuestos los sellos, devuél- 
vanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CLXI1 



Don Víctor y doña Catalina Machín, contra don Bernardo Lau- 
rencena, por cobro ejecutivo de pesos; sobre apelación de- 
negada. 



Sumario, — El auto de solvendo y el de embargo, no son ape- 
lables. 



Caso. — ;Lo explica el: 



r 



DE JUSTICIA NACIONAL 441 



Istome del Jíoes Federal 



Ecomo señor : 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. en el recurso de- 
ducido por don Bernardo Laurencena, en los autos que ante este 
Juzgado siguen don Víctor y dona Catalina Machín, por cobro 
de arrendamientos, paso á informar lo siguiente: 

Con fecha 8 de Octubre de 4894, los referidos señores Ma- 
chín, únicos y universales herederos de don Marcelino Suarez, 
euyo[oarácter acreditaron en forma, se presentaron demandan- 
do á don Bernardo Laurencena, locatario de un campo de pro- 
piedad de dicho señor don Marcelino Suarez, por cobro de la 
suma de 24.750 pesos nacionales, procedentes de arrendamien- 
tos adeudados, acompañándose también el contrato de locación 
celebrado entre Suarez y Laurencena. La competencia del Juz- 
gado surgía de la distinta vecindad de las partes; los deman- 
dantes tienen su domicilio en la Capital Federal, y el deman- 
dado en el partido de Ayacucho; extremos que se justificaron en 
forma. 

Dando por acreditada la competencia, el Juzgado dictó el au- 
to de solvendo por la suma demandada, del cual fué notificado 
personalmente el demandado; vencido el término legal, el eje- 
cutante pidió se librara mandamiento de ejecución, denuncian- 
do para el embargo, las haciendas existentes en el campo arren- 
dado, y así se decretó. 

Antes de decretarse el mandamiento, Laurencena se había 
presentado diciendo de nulidad del auto de solvendo, fundan- 
do el recurso en que habiendo declinado de jurisdicción, en 
otro juicio que los mismos actores le tenían promovido ante es- 
te Juzgado, por desalojo, no había podido darse curso al cobro 



442 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de arrendamientos. Al escrito en que se interponía la nulidad, 
se proTeyó : 

«La Plata, Noviembre 29 de i 895. No siendo la oportunidad 
de oir al ejecutado, no ha lugar. — Aurrecoechea* . De cuyo auto 
fué notificado por cédula con fecha I o de Diciembre. 

Estos son los antecedentes que han dado margen al recurso 
de hecho, de que se trata, y podría dar por terminado aquí el 
presente informe; pero creo de mi deber llamar la atención de 
Y. E. sobre el lenguaje, no sólo descomedido é irrespetuoso del 
escrito de Laurencena, sino hasta injurioso para el suscrito, por 
si V. E. estima que es el caso de reprimir esos avances con el 
debido correcti yo. 

Hago también presente á V. E., que no existe constanoia en 
el expediente de que se haya aún trabado el embargo decreta- 
do en las haciendas de Laurencena. Dios guarde á Y. E. 

Mariano S de Aurrecoechea. 



■Talla de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Junio 22 de 1895. 

Yistos en el acuerdo : Resultando del precedente informe, que 
en esta causa no se ha opuesto la excepción de incompetencia, y 
no siendo apelable el auto de solvendo y el que ordena librar el 
mandamiento de embargo, con arreglo á lo dispuesto en el artí- 
culo trescientos de la ley de Procedimientros, se declara bien 
denegado el recurso. 

Remítanse estas actuaciones , para su agregación á los autos 
de la referencia, al Juez de la causa, debiendo ante él reponer- 
se los sellos; y observándose que el escrito de queja contiene 



DE JUSTICIA NACIONAL 143 

conceptos irrespetuosos que la parte no ha debido ni podido 
emplear, se le recomienda guarde estilo, testándose por Se- 
cretaría las palabras subrayadas. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CLXIII 



Don Antonio Filardi, en el juicio ejecutivo de don Julio Tort 
contra don Armando López Torres, por cobro de pesos; sobre 
tercería de mejor derecho. 



Sumario. — I o La escritora pública de hipoteca sobre inmue- 
bles sitos en un territorio nacional, que haya sido otorgada 
ante un escribano de provincia, siendo su primer testimonio, 
y debidamente autorizado, no necesita la previa protocoliza* 
cion en dicho territorio, para ser anotada en el Registro de 
Hipotecas del mismo. 

2 o La toma de razón de dicha hipoteca, anterior al embargo 
trabado sobre los inmuebles hipotecados por otro acreedor del 
propietario, da al acreedor hipotecario el derecho para ser pa- 



444 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

gado con preferencia sobre el producto délos mismos, aunque 
se haya pedido y obtenido la protocolización de la escritura hi- 
potecaria, con posterioridad á dicho embargo. 



Caso. — Lo explica el 



Valle del JTuex I*trad* 



Resistencia, Setiembre 14 de 1893. 

Vista la demanda formulada por el presbítero don Antonio 
Filardi, sobre inmuebles embargados por don Julio Tort, en eje- 
cución seguida contra don Armando López Torres, para obtener 
que se declare que él tiene mejor derecho, como acreedor hipo- 
tecario, á percibir el dinero producido por la venta de aquellos. 

Resulta que el tercero presenta escritura por la cual el ejecu- 
tado le había otorgado hipoteca sobre los inmuebles que después 
embargó el ejecutante. 

En su virtud pide aquél, se declare que él tiene mejor derecho 
á cobrar su crédito sobre tales fincas, que el acreedor ejecutan- 
te á percibir lo que á él le adeuda el deudor común sobre los 
mismos inmuebles. 

£1 embargante contesta : Que reconoce que el tercero es tal 
acreedor hipotecario de su deudor sobre los inmuebles por él 
embargados ; mas objeta que la escritura ha sido otorgada fue- 
ra de esta jurisdicción territorial y ha sido protocolizada en ella, 
en Julio, sin haber sido registrada ésta; cuando la anotación 
de su embargo data de Abril; 

Que la anotación hecha en Marzo no surte efecto por haber 
sido hecha de hipoteca otorgada en Corrientes y no protocoli- 
zada aquí ; 



DE JUSTICIA NACIONAL 145 

Que la escritora extendida por escribano de Corrientes, no es 
Tal id a para constituir hipoteca con efeoto contra tercero, pues 
el artículo 1211 del Código Civil exige su protocolización en la 
jurisdicción donde el bien se halla ubicado, lo cual sólo se ha 
verificado algnnos meses después de anotado el embargo ; 

Que la Suprema Corte ha sentado jurisprudencia en tal sen- 
tido en sus fallos registrados en la serie 2 a , tomos 4 y 5, pá- 
ginas 456 y 18; 

Que el escribano de Corrientes sólo tiene atribuciones dentro 
de aquella provincia, conforme al artículo 980 del Código Civil, 
y que sus actos relativos á inmuebles ubicados fuera, deben 
ser protocolizados en registro del lugar de su ubicación, en cuya 
oportunidad recien pueden llenarse las formalidades estableci- 
das por los reglamentos respectivos sobre contribución directa, 
liberación ó gravamen del inmueble, impuesto de papel sellado. 

Replica el actor: Que el artículo 1211 sólo se refiere ala tras- 
misión del dominio, y cuando la escritura ha sido hecha en pais 
extranjero ; 

Que Corrientes no es país extranjero con relaeion al Chaco, y 
si, parte de una nación ; < 

Que los fallos de la Corte sólo han sentado jurisprudencia con 
respecto á la traslación del dominio; y que por lo demás, el ar- 
tículo 1211 es bien claro y exceptúa todo otro derecho real que 
noseaéste, para cuyo establecimiento declara que es suficiente 
la escritura que, otorgada en el extranjero, se presente debida- 
mente legalizada. 

Duplica el ejecutante: que si bien el artículo 1211 se refiere 
sólo á la traslación del dominio, el 3129 lo hace expresamente 
extensivo á la constitución de hipoteca, y dice que para que ésta 
sea válida es necesario que la escritura haya sido protocolizada 
por orden del. Juez competente (último vocablo del artículo 
4211 ) y registrada dentro de los seis días siguientes á tal pro- 
col izacion. 

T. X '10 



146 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Y considerando : Que tratándose de constitución de hipoteca 
en el extranjero, el artículo 3129 es terminante : no surte efec- 
tos contra tercero, no puede ser registrada, á lo menos con 
eficacia, mientras no haya sido protocolizada, y que esta pro- 
tocolización haya sido ordenada por juez competente. 

¿Cuál es el Jaez competente? 

No hay dada: el de lo civil del lugar. 

La Corte Suprema, que es el tribunal de mayor autoridad en la 
Nación, ha establecido en dos fallos: que las ventas de inmue- 
bles hechas en otra provincia deben ser protocolizadas en la de 
su ubicación. 

La similitud de casos es innegable. 

Si se trata de venta: rige el 1211 ; si de hipoteca : el mismo, 
por lo mandado en el 3129. 

Si la jurisprudencia de la Corte fuera precepto imperativo 
como el de la ley, y no solamente la interpretación más autori- 
zada de ella en casos concretos ocurridos, sometidos á su fallo, 
el punto sometido al mío, estaría terminantemente resuelto. 

El mismo tercero, por acto propio, espontáneo y expreso, ha 
manifestado claramente que entendía que tal protocolización le 
era necesaria. 

El testimonio que corre de fojas 2 á 8 lo revela. 

Si él hubiera creído que la escritura de Corrientes le bastaba 
¿á qué gestionó y obtuvo la onerosa protocolización y con ella 
recien se presentó entablando la tercería? 

Pero esta creencia del tercero podría ser errónea, por más 
que haya debido ser muy meditada y le ha sido bien costosa, 
gastos que antes excusó; y la jurisprudencia déla Corte podría 
no estar ajustada á la interpretación correcta de la ley, en un 
caso que parece no estar directamente legislado y en que se ha 
resuelto quizá por analogía. 

Por ello es necesario inquirir por raciocinio propio, si al es- 
tablecer el Código Civil en los artículos 3129 y 1211 la proto- 



DE JUSTICIA NACIONAL 147 

cotización de la traslación del dominio y de la hipoteca consti- 
tuida en el extra j ero. quedan en sus términos virtualmente com- 
prendidas las escrituras sobre dominio é hipotecas otorgada! 
en provincia distinta de aquella en que el inmueble yace. 

Los fallos de la Corte sientan precedentes respetabilísimos, 
que pesan sobre el ánimo, tanto que para librarlo de ellos pre- 
ciso sería razones evidentes de incontestable rigor. 

Ella ha establecido que: c para la tranquilidad del comercio 
y seguridad de las transacciones es necesaria la protocolización 
de las ventas hechas en el extranjero ú otra provincia» y que 
erige la protocolización para las otorgadas en otra provincia co- 
mo en el extranjero ». 

Mientras la escritura no ha sido otorgada ó incluida en un re- 
gistro del lugar de la ubicación del inmueble, la transferencia 
ó hipoteca de éste quedan ignoradas de las gentes de allí, donde 
ese bien es considerado como del patrimonio de aquel que en sus 
registros lo tiene inscripto. 

Ello es de necesidad para conocer la solvencia, la situación 
económica de an vecino con quien diariamente se contratan 6 
se dan informes á quienes con él desean contratar. 

Las relaciones diversas de derecho de vecindad, de familia, 
sociales, políticas, reclaman que en la misma jurisdicción conste 
la situación real de los inmuebles, á lo menos en lo que atañe í 
sus dos más capitales modalidades: el dominio, la hipoteca. 

Esto debe ser el origen de la protocolización requerida por los 
artículos 3129 y 1211. 

Y si ello es para el extranjero, las mismas razones gravitan 
paralas otras provincias. 

Independientes los registros de unas y otras tanto como de los 
registros extranjeros ; si ha de exigirse la protocolización para 
estos no hay por qué eximirla á la de aquellas. 

En nuestra Nación, las provincias son estados soberanos, 
que se rigen por sus propias leyes como los países extranjeros, 



J48 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

salvo en aquello que han convenido regirse por leyes comunes. 

£1 Código Civil en su artículo 980 resuelve además el caso : 
el escribano sólo tiene atribuciones para otorgar escrituras sobre 
los bienes comprendidos dentro del radio dentro del cual actúa. 

Si otorga fuera de esos límites, su acto será un instrumento 
particular (artículo 897) hasta tanto sea protocolizado (984). 

Además : sólo incluyéndose la escritura en registro de la ju- 
risdicción respectiva pueden cumplirse las leyes relativas al im- 
puesto de sellos, al territorial, y sobre las constancias de gra- 
vamen ó liberación del inmueble objeto de aquella. Véase la 
escritura de fojas 2 á 8, y se verá que tal ha ocurrido. 

Por ello y lo concordante de los escritos del ejecutante, fa- 
llo: que este tiene mejor derecho á cobrar su crédito. 

Y habiendo jurisprudencia sobre el punto resuelto, declaro 
las costas á cargo del vencido. 

Estimo el honorario del señor Zamora en noventa pesos. 

Alfredo Parodié. 



Fallo de lo Suprema Corte 

Buenos Aires, Junio 27 de 1895. 

Vistos y considerando : Primero: Que según 'se vé á foja 
cinco vuelta, el once de Marzo de mil ochocientos noventa y dos 
se tomó razón, en el registro correspondiente, de la hipoteca 
constituida por la escritura de foja dos en lo referente á los 
terrenos situados en el territorio nacional del Chaco. 

Segundo: Que la toma de razón se verificó con la presentación 
de la mencionada escritura, autenticada de conformidad á la ley 
de la materia, del veintiséis de Agosto de mil ochocientos sesen- 
ta y tres, habiendo sido aquella protocolizada por orden del 



DE JUSTICIA NACIONAL 149 

Jaez Letrado del territorio con fecha seis de Julio de mil ocho- 
cientos noventa y dos . 

Tercero: Qae el embargo en el juicio ejecutivo seguido por 
Don Julio Tort contra Don ArmanJo López Torres, por cobro de 
pesos, y que ha motivado la tercería de mejor derecho deducida 
por Don Antonio Filardi, acreedor del ejecutado con hipoteca 
sobre los bienes embargados, se ha trabado en Abril del mismo 
año mil ochocientos noventa y dos, 6 lo que es lo mismo, después 
de la toma de razón de la hipoteca y antes de la protocolización 
de la escritura de constitución hipotecaria. 

Cuarto: Que conforme al articulo tres mil ciento cincuenta 
del Código Civil, la hipoteca de que se tome razón después de 
vencido el término señalado para su registro, tiene efecto con- 
tra tercero desde el día en que se hubiese registrado, pudiendo 
el acreedor hacer llenar esta formalidad en todo tiempo, sin 
necesidad de autorización judicial. 

Quinto : Que es obligación del encargado del registro la to- 
ma de razón de las hipotecas, siempre que se le presente la pri- 
mera copia de la escritura páblica de obligación, cuando ella 
no se hubiese extendido en el mismo oficio de hipotecas, ya se 
trate de constitución hipotecaria formalizada dentro 6 fuera del 
lugar, asiento de la oficina (artículos tres mil ciento treinta y 
siete, tres mil ciento treinta y ocho y tres mil ciento cuarenta 
y uno. Código Civil). 

Sexto: Que la toma de razón en el Registro de Resistencia se 
ha hecho mediante la presentación déla primera copia de la es- 
critura de constitución hipotecaria, lo que imponía al oficial en- 
cargado del registro, el deber de registrar la hipoteca con arre- 
glo á las disposiones legales recordadas, desde que la referida 
escritura se hallaba debidamente autenticada y puesto que, en 
esas condiciones, merecía la misma fé y crédito que la corres- 
pondiente en la Provincia de donde procedía (citada ley de au- 
tenticación) . 



150 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Séptimo : Que no se opone á las precedentes conclusiones lo 
dispuesto en los artículos tres mil ciento veintinueve y mil dos- 
cientos once del Código Civil, pues que éstos se refieren á es- 
crituras otorgadas en el extranjero, según la letra de la ley, 6 
también en una Provincia para producir efectos en otra v según 
la interpretación que les ha dado la jurisprudencia, mientras 
que, en el présente caso, los inmuebles hipotecados se hallan 
situados en un territorio nacional, que no pueden ser regidos 
por los mismos principios, por carecer de una existencia autó- 
noma, y no haberse dictado por el Congreso ley que, para el 
registro de la hipoteca, requiera la protocolización previa del 
instrumento de constitución hipotecaria. 

Octavo : Que es el registro lo que da publicidad á la hipoteca 
y hace que ésta produzca efectos contra terceros, y es por tal 
consideración que la ley requiere que aquel se verifique en el 
oficio de hipotecas del pueblo en cuyo distrito están situados los 
inmuebles que se gravan (artícelo tres mil ciento cuarenta y 
tres), en tanto que permite que la escritura de constitución hi- 
potecaria pueda formalizarse en otro lugar. 

Noveno : Que con el requisito de la toma de razón en el lu- 
gar de la situación de los inmuebles, desaparece el peligro de 
ignorancia escusable de terceros en relación al gravamen que 
reconocieran los bienes del deudor hipotecario. 

Décimo : Que es indudable que, otorgada la escritura dé fo- 
ja dos en la ciudad de Corrientes, el escribano que la autorizó, 
con oficio en esa ciudad, ha obrado dentro del territorio asigna- 
do para el ejercicio de sus funciones, como lo es, igualmente, 
que el acto entraba, por su naturaleza, en las atribuciones de su 
ministerio, desde que la escritura sólo tenía por objeto hacer 
constar la celebración de un contrato civil, entre partes, ma- 
teria genuina de una escritura pública, en cuyo caso la validez 
del instrumento está amparada por el artículo novecientos 
ochenta del Código Civil. 



DE JUSTICIA NACIONAL 151 

» 

Undécimo : Que habiéndose registrado la hipoteca en cues- 
tión coa anterioridad al embargo trabado á pedido de Tort, 
aquella produce efecto contra éste, en mérito de lo dispuesto en 
los artículos tres mil ciento noventa y nueve y tres mil ciento 
cincuenta del Código Civil. 

Por estos fundamentos : se revoca la sentencia apelada de fo- 
ja cincuenta y una, haciéndose, en consecuencia, lugar á la ter- 
cería deducida por la parte de Filardi, cuyo derecho se declara 
preferente para ser pagado con el producto de los bienes hipo- 
tecados. Repuestos los sellos, devuélvanse, notificándose con el 
original. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE.— 
JUAN E. TORRENT. 



CACHA CIiXIV 



El doctor don Adolfo Decoud contra don Santos Lowrovich, por 
cobro ejecutivo depesos; sobre venta de crédito, 



Sumario. — No procede la venta en remate de un crédito em- 
bargado, cuando dicho crédito es contra nn concurso, y su pago 



152 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

depende de la coloca'cion que se le dé en el juicio correspon* 
diento, sobre una sama de dinero depositada á la orden del Juz- 
gado. 



Caso. — El doctor Decoud ejecutó á don Santos Lowrovich 
por la suma de 2500 pesos, y embargó uh crédito que éste 
tenía contra el concurso Piaggio, cuyos fondos se hallaban de- 
positados á la orden delJuez del Concurso, quien debía resol- 
ver, respecto de él y de otros créditos, cuál tenía que ser pagado 
con preferencia con dichos fondos. 

Dictada la sentencia de remate, el ductor Decoud pidió se 
vendiera el mencionado crédito. 



Fallo del Jues Federal 



Buenos Aires, Abril 5 de 1895. 

Vista la presente solicitud y considerando: Que el crédito 
cuya venta se solicita por el ejecutante para el pago de una deu- 
da procedente de honorarios, no se halla aún reconocido como 
de preferente pago sobre los demás que se gestionan por otros 
acreedores, ni aún determinado el órdeñ de graduación que á él 
corresponde en el juicio respectivo. 

Que en tai caso y no pudiendo establecerse base alguna de 
estimación sobre el valor del mismo, su venta en pública subas- 
ta en tales condiciones, ofrecería el peligro de que él fuera ven- 
dido por un vil precio, sin ventaja alguna para el ejecutante, y 
si, por el contrario, con evidente perjuicio para el ejecutado. 

Que si bien en la enunciación que el artículo 258 de la ley 
de Procedimientos hace de los bienes sobre que pueda efectuar-» 



DE JUSTICIA NACIONAL 153 

se un embargo y consiguientemente su venta, se comprenden 
los créditos 6 acciones del deudor, es evidente que él se refiere 
á los créditos que son propiamente tales, pero en manera algu- 
na á aquellos cuya existencia 6 eficacia no está declarada 6 re- 
conocida y sobre los cuales no puede hacerse estimación al- 
guna. 

Que los derechos del ejecutante pueden considerarse suficien- 
temente garantidos con el embargo de dicho crédito y con la 
asignación sobre el mismo á su favor de la suma que por tal 
concepto se le adeuda, con más los intereses correspondientes y 
costas causadas, para serle abonadas en oportunidad. 

Por tanto, no se hace lugar á la venta solicitada y se declara 
que el ejecntante debe ser abonado de su crédito en la forma 
en que queda establecido en el tercer considerando, liquidado 
que sea el crédito en cuestión. Hágase saber y repóngase la foja* 

Juan del Campillo . 



Vallo «to la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 2 de 1895. 

Vistos y considerando: Que en la presente causa, el embargo 
se ha trabado sobre un créditode plazo vencido y por tanto exi- 
gible, cuya colocación tan sólo se discute en el correspondiente 
juicio, al objeto de su pago con suma de dinero ya depositada 
á la orden del Juzgado. 

Que en consecuencia, el caso no se halla comprendido en el 
artículo doscientos ochenta y cuatro y disposiciones concordan- 
tes de la ley de Procedimientos. 

Por esto y fundamentos concordantes del auto apelado de fo- 



154 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ja veintiocho, se confirma éste, con costas. Repuestos los sellos, 
devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGB. — 
JUAN B. TORRENT. 



CAUSA CLIV 



Don Pedro J. Cánepa contra don Adeodato Torena y don Jesús 
Montoya, por derecho de agua; sobre recusación 



Sumario. — Cesa en sos funciones el juez suplente que no fi- 
gura en la lista formada por la Suprema Corte. 



Caso. — Por excusación del Juez Federal doctor Zambrano, 
el conocimiento de aquella causa pasó al abogado en turno de 
la lista, doctor Medardo Zapana, el que empezó á entender en 
ella en 5 de Agosto de 1890. 

Con fecha 3 de Setiembre de 4892, la parte de Torena recusó 
al Juez ad-hoc, fundado en los incisos 4°, 5 o y 6 o del artículo 43 
de la ley de Procedimientos. 



DE JUSTICIA NACIONAL 156 

Substanciada la recusación, se dictó auto no haciendo lugar 
áella. 
La parte de Torena apeló 



Falto de la Suprema Carie 

Buenos Aires, Julio 2 de 1895. 

Vistos : Resultando que el doctor don Medardo Zapana no 
figura en la lista de Jueces suplentes formada por esta Su- 
prema Corte, devuélvanse al Juez de Sección para que provea 
su reemplazo con el Suplente que se encontrare de turno. Be- 
póngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. —LUIS V. VARBLA. — 
ABEL BAZAN . — OCTAVIO BUNGB. — 
JUAN E. TORBENT. 



CAUSA tHLXVI 



Don Próspero Bouquet contra Doña Inés Ramos Mejia de Arning; 
sobre nulidad de sentencia de los Tribunales ordinarios 



Sumario. — Ninguna ley autoriza el recurso para ante los 
Jueces de Sección, sobre nulidad de sentencia dictada por los 
tribunales locales. 



156 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — El señor Bouquet se presentó al Jaez de Sección ex- 
poniendo: qae ante el Juzgado de I a Instancia en lo Civil i 
cargo del doctor Pizarro, Secretaría de Palacios, la señora Inés 
Ramos Mejía de Arning le había demandado por desalojo ; qne 
él opuso la excepción de incompetencia, por ser aquella argen- 
tina, y él extranjero, cuya prueba ofreció; que el Juez falló el 
asunto, de cuya sentencia no puede apelar, con arreglo al Có- 
digo de Procedimientos de los Tribunales de la Capital ; pero 
que no obstante esto, es evidente que siempre existe una acción 
directa para pedir la nulidad de lo obrado en dicho juicio, que 
es laque intenta ante el único Juez competente, por razón de 
la diversa nacionalidad de las partes, y pide que oportunamen- 
te, con ios antecedentes á la vista, se declare esa nulidad y se 
ordene que la demandante inicie nuevos procedimientos ante el 
Juez competente. 

Ofreció acreditar la nacionalidad de la señora Ramos Mejía, 
por información de testigos, y acompañó el certificado de na- 
cionalidad expedido por el cónsul de Francia, del que resulta 
que el solicitante es nacido en esa nación. 



Vallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Agosto 8 de 1894. 

No existiendo disposición alguna en la ley nacional de Proce- 
dimientos que autorice el presente recurso, deducido ante este 
Juzgado contra una sentencia definitiva de un Tribunal de 1& 
Capital federal, declárase que no es de la competencia del Juz- 
gado entender en él, y devuélvase al interesado. 

Lalanne. 



DE JUSTICIA NACIONAL 157 



VISTA DEL S&ftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Agosto 33 de 1894. 

Suprema Corte: 

Ni la ley sobre justicia nacional ni la de organización de los 
Tribunales de la Capital, autorizan á los Jueces de Sección fe- 
deral para conocer ni por recurso de apelación ni por el de nuli- 
dad, en las causas resueltas definitivamente por los jueces de 
la jurisdicción ordinaria. 

Pienso en consecuencia que Y. E. debiera confirmar el auto 
recurrido. 

Sabiniano Kier . 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 2 de 1895. 

Vistos : De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, se confirma con costas, el auto apelado de 
foja seis. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN.— OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



158 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CLXVII 



Doña Victoria Victorica deMabragaña contra Don Juan O'Con- 
nor 9 por cumplimiento de una obligación d oro; sobre re- 
curso de sentencia de los Tribunales de la Capital. 



Sumario. — I o Cuando ante los Tribunales locales se ha 
puesto en cuestión la inteligencia de nna ley nacional, y se pre- 
tende qne la sentencia final desconoce el derecho fundado en 
ella, procede el recurso ante la Suprema Corte. 

2 o La deuda qne por sentencia firme se manda pagar á oro, 
debe pagarse con arreglo á la ley de 15 de Octubre de 1885, 
número 1734, al tipo del cambio correspondiente al día del 
pago . 



Caso. — Resulta de la siguiente 



SENTENCIA DEL JUEZ DE I a INSTANCIA 

Buenos Aires, Octubre 24 de 1895. 

Y vistos : Estos autos seguidos por la testamentaría Herácli- 
to Mabragaña contra Don Juan O'Connor, sobre consignación; * 
de los que resulta : 



DE JUSTICIA NACIONAL 159 

A foja I a el representante de la sucesión expaso: Que 
habiéndose vendido el campo de la testamentaría á Don Juan 
O'Connor, por la sama de cuarenta mil pesos fuertes, el oom- 
prador había consignado en pago cuarenta y un mil trescien- 
tos treinta y tres pesos con cuatrocientos diez y seis milési- 
mos moneda nacional en billetes de curso legal ; qae habiéndo- 
se elegido para el pago una moneda especial de oro, no podía 
aceptarse la suma consignada como pago total de la compra, ni 
tampoco la consignaoion de las dos últimas anualidades de in- 
tereses, que había sido verificada en igual forma; que en conse- 
cuencia, pedía que se declarasen insuficientes las sumas depo- 
sitadas como consignación en pago y se mande ampliar el de M 
pósito, de conformidad ala ley de 15 de Octubre de 1885. A foja 
8, Don Carlos C. Gunning, con poder de O'Connor, evacuó el 
traslado de la demanda, pidiendo que se tuviese por hecha la 
oblación como pago íntegro del precio de compra y se declarase 
legalmente chancelada la obligación de su mandante. 

Funda tales pedidos en que habiéndose efectuado la compra por 
cuarenta mil pesos fuertes de curso legal, equivalentes á cuaren- 
ta y un mil trescientos treinta y tres pesos con cuatrocientos 
diez y seis milésimos moneda nacional, cumplió su «obligación 
pagando esta última cantidad en billetes de curso legal por su 
valor escrito. 

Abierta la causa á prueba, las partes no produjeron ningu- 
na, como resulta del certificado de foja 40. Habiéndose corrido 
un nuevo traslado, fué evacuado por las partes, insistiendo am- 
bas en sus respectivas pretensiones, después de lo cual se lla- 
mó autos para sentencia. 

Y considerando : Que la discusión no versa sobre si las obli- 
gaciones contraidas á pesos fuertes deben ó no satisfacerse en 
oro ó moneda de curso legal al cambio corriente, porque las 
partes están de acuerdo en la solución afirmativa de esa cues- 
tión, fondadas en el texto expreso del artículo 3 o de la ley de 



460 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

45 de Octubre de 1885 y la jurisprudencia constante de nues- 
tros Tribunales. 

Lo que las partes discaten realmente es, si el precio fijado en 
pesos fuertes de curso legal, equivalentes á tanta moneda na- 
cional, importa haber designado en la obligación la moneda es- 
pecial de oro denominada peso fuerte. 

Que para sostener la negativa, el demandado pretende que el 
agregado de «curso legal», excluye el peso fuerte oro. Poro si 
se tiene en cuenta que el único peso fuerte que ha tenido curso 
legal en la República es la moneda de oro que se creó por el ar- 
ticulo 1° de la ley de 29 de Setiembre de 1875, no puede caber 
duda que á pesar del agregado en cuestión, la moneda elegida 
es el peso fuerte, ó sea la moneda especial de oro de esa denomi- 
nación. Por consecuencia, con arreglo al artículo 3 o de la ley 
antes citada de 1885, la obligación contraída en esa moneda, no 
puede ser satisfecha en billetes de corso legal por su valor es- 
crito . 

Que el agregado «de curso legal» no puede modificar en nada 
la clase de moneda elegida, resulta también con toda evidencia 
de dicho antecedente. El peso fuerte había perdido su carácter 
de moneda de curso legal, cuando la obligación que nos ocupa 
se contrajo ¿qué se quiere entonces significar con las palabras 
de curso legal ? Una de dos : ó no tenían sentido alguno, desde 
que el peso fuerte no era de curso legal y entonces deben tomar- 
se por no escrita» ó se refería á la moneda que hasta poco antes 
había tenido ese carácter, y en este caso, los pesos fuertes de 
curso legal, son los pesos oro de la ley de 1875. En cualquiera 
de los dos casos, la conclusión es la misma y por consecuencia 
lasdos únicas interpretaciones de que son suceptibles las pala- 
bras empleadas, demuestra que la obligación ha sido contraída 
á pesos fuertes. 

Que la jurisprudencia de la Suprema Corte Federal, tan pro- 
lijamente enumerada en el escrito de foja 94, es de perfecta 



DE JUSTICIA NACIONAL 161 

aplicación al caso sub-judice. Toda la diferencia entre los casos 
juzgados 7 el presente consiste en que en aquellos no se decía co- 
mo en este pesos fuertes decurso legal. Ya hemos visto que las 
palabras cde curso legal > no alteran Ja clase de moneda elegi- 
da 7 que apesar de ellas, ésta no es ni puede ser otra que el pe- 
so fuerte. Si, pues, la moneda en el caso actual 7 en los resuel- 
tos por la Suprema Corte, es la misma, no puede negarse que se 
trata de causas completamente idénticas entre sí, 7 que por lo 
tanto la jurisprudencia establecida por ese alto Tribunal favo- 
rece en un todo las pretensiones del demandante. 

Que la misma jurisprudencia recordada destruye otro de los 
argumentos expuestos por el demandado en apoyo de su tesis. 
Si en la época en que la obligación se contrajo había pesos fuer- 
tes de curso legal, distintos de los pesos fuertes oro, como aquel 
lo pretende, es indudable que no expresándole en la obligación 
que los elegidos fuesen estos últimos, debía entenderse que las 
obligaciones á pesos fuertes eran contraídas en la moneda de 
curso legal que se empleaba en la generalidad délas transaccio- 
nes, 7 sin embargo, la Suprema Corte ha juzgado que todas las 
obligaciones contraídas en aquella época á pesos fuertes, lo son 
en la moneda de oro creada por la ley de 1875. Estas repetidas 
resoluciones del Tribjnal Supremo demuestran la ineficacia de 
la argumentación del demandado en cuanto se funda en la ley- 
contrato con el Banco de la Provincia, de 1876. 

Quede cualquier modo que se considere la cuestión, el hecho 
es que según el texto expreso del artículo 3 o de la 107 de 1885, 
las únicas obligaciones que pueden satisfacerse en billetes de 
curso legal por su valor escrito son las estipuladas en moneda 
nacional oro. Como la presente no ha sido contraída en esamo- 
neda sino en la moneda especial peso fuerte, es evidente que se 
encuentra comprendida en la excepción del mismo artículo 7 
que, por consiguiente, la oposición formulada á las consignacio- 
nes hechas por el comprador, es perfectamente legítima. 
t. x 11 



Í62 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que la equivalencia en moneda nacional que se estableció en 
la cláusula respectiva, no modifica la anterior conclusión, por- 
que ella significa adoptar otra moneda para el cumplimiento de 
la obligación. El precio debe pagarse en pesos fuertes y cual- 
quiera que sea su equivalencia, estos permanecen como la mone- 
da elegida, en la cual necesariamente debe hacerse el pago, 
desde que no se trata de una obligación alternativa. 

Que, por otra parte, la equivalencia significa igualdad devaló- 
les, desde que los cuarenta mil pesos fuertes fijados como pre- 
cio, deben satisfacerse en oro, es claro que la suma equivalente 
en moneda nacional no puede pagarse en una moneda de menor 
valor. 

Que resultando del expediente agregado que el pago de las 
dos últimas anualidades de intereses ha sido hecho también en 
billetes de curso legal por su valor escrito, y siendo de orden 
que lo accesorio siga lo principal, es evidente que, con arreglo 
á las consideraciones anteriores, el pago no ha podido efectuar- 
se en esa forma. 

Por estos fundamentos, los concordantes de los escritos de 
fojas I a y 51 y en mérito de lo que disponen los artículos 3 o , de 
la ley de 15 de Octubre de 1885, y el 619 del Código Civil, fa- 
llo : declarando que las consignaciones hechas deben ampliarse, 
pagándose la diferencia que resulta entre las sumas depositadas 
y la correspondiente á las mismas sumas en oro sellado, con 
arreglo al cambio corriente en el día del vencimiento de las 
obligaciones respectivas, sin especial condenación en costas, por 
no haber sido pedidas. Inscríbase en el libro respectivo y re- 
póngase las fojas. 

Diego Saavedra. 



DE JUSTICIA NACIONAL 163 



ACLARACIÓN 



Buenos Aires, Octubre 31 de 1892. 

Autos y vistos: Disponiéndose expresamente en la parte dispo- 
sitiva de la sentencia que lo que debe pagarse es la diferencia en- 
tre las sumas depositadas 7 la que corresponda con arreglo al 
cambio del día del vencimiento de las obligaciones, elJuzgado 
entiende que lo que se resuelve es lo siguiente : con arreglo al 
artículo tercero de la ley de mil ochocientos ochenta 7 cinco, 
el demandado puede pagar el equivalente del importe de 
la obligación en moneda de curso legal al cambio del día en que 
debía aquella cumplirse. 

Diego Saavedra. 



ACUERDO Y SENTENCIA DE LA EXMA. CAMaRA EN LO CIVIL 



En Buenos Aires, capital de la República Argentina, á veinte 
7 cuatro de Setiembre de mil ochocientos noventa 7 cuatro, reu- 
nidos los señores vocales de la Exma. Cámara de apelaciones en 
lo Civil en su sala de acuerdos, para conocer del recurso interpues- 
to en los autos seguidos por € Mabragaña, Don Heráclito (su 
testamentaría), contra O'Connor, Don Juan, sobre impugnación 
de clase de moneda á dar en pago », respecto de la sentencia co- 
rriente á foja 178 el Tribunal estableció la siguienta cuestión. 

¿Es justa la sentencia de foja 178 en la parte apelada? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía tener lugar 



1 64 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

en el orden siguiente : señores vocales doctores Díaz, Molina 
Arrotea, Gelly y González del Solar. 

£1 señor vocal doctor Diaz dijo : Dictada la sentencia de fo- 
ja 178, que condena al demandado á hacer el pago de la suma 
que se demanda en el escrito de foja 1 en oro sellado, ó su equi- 
valente en moneda de curso legal, al cambio del día en que de- 
bió cumplirse la obligación, tanto el actor como el reo se alza- 
ron de aquella; pero declarado desierto el recurso de este últi- 
mo, como se ve á fojas 203, 213, 21 5 y 239, sólo quedó subsis- 
tente el del primero, siendo este único punto sobre el cual el 
Tribunal está llamado á decidir. 

Antes de recurrir de la sentencia, la parte actora se presentó á 
foja 186 pidiendo al Inferior que declarase, aclarando la reso- 
lución, que la sentencia debía cumplirse por el demandado en- 
tregando en oro sellado la suma ordenada, ó su equivalente en 
moneda de curso legal, al cambio corriente del día en que se 
ejecute el pago. 

£1 Inferior, insistiendo en lo que ya había establecido en la 
sentencia, declaró que el demandado podía pagar el equivalente 
del importe de la obligación en moneda de curso legal, al cam- 
bio del día en que debía aquella cumplirse. 

Fué entonces que la parte actora apeló, por considerar agra- 
viante el fallo en cuanto éste declara que debe tenerse en cuen- 
ta para el pago no el cambio del día del pago, sino el de la fe- 
cha en que el demandado debió cumplir las obligaciones rela- 
tivas. (Escrito de fojas 190 y 201). 

Así, pues, toda la cuestión se reduce á saber si la moneda de 
curso legal con que el demandado puede satisfacer su obliga- 
ción, debe computarse con arreglo al cambio corriente el día en 
que dicha obligación vencía, ó con arreglo al cambio que corra 
el día en que se verifique el pago. 

El artículo 619 del Código Civil dice: c Si la obligación del 
deudor fuese de entregar una suma de determinada especie ó 



DE JUSTICIA NACIONAL 165 

calidad de moneda corriente nacional, cumple la obligación. dan- 
do la especie designada, ú otra especie de moneda nacional al 
cambio que corra, en el lugar, el dia del vencimiento de la obli- 
gación > . 

Es en virtud de este articulo y de la ley de 15 de Octubre 
de 1885, que el Juez a quo ha resuelto que O'Connor puede 
cumplir su obligación de entregar una suma de moneda especial 
(pesos fuertes, oro sellado), entregando la especie de moneda 
nacional antes indicada. 

£1 artículo citado decide que cuando el obligado no entregue 
la moneda especial estipulada, sino su equivalente en otra espe- 
cie de moneda, se compute ésta al cambio del día del vencimiento 
de la obligación. 

El contenido textual de dicha obligación, aunque aparente- 
mente adverso 4 las pretensiones de la actora, no lo es sin em- 
bargo. 

Cuando el artículo citado preceptúa que la especie de moneda 
que se entregue se compute al cambio del día del vencimiento 
de la obligación, es naturalmente bajo el supuesto de que el pa- 
go se hace en ese día. 

La ley presume lo que ordinariamente ocurre dentro de la 
seriedad y buena fé de las convenciones, esto es, que el deudor 
paga el día del vencimiento de la obligación. La regla es que el 
deudor pague el día del vencimiento de la obligación, el no pa- 
gar es la excepción. 

El doctor Llerena, comentando el artículo citado, se hace 
oargo del último inciso que fija para el cambio el día del venci- 
miento y le asigna la misma inteligencia que dejo apuntada. 

Sus palabras son estas : c El día del vencimiento : Esto sólo 
se entiende euando se paga en dicho plazo ; pero tratándose de 
un deudor moroso, si el cambio de la moneda comprometida ha 
sabido el día del pa¡*o con respecto á lo que valía el día del ven- 
cimiento, deberá pagarse también esta diferencia, pues no es 



166 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

justo que el acreedor se encuentre con menos de lo que de- 
biera tener si el dinero debido estuviera en sus cajas (ley 18 
citada). 

Guando la lej habla de cambio corriente en el día del venci- 
miento supone que el pago se efectúa entonces, j la misma ra- 
zón que hay para hacer pagar al deudor la diferencia en esa épo- 
ca, la hay para que la abone el día de la entrega. 

Tenemos, pues, que el artículo citado parte de la base deque 
el obligado paga el día del vencimiento; y entonces era lógico 
que se fijara, como se fijó, ese mismo día para la computación 
del cambio. 

¿Será lo mismo cuando el deudor no paga al vencimiento? Me 
decido desde luego por la negativa. 

Si el artículo fija el día del vencimiento de la obligación por- 
que supone que el pago se hace en esa fecha, no puede regir el 
mismo principio cuando el pago se efectúa con posterioridad, 
como sucede en el caso sub-judice. 

Es regla de derecho que cesando la razón de la ley, cese tam- 
bién su aplicación. 

Toda vez que el pago se efectúa en fecha posterior al del ven- 
cimiento, no rige el artíoulo 619 citado en cuanto al cambio, 
sino otras disposiciones de que luego haré mérito. 

La sentencia le manda pagar á O'Connor la suma demandada 
en pesos fuertes oro sellado, ó su equivalente en moneda decur- 
so legal. 

¿ Qué debe entregar O'Connor para solventar su obligación? 
En el Código vamos á encontrar la respuesta . 

El artículo 725 del Código Civil define el pago diciendo que es 
el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obliga- 
ción; y el artículo 740, Código Civil, preceptúa que el deudor 
debe entregar al acreedor la misma cosa & ouya entrega se 
obligó. 

De conformidad con estas disposiciones legales, O'Connor tie- 



DE JUSTICIA NACIONAL 167 

ne que entregar la suma de referencia en pesos fuertes oro se- 
llado ó su equivalente en moneda de cnrso legal. 

Sostengo que si el demandado señor O'Connor entregara mo- 
neda decurso legal al cambio del día en que debió cumplir su 
obligación, no daría lo que debe dar en pago, enriqueciéndose 
con daño de su acreedora. 

En efecto el año de 1887 en que se hizo la consignación por 
O'Connor á los efectos del pago, el oro, moneda especial de que se 
trata, valía mucho menos de lo que actualmente vale, con rela- 
ción al billete, que es la moneda de curso legal ; y entregando 
ahora billetes con sujeción al cambio de entonces no daría el 
equivalente del oro según su valor actual, 6 lo que debe dar 
en pago. 

Para dar lo que debe dar en pago, el demandado señor O'Con- 
nor tiene forzosamente que entregar billetes al cambio del día 
en que se efectúe el pago. Sólo así prestara un valor equivalen- 
te á la sama de oro que le manda satisfacer la sentencia. 

Forestas consideraciones y en la inteligencia de que la liqui- 
dación de las consignaciones hechas se hará en la forma indicada 
por el mismo recurrente en su escrito de foja 201, voto por la 
negativa en la cuestión propuesta. 

Los señores vocales doctores Molina Arrotea y Gelly se adhi- 
rieron al voto anterior. 

El señor vocal doctor González del Solar dijo : He sostenido en 
diversas causas, como Juez de Comercio de esta capital, que es 
un principio de expreso derecho que la paga para ser legítima 
debe hacerse en la misma cosa debida, 6 sea, en el caso de una 
obligación de entregar una suma de determinada especie ó cali- 
dad de moneda, consistir en la entrega de la misma especie de 
moneda adeudada 6 su equivalente en otra moneda corriente' 
que represente igual valor. 

Que de acuerdo con este principio consagrado por los artícu- 
los 725 y 740, Código Civil, concordantes con los artículos 919 y 



168 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

926 del Código de Comercio anteriormente vigente, y con la 
le; 3 a , título 14, partida 5 a , el acreedor no recibiría la cosa debida 
cuando el deudor en vez de entregarle la especie de moneda 
convenida hiciera el pago en otra moneda corriente al cambio 
del día en que se venció la obligación cuya cotización fuere menor 
y no alcanzare lo entregado para representar una suma igual 
de la especie de moneda adeudada. 

Que si bien el deudor puede entregar otra moneda corriente, 
ó v sea, billetes de curso legal para chancelar una obligación 
contraída áoio sellado, debe hacerlo al cambio que tengan esos 
billetes el día del pago con relación al oro, de manera que repre- 
senten la misma suma adeudada, pues de otro modo el pago no 
podría considerarse legítimo y conforme á la obligación contraí- 
da; siendo ésta la interpretación que debía dársele alo dispuesto 
por el artículo 619 del Código Civil, concordante con el artículo 
802 del mismo Código de Comercio ya citado. 

Que esta era también la jurisprudencia establecida por la 
Suprema Corte de Justicia Nacional en las causas CXXYIÜ y 
CIII que se registran á foja 167, tomo 3, serie I a , y 483, tomo 
14, serie 2 a de sus fallos, entre otros. 

Me reñero á la causa seguida por la compañía de Mandatos y 
Préstamos del Rio de la Plata contra Don Juan Hughes, cuyos 
fallo como otros, fué confirmado por laExma. Cámara de lo 
criminal, correccional y comercial (causa CCXXXI, página 458, 
tomo 4 o , serie 2 a de sus fallos). 

Consecuente con estas opiniones que reproduzco y estableci- 
do que la especie de moneda adeudada son pesos fuertes oro se- 
llado, según se declara en la sentencia del Inferior, pienso con 
el señor vocal doctor Díaz que la obligación contraída por el ' 
demandado debe satisfacerse en la moneda expresada ó su equi- 
valente en moneda nacional de curso legal al cambio del día en 
que se verifique el pago, y en ese sentido doy mi voto igualmen- 
te por la negativa en lacuestion propuesta. 



DE JUSTICIA NACIONAL 169 

Con lo que terminó el acto quedando acordada la siguiente 
sentencia. 

GELLY. — MOLINA ARROTEA. — 
GONZÁLEZ DEL SOLAR. — DÍAZ. 

Buenos Aires, Setiembre 24 de 1894. 

T vistos: Por lo que resulta del precedente acuerdo, se revo- 
ca la sentencia de fojas 178 y 187 en la parte apelada ; decla- 
rándose que el demandado señor O'Connor debe entregar el 
saldo ó diferencia que le manda pagar la sentencia, en oro se- 
llado, ó su equivalente en moneda de curso legal al cambio que 
corra el día en que se efectúe el pago. 

Se declara igualmente que las cantidades depositadas ó con- 
signadas en pago á fojas 99 y 119 del expediente agregado ca- 
ratulado c liabragaña, Don Heráclito, su testamentaría», debe- 
rán liquidarse con arreglo al cambio oorriente el día de dichas 
consignaciones, como lo pide el recurrente á foja 201 . Devuél- 
vase, reponiéndose las fojas. 

JULIÁN GELLY.— CARLOS MOLINA ARROTEA. 
— NICANOR GONZÁLEZ DEL SOLAR. —DEL- 
FÍN DÍAZ. 

Ante mi : 

Felipe Arana. 

VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1894. 
Suprema Corte: 

La cuestión fundamental en estos autos, sobre la chancela- 
ción de la obligación demandada, en moneda de oro sellado ó su 



i 70 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

equivalente en moneda de curso legal, quedó definitivamente 
resuelta por la sentencia de foja 178. 

Motiva este recurso la declaración complementaria de aquella 
sentencia, que á foja 187 vuelta establece c que el demandado 
puede pagar el equivalente del importe de la obligación en 
moneda de curso legal al cambio del día en que debió aquella 
cumplirse >, y la de la Cámara de apelaciones déla Capital, que 
á foja 272 declaró «que la liquidación debe practicarse al cam- 
bio del día en que el pago se efectúe*. La declaración de I a Ins- 
tancia se apoya en el texto de la ley de 15 de Octubre de 1885, 
la de la Cámara, en disposiciones relativas del Código Civil. 

La ley del Congreso número 1734 tiene prioridad de régimen, 
por ser especial. Su articulo 3 o legisla sobre el punto, y la ge* 
nuina interpretación de su mandato, debe decidir la cuestión 
sub-judice. Resuelta en primera instancia, con sujeción á los 
términos precisos de la ley, la decisión revocatoria, siendo de* 
unitiva en última instancia, y contraria á la interpretación es* 
tablecida á favor de la parte en la sentencia revocada, cae bajo 
el recurso autorizado por excepción para ante V. E. por el 
artículo 14, inciso 3 o , de la ley de 14 de Setiembre de 1863. 

Por ello, pienso que Y. E. debiera declarar la legalidad del 
recurso atribuido á su jurisdicción. 

Sabimano Kier. 



Auto de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Marzo 9 de 1895. 



Vistos en el acuerdo y considerando: Que resulta de las cons- 
ancias de autos que en el pleito se ha puesto efectivamente en 



DE JUSTICIA NACIONAL 171 

cuestión, la inteligencia del artículo tercero de la ley nacional 
de mil ochocientos ochenta y cinco, sobre inconversion. 

Que la sentencia apelada desconoce el derecho que el recu- 
rrente pretende tener basado en la citada ley. 

Por ésto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General, y de conformidad alo dispuesto en el artículo catorce, 
inciso tercero, de la ley sobre y jurisdicción y competencia, se 
declara mal denegado el recurso, y se concede en relación, y 
pasen los autos al Relator. Repóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 2 de 1895. 

Vistos y considerando : Que la sentencia que declara que la 
obligación de Don Juan O'Connor ¿ favor de la sucesión de Don 
Heráclito Mabragaña es á oro, ha sido tenida, en esa parte, por 
firme y consentida por deserción del recurso de apelación con- 
tra ella interpuesto. 

Que con arreglo á la ley diecinueve, título veintidós, partida 
tercera, la sentencia definitiva de que la parte no se alze ha 
maravillosamente gran fuerza; que dende adelante son tenudo 
los contendores é sus herederos de estar por ella. 

Que, en consecuencia, esta Suprema Corte no puede apreciar 
y resolver sobre la justicia 6 injusticia que entrañe la senten- 
cia de primera instancia en lo relativo á la mencionada decla- 
ración. 



172 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que tampoco puede pronunciarse sobre la interpretación más 
6 menos ajustada que los jueces locales hayan dado á las leyes 
que reglan sus respectivos procedimientos, desde que esa ma- 
teria no entra en las especialidades, quede conformidad al ar- 
tículo catorce de la ley sobre jurisdicción y competencia de los 
Tribunales federales, pueden fundar un recurso ante esta Su- 
prema Corte, de sentencias pronunciadas en juicios radicados 
ante los Tribunales de Provincia, con los que, á esos efectos, 
están equiparados los Tribunales locales de la Capital (artículo 
noventa de la ley de organización). 

Que la sentencia apelada en cuanto manda pagar la deada 
en oro, del recurrente, al tipo del cambio correspondiente al día 
del pago en la suma no comprendida en la consignación, es arre- 
glada á los principios de derecho y á la jurisprudencia de esta 
Suprema Corte. 

Por esto y fundamentos concordantes de la sentencia apela- 
da de foja doscientos sesenta y siete, se confirma, con costas, 
dicha sentencia. Repuestos los sellos, devuélvanse al Tribunal 
de su origen. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 173 



CAUSA CLXV1II 



Brandemburg hermanos contra D. Miguel Gopsevich, por falsi- 
ficación de marca de fábrica y desistimiento; sob+e costas. 



* 
Sumario. — Es justa la declaración de costas á cargo del de- 

mandante que desiste de la acción, si no ha expresado oportuna- 
mente que desistía en virtud de convenio con el demandado . 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 4 de 1895. 

Vistos: No habiéndose expresado por el apelante en momento 
oportuno, que su desistimiento de la acción tenía por funda- 
mento una transacción ó convenio con el demandado, se confir- 
ma, con costas, el auto apelado de foja treinta y ocho vuelta. 
Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. 
— OCTAVIO BUNGE. — JUAN 
E. TORRENT. 



174 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CXXIX 



Contienda de competencia entre el Juez de 4* Instancia de la 
Capital Federal y el de la Capital de la provincia de Buenos 
Aires, en el juicio de sucesión de D. Antonio Ghiglino. 



Sumario. — Resultando debidamente comprobado que el úl- 
timo domicilio del difunto ha sido en la Capital Federal, debe 
declararse que corresponde al Juez de ésta el conocimiento del 
juicio universal de su testamentaría. 



Caso. — Resulta del fallo de la Suprema Corte y de la 



\ISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Agosto 2 de 1894. 

Suprema Corte: 

Resulta de los autos, que en la Capital Federal se ha abierto 
el juicio y tramitan los autos testamenterios de Don José Ghi- 
glino, y en la Capital de la provincia de Buenos Aires se ha 



DE JUSTICIA NACIONAL 175 

seguido tina ejecución contra el cansante, por cobro de pesob. 

Es regla de derecho, que el juicio testamentario abraza, no 
solólos procedimientos para la partición, sino también las ges- 
tiones y pago de las deudas. 

El Juez de la testamentaría, que lo es del juicio principal, 
debe serlo de los incidentes y por ello, tanto el Código Civil en 
su artículo 3284, como el do Procedimientos en su artículo 
634, atribuyen al Juez que ha de conocer del juicio testamen- 
tario, jurisdicción para entender en las acciones personales de 
los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia. 

Opino por ello que la competencia, para conocer del inciden- 
te promovido en La Plata, por cobro de pesos, corresponde ai 
Juez de la testamentaría que ha abierto y sustanciado su arre- 
glo en la Capital, y que es atribución de V. E., según el ar- 
tículo 3° de la ley de 3 de Setiembre de 1878, la decisión de la 
competencia suscitada al respecto. 

Sabiniano Kier. 



Falto de la Suprema Carie 



Buenos Aires, Julio 4 de 1895. 

Vistos y considerando: Primero: Que con motivo del exhor- 
to de foja ciento veinte y cuatro, primer cuerpo de autos,' en que 
se pide la remisión de ese expediente, y de la providencia de fo- 
ja ciento veinte y cinco, que la ordena, se ha promovido la 
contienda de competoncia, involucrando en ella la relativa al 
conocimiento del juicio universal de la testamentaría. 

Segundo: Que así resulta, tanto de la exposición de la parte 
de Nocetti y Gallino, de foja ciento veinte y seis, como espe- 



i 76 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cialmeote de la resolución de foja ciento cincuenta y una, que 
declara la competencia del Juez de La Plata, y que se funda en la 
afirmación de haber tenido Don Antonio Ghiglino su domicilio 
en ese lugar, y en la disposición legal que atribuye al Juez del 
último domicilio del difunto, la jurisdicción sobre su sucesión. 

Tercero: Que esa interpretación se confirma por el hecho de 
haberse traído la cuestión ante esta Suprema Corte, á quien 
le está conferida por la ley de tres de Setiembre de mil ocho- 
cientos setenta y ocho, la misión de dirimir Jas contiendas de 
competencia entre jueces de diversas provincias, á las que está 
equiparada la Capital de la República, cuando esas contiendas, 
en las circunstancias que dicha ley establece, se refiriesen á 
los juicios universales de concurso de acreedores ó de sucesión, 
á fin de quede fijada la jurisdicción general . 

Cuarto: Que apreciado el caso bajo la faz expresada, y con el 
mérito de las constancias de autos, la competencia del Juez de 
la Capital, para el conocimiento del juicio general de la testa- 
mentaría de Don Atonio Ghiglino, se halla debidamente averi- 
guada. 

Quinto : Que en efecto, mientras está probado que en esta 
Capital, y ante sus jueces, se liquidaba la sucesión de la esposa 
de Ghiglino, lo que presupone domicilio, que era en el mismo 
lugar donde éste tenía su residencia hasta su fallecimiento; que 
aquí también hizo su testamento y se abrió el juicio de sucesión 
promovido por el albacea, y seguido con intervención de los pro- 
pios herederos de Ghiglino, y de los de su esposa prerauerta, 
no existe, como fundamento del domicilio en La Plata, sino la 
afirmación de la parte interesada que, llamada á probar su aser- 
ción, con señalamiento de término probatorio al efecto, no ha 
producido prueba alguna. 

Sexto: Que esaprueba era tanto más necesaria para destruir 
el valor de las circunstancias demostrativas del domicilio en 
esta Capital, cuanto que los jueces de la misma venían ya ejer- 



DE JUSTICIA NACIONAL 477 

riendo, desde años atrás, jurisdicción sobre la sucesión, con la 
reiterada cooperación del Juez de La Plata. 

Séptimo: Que la diligencia de notificación de foja catorce 
vuelta, del primer cuerpo de autos, resulta plenamente desauto- 
rizada, al efecto de comprobar el domicilio de Ghiglino, 7 aun 
en cuanto importa que á éste se hubiera hecho esa notificación, 
pues que ella lleva la fecha de Abril dos de mil ochocientos 
ochenta y ocho y constado la partida de defunción de foja tres, 
y actuaciones en el juicio de testamentaría (segundo cuerpo de 
autos) que el mencionado Ghiglino había fallecido en Agosto, 
de mil ochocientos ochenta y siete, 6 sea meses antes de la refe- 
rida notificación; constando también que, á título de locatario, 
era un tercero, quien á la muerte de Ghiglino, ocupaba el do- 
micilio denunciado á foja diez (primer cuerpo), á que se refiere 
la citada diligencia de notificación. 

Por esto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo tres mil 
doscientos ochenta 7 cuatro del Código Civil, 7 de conformidad 
con lo pedido por el señor Procurador General, se declara que 
el conocimiento del juicio universal déla testamentaría de Don 
Antonio Ghiglino corresponde al Juez de Primera Instancia de 
la Capital. Bemítansele, en consecuencia, los autos, 7 avísese 
por oficio al Juez de Primera Instancia de La Plata. Repóngase 
el papel. Notifíquese con el original. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO PUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



T. X 12 



478 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CXXX 



Criminal contra Leopoldo Vizca y Pablo Ferrelti (a) Olinto 
Casini; sobre circulación de billetes falsos de curso legal 



Sumario. — Es justa la pena de cuatro años de trabajos for- 
zados y 500 pesos fuertes de multa, impuesta al reo convicto y 
confeso del delito de circulación de billetes falsos de curso 
legal. 



Caso. — Resulta del 



Pallo del Juei Federal 



La Plata, Diciembre 31 de 1894. 

T vistos: los seguidos contra Leopoldo Vizca y Pablo Fe- 
rretti ú Olinto Casini, sobre circulación de billetes de banco 
falsificados, y resultando: 

Primero: Que en 31 de Mayo de 1894, fueron denunciados 
ante las autoridades de Zarate, como circuladores de billetes de 
banco falsificados los encausados Ferretti y Vizca. 



DE JUSTICIA NACIONAL i 79 

Segundo: Que levantada la investigación se produjeron las 
corrientes de fojas i á 9, que fueron traídas á este Juzgado, 
donde se ordenó la instrucción sumaria del caso. 

Tercero : Que prestando declaración en 4 de Julio, Olinto 
Casini 6 Ferretti, confesó paladinamente su participación en el 
hecho de la circulación (véase foja 20), exponiendo que «el au- 
tor de la circulación fué el declarante». 

Cuarto: Que refiriéndose á sus declaraciones anteriores, ra- 
tificó las anteriores diciendo : que la verdad de lo ocurrido es 
lo declarado ante el Juez de Paz y que si declaró en esa forma 
ante el Comisario fué por no comprometer á Yizca (véase fojas 
20 vuelta). 

Quinto : Que prestando declaración Leopoldo Yizca (véase 
foja 21), negó categóricamente el hecho de su participación en 
la circulación, explicando sus relaciones con Ferretti (a) Ca- 
sini. 

Sexto: Que nuevamente el Procurador Fiscal solicita un 
careo, al que se accede por auto de foja 23 vuelta; traidos los 
presos á presencia del Juzgado, cada uno de ellos insiste en sus 
manifestaciones. 

Séptimo: Que con estos antecedentes se produce la acusa- 
ción fiscal (véase foja 34) solicitando con arreglo á lo dis- 
puesto en el artículo 62 de la ley de 4863 la pena de cuatro 
años de trabajos forzados para Leopoldo Vizca y Olinto Casini 
(a) Ferretti, y demás accesorios legales. 

Octavo : Que produciendo su defensa el Doctor Larrain (véa- 
se foja 39) sostiene la inocencia de su patrocinado, pidiendo 
su inmediata libertad. 

Noveno: Que expidiéndose el Defensor General de Pobres 
(véase foja 47) se circunscribe á la propia confesión paladina 
de sn defendido, y como el fiscal, termina solicitando la pena 
del caso para su patrocinado. 

Décimo: Que en cuanto á la clase de billetes circulados, se 



i 80 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

produjo el informe de foja 32. Y una Tez abierta la cansa á 
prueba ninguna de las partes produjo ninguna (véase foja...) 
habiendo el defensor del detenido Vizca, solicitado meramente 
el sobreseimiento de la causa. 

Y considerando: Primero: Que se encuentra comprobado su- 
ficientemente el cuerpo del delito, como identificada la persona 
de su autor. 

Segundo: Que no obstante las constancias del proceso, las 
pruebas concordantes de autos demuestran claramente y por 
la confesión de Casini (a) Ferretti, que únicamente él es el au- 
tor del hecho punible. 

Tercero: Que basta este solo hecho para que no se dude de 
su participación en la acción criminosa que se le imputa, siendo 
responsable de ella. 

Cuarto : Que no sucede otro tanto tratándose -de Leopoldo 
Yizca, que si bien existen en su contra algunas presunciones, 
por lo menos de cómplice encubridor, no son bastantes estas 
pruebas para declarar una delincuencia en su contra*. 

Quinto: Que las imputaciones aducidas por Casini (a) Fe- 
rretti, contra Yizca, son de ponerse en duda y tanto más, cuan- 
do ante el mismo Juzgado, alejado de toda presión, manifestó 
que Yizca no había tomado participación en el hecho, y más 
tarde afirma que le ofreció dinero para que no lo comprome- 
tiera. Estos hechos en manera alguna se han tratado de com- 
probar durante la prueba legal y si ellos hubieren sido exactos, 
por lo menos se hubiera tentado su prueba, lo que no ha suce- 
dido. 

Por esto y demás concordantes de la sumaria, fallo: impo- 
niendo á Olinto Casini (a) Ferretti la pena de 4 años de traba- 
jos forzados y al pago de una multa de 500 pesos fuertes y las 
costas del proceso; y absolviendo á Leopoldo Yizca de la acusa- 
ción fiscal, debiendo ser puesto en libertad, ejecutoriada que 
sea la presente. 



DE JUSTICIA NACIONAL 184 

Notiffquese con el original, regístrese en el libro de senten- 
cias, y repónganse oportunamente los sellos. 

Mariano S. de Aurrecoechea . 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Junio 5 de 1895. 

Suprema Corte: 

El procesado Yizca ha sido absuelto en la sentencia de foja 
55, la sentencia en esa parte no ha sido apelada, y ha adqui- 
rido por ello, fuerza de ejecutoria á su respecto. 

En cuanto al otro procesado Olinto Casini, la expresión de 
agravios no ha podido destruir los cargos comprobados, que 
fundan su condenación, y al contrario los reconoce. 

La confesión del procesado respecto á la circulación de bille- 
tes falsos, es un hecho demostrado por las constancias del pro- 
ceso, y aun cuando sea efectiva la distinción que la defensa 
consigna, entre la falsificación y la circulación, uno y otro he- 
cho produce la misma penalidad, con sujeción estricta á la 
ley de la materia. 

Esa ley, relativamente á la falsificación 6 circulación de bille- 
tes de un banco erigido con autorización del Gobierno nacional, 
es la de Justicia nacional de 14 de Setiembre de 1863, que en 
su artículo 62 impone al reo de cualquiera de aquellos hechos 
delictuosos, de 4 á 7 años de trabajos forzados, con las demás 
accesorias. 

Si el hecho ha sido de poca consecuencia, por haberse recu- 
perado la mayor parte del dinero obtenido en cambio de los bi- 
lletes falsos; si la circulación misma, ha sido limitada y cir- 



182 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cun8cripta, estas circunstancias han sido consideradas en la 
sentencia, al aplicar al reo, el mínimum de ia pena legal, de la 
que aunque se considera rigoroso, no puede apartarse el magis- 
trado obligado á su aplicación. 

Por ello pido á Y. E. la confirmación por sus fundamentos, 
de la sentencia recurrida. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 4 de 1895. 

Vistos : De conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procurador General, y por sus fundamentos : se confirma 
con costas la sentencia apelada de foja cincuenta y cinco; y 
devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. 
—ABEL BAZAN. — OCTAVIO BCW- 
GE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 183 



CAUSA CL1XI 



Doña Mercedes G. de Domenqüe contra don Benjamín Valdés 
Frías, por calumnia; sobre denegación del recurso establecido 
por el artículo i 4 de le ley sobre jurisdicción y competencia 
de los Tribunales Federales. 



Sumario. — Debe declararse bien denegado el recorso inter- 
puesto para ante la Suprema Corte del acto de los Tribunales 
locales, por el cual se desecha la excepción de declinatoria de ju- 
risdicción del Juez del Crimen, fundada en la pretensión de co- 
rresponder el conocimiento de la causa al Juez en lo civil de la 
misma localidad. 



Caso. — Resulta del fallo de la Suprema Corte. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Junio 27 de 1895. 

Suprema Corte: 

El auto de la Exma. Cámara, denegatorio del recurso deduci- 
do á foja 129, es evidentemente justo. Bajo ningún aspecto po- 



\ 84 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

día ni aun sospecharse, que una resolución de competencia, con 
sujeción á las prescripciones de las leyes que rigen la jurisdic- 
ción en lo criminal obstruya el ejercicio de la libre defensa que 
proclama la Constitución nacional. Y hay otra razón funda- 
mental para el rechazo del recurso traído ante Y. E., y es que se 
trata de un auto interlocutorio que resuelve sobre jurisdicción 
dentro del régimen de la Capital, y contra autos de esa natura- 
leza no procede el recurso referido en el artículo 44 de la ley 
de competencia nacional á las sentencias definitivas solamen- 
te. Pido por elloá Y. E. se sirva desechar el recurso de hecho 
instaurado á foja I a . 

Sabiniano Kier. 



Falto de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos en el acuerdo: Considerando: Que el recurrente ha 
deducido la excepción de declinatoria ante el Juez del Crimen 
de la Capital, pretendiendo que el conocimiento de la causa co- 
rresponde al juez en lo civil de la misma. 

Que, por consigniente, la cuestión de competencia por declina- 
toria se refiere tan sólo á jueces locales, no afectando en modo 
alguno ala jurisdicción federal. 

Que la interpretación de las leyes de procedimientos, no dan 
por sí materia al recurso autorizado por el artículo catorce de 
la ley sobre jurisdicción y competencia. 

Que esa consideración es aplicable tanto á lo resuelto por los 
Tribunales locales sobre competencia, como sobre la oportuni- 
dad de juzgar en relación á la existencia de la acción intentada 
contra el recurrente. 



DE JUSTICIA NACIONAL i 85 

Por esto, y de conformidad con lo pedido por el señor Procu- 
rador General, se declara bien denegado el reourso. Agregúense 
estas actuaciones al expediente remitido como informe, y remí- 
tase al Tribunal de su origen. Repóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. — LÜISV. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BDNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CLXXII 



Doña Eufemia Guerrero de Brilo contra Genaro Ciaburri, por 
falta de cumplimiento de contrato; sobre deserción de re- 
curso. 



Sumario. — £1 término para la mejora del recurso de apela- 
ción, corre desde la notificación del emplazamiento. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos en el acuerdo: Siendo de ley j de jurisprudencia cons- 
tante en su mérito, que el término para la mejora del recurso 



i 86 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

corre desde la notificación del emplazamiento, y reconociéndose 
que, bajo tal concepto, el expresado término se halla vencido en 
la presente causa, no se hace lugar, con costas, á la revocatoria 
interpuesta. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BüNGE. 



CLXXII1 



La empresa del Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario contra 
don Tiburcio Frutos; sobre expropiación 

Sumario . — Debe confirmarse el precio é indemnización fija» 
do por la sentencia de I a instancia, que se considere equita- 
tivo. 



Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 

Rosario, Abril 15 de 1893. 

Y vistos autos, resultando: Que don Cecilio Mallet, en repre- 
sentación del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, se presenta 
exponiendo: 



DE JUSTICIA NACIONAL 187 

Que en el ramal que la Empresa, con arreglo á la ley núme- 
ro 2432, construye éntrela estación Irigoyen y la Capital de la 
provincia, se había tomado para la vía una área de terreno per- 
teneciente á don Tiburcio Frutos. Que no habían podido po- 
nerse de acuerdo con el interesado sobre el precio que debía abo- 
narse por el terreno tomado, cuya área, por conformidad de 
partes es de 30117 metros con 50 centímetros; y que concep- 
tuando que su justo valor era de 2408 pesos nacionales tasán- 
dolo á razón de 8 centavos el metro cuadrado, en razón de su 
bnena ubicación, hacía consignación de la suma expresada en 
pago del terreno é indemnización de daños y perjuicios, enta- 
blando en consecuencia la correspondiente demanda. 

El Juzgado proveyendo á ésta, llamó á las partes á juicio 
verba), como lo ordena la ley de la materia, mandando citar al 
demandado y sin que el comparendo se realizara, el apoderado 
del demandado y el del Ferrocarril se presentaron á foja 17 pro- 
poniendo peritos para la tasación del terreno expropiado: por el 
expropiante á don Juan Barnet y por el demandado al doctor 
don Gerónimo Cello, dejando ala facultad del Juzgado el nom- 
bramiento de perito tercero para el caso de disconformidad, y 
habiendo llegado éste se nombró en tal carácter por el Juzgado 
á don Román Bustos. 

En el desempeño de su cometido, los peritos han procedido en 
la forma siguiente: el perito nombrado por el Ferrooarril, se- 
ñor Barnett, avalúa á razón de 5 centavos el metro cuadrado 
expropiado y por indemnización de perjuicios, la cantidad de 
903 pesos, formando un total de 2408 pesos nacionales con 87 
centavos, que debe pagarse al señor Frutos. 

El doctor Cello avalúa el área á expropiarse á razón de 60 
centavos el metro cuadrado y los perjuicios por el fracionamien- 
to del triángulo á razón de treinta y cinco centavos el metro 
cuadrado de ese triángulo, todo lo que importa la cantidad de 
32.248, 90 pesos nacionales. 



188 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

El perito tercero, sin calcular perjuicio alguno, ocasionado por 
la expropiación, cálcala la parte tomada para la víaá razón de 
SO centavos el metro cuadrado viniendo á importar esa área la 
cantidad de 9035,25 pesos nacionales que debe pagarse al se- 
ñor Frutos como único importe por los 30H7 metros 50 centí- 
metros que le toma la vía. 

T considerando: I o Que según se dispone por el artículo 15 
de la ley número 681, de expropiación, el valor del bien á ex- 
propiarse debe determinarse por el que hubiere tenido, si la 
obra no hubiese sido ejecutada ni aun autorizada. 

2 o Que en la completa divergencia de apreciaciones en que 
han resultado los tres peritos nombrados para estimar el valor 
que corresponde á la Empresa del Ferrocarril expropiante pagar 
al señor Frutos por el terreno expropiado y perjuicios ocasio- 
nados, es facultativo del juez y le corresponde determinar según 
su criterio por los antecedentes del expediente y datos ilustrati- 
vos que pueda tomar, la indemnización que pueda hacerse al ex- 
propiado. 

3 o Que tratándose de expropiar por causa de utilidad pública, 
la indemnización al propietario debe ser fijada ampliamente, 
pues que á más de responder al valor estricto de la cosa, debe 
servir también de compensación equitativa ala privación de la 
propiedad en favor del público y del resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se ocasionen por fraccionamiento de la propiedad, 
como sucede en el presente caso. 

4 o Que en vista de la disconformidad délos peritos y carencia 
de otros datos para fijar el verdadero y justo valor de la tie- 
rra, pues que el precio de ésta en los lugares donde se encuen- 
tra el á expropiarse, es muy vario, faltando regularidad en las 
transacciones que pudieran establecer regla para decidir el 
precio; el Juzgado estima en este caso que debe tomarse por 
equidad el precio fijado por el perito nombrado por el Ferroca- 
rril, de 5 centavos por metro cuadrado y por el área de 30117 



DE JUSTICIA NACIONAL 189 

metros con 50 centímetros, más la mitad de la diferencia entre 
este precio y el fijado por el perito tercero. 

5 o Que en cuanto á los daños y perjuicios y aún cuando el 
perito tercero juzga que no hay mérito para ser indemnizados, 
por cuanto á su juicio no se han ocasionado^ el Juzgado, de 
acuerdo con la parte expropiante y el perito nombrado por ésta, 
cree que existen, dada por otra parte la forma en que se ha 
producido el fraccionamiento, y en su consecuencia los estima 
en 903 pesos de curso legal. 

Por las consideraciones expuestas, fallo: Que la Empresa del 
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario debe pagar y pague dentro 
de diez días de ejecutoriada esta sentencia á don Tiburcio Fru- 
tos la cantidad de seis mil ciento setenta y tres pesos con cin- 
cuenta y seis centavos moneda nacional de curso legal, por valor 
del terreno expropiado y el de todas las indemnizaciones á que 
ha dado lugar esta expropiación, con más los intereses desde la 
toma de posesión provisoria y las costas del juicio. Hágase sa- 
ber con el original, repónganse las fojas y archívese en oportu- 
nidad . 

M. Salva. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos: Nohabiendo en autos elementos suficientes para mo- 
dificar la sentencia apelada de foja sesenta y siete y considerán- 
dose equitativo el precio é indemnización que en ella se fija, se 
confirma la citada sentencia, entendiéndose que los intereses á 
que se condena á la Empresa, son los correspondientes á la di- 



190 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ferencia entre la suma oblada y la que se manda pagar, á estilo 
de los que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus des- 
cuentos, y que las costas son á las que se refiere la ley de la 
materia. Bepuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LDIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAYIO BUNGE. 



CAUSA CLXXIV 



El Capitán de la barca Iphigenia, contra Bemberg y C\ por 
cobro de fletes; sobre preferencia de créditos 



Sumario. — Los gastos de justicia hechos en el interés común 
de los acreedores, tienen preferencia respecto del importe del 
flete, sobre el crédito de préstamo hecho sobre el mismo flete y 
el de sueldos de la tripulación. 



Caso. — Depositado por Bemberg y C a el importe del flete 
debido al Capitón de la barca Iphigenia, se suscitó cuestión 
sobre preferencia para ser pagados con dicho importe entre el 



i 



DB JUSTICIA NACIONAL 191 

Capitán, por los gastos judiciales causados para obtener su 
pago, el Banco de Italia, por un préstamo hecho sobre el flete, 
j los tripulantes del buque, por sueldos. 
Se declaró la preferencia de estos últimos por el siguiente: 



Vallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Noviembre 23 de 1894. 

Por los fundamentos aducidos en el precedente esorito (1), 
se declara de preferente abono los créditos correspondientes al 
Banco de Italia y á los tripulantes del « Iphigenia », los cuales 
deberán satisfacerse de los fondos existentes á disposición del 
Juzgado, previa liquidación que practicará el actuario, entre- 
gándose el exceso al doctor Barcos, por sus honorarios devenga- 
dos en el juicio, etc. 

Juan del Campillo. 



fallo de la Suprema l'orie 



Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos y considerando: Que la cuestión traida para el cono- 
cimiento de esta Suprema Corte tiene por objeto la determi- 
nación del orden en que deben ser pagados los gastos de justi- 
cia hechos en el interés común de los acreedores y los créditos á 
que se refieren los incisos tercero y quinto del artículo mil qui- 

( 1 ) El del Banco de Italia y los tripulantes. 



192 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

nientos setenta y cinco del Código de Comercio. Que planteada 
así la materia del debate, el derecho preferente para el pago 
de los gastos de justicia, se halla expresamente declarado 
tanto por el artículo tres mil novecientos del Código Civil, 
como por el citado artículo mil trescientos setenta y cinco del 
Código de Comercio, que establece los privilegios sobre el flete 
en el orden en que están consignados en el mismo los créditos 
privilegiados, figurando en primer término los gastos de justicia. 
Por esto, se revoca el auto apelado de foja doscientos noven- 
ta y ocho. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E . TORRENT • 



CAUSA €UXV 



Don Manuel Quesada contra Don Pedro A. Gartland, por pro- 
cedimiento de apremio ; sobre denegación de recursos 



Sumario. — En el procedimiento de apremio, no corresponde 
el recurso de apelación contra la sentencia que manda llevar 
adelante la ejecución. 



DE JUSTICIA NACIONAL 193 

Caso.— Resulta del 



Fallo del Juei Federal 



Buenos Aires, Junio 5 de 1895. 

Vistos y considerando: I o Que para justificar el actor su 
derecho á exigir por la vía de apremio él pago de sus salarios 
devengados como comisario del vapor € Tiempo», ha presentado 
el documento privado corriente á foja 3, cuya autenticidad ha 
sido reconocida por don Pedro Sienrra, en su carácter de agen- 
te del citado vapor. 

2 o Que preparada así la vía de apremio, y hallándola el Juz- 
gado procedente en derecho, despachó mandamiento contra el 
señor Pedro A. Gartland,duiño del expresado vapor, de acuer- 
do con lo dispuesto en el artículo 313 de la ley de Procedi- 
mientos. 

3 o Que opuesta por el ejecutado la excepción de inhabilidad 
del título, no ha sido negado el carácter invocado por el actor, 
ni tampoco el del agente del vapor c Tiempo», señor Pedro 
Sienrra, quien ha podido contratar los servicios del primero, 
bajo las responsabilidades y obligaciones que la ley impone al 
propietario del buque. 

4 o Que, finalmente, la excepción opuesta no procede en la vía 
de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artícelo 315 de 
la ley nacional de Procedimientos. 

Por estos fundamentos, y los aducidos en el escrito que pre- 
cede, no ha lugar, con costas, á dicha excepción y llévese la 
ejecución adelante, hasta hacerse pago al acreedor del capital, 
intereses y las costas del juicio. Repóngase la foja. 

Juan del Campillo. 

T. x 13 



i04 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Gartland interpuso recurso de apelación y nulidad, que le 
fueron negados . 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos en el acuerdo : Tratándose en el presente juicio del 
procedimiento por la vía de apremio, autorizado por el inoiso 
tereero del artículo trescientos ocho de la ley de procedimien- 
tos, y no procediendo en tal caso el recurso de apelación contra 
la sentencia que ha mandado llevar adelante la ejecución, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos veinte de la ci- 
tada l¿y, se declaran bien denegados los recursos interpuestos 
por la parte de Gartland. Agregúense estas actuaciones á los 
autos de su referenoia y remítanse al Juez de la causa. Repón- 
gase el papel . 

BENJAMÍN PAZ .— LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAYIO BÜNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 195 



CAUSA CliXXYI 



Contra Maumus y Dodero, y el capitán del vapor inglés 

«Pollock»; sobre comiso. 



Sumario. — El embarque de frutos del país sujetos á dere- 
chos de exportación, verificado sin haber obtenido el boleto co- 
rrespondiente, es castigado con la pena de comiso de los frutos, 
y con una multa igual á su valor á los que han intervenido en 
la operación sin haber cumplido por su parte con las obligacio- 
nes que les corresponden. 



Caso. — Resulta de las siguientes piezas: 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 



Rosario, Julio 18 de 1893. 

Y vistos : Estos autos seguidos para esclarecer la denuncia 
hecha por el oficial de sección, señor Correa, la que corre á foja 
una, y resultando : 

Que las declaraciones del señor Federico Morel, represen- 



196 CALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tante de los señores Maumus y Dodero (oorrientes de fojas 2 á 
3) como asimismo las del señor Roberto C. Baines, represen- 
tante del Ferrocarril C. Argentino (corrientes de fojas 15 á 16); 
los agentes señores Maumus y Dodero fueron quienes mediaron 
para que el sebo fuera embarcado en wagones en la barraca 
«Central» y trasportado por cuenta del señor Peez al costado 
del vapor «H. M. Pollock». Que con las declaraciones de am- 
bos se comprueba lo siguiente: 

Que el día 1 i de Junio convinieron por parte del Ferrocarril 
uno y por los señores Maumus y Dodero el otro, de la manera 
que se iba á proceder al embarque de las 80bordalesas de sebo, 
y que éste se efectuó el día 15, y que el 16 á las dos y media p. 
m. recien fué presentado en la mesa de exportación, el boleto de 
embarque por los 80 cascos de sebo que han motivado este ex- 
pediente. 

Que se ha faltado á sabiendas por parte de los señores agentes 
á lo dispuesto por las ordenanzas de Aduana en sus artículos 
549 y 565, los cuales son bien terminantes al respecto . 

Que los agentes del vapor en su declaración de fojas 2 á 3, 
queriendo disculpar su falta, acusan al Jefe del Destacamento 
por donde se hizo la operación clandestina, é igual cosa hacen 
con el Guarda, y para el efecto citan los artículos 553 al 565 de 
las citadas Ordenanzas; los cuales todos son en contra de ellos 
mismos, puesto que el Resguardo no podía tomar nota de do- 
cumentos que no se le habían presentado, y que ni siquiera ha- 
bían gestionado los interesados. 

Que los mismos señores, para darle mayor fuerza á su defen- 
sa, se presentan nuevamente por conducto del señor Morel (co- 
rriente de fojas 4 vuelta á 5 vuelta) negando haberse embarcado 
los cascos-sebo á las 5 y media de la tarde, y asegurando haber- 
se efectuado éste el día 15 de2 7 2 á 4p. ni. t y al mismo tiempo 
haciendo cargos al Guarda de á bordo por no haber cumplido 
éste con el artículo 869 de las Ordenanzas de Aduana. 



DE JUSTICIA NACIONAL 197 

Y considerando : Que las Ordenanzas de Aduana preveenel 
caso presente en los artículos 1025 al 1028, y habiéndose cons- 
tatado por los mismos cargadores que embarcaron los ochenta 
cascos de sebo sin documentos de ninguna especie. 

Que en nada atenúa la falta cometida por los agentes y car- 
gador, al impugnar al Guarda no haber cumplido éste con lo 
dispuesto en el artículo 869; pues aquellos debieron haber cum- 
plido primero con lo que les prescriben los artículos 549, 565 
y 568 para exigir del Guarda el cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 570 y 870. 

Que los señores agentes, en el afán de salvar de la pena á que 
se han hecho acreedores, tanto ellos como el cargador y capi- 
tán del vapor, artículos 998 y 1024, no se fijan si los artículos 
que citan les favorece ó no; la prueba la tenemos en la cita que 
hacen del artículo 869, sin fijarse que para que el Guarda diera 
cumplimiento á él, era necesario que los interesados hubieran 
cumplido primero con lo dispuesto en el 870 de las citadas Or- 
denanzas. 

Que es indudable que la operación de que se les acusa y juz- 
ga, ha sido hecha con premeditación y ésto se prueba con lo si- 
guiente: el día 14 de Junio se arreglan con la Empresa del Fe- 
rrocarril para que ésta baje en wagones la carga hasta el costado 
del vapor, que hacía dos 6 tres días estaba allí atracado sin ha- 
cer la operación de carga hasta ese día; el 15 por la mañanase 
entregan en la Barraca del Ferrocarril los cascos ya citados y 
ese mismo día los llevan al costado del vapor y los cargan en 
circunstancias que el empleado estaba ocupado en otro punto 
por no tener documento ninguno para el cH. M. Pollock»; lle- 
gad día 16, y el Guarda, cumpliendo con la consigna que tenía 
desde días antes por sospechas, va y se encuentra con que el 
vapor, sin tener documento que acreditara la legalidad de la 
operación, había cargado ochenta cascos sebo. Acude el Guarda 
á la Empresa del Ferrocarril y allí sabe que fueron cargados en 



198 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

wagones en la barraca de ésta Empresa, allí mismo no había 
documento que pudiera salvarlos, ya estaba descubierto el frau- 
de, y se apresuran recien á sacar el boleto. ¿Por qué no lo sa- 
caron el día 15 por la mañana, antes de embarcar los cascos, 
puesto que ya habían convenido la manera de conducirlos al 
costado del vapor? Eso prueba que si el Guarda no descubre el 
fraude, tampoco se presentan á sacar el boleto de práctica. 

Por estas consideraciones esta administración, juzgando, falla 
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 998 y 1024 de las 
Ordenanzas de Aduana, declarando, y asilo declara, incurridos 
en la pena de comiso á los 80 cascos sebo, y debiendo pagar una 
multa igual al valor del comiso los señores Maumus y Dodero 
y una cantidad igual el capitán del vapor (artículo 1024 de las 
Ordenanzas de Aduana), todo ello á favor de los descubridores 
y aprehensores (artículos 1029 y 1030). 

Habiéndose despachado ya el vapor cH. M. Pollock>, sus 
agentes los señores Maumus y Dodero son los responsables por 
los artículos 858 y 863, y por consiguiente á ellos se les exi- 
girá la pena impuesta al capitán del mencionado vapor, lo que 
se les hará saber á los efectos de los artículos 1031 y 1032 de 
las citadas Ordenanzas. 

Con intervención de la Alcaidía procédase á la venta en pú- 
blico remate de los ochenta cascos sebo, y fecho pase á Conta- 
duría y Tesorería, á los efectos de los artículos 1029 y 1030. 

Ejecutoriada que sea y repuestos los sellos, archívese. 

José de Caminos. 



DE JUSTICIA NACIONAL 499 



Fallo del Juez Federal 



Rosario, Mayo 14 de 1894. 

Vistos y considerando : I o Que la mercadería fué cargada el 
15 de Junio de 1893, y el permiso para esa carga, fué solicita- 
do y obtenido recien el día siguiente 16, contrariando así lo 
dispuesto en los artículos 549 y 565 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

2 o Que esa omisión se encuentra penada por los artículos 
998 y 1007 de las mismas Ordenanzas, con el comiso de la 
mercadería cargada de más, y con una multa igual al valor del 
comiso, que deberá ser abonada por el capitán del buque y en 
beneficio del descubridor y aprehensor. 

3 o Que mediante los documentos de foja 26 y foja 98, los 
señores Maumus y Dodero que han solicitado el permiso de em- 
barque de los 80 cascos de sebo, son los únicos consignatarios ó 
dueños de esa mercadería ante la Aduana; desapareciendo así 
la personalidad de Peez, y aunque éste fuese el verdadero dueño 
de la mercadería embarcada, máxime cuando la presentación á 
la Aduana de Maumus y Dodero, aparece verificada con un día 
posterior al libramiento de las papeletas de foja 25, firmadas 
por Peez. 

4 o Que dado lo anterior, innecesaria era la participación de 
Peez en este expediente, desde que en él, y subrogando áPeez, 
Maumus y Dodero han tomado intervención directa y son los 
exclusivos y únicos dueños para la Administración de Rentas 
de los ochenta cascos de la referencia. 

5 o Que asumido así por Maumus y Dodero el rol que les co- 
rresponde legalmente, de dueños de la mercadería que, por la 
infracción de los artículos do las Ordenanzas de Aduana antes 



200 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

recordados, debe caer en comiso, no puede racionalmente in- 
fligirse á los mismos ana segunda pena, á más de la pérdida 
de su mercadería, imponiéndoles la multa por valor igual al 
comiso que en la sentencia recurrida se impoue á dichos se- 
ñores. 

6° Que á mérito de la presentación hecha á la Aduana, de los 
documentos de fojas 26 y 98, por Maumus y Dodero, dichos se- 
ñores han asumido asimismo el rol de agentes del vapor carga- 
dor, que para ese viaje tenía el carácter de paquete (informe 
de la Administración de Rentas, foja 90). 

7 o Que el artículo 1007 de las Ordenanzas establece que en 
los casos de carga excedente, como ha sucedido en el que se juz- 
ga (artículo 641), el capitán del buque abonará una multa 
igual al valor del comiso, prescribiendo los artículos 858 y 863 
de las mismas Ordenanzas que los agentes de los vapores serán 
responsables mancomum et in solidumpor los derechos 6. penas 
pecuniarias que sean debidas ó á imponerse al vapor cargador. 
Y esto es racional : los vapores con privilegio de paquetes como 
lo fué en este viaje el cH. D. Pollock», tienen derecho á zarpar 
del puerto antes de cerrar registro y del arreglo definitivo de 
sus relaciones aduaneras; natural es entonces, que los agentes, 
consignatarios ó cargadores del buque ya ausente, á quien repre- 
sentan, sean responsables ante el Fisco de los derechos, multas, 
ó conminaciones que pesen ó puedan pesar sobre la embarca- 
ción ausente. 

Por estos fundamentos, se modifica la sentencia administra- 
tiva de foja 19 y se declara que los señores Maumus y Dodero 
son los dueños de los 80 cascos sebo á que se refiere este expe- 
diente : que dichos cascos caen en comiso, siendo ésta la pena 
impuesta á los predichos señores Maumus y Dodero ; que el ca- 
pitán del c Pollock» es pasible de una multa igual al valor del 
comiso, y á favor de los descubridores y aprehensores, de acuer- 
do con lo dispuesto en los artículos 1029 y 1030 de las Orde- 



DE JUSTICIA NACIONAL 201 

nansas. Y por último que los prediohos agentes del «Pollock», 
señores Maumus y Dodero, son responsables personalmente de 
la malta impuesta al capitán. 

Notiffquese, repóngase, y comuniqúese á la Administración 
de Rentas á sus efectos. 

G. Escalera y Zuviría. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Abril 17 de 1895. 

Suprema Corte : 

Es un hecho constante y reconocido, que los ochenta cascos 
de sebo á que se refiere esta causa, fueron embarcados el quince 
de Junio á la tarde, sin que para ello se requiriera la interven- 
ción de las autoridades de Aduana en forma alguna. 

Con ello se infringió manifiestamente la ley. El artículo 565 
de las Ordenanzas prescribe para la legalidad de aquella opera- 
ción, las autorizaciones expresamente consignadas en los ar- 
tículos 549 y siguientes, ésto es : 

I o Permiso de la oficina de Registros por duplicado y en el 
papel sellado correspondiente, con designación del buque, des- 
tino, marcas, y números de los bultos, especie, cantidad de fru- 
tos, punto por donde han de embarcarse, 

2° Presentación del boleto de permiso, firmado por el j efe 
respectivo, al Resguardo, toma de razón, asiento en los libros, 
y designación del empleado que ha de tomar razón y anotar en 
el boleto de permiso los bultos á medida que se vayan embar- 
cando. 

Se comprende las exigencias de estas medidas previas; y 



202 FALLOS DE LA SUPREMA COHTB 

tratándose de efectos sujetos á derechos de exportación, la de 
Id. firma del fiador abonado, á satisfacción de la Administra- 
ción, que responderá de mancomum et insolidum con el carga- 
dor, por el importe de los derechos. 

Los frutos se presentarán al Resguardo, según el artículo 
568,7 es sólo después de confrontados con las papeletas y apre- 
ciada la exactitud de marcas, números, peso, y cantidad, que 
hará el resumen de las papeletas, y anotará su resultado en el 
boleto, según el artículo 577. La ley ha querido evitar el frau- 
de; por ello pena la omisión de los procedimientos proscriptos, 
con pena de comiso y multa al capitán del buque, según el ar- 
tículo 1007 de las Ordenanzas. 

No obsta á la aplicación de estas penas, el que los Guarda 
no estuviesen presentes el día del suceso; cualquiera que fuera 
la causa de su ausencia, no excusa la violación de las leyes y la 
omisión de todos los procedimientos prescriptos en ellas, de 
parte del cargador y capitán, únicos responsables de las conse- 
cuencias de esa violación, como con justicia lo expresa el Pro- 
curador Fiscal en su vista de foja 95. 

La presentación tardía para obtener el boleto de permiso, 
cuando ya el permiso y los procedimientos tendentes á garan- 
tir al Fisco eran inútiles, habiendo las mercaderías embarcá- 
dose clandestinamente, no desvirtúa las prescripciones penales, 
menos aún si se observa, que aún reconociendo que la denuncia 
escrita fuese presentada con horas 6 minutos de posterioridad 
al descubrimiento del embarque clandestino, siendo anterior 
al parte, lo es también al momento de la solicitud de permiso, 
según las declaraciones del sumario. Ese mismo permiso no ex- 
cusa la violación de las leyes, ni imposibilita la consumación 
del contrabando. 

Es evidente que podría dejarse sin efecto, haciendo poner la 
nota correspondiente ó amparar otro tanto de los efectos ya em- 
barcados. 



DE JUSTICIA NACIONAL 203 

Si los errores de cálcalo ú otros pueden ser materia de ate- 
nuación de pena, ninguna disposición autoriza esa atenuación, 
cuando se trata de violación de las leyes, por malicia 6 ignoran- 
cia (artículo 1058). 

Por ello, lo comprobado á foja 131, respecto á los privile- 
gios de paquete que gozaba el buque, y fundamentos de la sen- 
tencia recurrida á foja 100, pido á Y. £. su confirmación. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema forte 

Buenos Aires, Julio 6 de 1895. 

Vistos y considerando : Que el artíi-ulo novecientos noventa 
y ocho de las Ordenanzas de Aduana, pena con el comiso los fru- 
tos del país que se embarquen sin haber obtenido el boleto co- 
rrespondiente, y con una multa igual al valor de los objetos 
embarcados á los que hayan intervenido en la operación, á menos 
que prueben haber cumplido por su parte con las obligaciones 
qne les corresponde. 

Por ésto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, y fundamentos concordantes de la senten- 
cia apelada de foja cien, se confirma, con costas, dicha sen- 
tencia. Repuestos los sellos, devuélvanse 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BDNGE. —JUAN E. TO- 
RRENT. 



204 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CliXXVII 



Don Ashter Kay 9 contra Don Jorge y Don Diego Anderson, por 
indemnización de perjuicios ; sobre prueba testimonial 



Sumario. — Los testigos producidos por el demandante, pue- 
den ser examinados á tenor del interrogatorio presentado por 
el demandado, aún después de vencido el término, si el inte- 
rrogatorio ha sido presentado dentro de él, y el demandante 
ha asentido al examen ordenado por el Juez. 



Caso. — Don Alfredo Salva, por Kay, entabló demanda contra 
los señores Anderson, por cobro de la suma de 12.000 pesos, en 
que estimaba los perjuicios cansados, por haberlos demandado 
faltando á un contrato celebrado con su principal, para la trilla 
de una cosecha de trigo. 

Contestada la demanda, se recibió la causa á prueba, y la 
parte demandante presentó á los testigos Don Antonio Magra, 
Don Bautista Magra, Don Arturo Beltramoni, Don Bosendo 
Sosa, Don Serafín Chiolvado, Don Miguel Freyre y Don Ale- 
droMansilla, agricultores y domiciliados en la colonia San Ge- 
naro, para que fueran examinados por el Juez de Faz del de- 
partamento San Gerónimo. El Juez proveyó de conformidad. 



DE JUSTICIA NACIONAL 205 

La parte de los demandados, presentó, entre sti prueba, escrito 
pidiendo que se librara oficio al Juez de Paz de San Genaro, 
para que citara i la audiencia que designase, á Don Antonio 
Magra, Don Bautista Magra, Don Arturo Beltramoni, Don 
Rosendo Sosa, Don Serafín Chiolvado, Don Miguel Frejre y 
Don Alejandro Mansilla, allí residentes, á fin de que contesta- 
ran al interrogatorio que presentará en el acto. 

El Juez proveyó de conformidad. Respecto del testigo Anto- 
nio Beltramoni, es de notarse que con anterioridad, la misma 
parte lo había presentado como testigo, expresando que era 
agricultor. 

Despes de esto, se presentó la citada parte de Anderson ex- 
poniendo: que le convenía que los testigos que últimamente 
había presentado, declararan ante el Juez de la causa, y pe- 
día que para ello señalara audiencia, debiendo citarlos por me- 
dio de oficio al Juez de Paz de San Genaro. 

El Juez proveyó de confirmidad, por auto de fecha 7 de Fe- 
brero de 1894. 

En 27 de Marzo, el apoderado de los demandados presentó 
escrito exponiendo : que el término de prueba empezó á correr 
el 21 de Noviembre de 1893, y venció el 27 de Diciembre del 
mismo ; que los demandados no han cumplido con lo precep- 
tuado en el artículo 120 de la ley de Procedimientos, en lo 
que se refiere á los testigos ofrecidos (escrito de foja 32), con 
excepción de Antonio Beltramoni; que atento lo expuesto, y 
lo resuelto por la Suprema Corte en otros casos (VII, 295; 
XII, 76; XX, 133), se oponía al examen de los referidos testigos, 
y pedía se procediera conforme al estado de la causa, con costas 
si la parte contraria se opusiese. 

El Juez mandó que informara el actuario; y en este estado la 
parte demandada presentó escrito exponiendo: que su prueba 
la había pedido en término, y era referente á los mismos tes- 
tigos del demandante, á fin de que fueran repreguntados, en 



206 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

presencia del Juez ; que la parte contraria había tenido los au- 
tos la mayor parte del término de prueba, guardados en su ca- 
sa, pues su abogado se había marchado á Buenos Aires, deján- 
dolos encerrados, por lo que le pidió que no presentara escri- 
to, á lo que accedió. 

Evacuando el informe ordenado, el Secretario expuso con fe- 
cha 26 de Junio de 1894: que el término de prueba se halla- 
ba vencido con exceso; que cuando seofrcieron los testigos, de- 
signados en el escrito de foja 32, no se acompañó la lista de 
ellos ; que respecto de la fecha en que el demandante sacó los 
autos de la oficina, consta del libro de recibos que fué el 7 de 
Octubre de 1893, sin que en el mismo libro conste la fecha de 
su devolución. 



Fallo del iues Federal 



Rosario, Agosto 25 de 1894. 

Visto: el llamamiento de foja... relativo á los testigos presen- 
tados en esta causa. 

T considerando : I o Que aquellos á que se refiere el escrito 
de foja 32, del Procurador Garcilaso, no son testigos luevos 
que su parte haya ofrecido para que declaren en esta causa, sino 
los mismos presentados por la contraria en sus escritos de fojas 
22 y 24. 

2 o Que siendo esto así, el interrogatorio correspondiente de 
Garcilaso, implica solamente un pliego de repreguntas, que por 
la ley y jurisprudencia está autorizada á formular la parte 
contraria de aquella que haya presentado los testigos como ta- 
les, subordinándose en todas esas repreguntas, á las formula- 
das por la parte que directamente ofrece la prueba testimonial. 



DE JUSTICIA NACIONAL 207 

3 o Que siguiendo así en un todo el destino que alcanzasen los 
testigos directos, la parte que repregunta no se encuentra ba- 
jo la éjida del artículo 120 de la ley nacional de Procedimientos, 
cuyo cumplimiento sólo compete llenar á la parte primera que 
presentó los testigos referidos . 

4 o Que de lo anterior se desprende, que si los testigos ofre- 
cidos por la parte de Kay han prestado declaración, como en 
efecto lo han hecho i fojas 3 vuelta y siguientes, la parte de 
Anderson tiene perfecto derecho para repreguntarlos. 

Portauto: se resuelve, se practique la prueba ofrecida por 
la parte que representa Garciiaso, debiendo estarse á lo dis- 
puesto en el auto de foja 50. Hágase saber y repóngase. 

G. Escalera y Zuvirla. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 13 de 1895. 

Vistos: Por el primero de sus fundamentos, y considerando 
además, que la parte que hoy reclama ha asentido al examen 
de los testigos ordenado por la providencia de foja treinta y 
dos vuelta, se confirma, con costas, el auto apelado de foja se- 
tenta y cinco vuelta; y repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



208 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA iXXXVIII 



Don Miguel A . y Don Manuel Victorica, contra Don José de Paoli 
y Don Antonio Maestro, por rescisión de locación y desalojo; 
sobre litis •pendencia. 



Sumario. — No justificándose la preexistencia de un juicio 
de la misma naturaleza del promovido, no prooede la excepción 
de litis-pendencia. 



Caso. — Ala acción promovida per resciscion de locación y 
desalojo, se opuso la excepción de litis-pendencia, y se probó que 
ante otro Juzgado se hallaba pendiente un juicio ejecutivo por 
cobro de alquileres. 



Fallo del Juei Federal 



Buenos Aires, Noviembre SO de 1894. 

Autos y vistos : Considerando: I o Que según la propia confe- 
sión de uno de los demandados (foja 56), éstos no han cumplí- 



DE JUSTICIA NACIONAL 209 

do con lo pactado en el contrato de arrendamiento celebrado con 
jos señores Victorica. 

2 a Que recibido el juicio á prueba para que se justifique la 
excepción de litis-pendencia, opuesta por de Paoli, la produ- 
cida por éste no ha justificado la existencia de un juicio de la 
misma naturaleza del que se ventila por este Juzgado, lo que 
hace improcedente la acción intentada. 

Por esto y los fundamentos aducidos en el escrito de foja 51 , 
no ha lugar, con costas, á las excepciones opuestas, y contéstese 
el traslado de la demanda en el término de ley. Repónganse las 
fojas. 



■Tallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 13 de 1895. 

Vistos: No justificando la prueba producida, como lo estable- 
ce el auto apelado, la existencia ante otro Juez, de un juicio de 
la misma naturaleza del que se ventila ante el inferior, se con- 
firma, con costas, dicho auto, corriente á foja setenta y cinco 
vudta. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRÉNT. 



T. X 11 



210 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CLXXIA 



La Compañía de Mandatos y Préstamos, contra Don Felipe 
Nelson Page, por cobro de pesos, sobre incompetencia de los 
Tribunales locales; recurso de sentencias de tos Tribunales 
de la Capital. 



Sumario. — En las causas de jurisdicción federal por razón de 
personas, el convenio de las partes de someterse, en todo lo que 
respecta al contrato, á los Tribunales déla Capital, justifica la 
competencia de estos para conocer en la ejecución de dicho con- 
trato. 



Caso. — Resulta délas siguientes piezas: 



SENTENCIA DEL JUEZ DE 4 a INSTANCIA 

Resultando : Que á foja 14 se presenta Don Carlos Navarro 
Lamarca, en representación de la Compañía de Mandatos y 
Préstamos del Río de la Plata, Limitada, demandando á Don 
Felipe Nelsoa Page, por cobro de la suma 42.250 pesos moneda 
nacional oro sellado, importe del capital é intereses de dos prés- 



DE JUSTICIA NACIONAL 211 

tamos hipotecarios heohos á dicho señor. Que áfoja 16 el Juz- 
gado ordenó se librase mandamiento contra el deudor, habien- 
do librado el correspondiente exhorto al señor Jaez de lo Civil 
j Comercial del departamento de Concordia, provincia de Entre- 
Eios, para su cumplimiento, el cual fué diligenciado á foja 
35, habiéndose tomado razón de él en el Registro de hipotecas, 
embargos é inhibiciones de la ciudad de Corcordia, según cons- 
ta á foja 36. 

Que citado de remate el deudor, opuso á foja 55, las excep- 
ciones de inhabilidad del título, espera é incompetencia. 

Que áfoja 60 el representante de la Compañía demandante, 
contestando á. dichas excepciones, maniñesta que en cuanto á la 
de inhabilidad, para demostrar la falta de fundamento de dicha 
excepción, basta tener presente que la ley de moratorias se re- 
fiere únicamente á las operaciones comerciales, mientras que 
ésta es puramente civil. 

Que respecto ala de espera, que es falsa la afirmación que 
hace el ejecutado para basar la excepción, por cuanto nunca ha 
existido la promesa de espera que invoca el demandado; y en 
cuanto á la de incompetencia, que ya se ha pronunciado sobre 
esta excepción en cuanto aparece fundada por el ejecutado en 
la calidad que se atribuye de extranjero, no pudiendo alegar 
qoe sea vecino de laprovincia de Entre-Rios, por cuanto al ce- 
lebrar los contratos con la Compañía, constitu/ó domicilio le- 
gal en esta Capital. 

Que á foja 63 fué abierta la causa á prueba, habiéndose 
producido la que expresa el certificado del actuario, corriente á 
foja 116 vuelta. 

I o Y considerando en cuanto á la excepción de inhabilidad 
del título: que la ley de moratorias, en que $e funda dicha ex- 
cepción, se refiere únicamente á las operaciones comerciales, y 
así lo reconoce el deudor en su alegato de foja 185, sosteniendo 
que su obligación tiene ese carácter. 



212 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

2 o Que la acción que se deduce deriva evidentemente de un 
contrato de mutuo (artículo 2240 del Código Civil), y lo reco- 
noce también el demandado en su referido alegato. 

3 o Que esto establecido y si bien es cierto que el artículo 7 del 
Código de Comercio establece como regla general, que si un 
acto es comercial para una sola de las partes, todos los contra- 
yentes quedan, por razón de él, sujetos ala ley mercantil, este 
principio reconoce excepciones, y precisamente el articulo 55 
del mismo Código, refiriéndose al mutuo dice : que este contra- 
to está sujeto á las leyes mercantiles cuando la cosa prestada 
puede ser considerada género comercial y tiene lugar entre co- 
merciantes, ó teniendo por lo menos el deudor esta calidad ; re- 
sultando, pues, de los términos expresos de esta disposición que 
el contrato de mutuo á que se refiere la escritura de fojas 2 y 
8 no es comercial, por más que pueda ser considerado como co- 
merciante el acreedor. 

4 o Respecto de la excepción de espera, que habiendo sido ne- 
gado categóricamente el hecho por la parte actora, foja 61, 
correspondeal demandado la prueba del mismo(Ley I a , título 14, 
partida 3 a ), sin embargo de lo cual no se ha presentado prueba 
alguna al respecto, pues ni las declaraciones de fojas 77 vuelta 
y 78, ni las posiciones de foja 176, se refieren en nada á la 
expresada excepción. 

5 o Por loque hace á la de incompetencia: debe observarse 
desde luego que el ejecutante manifiesta á foja 61 que su so- 
lucioa depende de la prueba que se presente, respecto de la 
calidad de extranjero que se atribuye el ejecutado, correspon- 
diendo por lo tanto examinar la prueba producida. 

6 o Que ésta consiste en las declaraciones de Jorge Dicken- 
son, foja 77 vuelta, y Pedro Holtertdes, foja 78, y en las posi- 
ciones de foja 176. La prueba testimonial carece de mérito por 
ser singular, pues sólo el testigo Dickenson declara constarle 
que Kelson Page es extranjero (Ley 32, título 16, partida 3 a ). 



DE JUSTICIA NACIONAL 213 

Respecto de las posiciones de foja 176 debe ante todo obser- 
varse que la última parte del artículo 133 del Código de Proce- 
dimientos, establece que si el citado no compareciese á de- 
clarar, á pesar del apercibimiento que se le haga, el Juez al 
sentenciar, lo tendrá por confeso, si el interesado lo pidiere ; 
que el apercibimiento decretado á foja 146, fné únicamente el 
de dar por absueltas las posiciones ; que esto mismo fué lo soli- 
citado á foja 151 por el deudor, sin que por ninguna parte se 
haya pedido que se tenga por confeso al ejecutante. Que por otra 
parte, la 2 a pregunta del pliego de foja 176, no versa sobre un 
hecho personal ó propio del ejecutante, razón por la cual, y por 
lo anteriormente expuesto, no se tiene por confesa á la Conpa- 
ñía demandante en esa posición. 

7 o Que tampoco puede hacerse lugar á dicha excepción, por 
el hecho de que el demandante se halla domiciliado en la pro- 
vincia de Entre-Rios, porque en la escritura de foja 2 y foja 
8 ha convenido expresamente que el pago lo verificaría en esta 
ciudad, calle de San Martín número 36, donde constituyó do- 
micilio especial, de donde resulta improcedente este fundamen- 
to déla excepción, porque á los efectos del presente juicio el 
deudor constituyó domicilio en esta Capital. 

8 o Que como observación general á los dos considerandos an- 
teriores, debe observarse también en que las escrituras mencio- 
nadas el deudor se somete en loque respecta á este contrato á 
los Tribunalss de la Capital, sin hacer excepción alguna y sin 
expresar que se refiere únicamente á los Federales. 

9 o Que no hay incompetencia en razón de la naturaleza de la 
cansa, porque la que se ejercita es una acción personal, y la hi- 
poteca no es más que un accesorio del contrato (artículo 3108, 
Código Civil), y así lo reconoce expresamente el ejecutado á foja 
186. 

10° Que tampoco tiene consistencia el fundamento de la ex- 
cepción basado en el inciso 3, artículo 4 o del Código de Procedí- 



214 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mientos, pues como ya se ha demostrado, el deudor en las escri- 
turas de fojas 2 y 8, constituyó su domicilio en esta Capital á 
los efectos del cumplimiento del contrato á que ella se refiere. 

Por estos fundamentos, fallo : no haciendo lagar alas excep- 
ciones opuestas á foja 55 y mando llevar la ejecución adelante 
hasta hacerse íntegro pago al acreedor del capital, intereses y 
costas, regulándose en 1400 pesos moneda nacional, los ho- 
norarios del Doctor Bilbao, en 500, los del Procurador Bour- 
dieu y en 80 de igual moneda los de Navarro Lamaroa. 

Así lo pronuncio, mando y firmo en Buenos Aires, Capital de 
la República Argentina, á diez y ocho de Setiembre de 1893. 
Repónganse las fojas. 

Luis F. Posse. 

Ante mi : 

E. A. Pizarra. 



VISTA DEL FISCAL DE LAS CÁMARAS 

Buenos Aires, Junio 11 de 1894. 
Eama. Cámara : 

Seha invocado como causas de incompetencia del inferior : l 
la diferencia de nacionalidad entre el actor y el demanda- 
do; 2 o la diferencia de vecindad entre los mismos; 3 o la natura- 
leza de la acción. 

Durante el término de prueba, sólo un testigo ha dicho que el 
demandado es Norte-Americano, contestando á una pregunta 
del interrogatorio de foja 77, por la que se trataba de compro- 
bar que era Inglés; este testimonio, por su singularidad y la con- 
tradicción entre el hecho asegurado por el excepcionante y la res- 
puesta del testigo, carece en mi concepto de fuerza probatoria. 



DE JUSTICIA NACIONAL 215 

Las posiciones dadas por absueltas en rebeldía, no tienen en 
este caso la eficacia que el actor pretende atribuirles, según 
las consideraciones que aduce el inferior y con las cuales estoj 
de acuerdo. 

Después de dictada por Y. E. la providencia de autos, foja 
206, ei demandado ha acompañado el documento de foja 210, 
para comprobar que es extranjero ; pero V. E. no puede tomar 
en consideración ese elemento de prueba, porque el artículo 506 
del Código de Procedimientos, que admite las pruebas que con- 
sistan en documentos públicos, tiene que concordarse con el 
245 que fija la época en que esos documentos pueden ser admi- 
tidos y rechazados por completo todos los que sean presentados 
después de la providencia de autos. 

La causal de diferencia de vecindad no es procedente en vis - 
ta de los términos del contrato que fija esta Capital como domi- 
cilio de los contratantes y uno y otro consienten en someterse 
ala jurisdicción de los jaeces del territorio de la Capital, pa- 
ra la decisión de las controversias que surjan con motivo del 
mismo . 

La naturaleza de la acción tampoco es procedente, desde que 
se trata de una acción de mutuo, que es personal, y que no pue- 
de ser modificada en su esencia por la constitución accesoria 
del derecho real de hipoteca. 

Por lo expuesto, creo que Y. E. debe confirmar el fallo 
apelado, en lo que concierne á la acción de competencia. 

Carlos L. Marenco. 



ACUERDO Y SENTENCIA DE LA EXCELENTÍSIMA CÁMARA DE 

APELACIONES EN LO CIVIL 

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, á 26 
de Junio de 1894, reunidos los señores vocales de la Exma. Cá- 



216 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

mará de Apelaciones en lo Civil, en su sala de acuerdos, para 
conooer del recurso interpuesto en los autos seguidos por la 
Compañía Mandatos y Préstamos del Rio de la Plata (limita- 
da), contra Nelson Page, D. Felipe, sobre cobro ejecutivo de 
pesos, respecto de la sentencia corriente áfoja 195, el Tribunal 
estableció la siguiente cuestión: 

¿Es justo el pronunciamiento apelado ? 

Practicado el sorteo resultó que la votación debía tener logar 
en el orden siguiente: señores vocales doctores Giménez, Molina 
Ar rotea y Gelly. 

El señor vocal Giménez dijo: Para dar mi voto por la afir- 
mativa en la cuestión planteada, me bastará referirme á los 
fundamentos de la sentencia, y las consideraciones del dicta- 
men del señor Fiscal, agregando tan sólo, en conformidad con 
lo expuesto por este funcionario, que los documentos presenta- 
dos en esta instancia lo han sido después de ejecutoriada la pro- 



videncia de autos, y sin las solemnidades que previene el artí- 
culo 245delC ódigo de Procedimientos. Los señores vocales doc- 
tores Molina Arrotea y Gelly se pronunciaron en igual sen- 
tido. 

Con lo que término el acto quedando acordada la siguiente 
sentencia. 

GELLY. — MOLINA ARROTEA. — 
GIMÉNEZ. 

Ante mi: 

Luis Ponce y Gómez . 

Buenos Aires, Junio 26 de 1894. 

Y vistos : Atento el resultado de la votación de que ins- 
truye el precedente acuerdo, se confirma con costas el auto 



DE JUSTICIA NACIONAL 217 

apelado, fijándose en 30 pesos los derechos procuratorios de 
Boardieu. Devuélvanse y repónganse las fojas. 

JULIÁN GELLY. — CARLOS MOLINA 
ARROTEA. — EMILIO GIMÉNEZ. 



Ante mi: 



Luis Ponce y Gomen. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Baenos Aires, Agosto 16 de 1894. 
Suprema Corte : 

El recurso otorgado para ante V. E. procede ante la reso- 
lución déla Cámara de Apelaciones, que es contraria al derecho 
invocado y fundado por la parte recurr ente en la ley de jurisdic- 
ción y competencia de los Tribunales nacionales. Pero ese re- 
curso no se apoya en fundamentos legales, en cuanto al derecho 
reclamado sobre amparo del fuero Federal. EL auto de I a Ins- 
tancia, á foja 196 vuelta, y el fiscal de la Cámara de Apelacio- 
nes, á foja 214, han dejado bien establecido que la prueba ren- 
dida dentro del término, es ineficaz; que la declaración de abso- 
lución de las posiciones no implica la declaración de confesas 
cuando la parte no había pedido, ni el Juzgado decretado bajo 
apercibimiento ; que el documento presentado á foja 210 es es- 
temporáneo, por ser su fecha y su presentación muy posterior 
á la providencia de autos, que cerró el procedimiento á foja 200, 
y que la causa corresponde al Juez del lugar expresamente 
designado como domicilio de las partes, á los efectos del cum- 



218 FALLOS DE LA SUPREK¿ CORTE 

plimientodel contrato, según lo expresan los documentos de 
fojas 2 y 8. 

Por ello, pido á Y. E., se sirva confirmar la declaración de la 
Cámara, corriente á foja 218. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 13 de 1895. 

Vistos y considerando: Que según consta de la escritra de foja 
una, el demandado convino en someterse en todo lo que respecta 
al contrato comprobado por esa escritura, á los Tribunales de 
esta Capital, domicilio especial elegido, ó á los del deudor, á 
opción del acreedor. 

Que en consecuencia, al ejercitar la compañía las acciones 
emergentes del citado contrato, ante los Tribunales de la Ca- 
pital, se ha limitadu á usar de un derecho amparado por conven- 
ción libremente concluida por el demandado. 

Por estoy de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General se confirma, con costas, la sentencia apelada do foja 
doscientos dieciocho. Repuestos los sellos, devuélvanse al Tri- 
bunal de su origen. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. 
— JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 219 



CAUSA CLXXX 



Criminal contra Nicolás Niflis Calancis ; por circulación de 

billetes falsos de curso legal y por robo 



Sumario. — I o No puede ser agravada la pena i mp tiesta por 
la sentencia de I a instancia, si no se ha deducido recurso al 
respecto. 

2 o Cuando una persona comete dos delitos, uno del fuero fe- 
deral y otro del fuero ordinario, ellos deben ser juzgados suce- 
sivamente ante las respectivas jurisdicciones. 



Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 



Córdoba, Diciembre 20 de 1894. 

Y vistos: Esta causa por tentativa de circulación á sabien- 
das de billetes de Banco falsificados, formada á Nicolás Niflis 
Calancis, de treinta años, soltero, de nacionalidad griego y do- 
miciliado en la Boca, lugar de la ciudad de Buenos Aires. 



220 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Resulta: Que ha intentado circular billetes falsos que el pro- 
cesado sustrajo á don Francisco Baños, en la Planchada, parti- 
do 25 de Mayo, de la provincia de Buenos Aires, en cantidad de 
1300 pesos de esa moneda, en billetes de 200, 50 y 10 pesos, 
aparte de 250 pesos moneda nacional, todos ellos contenidos en 
la cartera deleitado Baños. 

Que en circunstancia de haoer circular esos billetes por in- 
termedio de su sirviente Miguel Rencuco, que procuró dos veces 
comprar algunos artículos de tienda en la Concepción, departa- 
mento San Justo, de esta provincia, fueron detenidos por las 
autoridades de ese logar y remitidos á esta Capital, y á orden 
del Juzgado, sin que esa circulación se hubiera llevado á debido 
efecto. 

Que ha jugado de esa moneda, que le fué devuelta en su mayor 
parte por los ganadores, quienes sólo se quedaron con 20 pesos 
falsos, teniendo lugar estos hechos en el tren en que hacía via- 
je del Rosario á San Francisco. 

£1 señor procurador Fiscal acusa á Niflis Calancis como reo 
de tentativa de circulación á sabiendas de moneda falsa, que 
el artículo 62 de la ley nacional de 24 de Setiembre de 1863, 
castiga contrabajos forzados desde cuatro á siete años, y multa 
de 500 á 5000 pesos, disminuida desde la cuarta parte á la 
mitad, de conformidad á la regla del artículo 12 del Código 
Penal. 

La defensa no niega los hechos ni la designación de la pena 
en la ley ; pero teniendo en cuenta que esos actos ejecutados 
por Niflis no han causado perjuicio alguno, pide el mínimun de 

r 

la pena. 

Y considerando : Primero: Quédelas declaraciones de Ni- 
flis Calancis y Miguel Rencuco, fojas 18 y 24, se deduce que 
los actos cometidos por el procesado no son de circulación de 
biletes falsos, sino de su tentativa, no seguida de desistimiento 
voluntario (artículos 8 y 10 del Código Penal). 



DE JUSTICIA NACIONAL 221 

Segundo: No consta que los dineros que ba jugado se hayan 
circulado en esta sección, suponiendo hipotéticamente que el jue- 
go sea la trasmisión capaz de calificar este delito. 

Tercero: Que el robo de billetes» legales no importa delito 
que competa ala justicia federal, sino á la ordinaria del lugar 
de su comisión. 

Cuarto: Que para determinar, la penalidad del delito porque se 
procesa á Nifiis, es preciso tener en cuenta los artículos 50 de 
la ley de bancos garantidos y 62 de la ley nacional de 14 
de Setiembre de 1863, que castiga á los que circulen, á los que 
introdujeren 6 expendieren billetes ó documentos de crédito de 
un Banco erigido con autorización del Gobierno Nacional, con 
trabajos forzados de 4 á 7 anos, siendo los que ha intentado cir- 
cular Nifiis, del Nacional y otros garantidos. 

Quinto: Que la aplicación de esa pena con la disminución au- 
torizada por el artículo 12 del Código Penal, corresponde en su 
mínimun, al procesado, en atención ala poca importancia rela- 
tiva de la suma secuestrada (artículo 93, ley de 1863). 

Por estos fundamentos y otros que se omiten, definitivamen- 
te juzgando, fallo: condenando á Nicolás Nifiis Calancis á su- 
frir la pena de dos años de trabajos forzados, con deducción del 
tiempo de prisión que lleva sufrida y 250 pesos de multa por 
tentativa de circulación de billetes falsos. Y siendo el procesado 
reo de hurto cometido en la provincia de Buenos Aires, pásense 
los antecedentes del casó, oportunamente al juez que correspon- 
da. Oficióse al Poder EjecutivoNacional á los efectos del cumpli- 
miento de la peña. Inutilícense los billetes falsos secuestrados, 
en la forma acostumbrada y que serán archivados. Hágase sa- 
ber con el original, transcríbase en el libro de resoluciones, y 
oportunamente archívese. 

C. Moyano Gacitúa. 



222 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DELSEftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 2 de 1895. 

Suprema Corte : 

La tentativa de circulación de billetes falsos, es un hecho 
confesado por el procesado mismo; la pena que le impone la sen- 
tencia, es la que prescribe la ley de 14 de Setiembre de 1863 
en su artículo 62, atenuada con sujeción á la prescripción de 
su artículo 93 y del artículo 12 del Código Penal. 

La defensa misma reconoce la incontestable justicia de esa 
imposición . 

Observa, sin embargo, que el robo de los billetes, que ha po- 
dido constituir una circunstancia agravante del delito princi- 
pal, no debe ser materia de otro juicio. 

La observación sería de tomarse en consideración, tratándose 
de los billetes falsos, objeto de la tentativa de circulación; 
pero con los billes falsos se robaron también billetes legítimos, 
por la suma de 250 pesos que el procesado empleó en su pro- 
vecho. 

Este robo, constituye un delito diferente 'del de circulación 
y su conocimiento corresponde á la jurisdicción común provin- 
cial, como claramente se deduce de la prescripción del artículo 
38 del Código de Procedimientos en lo Criminal. Por ello, en- 
contrando justa la sentencia de foja 43, pido á Y. E. su confir- 
mación. 

Sabiniano Kter. 



DE JUSTICIA NACIONAL 223 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 18 de 1895. 

Vistos y considerando: Que el delito por el que se procesa 
á Nicolás Niflis Calancis, está completamente averiguado, ya 
deba él ser calificado de tentativa ó de circulación efectiva de 
billetes de Banco, loque no es necesario apreciar, por cuanto, 
dado el curso traído, esta Suprema Corte no puede agravar la 
pena impuesta. 

Que cuando una persona comete dos delitos, del fuero fede- 
ral uno y de la competencia provincial ú ordinaria de la Capital 
6 territorio nacional el otro, ellos deben ser juzgados sucesi- 
vamente ante las respectivas jurisdicciones (artículos treinta y 
siete y treinta y ocho del Código de Procedimientos en lo Cri- 
minal). 

Por esto, y fundamentos concordantes de la vista del señor 
Procurador General y de la sentencia apelada de foja cuarenta 
y tres se confirma ésta, con costas. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



224 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



SA CI/XXXI 



Don M. Stucchiy empleado de aduana, denunciando un 

contrabando de kuano 



Sumario. — Los empleados do Aduana no pueden presentar 
denuncia de contrabando é los Tribunales : deben hacerlas al 
jefe de la Aduana, por conducto de su superior inmediato. 



Caso. — Don ;M. Stucchi, empleado de aduana, carácter que 
reconocía en su mismo escrito, se presentó al Juez Federal de- 
nunciado un contrabando de huano. 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Julio I o de 1895. 

Kesultando de la propia exposición del denunciante, que éste 
es empleado de la Aduana, atenta la prescripción contenida en 
el artículo 1039 de las Ordenanzas de Aduana, ocurra e¿ta par- 
te donde corresponda. 

Lalanne. 



DE JUSTICIA NACIONAL 225 



Fallo de I» Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 20 de 1895. 

Vistos: Por sos fundamentos, se confirma, con oostas, el aut 
apelado de foja cuatro; y repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ . — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN.— OCTAVIO BUNGB. 
—JUAN B. TORRENT. 



CAUSA ILX.WII 



Lux ardo, Giusti y Solimano, contra el Lloyd Norte Alemán, 
por cobro de pesos ; sobre incompetencia 



Sumario. — No corresponde á los Tribunales federales de la 
República conocer de reclamos sobre falta de mercaderías trans- 
portadas, cuando en el conocimiento se ha convenido que si 
las hubiese, se arreglarán en Bromen, con sujeción á la ley de 
Bremen y exclusión de los tribunales de otros países. 

T. X 15 



226 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Don Pedro Diana, por los señores Luxardo Giusti y 
Solimano, se presentó al Juzgado exponiendo: Que el vapor 
€ Leipzig », perteneciente al Lloyd Norte Alemán, entrado á 
nuestro puerto en Diciembre de 1892, condujo para sus repre- 
sentados un cargamento, en el que figuraba un cajón número 
3080, conteniendo encaje de algodón imitación de hilo ; 

Que ese cajón se entregó á la Aduana en mal estado, y ante 
ella se constató la falta de cien piezas de encaje número i y 25 
piezas número 2, que al precio corriente en plaza importan 
827,50 pesos m/n; 

Que con arreglo al artículo 878, Código de Comercio, la com- 
pañía á que pertenece el vapor es responsable de la falta cons- 
tatada, y debe abonarle el importe de las mercaderías; 

Que, en consecuencia, entabla demanda por la cantidad de 
827,50 pesos m/n y sus intereses, y pide que oportunamente 
se declare de legítimo abono, con costas, debiendo entenderse 
con el agente señor K. von Emster . 

Acompañó un informe de la Aduana y una cuenta. 

El agente señor von Emster; sin contestar el traslado de la 
demanda, que se le conñrió, opuso las excepciones de defecto 
legal en el modo de proponer la demanda, y de incompetencia 
de jurisdicción. 

Fundó la primera en el artículo 1045, Código de Comercio, 
según el cual no será admitida acción alguna en juicio entre 
Capitán y cargador ó asegurador, que se base en las estipula- 
ciones de la póliza de fletamento ó del conocimiento, sin que se 
acompañe alguno de los ejemplares del documento respectivo,re- 
quisito que no han cumplido losdemandantes; ylasegundaenque 
por el conocimiento las partes han convenido someter cualquie- 
ra diferencia á que diera origen el contrato, á un Tribunal que 
no es el de la República; que ese documento contiene la siguien- 
te cláusula: c si llegase á haber reclamos por daños, faltado 
entrega ú otra causa relacionada con este conocimiento, debe- 



DE JUSTICIA NACIONAL 227 

rán ser arregladas directamente en Bremen, con sujeción á la 
ley de Bremen, y con exclusión de los procedimientos de los 
Tribunales de otros países »; que esa estipulación no es contra- 
ria á la moral ni al orden público, y es válida, en consecuencia, 
y ha sido admitida por el Juzgado en numerosos casos. 

Pidió que se admitieran las excepciones, con costas á los de- 
mandantes. 

El apoderado de éstos, evacuando el traslado conferido, pi- 
dió su rechazo con costas. 

Dijo: Que el artículo 1045, Código de Comercio, no puede 
fundar la excepción de defecto legal, pues habla de acción que 
se refiere al fondo del asunto, y no de la demanda ó formalida- 
des estrínsecas que debe revestir, parte que corresponde á las 
leyes deforma, cuyos requisitos (artículo 57 de la ley de Proce- 
dimientos), han sido llenados debidamente, y sólo faltando uno 
de ellos procedería dicha excepción ; 

Que tampoco puede ser aplicable ese artículo, pues él se re- 
fiere á las relaciones entre capitán y cargadores ó asegurado- 
res, y la demanda, en el presente caso, versa sobra indemniza- 
ción del importe de mercaderías recibidas á bordo de un buque 
y que no han sido entregadas á su destino; 

Que la excepción de incompetencia es también inadmisible, 
pues con arreglo al artículo 1091, Código de Comercio, los Tri- 
bunales de la República deben juzgar por las reglas estableci- 
das en el mismo Código, el contrato de fletamento de un bu- 
que, haya sido estipulado dentro ó fuera del país ; que el artí- 
culo 1215, Código Civil, establece igual principio para los con- 
tratos que deben tener cumplimiento en la República, de ma- 
nera que la competencia del Juzgado es evidente (artículo 10, 
inciso 2 o , ley sobre jurisdicción y competencia); 

Que aún admitiendo como exacta la cláusula del conocimien- 
to, ella no puede fundar la excepción de incompetencia, pues se 
oponen á ello los artículos 1206 y 1207, Código Civi!; 



228 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que la jurisdicción y las leyes que la reglamentan son de or- 
den público y las convenciones particulares no pueden dejarlas 
sin efecto, y todos los actot» prohibidos por las leyes son d& nin- 
gún valor (artículos 18 y 21, Código Civil). 

Que con la estipulación invocada por el demandado, se pre- 
tende dejar sin efecto las leyes argentinas que determinan la 
jurisdicción y competencia de los tribunales, para atribuir el 
conocimiento del asunto á otros tribunales, que por esas leyes 
son incompetentes, y tal estipulación no puede tener valor. 



Fallo del JTues federal 



Buenos Aires, Mayo 10 de 1894. 

Y vistos : Por los fundamentos aducidos en el precedente es- 
crito, que el Juzgado considera perfectamente arreglados á de- 
recho, no ha lugar á las excepciones opuestas, con costas, y con- 
téstese, en consecuencia, derechamente la demanda en el tér« 
mino de ley. 

Juan del Campillo. 



VISTA DEL SEftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Abril 5 de 1895. 

Suprema Corte: 

La demanda se refiere á mercaderías embarcadas en puerto 
extranjero, que no han sido entregadas á sus consignatarios, 



DE JUSTICIA NACIONAL 229 

con 8njecion á las pólizas de fletamento. Esta cuestión, por la 
naturaleza del contrato, caería bajo la jurisdicción nacional, 
oon sujeción á lo dispuesto eo el inciso 10, artículo 2 o de la ley 
de competencia de 1863. 

Pero contra esta jurisdicción se ha opuesto por el represen- 
tante de la compañía del Lloyd Norte Alemán, la excepción de 
incompetencia, que resulta de la cláusula del convenio de fleta- 
mento consignada en el conocimiento, que textualmente se 
transcribe á foja 13. 

Ese conocimiento no ha sido agregado como debiera, según 
el artículo 1045 del Código de Comercio ; pero el demandante 
declara á foja 19, que no trepida en admitirlo como exacto. 
porque en nada puede hacer variar la cuestión de competencia, 

Sin embargo, si el conocimiento existe con el compromiso 
transcripto, como no trepida la parte actora en admitirlo, la ju- 
risdicción del puerto de embarque sería preferentemente admi- 
sible. Ese compromiso, no afectaudo la moral ni leyes de orden 
público, debe cumplirse como parte integrante del convenio. 

Las leyes, tanto civilos como comerciales, admiten las esti- 
pulaciones de los contratos, que modifiquen el precepto general 
de las leyes y Y. E. lo ha reconocido en un caso análogo al 
actual, registrándose su decisión en la página 239, tomo 16, 
serie 2 a de sus fallos. 

Por ello pienso que, comprobada la existencia de la cláusula 
transcripta á foja 13, con presencia del conocimiento que Y. E' 
podría mandar traer ad affectum videndi, el auto de foja 23, 
debiera ser revocado y reconocida la jurisdicción estipulada 
por las partes, en ese conocimiento. 

Sabiniano Kier. 



230 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



JPallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 20 de 1895. 

Vistos y considerando: Que según resulta del conocimiento 
de foja cuarenta y cinco ha sido, en efecto, convenido que los 
reclamos que hubiere por daños, falta de entrega ó por otra cau- 
sa relacionada con dicho conocimiento, se arreglarán directa- 
mente con la compañía en Bremen,con sujeción á la ley de Bre- 
men, y con exclusión de procedimientos ante los tribunales de 
otros países. 

Que las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley 
misma (artículos mil ciento noventay siete, Código Civil, y dos- 
cientos siete, Código de Comercio). 

Que las personas, en sus contratos, pueden elegir un domici- 
lio especial para el cumplimiento de sus obligaciones, impor- 
tando esa elección atribuir á los jueces del lugar, la correspon- 
diente jurisdicción (artículos ciento uno y ciento dos del Código 
Civil). 

Por esto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Suprema 
Corte en casos análogos y con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General : se revócala sentencia apelada de foja vein- 
titrés y se declara que el conocimiento de esta causa no corres- 
ponde á la justicia nacional. Repuesto los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 231 



CAUSA CLX.XXUl 



Doña Juana Echemendi de Seminario contra Don Carlos Semi- 
nario; Don Juan Ugaldey Don Mariano Sobrado; sobre falsi- 
ficación de marca de fábrica. 

Sumario. — i° El que usa de una marca registrada á favor de 
otro, incurre en las penas establecidas por la lev sobre marcas 
de fábrica y de comercio. 

2 o La denominación < La Argentina », adoptada como marca 
de fábrica, no es contraria á lo dispuesto por el artículo 3 de 
dicha ley. 

3 o El propietario de la marca € La Argentina» explotada por 
la sociedad c Seminario y O», de la cual hizo parte y se hizo 
después cargo transmitiendo su activo y pasivo, puede exigir 
que se modifique la denominación de c Seminario y O», que 
otra sociedad use en la fabricación de artículos similares. 



Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Febrero 20 de 1895. 

Y vistos: Estos autos seguidos por Don Luis G. Bordes, en 
representación de doña Juana Echemendi de Seminario, contra 



232 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Carlos Seminario, JuanUgalde y Mariano Sobrado, por falsifi- 
cación de una marca de fábrica, de los que Tesulta : 

Que á foja 25 se presenta la demandante exponiendo : Que 
según consta del documento de fojas 1 á 3, su finado esposo 
tenía registrado su nombre y la palabra c La Argentina», con 
los distintivos que la rodean, como marca para la fabricación de 
chocolates, y esta marca, en Marzo de 1886, fué transferida á 
su nombre con todos los derechos que le eran inherentes. 

Que según consta de los documentos de fojas cuatro á siete, 
en ocho de Abril del mismo año se le acordó el registro dé la 
marca « La Argentina» á nombre de la razón social que había 
determinado usar, ó sea c Yinda de Seminario». 

Que en Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, asoció, 
según el contrato que acompaña, por cuatro años que vencían 
el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, 
á los señores Carlos Seminario, Santiago Seminario y Juan Y. 
Ugalde, en la fabricación de chocolates, y sin que en las condi- 
ciones del contrato apareciera comprendido en él, ninguna de 
las marcas, quedando así, de su exclusiva propiedad todas ellas, 
además deque, vencido el contrato, y disuelta la sociedad de 
hecho y derecho por la expiración de su término, aquellas siem- 
pre le pertenecían, pues ni fueron cedidas ni estaban vencidas, 
teniendo su registro validez hasta mil ochocientos noventa y 
seis. 

Que separados de la sociedad, Garlos Seminario y Juan Ugal- 
de, unidos con Manuel Sobrado, han establecido otra fábrica de 
chocolates en la Avenida Montes de Oca, mil ciento treinta y 
siete, y se han apropiado de sus marcas haciendo uso indebido 
de ellas, como lo comprueban los prospectos y etiquetas que 
acompaña, en donde se emplea la marca c La Argentina » regis- 
trada por ella y de su exclusiva propiedad. Que además, dichos 
señores no se han limitado á eso solamente sino que han trata- 
do de registrar y usar la marca cEl Seminario », según consta 



DE JUSTICIA NACIONAL 233 

del documento adjunto, á fin de producir confusión en los ape- 
llidos, denominación que la oficina de marcas se negó á regis- 
trar. 

Que establecidos así los hechos, el dolo criminal es también 
evidente. Como lo ha demostrado, Seminario v sus socios no 
son dueños de la marca «La Argentina», y al usarla sabían 
que obraban dolosamente, no sólo porque estaban obligados á 
saberlo, sino porque habiendo sido sus socios tenían conoci- 
miento de que era dueña de esas marcas, agregándose respecto 
á Carlos Seminario la circunstancia de que fué éste quien firmó 
á ruego de la demandante la solicitud y concesión de la marca 
cLa Argentina» hecha á su exclusivo nombre. 

Que la parte legal de la demanda era clara y expresa en pre- 
sencia de las disposiciones legales. En efecto, el artículo cuarto 
y el diez de la ley de marcas, establece que esas marcas son de 
su exclusiva propiedad, desde que para adquirirlas ha llenado 
los requisitos indispensables, como lo acreditan los documentos 
de fojas una y siete. 

El artículo veintiocho establece que serán castigados con 
malta de veinte á quinientos pesos ó prisión de quince días á 
nn año, los que falsifiquen ó adulteren de cualquier manera ana 
marca de fábrica ó de comercio, los que coloquen sobre sus pro- 
ductos ó los efectos de su comercio una marca ajena, lo* que 
con conocimiento de esa marca, vendan y se presten á circular 
artículos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada, y 
los señores Seminario y O, se encuentran comprendidos en los 
tres casos enunciados. 

El artículo treinta y dos ordena que sean comisadas la* mer- 
caderías con marca falsificada que se encuentren en pod<r de 
los falsificadores ó agentes. destinándote su producto á la*; es- 
cuelas públicas. 

En mérito de t>do ello entabla formal demanda por !afa)~ijü* 
caeion denureay uso indebido de ella, contra la «ociedad S?- 



234 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

minario y C a , pidiendo sean condenados al pago de la multa en 
su máximun y costas del juicio ; declarar comisadas las merca- 
derías que se embarguen á los demandados á los efectos del ar- 
tículo treinta y dos de la ley de maroas, dejar á salvo los dere- 
chos que le corresponden por los daños y perjuicios contra los 
falsificadores, é inutilizar los instrumentos del delito y marcas 
referentes; ordenar que Seminario y Compañía adopten una 
modificación que haga ese nombre visiblemente distinto de la 
razón social que usa su casa, por ser preexistente, ordenando 
que gire la casa con el nombre de Carlos Seminario y C a , para 
evitar así confusiones. 

Corrido el traslado de la demanda, la contestan Seminario y 
Compañía, exponiendo: Que los hechos que relata la acusadora, 
por lo que se refiere al empleo de la denominación «La Argen- 
tina » son exactos; la etiqueta que aquella acompaña les perte- 
nece y la han empleado para distinguir los productos de su fá- 
brica. Que esta declaración franca y categórica, la venta de 
esos artículos sin ocultación alguna, á la luz del día, sus anun- 
cios ofreciendo al público los chocolates que ellos elaboraban y 
firma puesta en la etiqueta misma, demuestran que tienen el 
más profundo convencimiento del derecho que les asiste. Si 
caen vencidos en esta lucha quedará bien establecido que no pro- 
cedieron con perfidias, ocultaciones, fraudes ni deslealtades, 
sino que entendieron usar un derecho perfectamente legítimo. 

Sostienen luego, que las palabras « La Argentina > no pueden 
ser consideradas como marca de fábrica, por ser el nombre 6 
denominación del Estado, que no puede ser monopolizado por 
nadie. Lo único que se puede acordar á un comerciante 6 in- 
dustrial es que la use en una forma particular, y bajo ese res- 
pecto concederle todos los beneficios que surgen de la ley de 
marcas. La viuda de Seminario no tiene, pues, el derecho de usar 
exclusivamente las palabras « La Argentina >, porque á ello se 
opone el inciso primero, artículo tercero de la ley, al establecer 



DE JUSTICIA. NACIONAL 235 

que loa nombres ó distintivos del Estado no podrán considerar- 
se como marcas de fábrica ó de comercio ; y estando esto prohi- 
bido por la ley, no tiene valor ninguno el registro acordado por 
la oficina de marcas, de esas palabras como marca de fábrica, y 
el Juzgado está autorizado para anularlo. 

Que aun cuando la marca no fuera nula, la demanda siempre 
sería injusta y temeraria, por cuanto no hay más semejanza 
entre las etiquetas usadas por ellos y las del actor, que las pa- 
labras «La Argentina», que ambos tienen el derecho de usar, 
y además, el uso del mismo nombre 6 designación convencional 
de una industria ya explotada por otra persona, no importa una 
violación de la ley de marcas si se han adoptado modificaciones 
que hagan visiblemente distintas uno y otro producto. 

Que en el juicio se han acumulado dos acciones, una criminal 
por falsificación de marca, y otra civil tendente á obtener una 
modificación en su firma social, y á este respecto, debe observar 
que la razón social es indudablemente una propiedad industrial, 
para los efectos de la ley de marca», pero disuelta una sociedad 
cesa igualmente el derecho de usarla. La viuda Seminario, una 
vez terminada la sociedad que con ellos tuvo, abandonó el uso 
de la razón social Seminario y Compañía, y recobró su nombre 
primitivo, esdecir: viuda de Seminario. ¿Es posible la confu- 
sión entre estos dos nombres? No lo es, y por lo tanto, esta pre- 
tensión también debe ser desestimada. 

Por todo ello, piden que la demanda sea rechazada, con cos- 
tas, dejando á salvo las acciones que puedan corresponderles 
por indemnización de los perjuicios irrogados, y no haéer lugar 
á la modificación de la razón social solicitada. 

Recibida la causa á prueba, se ha producido la que corre 
agregada de foja 57 á foja 106, y los tres expedientes adminis- 
trativos traídos ad effecíum videndi. 

Y considerando : Que la demandante ha acreditado, con el 
certificado respectivo de la oficina de marcas de fábrica y de co- 



236 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mercio, haber hecho el registro, parala fabricación de chocola- 
tes, de la marca consistente en la denominaoion cLa Argentina» 
y demás detalles que se consignan en la descripción de foja siete. 

Que los demandados han reconocido haber usado como marca 
para distinguir los chocolates de su elaboración la misma deno- 
minación « La Argentina > en la forma y con los agregados que 
se ven en la etiqueta de foja once ; lo cual se encuentra compro- 
bado también por las diligencias de embargo de fojas treinta y 
cuatro á cuarenta y uno, así como por las declaraciones de tes- 
tigos, de fojas setenta y una á setenta y seis, y ochenta y una á 
ochenta y dos. 

Que habiendo la demandante cumplido con los requisitos le- 
gales y obtenido el registro de la expresada marca, ésta es de 
su exclusiva propiedad, pudiendo oponerse al uso de cualquier 
otra que fuera susceptible de producir directa ó indirectamente 
confusión entre los productos respectivos (artículo cuarto de la 
ley de marcas de fábrica y de comercio). 

Que sosteniendo los demandados en su descargo, que la mar- 
ca concedida á su adversario carece de validez y eficacia, por 
haberse hecho la concesión en contravención á lo dispuesto en 
el inciso primero, artículo tercero, de la ley citada, será menes- 
ter examinar los antecedentes y, junto con la letra, el espíritu 
de esa disposición legal, á objeto de establecer su significado y 
alcance verdaderos. 

El inciso de la referencia determina que : c no se consideran 
como marcas de fábrica ó de comercio, las letras, palabras, nom- 
bre ó distintivos que use 6 deba usar el Estado »• 

Esta disposición ha sido tomada del proyecto presentado ala 
legislatura déla provincia de Buenos Aires, por el entonces 
ministro de la misma, doctor Amancio Alcor ta. El autor del 
proyecto indica como fuentes 6 leyes de referencia, la ley fran- 
cesa, la del Canadá, y el real decreto de España de veinte de No- 
viembre de mil ochocientos cincuenta. 



DE JUSTICIA NACIONAL 237 

La ley francesa no contiene prescripción alguna que tenga 
relación con la analizada, de tal manera que Fouillet puede per- 
fectamente sostener que las armas ó escudos municipales y na- 
cionales, son susceptibles de formar parte de una marca de fá- 
brica, y ser reivindicadas en tal concepto por el primero que 

♦ 

tuvo la idea de nsarlas y apropiárselas en esa forma (ver Poui- 
llet, Marques de Fabrique, párrafos treinta y dos y treinta y 
tres). 

£1 real decreto de España de veinte de Noviembre de mil 
ochocientos cincuenta, establece en su artículo séptimo que 
c podrán los fabricantes adoptar para los productos de sn fábri- 
ca el distintivo que tuvieren por oportuno, exceptuando única- 
mente: Primero. Las armas reales y condecoraciones españolas, 
á no estar competentemente autorizados al efecto ». 

«Posteriormente á la sanción de nuestra ley, el real decreto 
de Agosto veintiuno de mil ochocientos ochenta y cuatro que 
dictó reglas para la concesión de marcasen ultramar, amplió 
los casos de excepción, y así se encuentra que en el artículo 
quinto, inciso segundo, se prohibe que sean usados como marca 
de fábrica, además de lo consignado en el otro decreto, € los 
escudos, insignias, blasones ó lemas de los estados ó naciones 
extranjeras, sin consentimiento expreso de los gobiernos res- 
pectivos», y el real decreto de veintiséis de Octubre de mil ocho- 
cientos ochenta y cuatro* (véase Pérez Duidurra, Marcas de fá- 
brica y de comercio, páginas treinta y una, sesenta y ocho y 
ciento doce). 

Naturalmente, sólo el decreto de mil ochocientos cincuenta, 
pudoservir de fuente á nuestra legislación sobre esta materia; 
y los reales decretos posteriores se citan al solo objeto de dejar 
constancias de todas las disposiciones análogas que contiene la 
legislación española. Continuando en esta citación de legisla- 
ciones extranjeras, es de mencionar el convenio de veinte de 
Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, celebrado entre Bra- 



238 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sil, España, Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Portugal, etc., 
para la protección de la propiedad industrial, el cual convenio 
contenía en su artículo sexto, in fine, una disposición qne nega- 
ba el depósito de toda marca que se considerase contraria á la 
moral ó al orden público. El artículo cuarto del protocolo final 
estableció entre otras cosas : c Para evitar cualquier interpre- 
tación falsa, se entiende que el uso de escudos, de armas públi- 
cas y condecoraciones puede considerarse como contrario al 
orden público, según el tenor del párrafo final del artículo 
sexto». 

La ley inglesa de mil ochocientos ochenta y tres prohibe el 
registro de las armas nacionales, y en las instrucciones oficia- 
les para el registro de marcas, expedidas en Junio de mil ocho- 
cientos noventa, se establecía que no serían registradas como 
marcas de fábrica ó como parte principal de marcas de fábrica: 
las armas reales ó armas tan semejantes á ellas, que puedan con- 
fundirse ó producir confusión ó engaño; representaciones de la 
corona real ; las armas nacionales ó banderas de la Gran Breta- 
ña (ver Sebastian, The law oftrade marks, páginas ochenta y 
nueve, noventa y tres, cuatrocientos sesenta y dos). 

Como se vé, ni las leyes que han servido de fuente á nuestra 
ley de marcas de fábrica y de comercio, ni los posteriores de- 
cretos de España, ni la ley inglesa, contienen una disposición 
como la de nuestra lsy en esta parte. Las disposiciones que tie- 
nen analogía sólo prohiben el uso de las armas nacionales, con- 
decoraciones, ó banderas. Nuestra ley no considera como, mar- 
cas, las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba 
usar el Estado. 

Para fijar él significado y alcance verdaderos de esta disposi- 
ción, puesto que no nos ofrecen elementos suficientes los ante- 
cedentes analizados y puesto que la discusión de la ley en el 
Congreso en los años mil ochocientos setenta y cinco y mil 
ochocientos setenta y seis no arroja luz alguna sobre el parti- 



DE JUSTICIA NACIONAL 239 

cular, forzoso será tratar de desentrañar el espíritu de la dispo- 
sición referida. 

¿Cuáles son las letras, palabras, nombres ó distintivos que 
use ó deba usar el Estado? ¿La denominación «La Argentina» 
está comprendida dentro de esta enumeración ? 

El artículo treinta y cinco de la Constitución nacional pres- 
cribe, que « las denominaciones adoptadas sucesivamente, á 
saber: Provincias Unidas del Rio de la Plata, República Ar- 
gentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres 
oficiales indistintamente para la designación del gobierno y te- 
rritorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Ar- 
gentina, en la formación y sanción de las leyes ». 

¿Tendrá, entonces, la prohibición contenida en el citado ar- 
tículo de la ley de marcas de fábrica tal alcance, que llegue á 
impedir el empleo no sólo de estas denominaciones, sino tam- 
bién de cualquiera de las palabras que las forman; de manera 
que las voces Argentina, República, Río de la Plata, Provin- 
cias Unidas, no se considerarán como marca de fábrica, no pu- 
diendo nadie apropiárselas, en ese concepto, pero teniendo todo 
el mundo por lo tanto el derecho de usarlas en los productos de 
su fábrica ó en los objetos de su comercio? 

Es indudable que la prohibición legal debe tener y tiene un 
sentido definido y práctico que se desprende de sus términos 
y del propósito de la ley. 

Esa disposición se refiere á las letras, nombres, palabras ó 
distintivos que use ó deba usar el Estado, para distinguir las 
cosas oficiales ; todo aquello con que las cosas oficiales se seña- 
len y toman carácter de tales, pasando ante los ojos de todos 
como cosas pertenecientes ó emanadas del gobierno. Nadie po- 
drá registrar y apropiarse esas letras, palabras, ó nombres co- 
mo marca, poique con ello caracterizaría sus productos ó los 
objetos de su comercio, como de procedencia ó fabricación 
oficial, aparentando contar en cualquier sentido ó forma 



240 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

con la protección, garantía ó beneplácito del Poder Público. 
Es evidente que la ley se ha propuesto evitar que algún pro- 
ductor ó comerciante, mediante el registro de esas letras, nom- 
bres ó palabras, se las apropiase é hiciese que sus productos ó 
mercancías adquiriesen con la imposición de la marca un sello 
oficial que en verdad no tendrían, al mismo tiempo que impedir 
la posible confusión de los productos rt objetos oficiales con los 
de fabricación ó propiedad particular. 

Ahora bien, la denominación c La Argentina» concedida co- 
mo marca ala demandante para distinguir los chocolates de su 
fabricación, no aparece encuadrar dentro de la prohibición 
legal. Esa denominación no es oficia], no sirve para caracteri- 
zar ningún objeto emanado de los poderes públicos, no es usada 
por el Estado en parte ó cosa alguna. 

Ningún consumidor sería inducido á confundir los pro- 
ductos que con ella se distinguen, con ningún producto ú 
objeto de procedencia del Estado; nadie puede creer al verlo 
estampado en paquetes de chocolate, que este artículo es oficial, 
6 cuenta con la protección ó garantía del gobierno. 

No hay, en consecuencia, razón para anular el registro deesa 
denominación hecha por la demandante, y por el contrario, de- 
be surtir todos los efectos del registro de una marca de fábrica. 
Que, por lo tanto, el uso que los demandados han hecho de 
esa denominación para caracterizar productos similares es con- 
trario al derecho que la demandante había adquirido con el re- 
gistro de usar exclusivamente esa denominación en los pro- 
ductos de su fábrica y cae dentro de las prescripciones penales 
de la ley de marcas de fábrica y de comercio, por cuanto el uso 
de esa denominación común puede hacer que se confundan los 
productos de una y otra fábrica. T esta confusión es tanto más 
posible, si se tiene en cuenta, que el apellido Seminario se en- 
cuentra también en las etiquetas de la demandante y los deman- 
dados . Junto con la denominación cLa Argentina » la deman- 



DE JUSTICIA NACIONAL 241 

dante registró como parte de la marca, su nombre : viada de 
Seminario; y los demandados, al mismo tiempo que ponen en 
sus etiquetas aquella denominación, usan también en ellas el 
nombre de Seminario y Compañía. De suerte que la confusión 
resulta así posible: pues cualquier consumidor, medianamente 
celoso de sus intereses 6 de sus aficiones, podría Terse inducido 
en error y confundir dos paquetes de chocolates en los cuales 
resultan como rasgos ó distintivos principales de la marca de 
fábrica, en gruesos caracteres, la denominación «La Argenti- 
na > y el apellido « Seminario». 

Es de observar respecto de este apellido, que cuando se esta- 
bleció primitivamente la fábrica de chocolates de la demandan- 
te, registróse como marca de esos productos el nombre Pedro 
Seminario y Compañía. Después, en mil ochocientos ochenta y 
seis, la demandante obtuvo el registro de su marca c La Argen- 
tina» junto con su nombre, viuda de Seminario. Posteriormente, 
ésta constituyó una sociedad de la que formaban parte alguno 
de los demandados, para continuar la fabricación de chocolates, 
sociedad constituida bajo la razón social Seminario y Compa- 
ñía. Disuelta esta sociedad, la demandante quedó á cargo del 
activo y del pasivo de la misma (edicto de foja 18). El apellido 
Seminario, paede decirse que está vinculado á la fábrica de 
chocolates de la demandante, y debe considerarse legítima la 
exigencia de ésta, de que los demandados introduzcan una mo- 
dificación en su razón social, á fin de dejar claramente estable- 
cido que no hay vínculo entre las dos fábricas, que el artículo 
que elaboran no procede de un solo y mismo origen. 

El nombre de Seminario era considerado por los demandados 
de tal importancia para el éxito de su industria, que trataron 
de registrarlo no ya como firma ó razón social, sino como la 
designación de un edificio á cuyo diseño acompañaba. Pidieron 
á la oficina respectiva el registro de la marca El Seminario, en 
la forma en que se observa en uno de los expedientes agrega- 

T. X 16 



242 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dos, el que les fué denegado,por los fundamentos que allí se en- 
cuentran consignados y que concuerdan con los que anterior- 
mente se han aducido en este considerando. 

Si bien es verdad que en principio, el apellido que lleva una 
persona, es una propiedad de la misma y ésta tiene por lo tanto 
un derecho perfecto á usarlo en los productos de su industria, 
éste derecho debe tener su limitación en el derecho de los de- 
más que llevan ese mismo apellido. Si alguno de éstos, como 
sucede en el presente caso, ha registrado ese apellido como 
marca, y él ha servido para distinguir los productos de su fá- 
brica, no puede considerarse lícito que otro use del derecho de 
emplear el mismo apellido en la fabricación de artículos simi- 
lares, de tal modo, que aproveche del crédito adquirido por el 
primero, y que haga posible la confusión entre los productos de 
una y otra fábrica. 

Así la ley de marcas de fábrica y comercio establece en el ar- 
tículo veintidós, que el nombre del comerciante y el de la razón 
social constituye una propiedad industrial; pero el artículo vein- 
te y tres prescribe que el comerciante que quiera ejercer con el 
mismo nombre una industriaya explotada por otra persona, de- 
berá adoptar una modificación que haga que ese nombre sea 
visiblemente distinto del que usase la casa preexistente. 

Que en consecuencia de lo expuesto en los precedentes con- 
siderandos, el registro de la denominación cLa Argentina», como 
marca de fábrica, hecho por la demandante, debe reputarse 
perfectamente válido, y surtir todos los efectos legales; y ha- 
biendo los demandados usurpado esa denominación, cuyo uso 
exclusivo había adquirido aquella con el registro, poniéndola 
sobre sus productos 6 los efectos de su comercio, han incurrido 
en la penalidad establecida por el artículo veintiocho de la ley 
de marcas de fábrica y de comercio. 

Por estos fundamentos, fallo: condenando á los demandados 
á la pena de quinientos pesos fuertes de multa y al pago de las 



DE JUSTICIA NACIONAL 243 

co8tasdel juicio, quedando los mismos obligados á eliminar de 
sos etiquetas la denominación cLa Argentina », y á modificar 
el nombre social que usan en el sentido de la demanda. Déjase 
á salvo las acciones de la demandante, por los daños y perjui- 
cios, y procédase con la meroadería embargada en la forma de- 
terminada por los artículos treinta y dos y treinta y tres de la 
ley de marcas de fábrica y de comercio. Notifíquese con el ori- 
ginal y repóngase el papel. 

J. V. Lalanne. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 23 de 1895. 

Vistos: Por sus fundamentos de hecho y derecho, interpre- 
tando y aplicando la ley de marcas de fábrica y de comercio: 
se confirma, con costas, la sentencia apelada de foja ciento se- 
senta y tres, no haciéndose lugar al recargo de nulidad, por no 
invocarse ni haber fundamento que lo autorice. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LU1SV. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORREHT, 



244 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CLXXIIT 



Don Martin Puyrredon* contra el Ferrocarril Central Argentino, 
sobre daños y perjuicios; recurso contra sentencias de los 
Tribunales de Córdoba. 



Sumario. — Debe declararse improcedente el recurso de ape- 
lación interpuesto contra las sentencias de Tribunales locales, 
cuando dicho recurso se funda en el desconocimiento de su ju- 
risdicción, y la materia jurisdiccional no ha sido puesta en cues- 
tión ante los citados Tribunales. 



Caso. — Resulta de las siguientes piezas : 



RECURSO DE APELACIÓN 



Eocmo. Superior Tribunal: 

Demetrio B. Pereira, apoderado de la Empresa del Ferrooa 
rril Central Argentino, en los autos que sigo con el señor Mar* 
tin Puyrredon, sobre incendio de un campo, ante V, E. respe- 



DE JUSTICIA NACIONAL 246 

tilosamente expongo : Que no estoy conforme con el auto de 
Y. E. que se me ha notificado con fecha 5 de Diciembre y por 
el cual se hace lugar á la demanda, condenando á mi parte á 
una indemnización de daños y perjuicios que en mi concepto no 
procede ante el texto del artículo 53 de la ley de policía de 
Ferrocarriles Nacionales, que oportunamente invoqué, y en vir- 
tud de la cual mi representado sólo sería responsable por los 
perjuicios ocasionados por culpa ó negligencia de sus emplea- 
dos, pues de conformidad á las declaraciones hechas por la Su- 
prema Corte Nacional, la responsabilidad de la Empresa cha 
debido juzgarse necesariamente y en primer lugar del punto de 
vista de las disposiciones explícitas 6 implícitas contenidas en 
la ley citada, que rige en general las relaciones de las empresas 
de vías férreas, ya con la administración pública, ya con los par- 
ticulares, en todo lo que se refiere á la policía de las respecti- 
vas líneas» (serie 3 a , tomo 11, página 260). 

Que asimismo, en el expresado fallo, dictado con motivo de 
una demanda análoga, se declaró que el caso debía entenderse 
regido por una ley especial no comprendida en la reserva del 
artículo 67, inciso 11, de la Constitución, y sometido por lo mis- 
mo á la jurisdicción nacional, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 2 o , inciso I o , de la ley de 14 de Setiembre de 1863, 
Que, por otra parte, aquel alto Tribunal ha declarado, aplicando 
la disposición contenida en el referido articulo 53, que una Em- 
presa de ferrocarril es responsable del incendio producido por 
las chispas desprendidas de sus máquinas, cuando la Empresta 
no ha cumplido con las prescripciones relativas del reglamento 
de Ferrocarriles, y el damnificado no tuvo culpa en el hecho é 
hizo lo posible por evitarlo (serie 2 - , tomo 14, página 50;; que, 
en consecuencia, habkn io, no obstante la prueba por mí par- 
te producida y las diverjas consideraciones que tengo expues- 
tas en los autos, declarado V. E. la responsabilidad de la 
Empresa que represento, o:urre el caso previsto por el ín' i * / 3* 



246 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

del artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los 
Tribunales nacionales, de 14 de Setiembre de 1863, por cuan- 
to la decisión de V. E. afecta á la inteligencia de la ley nacio- 
nal de Ferrocarriles, que mi parte ha cuestionado y niega la 
exención que la Empresa en el referido artículo 53 déla expre- 
sada ley (artículos 20, 21 y 22 de la ley nacional de 16 de Oc- 
tubre de 1862). En virtud de lo expuesto, vengo á entablar el 
recurso de apelación de la precitada resolución, para ante la 
Suprema Corte de Justicia Nacional, pidiendo á Y. E. que se 
sirva concederme dicho recurso libremente y en ambos efectos, 
remitiendo en consecuencia los autos originales en forma legal 
(artículo 211 de la ley de Procedimientos nacionales). Por 
tanto, á V. E. pido, que habiéndome por presentado, provea 
como lo dejo solicitado. 
Es justicia. 

D. B. Pereira. 



AUTO DEL SUPERIOR TRIBUNAL 



Córdoba, Mayo 22 de 1895. 

Autos y vistos : El recurso de apelación interpuesto para an- 
te la Suprema Corte de Justicia Nacional, por el doctor Deme- 
trio B. Pereira, como apoderado de la Empresa del Ferrocarril 
Central Argentino, de la resolución de este Tribunal de fecha 5 
de Diciembre del año próximo pasado, en que se condena á di- 
cha Empresa á la indemnización de daños y perjuicios que ha 
ocasionado al señor Martin Puyrredon con el incendio de unos 
campos de propiedad de éste, producido por la locomotora de 
nn tren de dicha Empresa, y por cuya razón fué demandada 



DE JUSTICIA NACIONAL 247 

por el damnificado señor Pujrredon; siguiéndose el juicio en 
las dos instancias. Y considerando: 

4° Que aunque el conocimiento de la presente causa era de 
la jurisdicción de la justicia federal por estar regida por la ley 
del Congreso, de Ferrocarriles nacionales; ella fué sometida 
por las partes á la decisión de los Tribu nales de Provincia, que 
han resuelto la cuestión en las dos instancias á mérito de ha- 
berle sido prorogada su jurisdicción, de conformidad al artí- 
culo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los Tribu- 
nales Federales y á las decisiones de la Suprema Corte de Jus- 
ticia en las causas que se registran en el tomo 8 o , serie 2% 
página 346; tomo 10, serie 2*, página 5; tomo I o , serie 2\ 
página 490. 

2 o Que en el caso sub-judice, ni se ha discutido en primera 
y segunda instancia la inteligencia del artículo 53 do la ley de 
Ferrocarriles, ni la decisión de este Tribunal ha sido contra la 
validez del título, derecho, privilegio ó exención que se funde 
en dicha cláusula y sea materia de litigio; pues la resolución 
apelada se ha limitado á declarar la responsabilidad civil de 
dicha Empresa, con arreglo al mérito jurídico de las pruebas 
producidas. 

3° Que para que sea procedente el recurso entablado por el 
doctor Pereira para ante la Suprema Corte de Justicia, con 
arreglo al inciso 3° del artículo 14 de la ley de jurisdicción y 
competencia de los Tribunales nacionales, es necesario que el 
caso esté regido por la Constitución nacional, 6 por un tratado 
6 por ley del Congreso, 6 una comisión ejercida en nombre de 
una autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea 
contraía ralídei del título, etc.; y en el cato resuelto, la k*y de 
Ferrocarriles no le ha ¿cordado á la Empre*s el privilegio, 
exención 6 derecho de no indemnizar ios danos que canse por 
incendio, para que la decisión del Tribunal pudiera con*ide~ 
rarse contra la validez del privilegio; sino que aún en la hipóte* 



248 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

< 

sis de que hubiera error en el mérito déla prueba, la resolu- 
ción apelada ha sido dictada de conformidad al artículo 53 de 
la ley nacional citada, que estatuye la responsabilidad civil 
de las Empresas de Ferrocarriles por daños causados por in- 
cendio . 

Por estos fundamentos, se declara improcedente el recurso in- 
terpuesto, repónganse los sellos, hágase saber y devuélvase la 
causa al Juzgado de su radicación. 

VÁZQUEZ DE NO VO A. — CRESPO. — 
SOSA. — BUSTOS. — MOLINA. 

Ante mí : 

A. V ir amonte. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 16 de 1895. 
Suprema Corte: 

Del informe del Superior Tribunal de la provincia de Córdo- 
ba se deduce netamente que el fallo recurrido procede de la 
apreciación de la prueba rendida, que era de atribución de aquel 
Tribunal. 

Por ello y las demás circunstancias y fundamentos expuestos 
en el auto denegatorio del recurso en copia acompañado, pienso 
que Y. E. no debiera hacer lugar al actual. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 249 



Fallo de 1* Suprema t;orte 



Buenos Aires, Julio 25 de 1895. 

i 

Vistos en el acuerdo : Y considerando: Que según lo expresa 
el recurrente, la apelación directa por él traída ante esta Su- 
prema Corte, tiene por fundamento el desconocimiento de la 
jurisdicción de los Jaeces de la provincia de Córdoba, para ha- 
ber juzgado y resuelto la causa tramitada ante ellos. 

Que la materia jurisdiccional no ba sido puesta en cuestión 
ante los citados Tribunales, lo que ha hecho que las sentencias 
de primera y segunda instancia, no contengan resolución algu- 
na al respecto. < 

Que el recurso de apelación autorizado por el artículo 14 de 
la ley de jurisdicción y competenciade los Tribunales federales, 
requiere que en el pleito se haya puesto en cuestión la Cons- 
titución, tratados y demás que, con las respectivas circunstan- 
cias, se determinan en el exprésalo artículo. 

Que en consecuencia y habiéndose tan sólo deducido el re- 
curso de apelación, la improcedencia de éste debe ser decla- 
rada. 

Por esto, y de conformidad con lo pedido por el señor Procu- 
rador General, se declara bien denegado el recurso; y repuestos 
los sellos, archívese. 

BENJAMÍN PAZ. —ABEL BAZAH, — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E, TORAENT . 



250 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CXIXXV 



Criminal contra Doña Manuela Ponssa, por violación de 
correspondencia; sobre excarcelación provisoria 



Sumario. — No trayéndose hecho alguno nuevo que pueda 
servir para la reforma del auto que conoede la excarcelación 
provisoria ; debe éste ser mantenido. 



Caso. — Resulta de las siguientes piezas: 



VISTA FISCAL 

Tucuman, Enero 5 de 1895. 
Señor Juez de Sección : 

Con ocasión de la vista conferida del escrito en que doña 
Manuela Ponssasolioitasu excarcelación, he leído nuevamente 
el proceso para expedirme. 

La historiare los hechos originarios de este proceso, contada 
por la misma D a Julia Figueroa, según puede verse á fojas 1 y 
8 es la siguiente: Doña Julia Figueroa era profesora en la Es- 



DE JUSTICIA NACIONAL 251 

cuela Normal de Maestras de esta ciudad y por causas que no 
se expresa, ni hay objeto de averiguar, fué separada de él por 
resolución del Poder Ejecutivo Nacional, Con ese motivo doña 
Julia Figueroa se había dirigido al Ministerio de Justicia, Culto 
é Instrucción Pública con fechas 5 y 11 de Marzo de 1892, ges- 
tionando su reposición en el mencionado puesto. Estas notas 
fueron devueltas por el sub-secretario del -Ministerio de Ins- 
trucción Pública, para que verificara la reposición de sellos y 
son esas las que habiendo sido entregadas por el cartero Juárez 
en la Escuela Normal, fueron allí abiertas, según la Figueroa, 
por doña Manuela Ponssa, que era entonces vice-d i rectora de 
dicho establecimiento. 

Me parece oportuno recordar aquí que, según informe de los 
encargados de correos y telégrafos (foja 3 vuelta), las notas 
de la referencia fueron entregadas al cartero Juárez en perfecto 
estado, éste á su vez las entregó en iguales condiciones al por- 
tero de la Escuela Normal, quien internándose con ellas con 
objeto de entregarlas á su destinatario, volvió luego con el so- 
bre firmado, según se ve á foja 5. 

Es probable que en mérito de estos hechos la señorita doña 
Julia Figueroa en su escrito de foja 13, dice textualmente: 
<No se trata, pues, de perseguir un delito cometido por los em- 
pleados del Correo, ni regido por alguna ley especial de la na- 
ción; se trata de un delito ordinario, regido y castigado por el 
Código Penal y cometido en la Escuela Normal de esta ciudad». 

Pienso de la misma manera que doña Julia Figueroa, esto 
es, que se trata de un delito común previsto y penado por el Có- 
digo Penal, no por la ley de 14 de Setiembre de 1863. 

Sin embargo, queda un punto de resolución previa y es el de 
saber si deben aplicarse al presente caso las disposiciones le- 
gales contenidas en el capítulo 6 o del título 4 o de la sección I a 
del libro 2 o del Código Penal, ó bien las del capítulo 7 o del tí- 
tulo 2 o de la sección 2 a del libro 2 o de dicho Código. 



252 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

En mi opinión, señor Juez, las disposiciones aplicables son 
las primeras que he mencionado, 6 más correctamente la del 
articulo 173 del citado Código y no la de los artículos 262 y 
263, como lo cree doña Julia Figueroa. 

Para convencerse de ello, basta tener presente que el artí- 
culo 262 requiere que se trate de un servicio público ó de la 
administración y que el empleado haya revelado el secreto ad- 
quirido por razón de su empleo, elementos que no concurren en 
el caso sub-judice, por cnanto según la misma doña Julia Fi- 
gueroa, los oñcios abiertos contenían un reclamo suyo, que sólo 
á ella interesaba, relativo al profesorado que desempeñaba, 
caso en que no se puede interesar la causa pública, ni puede 
jamás resultar daño á la causa pública, como lo requiere el in- 
ciso I o de dicho artículo. 

£1 artículo 263 tampoco es aplicable, porque requiere que 
el empleado abusando de su cargo hubiera interceptado, etc., 
cartas ó documentos particulares. 

Suponiendo probado plenamente lo que oportunamente se 
verá, que doña Manuela Ponssa, vice-directora de la Escuela 
Normal de Maestras, sea quien hubiere abierto los oficios de 
que se trata, es evidente que para hacerlo no ha abusado de su 
empleo, por cuanto los oñcios no fueron á su poder por razón 
de las funciones que desempeñaba. 

Por otra parte, hay qpe tener en consideración que los artí- 
culos 262 y 263 pertenecen á uno de los 9 capítulos en que se 
divide el título de los cdelitos peculiares áempleadospúblicos>, 
y que el delito de que se trata al presente, no puede ser incluido 
en esa clase, por no ser peculiar á un empleado público, como 
son los de usurpación y abuso de autoridad, prevaricato, cohe- 
cho, etc., etc., sobre los cuales se legisla en dicho título. 

Agregúese á esto, que el artículo 173, que reputo aplicable, 
pertenece á uno de los seis capítulos en que se divide el título 
de los cdelitos contra las garantías individuales», y es un de- 



DE JUSTICIA NACIONAL 253 

recho garantido por nuestra Constitución la inviolabilidad de 
la correspondencia. 

Entonces, pues, según los antecedentes que constan de autos, 
al presente sólo se trata de una violación de esa garantía cons- 
titucional, puesto que según se afirma, la Ponssa se ha apode- 
rado de papeles 6 cartas pertenecientes á la Figueroa, j que 
contenían secretos que son de su propiedad, los cuales fueron 
probablemente descubiertos por la Ponssa, quien puede haber- 
los revelado á otros 6 no; pero que siendo cierto el hecho, cons- 
tituye el delito previsto y penado en el artículo 178 del Código 
Penal. 

Ahora bien, la pena impuesta por esa disposición, es sólo de 
arresto de tres meses á un año, sin perjuicio, como lo declara 
el artículo 176, de las acciones del damnificado para pedir la 
correspondiente indemnización, y como según el artículo 376 
del Código de Procedimientos en lo Criminal, puede conceder- 
se la excarcelación bajo fianza cuando el hecho tenga sólo pena 
pecuniaria ó corporal, cuyo máximun no exceda de dos años de 
prisión ó una y otra conjuntamente, creo que Y. S. debe resol- 
ver este incidente, haciendo lugar á lo solicitado por el defensor 
de doña Manuela Ponssa, pues el fiador propuesto, don Ángel 
S. Rodríguez, es persona de conocida responsabilidad. 

En consecuencia y salvo siempre el más acertado juicio de 
V. S. sírvase tenerme por expedido y proveer como dejo soli- 
citado, por ser así de justicia, etc. 

Napoleón H. Vera. 



254 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo del Juez Federal 



Tucuman, Enero 5 de 1895. 

Autos y vistos: De acuerdo con lo expuesto y pedido por el 
Procurador Fiscal en su precedente vista, concédese la excarce- 
lación solicitada bajo la fianza de don Ángel S. Rodríguez, que 
para los efectos del derecho se estima en la cantidad de seis- 
cientos pesos; en su consecuencia, póngase inmediatamente en 
libertad á la procesada doña Manuela Fonssa, después de ha- 
ber ésta constituido su domicilio legal en el momento de la noti- 
ficación á los fines del artículo 391 del Código de Procedimien- 
tos en lo Criminal, y líbrese el oficio respectivo á la Policía, 
extendiéndose, previamente, la correspondiente escritura de 

fianza. Hágase saber. 

* 

Delfín Oliva . 



VISTA FISCVL 



Tucuman, Mayo 29 de 1895. 
Señor Juez de Sección : 

Usando de la vista conferida, á V. S. digo: El artículo 395 
del Código de Procedimientos en lo Criminal, citado por doña 
Julia Figueroa, confiere la facultad de apelar del auto en que 
se confiere ó niegue la excarcelación, pero fija el término de 3 
días para la deducción de este recurso. 

En el presente caso el auto corriente á foja 11, ha pasado 



DE JUSTICIA NACIONAL . 255 

ya en autoridad de cosa juzgada y no puede deducirse de él, el 
recurso de apelación. 

Así lo ha comprendido seguramente doña Julia Figueroa, por 
cuanto en el escrito de que se me da vista, corriente á foja 29, 
no intenta tal recurso, sino que únicamente solicita la reforma 
del auto en que se ordenó la libertad de doña Manuela Ponssa. 

Efectivamente, la primera parte del artículo 395 antes ci- 
tado, dispone que el auto que decrete 6 deniegue la libertad, 
bajo cualquiera de las cauciones legales admitidas, puede ser 
reformado de oficio ó á instancia de parte durante todo el cur- 
so de la causa. 

Pero para que esta disposición sea concordante con la conte- 
nida en la segunda parte de dicho artículo, es necesario enten- 
derla en el sentido de que sólo podrá reformarse ese auto cuan- 
do posteriormente á la fecha en que se dictó se agregaren á los 
autos elementos probatorios capaces de modificar la responsa- 
bilidad del procesado, aumentándola ó disminuyéndola ó com- 
probando la existencia de un delito mayor ó menor del que 
apareciera al principio. 

En mi concepto, es ésta la inteligencia que debe darse á esa 
disposición, porque si en el curso del proceso se pone de mani- 
fiesto la procedencia de la excarcelación de un procesado, cuya 
libertad bajo caución ha sido denegada, debe concedérsele ésta, 
reformando aquel auto . 

Si por el contrario después de concedida la libertad aun pro- 
oesado se reunieran datos que demuestren la existencia de un 
delito que haga improcedente la excarcelación concedida, debe 
reformarse dicho auto y ordenar nuevamente sea constituido en 
prisión. En el presente caso, ningún dato nuevo se ha agregado 
al proceso que pudiera servir de fundamento para reformar 
el auto de foja H, en razón de modificar en uno ti otro sentido 
la responsabilidad penal de la Ponssa, y por consiguiente no 
hay motivo legal alguno para acceder á lo solicitado por doña 



256 VALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Julia Figueroa y por tanto á Y. S. pido se sirva mantener el 
auto de la referencia. 

Para terminar, agregaré algunas ligeras observaciones refe- 
rentes & que en el presente caso de reiteración de delito, no 
hay concurrencia de varios delitos. 

La misma doña Julia Figueroa parece reconocerlo así, cuando 
en su escrito de foja 13 del expediente principal dice textual- 
mente : cNo se trata, pues, de perseguir un delito cometido por 
los empleados del Correo, ni regido por alguna*ley especial de 
la Nación, se trata de un delito ordinario, regido y castigado 
por el Código Penal, y cometido en la Escuela Normal de esta 
ciudad». 

Como se vé, se habla de un solo delito y si se compulsan los 
artículos 262 y 263 del Código Penal, citado por doña Julia Fi- 
gueroa, se persuade más de ello, siendo el delito de que se trata 
el de revelación de secretos, legislado en el capítulo 7 o , título 
2 o de la seocion 2 a del libro 2 o del Código Penal. 

No hay reiteración de delitos y para no distraer más la aten- 
ción de Y. S. reproduzco lo que dije en mi escrito de foja 46 de 
este incidente y pido á Y. S. se sirva no hacer lugar á lo soli- 
citado por doña Julia Figueroa. 

Será justicia, etc. 

Napoleón M. Vera. 



Fallo del Juez Federal 



Tucuman, Junio 10 de 1895. 

Y vistos: Considerando que el auto, cuya reformase solicita, 
se funda en que el delito de que es acusada la señorita Ponssa 



DE JUSTICIA NACIONAL 257 

coasiste en haberse ésta apoderado de papeles ó cartas pertene- 
cientes á la señorita Figueroa, no trae pena corporal que exce- 
da de dos años de prisión, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 173 del Código Penal. 

Que el haber la señorita Ponssa, dado constancia de que 
recibió del cartero los referidos papeles ó cartas bajo la firma 
de la señorita Figueroa, como se afirma por ésta, no constituye 
delito separado y distinto del primero, por cuanto suponiendo 
cierto el hecho, aparece indispensable que la señorita Ponssa 
diera esa constancia para llegar al apoderamiento de la expre- 
sada correspondencia, desde que el cartero no se la hubiera en- 
tregado de otro modo. 

Por estos fundamentos, y las consideraciones concordantes 
del Procurador Fiscal, no se hace lugar á la reforma que se so- 
licita por doña Julia Figueroa, del auto de foja H vuelta. 
Hágase saber y repónganse los sellos. 

Delfín Oliva. 



VISTA DELSEftOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 16 de 1895. 
Suprema Corle: 

Dictado el auto de excarcelación bajo fianza áfoja 11, se no- 
tificó por cédula. No habiéndose interpuesto el recurso dentro 
del tercer día, que autoriza el artículo 895 del Código de Pro- 
cedimientos en lo criminal, en su segunda parte, quedó irre- 
currible. 

Sólo podría reformarse de oficio ó á instancia de parte, con 
sujeción al régimen del mismo artículo 395 citado, pero para ello 

T. X 17 



258 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sería necesario que nuevos elementos de convicción de mayor pe- 
nalidad contra el excarcelado, se hubieren acumulado a! proceso. 

No puede suponerse una contradicción manifiesta en la pres- 
cripción del Código: negar la apelación y autorizar el pedido de 
reforma, sin producirse nuevos hechos 6 elementos de convic- 
ción sobre mayor criminalidad y penalidad consiguiente, y esto 
durante todo el curso de la causa, sería mantener indefinida- 
mente inconcluso el incidente, y obligar al Juez, contra todo 
principio de procedimiento legal, á repetir uniforme y periódi- 
camente d auto de excarcelación. 

Aceptando por ello, los fundamentos de las precedentes vis- 
tas del Procurador Fiscal, que considero arregladas á derecho, 
pido á V. E. se sirva confirmar el auto recurrido de foja 28. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 27 de 1895 

Vistos y considerando: Que no se ha traído por el apelante 
hecho alguno nuevo que pueda servir para fundar la refonna ó 
revocación del auto de foja once, basado en las disposiciones 
combinadas de los artículos ciento setenta y tres, Código Penal, 
y trescientos setenta y seis, Código de Procedimientos en lo 
Criminal. 

Por esto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General, y fundamentos concordantes del auto apelado de foja 
veintisiete vuelta, se confirma éste, con costas; y devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VABELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 259 



CAUSA CLXAtVI 



Don Justo P. Acevedo contra don Salvador L. Casanova; sobre 

cobro ejecutivo de pesos . 



Sumario. — No es excepción admisible contra la ejecución, la 
de hallarse los muebles embargados, sujetos á un embargo an- 
terior ó ser algunos de ellos de los exceptuados por la ley. 



Caso. — Citado de remate, Casanova pidió no se hiciera lugar 
á la ejecución, alegando que los muebles embargados habían si- 
do embargados ya en otro juicio, y que entre aquellos existía 
una cama de nogal, y una cómoda para guardar planos de inge- 
niero, que era su profesión, exceptuados por la ley. 



Vallo del Juez Federal 



La Plata, Junio 25 de 1895. 

Y vistos: No siendo la excepción opuesta, de las comprendi- 
das en en artículo 270 de la ley de Procedimientos, no ha lugar 



260 FALLOS OE LA SUPREMA CORTE 

á ella, jen su consecuencia, sentencio esta causa detrance y re- 
mate, mandando se lleve adelante la ejecución hasta hacerse 

■ 

efectivo pago al acreedor ejecutante, del capital, intereses y 
costas con el producto de los bienes embargados. Repóngase 
la foja. 

M. S. de Aurrecoechea . 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Julio 27 de 1895. 

Vistos: Considerando que en el escrito de foja cuarenta y 
una, nada se expone tendente á enervar ó destruir la acción de- 
ducida para el pago del crédito reclamado, cuya legitimidad no 
se desconoce. Por esto, y fundamentos concordantes de la sen- 
tencia apelada de foja cincuenta y siete, se confirma ésta, con 
costas; y devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el in- 
ferior. 

BENJAMÍN PAZ . — ABEL BAZAN . — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUANE. TORREN!. 



DE JUSTICIA NACIONAL 261 



€ AU*A CliXXATII 



Don Manuel E. ! Sayancb contra don Benito Aguinaga, sobre 

reivindicación. 



Sumario. — Ejecutoriada y cumplida una sentencia qne ha* 
ce lugar á la reivindicación y entrega de un inmueble, los 
sucesores del demandado no pueden, en 1 a calidad de tales suce- 
sores, vender los derechos y acciones qne aqiu'l tenia á dicho 
inmueble; y el comprador está sujeto á la acción de reivindica- 
ción de los sucesores del demandante. 



Caso. — Lo explica el 



Fallo del Juez Federal 



Mendoza, Diciembre 3 de 1891. 

Vistos: El doctor Emiliano Sayanca, en representación de su 
señor padre don Manuel E. Sayanca, deduce demanda contra 
don Benito Aguinaga, exponiendo: 

Que su dicho señor padre, como sucesor de don José Joaquín 



262 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

a 

Sayanca, quien ásu vez lo fué de los finados caciques Sayanca, 
era dueño de unos terrenos ubicados en el departamento de San 
Martin, de esta provincia, en virtud de sentencia definitiva pro- 
nunciada en un juicio reivindicatorío iniciado en 1881 contra 
don José Santander, quien reconoció sus derechos de propiedad , 
mediante lo cual obtuvo su posesión, una vez ejecutoriada aque- 
lla, por medio de su encargado don Pedro Calderón, comisionado 
para el efecto; cuyos terrenos tienen una extensión de 19 le- 
guas cuadradas próximamente, bajo los Kinites siguientes : al 
norte con propiedad de don José Pontis, al oeste el rio Mendoza, 
al sud con derechos de la testamentaría Sayanca, y al este 
ésta misma. 

Que actualmente era poseedor de esos terrenos el señor Agui- 
naga, á título de dueño, por compra indebida hecha reciente- 
mente á los herederos del mismo Santander, en cuya virtud in- 
terpone contra él la correspondiente acción reivindicatoría, que 
funda en la disposición contenida en el artículo 2758 del Có- 
digo Civil. 

El demandado señor Aguinaga, contestando á la demanda, 
expone por su parte : Que la acción producida era improcedente 
por cuanto ella nace únicamente del dominio que se tiene en 
una cosa, según el artículo invocado, y el actor no fué dueño 
jamás del inmueble, ni tuvo su posesión. 

Que el carácter de sucesor de don José Joaquin Sayanca, 
quien se dice lo fué de los caciques Sayanca, no constituye, 
aunque esto fuera cierto, un título de dominio, desde que no 
existe dooumento alguno que lo declare heredero de don Diego 
Sayanca, donatario de las tierras á que se refiere el título de 
foja 2, y la sentencia que se invoca y en que se declara á don 
Joaquín, doña Cayetana y doña Rosario Sayanca, herederos 
de los caciques don Pascnal y don Jacinto Sayanca no tiene va- 
lor alguno á favor del actor, no sólo porque es librada en un 
procedimiento sumario y de oficio, sin controversia dentro del 



DE JUSTICIA NACIONAL 263 

juicio universal de sucesión, sino que, aún cuando fuera válido, 
sólo aprovecharía á los declarados herederos y no á aquel que 
no lo es. 

Que aún supuesto el derecho sucesorio que se invoca, no se 
acredita qué bienes he*edaran ni el título en que conste que se le 
adjudicaron, y la sentencia aludida no tiene valor ni efecto al- 
guno respecto á él: I o Porque son actos y declaraciones produci- 
das en un juicio contra personas extrañas en que no fué parte; 
2° Porque en ese juicio se trata de una simulación entre San- 
tander y el demandante para forjar un título y una posesión 
puramente ficticia; 3 o Porque el reconocimiento de dominio que 
hiciera Santander á favor del actor, no podía transferir á éste 
la propiedad de la cosa, desde que éste no fundaba su acción 
en título alguno; 4* Porque las tierras que se le demandan no 
son las mismas á que se refiere la sentencia, según las escrituras 
que presenta; y 5 o Porque está ya esclarecido en los Tribunales 
de la provincia, que todos ios terrenos que dejaron por heren- 
cia los caciques Sayanca, á que se refiere el actor y el título que 
ha presentado, son de propiedad de sus herederos y no del se- 
ñor Sayanca, que no lo es, como ofrece justificarlo. 

Abierto el juicio á prueba sobre el mejor derecho á los terre- 
nosmateria de la demanda, se ha producido por la parte ac- 
to ra, la corriente de fojas 78 á 144 y por el demandado la de 
fojas 145 á 199. 

Y considerando: I o Que de los docuAentos presentados por el 
demandante, de fojas 2 á 10, consta la merced hecha en I o de 
Febrero del año 1813, por el Corregidor y Justicia Mayor de las 
provincias de Cuyo, don Tomás de la Llana, por sí y á nombre 
deS. M., ádon Diego Sayanca, cacique principal de la c Lagu- 
na > de la Quijada y sus contornos, de unos terrenos situados á 
la parte del oriente de esta Ciudad, bajo los límites que en di- 
cho documento se expresan (fojas 2 á 3). 

2 o Que de los mismos documentos consta también que en fe- 



264 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cha 14 de Agosto del año 1837, y en virtud de sentencia judi- 
cial, fueron declarados legítimos herederos de los caciques Pas- 
cual y Jacinto S ayanca, los ya expresados José Joaquín, Caye- 
tano y María del Rosario Sayanca, en juicio seguido por el 
primero de éstos con la viuda de don Miguel Leyes, declarándo- 
se en dicha sentencia, resultar probado en autos la legítima 
descendencia de éstos, como herederos de los expresados caci- 
ques, y ordenándose á la vez el desalojo de cuantos ocuparan 
parte délos terrenos comprendidos en los títulos presentados 
y se les diera la posesión de los mismos (auto de foja 3). 

3 o Que consta asimismo, que en fecha 28 de Abril de 1881, 
y con motivo de una demanda interpuesta por don Manuel E. 
Sayanca, como sucesor del finado José Joaquín, contra don Je- 
sús Santander, sobre reivindicación del inmueble objeto de 
este juicio, se dictó sentencia definitiva, mandándose entregar 
á aquél dicho inmueble, amerito de la conformidad y reconoci- 
miento, por parte del demandado, de la legitimidad de sus tí- 
tulos; declarándose, empero, que el demandante señor Sayanca, 
no había acreditado su calidad de heredero de don José Joaquin 
Sayanca, ni que éste ó aquél lo fueran de don Diego, á quien 
aparece hecha la merced aludida (fojas 6 vuelta á7) constando 
igualmente la posesión dada al mismo á mérito de la sentencia 
enunciada (fojas 8 á 10). 

4 o Que en cuanto á los títulos presentados por el demandado, 
resulta: Que en fecha 14 de Mayo del año 1864, don Meliton 
Montecino transfiere, por pago de honorarios, á don Jesús San- 
tander, un terreno inculto ubicado en el departamento San 
Martin, constante de 20 leguas en la costa del rio Mendoza, 
avaluado en la suma de 75 pesos moneda corriente, cuyo terreno 
debía medirse desde el punto denominado «Puerto de Paisano» 
al norte, 2 leguas de frente á dicho rio por 10 de fondo al na- 
ciente, colindando por este rumbo y el sud con terrenos del enaje- 
nante y por el Norte condón José Pontis (escritura de foja 39). 



DE JUSTICIA NACIONAL 265 

5° Que en 18 de Marzo de 1886, doña Ascención Autequeda 
de Santander, don Fidel y don Isaac Santander venden á don 
José Antonia Bravo, sus derechos y acciones aun campo situa- 
do en el departamento indicado, que hubieron por herencia del 
finado don Jesús Santander, á quien pertenecía, según la escri- 
tura anteriormente expresada, por la suma de 10.000 pesos na- 
cionales (escritura de foja 42). 

6 o Que del documento de foja 43 consta igualmente, la venta 
hecha el 15 de Setiembre del mismo año 1886, por don José 
Antonio Bravo á don Miguel Mogrovejo. de los expresados te- 
rrenos por la suma de 10.000 pesos nacionales; y finalmente, 
la escritura de foja 45, la hecha por éste último, de los mis- 
mos terrenos, á don Benito Aguinaga por 30.000 pesos de la 
misma moneda. 

7 o Que de las especificaciones contenidas en las preindicadas 
escrituras, se deduce que los terrenos á que ellas se refieren, 
son los mismos que se expresan en los documentos presentados 
por el actor, y procede entonces decidir sobre el mérito de unos 
y otros para resolver el mejor derecho á la propiedad de aque- 
llos, en conformidad á lo establecido en el auto de prueba. 

8 o Que es denotarse desde luego, el más antiguo origen do los 
títulos presentados por el actor, como también que los dere- 
chos de dominio se fundan, no sólo en la declaratoria de here- 
deros hecha por la citada resolución de 14 de Agosto de 1837, 
en favor de su señor padre don José Joaquín, de don Cayetano 
y doña María del Rosario Sayanca, como legítimos sucesores 
de los caciques Pascual y Jacinto Sayanca, sino también en la 
ya expresada sentencia le 28 de Abril de 1881, en que se man- 
da entregar y se entrega en efecto á aquél ios terrenos enun- 
ciados. 

9 o Que es también de observarse, que los títulos del deman- 
dado, tienen su origen exclusivamente en la venta hecha por 
donMeliton Montecino á don Jesús Santander, no obstante que 



266 FALLOS DE LA SUPKEUA CORTE 

d la fecha de esa venta (14 de Mayo de 1864) esos terrenos ha- 
bían sido reconocidos por de propiedad del padre del deman- 
dante, en virtud del auto sobre declaratoria de heredero ya ex- 
presado en el juicio sobre posesión de los mismos, seguido con la 
viuda del ünado don Miguel Leyes. 

10° Que además, en la venta hecha á don José Antonio Bravo, 
de esos terrenos, por doña Ascensión Antequeda, don Fidel y 
don Isaac Santander, se invoca por éstos la calidad de herede- 
ros de don Jesús Santander como el hecho de pertenecerles por 
tal título los terrenos vendidos, no obstante también, de que á 
la fecha de esa venta (18 de Marzo de 1886) ellos se habían 
mandado entregar al demandante, por la sentencia de 1881, 
dictada en el juicio seguido con Santander y á mérito del reco- 
nocimiento de sus legítimos derechos declarados por éste en di* 
cho juicio. 

1 I o Que según queda expresado, los derechos de propiedad que 
opone el demandado á la acción reivindicatoría deducida, se fun- 
dan en los títulos trasmitidos por Montecino á Santander; pero 
se ha constatado también, que éste, con anterioridad á la venta 
hecha por sus sucesores á Bravo, había reconocido en favor del 
actor su legítimo derecho de propiedad, declarándose así por la 
sentencia aludida. 

12° Que por consiguiente, y no estando esos terrenos bajo el 
dominio de los sucesores de Santander, es entonces evidente, 
que éstos no han podido trasmitir derecho alguno de propiedad 
á su comprador señor Bravo, ni consiguientemente éste, ni su 
sucesor Mogrovejo, al demandado señor Aguinaga, siendo por lo 
tanto de todo punto «ineficaces tales títulos para fundar los de- 
rechos alegados. 

13° Que en cuanto á las objeciones hechas á los títulos del 
actor es de observarse, que si bien es verdad que la declaratoria 
de heredero hecha en 1837, no aparece dictada en un juicio su- 
cesorio de carácter universal, esto no obsta á su perfecta lega- 



DE JUSTICIA NACIONAL 267 

lidad y validez, en cuanto al reconocimiento que en ella se con- 
tiene, de los legítimos derechos de propiedad sobre los terrenos 
cuestionados, que declara en favor de don José Joaquín Sayan- 
ca, máxime cuando no se ha presentado documento ni prueba 
alguna de contrario que destruya ni desvirtúe en sus efectos la 
enunciada resolución. 

14° Que tampoco se ha acreditado la simulación alegada en re- 
lación al juicio seguido entre el demandante y Santander, re- 
suelto por dicha sentencia; ni menos que en el juhio sobre nu- 
lidad del reconocimiento hecho por éste en aquél y que se dice 
iniciado con tal motivo, recayera resolución alguna en el sentido 
de declarar ineficaz y sin valor legal dicha sentencia; y si bien 
es verdad que eneila se hace la salvedad expresada, en cuanto 
á no haberse acreditado por parte de Sayanca su calidad de. 
heredero de los expresados caciques, ella, empero, constituía des- 
de luego un título perfecto de dominio á su favor sobre los terre- 
nos objeto del litigio, respecto al menos de su colitigante don 
Jesús Santander. 

15° Que repecto de las partidas parroquiales presentadas de 
fojas 139 á 143, al objeto de acreditar que el demandante y sus 
antecesores no son de apellido Sayanca, y por consiguiente, su- 
cesores ni herederos de los caciques de este nombre, resulta en 
efecto, que tanto el abuelo como el padre del demandante y aun 
éste mismo, aparecen designados en sus respectivas partidas de 
bautismo, de fojas 139, 140 y 142 con el apellido de Sayagua, 
figurando el último con el de Sayanca, recien en la de su matri- 
monio de foja 141, como su hijo don Emiliano, en la de foja 
143. 

16° Que esta diferencia en el apellido con que aparecen el de- 
mandante y sus antecesores, padre y abuel opuede acaso pro- 
venir de un simple error de redacción, dada la semejanza entre 
los nombres Sayagua j Sayanca; siendo además de observarse 
en apoyo de esta suposición las mismas diferencias' que existen 



268 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

también en ese mismo apellido en las partidas de bautismo de 
don José Joaquín, que aparece como hijo de don Clemente Sa~ 
yago, y la de éste en que se le designa como hijo de don Martín 
Sayagua; como asimismo la adulteración en el apellidóle la es- 
posa del actor en que aparece con el de Astargoen vez de Astar- 
co, que se dice ser su verdadero apellido. 

17° Que además, y á este respecto se ha acreditado con el 
testimonio de los señores doctor Francisco Ruiz Suarez, Dioni- 
sio Rocha, José R. y Carlos Ponce, Enrique Campos, Julián Ro- 
dríguez y Zoilo S. Navarro, de fojas 190 vuelta á 196, que tan- 
to el demandandante como su finado padre han sido siempre 
conocidos y llamados con eseapellido de Sayanca en esta provin- 
cia de Mendoza, tanto por las autoridades como por los parti- 
culares. 

18° Que por otra parte, tales documentos no podrían tampo- 
co constituir en este juicio una prueba, en el sentido de constatar 
la falsa calidad en el demandante de sucesor de los caciques Sa- 
yanca, existiendo la declaratoria hecha al respecto por el citado 
auto del año 1837, y cuando tampoco se ha acreditado por do- 
cumento ni prueba alguna que los llamados Montecino sean los 
verdaderos sucesores de aquellos, como se afirma por el deman- 
dado, ni menos que exista declaratoria judicial al respecto. 

19° Que en relación á la observación hecha por el demandado 
de no haber el actor acreditado que tuviera en tiempo alguno la 
posesión del terreno, objeto de la reivindicación ni la causa ó 
motivo porque perdiera ésta, tampoco es fundada en el sentido 
de destruir sus derechos de dominio en él, desda que no se ha 
comprobado que éste se perdiera por prescripción, 6 que el tí- 
tulo en que se fundan los derechos de propiedad creados por la 
sentencia de 1881, se extinguieron por causa alguna jurídica. 

20° Que á este respecto, es de tenerse en cuenta la disposi- 
ción contenidaen elartículo2510del Código Civil, que establece: 
Que p1 dominio es perpetuo y subsiste independiente del ejercí- 



DE JUSTICIA NACIONAL 269 

ció que se pueda hacer de él. Que el propietario uodejade serlo 
aunque no ejerza ningún acto de propiedad, aunque esté en la 
imposibilidad de hacerlo y aunque un tercero los ejerza con su 
voluntad 6 en contra de ella, á no ser que deje de poseer la cosa 
por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda ad- 
quirir la propiedad por la prescripción (códigos y autores cita- 
dos en la nota á dicho artículo). 

21° Que el propietario de un inmueble conserva, entonces, 
siempre sus derechos como tal, mientras nose produzca respec- 
to á su dominio, algunas de las causas de extinción enumeradas 
desde el artículo 2604 á 2610, Código citado, de las cuales nin- 
guna se ha producido en el caso. 

22° Que por consecuencia, de la doctrina anteriormente sen- 
tada, y aun en el supuesto de que el actor no hubiera toma- 
do posesión de los terrenos en cuestión ni ejercido jamás acto 
alguno de tal naturaleza en ellos, contra lo constatado en los 
documentos de fojas 2 áiO, en que se contiene la declaración ju- 
dicial al respecto, la solicitud del actor, el auto judicial pro- 
veyendo de conformidad, la nota dirigida al juez de paz del 
departamento de San Martin, y la diligencia de éste dando esa 
posesión al señor Pablo Calderón, encargado para el efecto, ello 
no obstaría á la conservación del dominio, por parte del actor, 
desde que no se ha acreditado que se produjera causa alguna 
legal que lo extinguiera, según queda dicho. 

23° Que en cuanto á la prueba testimonial rendida por el de- 
mandado ¿í los mismos objetos, ella consiste en las declaracio- 
nes de los señores José María Lucero, Eugenio Santander, Eloy 
González, Modesto Luna, Doctor José Antonio Estrella, Ra- 
món Moran, Tomás DAvila y Equileo Árenos, corrientes de 
fojas noventa y nueve á ciento tres, ciento doce á ciento quin- 
ce y ciento veinte á ciento veinte y tres. 

24° Que de estas declaraciones, la más explicativa y fa- 
vorable á las pretensiones del demandado, es la de don 



270 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

José María Lacero, de la cual resulta constatado lo siguiente : 
4 o Que los campos en cuestión pertenecieron á la testamenta- 
ría de doña María Isabel Montecino ; 2 o Que el demandante 
señor Sayanca no estuvo jamás en posesión de ellos, según 
creencia d«l declarante; 3 o Que éste jamás fué reconocido en 
sentido alguno, como sucesor ni heredero de los caciques Sayan- 
ca; 4 o Que el apellido de aquél es Sayagua, según la partida de 
bautismo de su abuelo que vio el declarante ; 5 o Que él mismo 
tuvo un juicio con la expresada señora Montecino, siendo en é( 

4 

vencido el año mil ochocientos cincuenta y seis, y cuyo expe- 
diente dice haber visto, se encuentra en poder del Doctor José 
V. Zapata, sabiendo no se encuentra en la oficina conservadora; 
y 6 o Que la misma señora Montecino es nieta de uno de los ca- 
ciques Sayanca sin saber, empero, de cuál de ellos. 

25° Que respecto á lo primero y último se ha dicho ya 
que no se ha acreditado en estos autos, por documento al- 
guno, que los llamados Montecino sean los legítimos suceso- 
res y herederos de los caciques Sayanca, ni se ha producido 
prueba de ningún género en tal sentido, que pudiera opoaerse 
á los derechos reconocidos en dichos terrenos ; siendo además 
de observarse que la afirmación del testigo Lucero, tampoco ten- 
dría importancia como prueba á tal efecto ; no sólo por ser sin- 
gular, sino también porque en ella no se contiene dato alguno 
evidente, respecto á la descendencia que de los referidos cai- 
ques se atribuye á la expresada doña María Isabel Monte- 
cino. 

26° Que por lo que hace á lo segundo y tercero, tales afir- 
maciones resultan desautorizadas por los mismos documen- 
tos antes expresados, de los que consta, según se ha visto, la 
posesión dada al demandante en esos campos con fecha ocho 
de Junio de mil ocho cientos ochenta y uno, i virtud de la sen- 
tencia aludida de ese mismo año; como la declaración conteni- 
da en el citado auto de catorce de Agosto de mil ochocientos 



DE JUSTICIA NACIONAL 271 

treinta y siete, en que se expresa resultar acreditada la calidad 
de sucesor y heredero de aquellos, por parte del abuelo del de- 
mandante. 

27° Que en cuanto á las afirmaciones del testigo, respecto 
a) verdadero apellido del actor y su señor padre, tampoco 
pueden apreciarse con valor legal, dadas las irregularida- 
des de la partida de bautismo en que funda su aserto y las 
observaciones hechas al respecto en los considerandos décimo 
quinto al décimo octavo; y por cuanto no se ha acreditado tam- 
poco la existencia del juicio en que se dice fué aquel vencido ni 
menos los términos ó declaraciones que contuviera la sentencia 
ó resolución que se dice dictada en él. 

28° Que es de observarse, finalmente, que los hechos que 
resultan constatados por instrumentos públicos, jamás pueden 
desautorizarse por una prueba testimoniádmenos aún, cuando, 
como en el presente caso, ésta no es completa ni conteste en 
las manifestaciones que los testigos hacen, respecto á los he- 
chos sobre que declaran. 

Por tanto y omitiendo otras consideraciones resultantes de 
autos : fallo definitivamente y declaro legalmente acreditada 
por parte de don Manuel E . Sayanca, su propiedad en los te- 
rrenos objeto de la presente reivindicación; debiendo, en conse- 
cuencia, hacérsele entiega de los mismos por el representante 
de la sucesión del demandado don Benito Aguinaga, sin perjui- 
cio de las acciones queá éste correspondan contra su causante, 
sin especial condenación en costas. Hágase saber original y re- 
póngase el papel. 

Juan del Campillo . 



272 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Julio 27 de 1895. 

Vistos y considerando : Primero: Que, como lo establece la 
sentencia apelada, está plenamente averiguado que Don Manuel 
£. Sayanca demandó á Don Jesús Santander, en mil ochocien- 
tos ochenta y uno, para la entrega del inmueble objeto de este 
pleito, intentando al efecto, acción reivindicatoría basada en 
el dominio que invoca. 

Segundo : Que contestada la demanda, y reconociéndose en la 
contestación el derecho del demandante, se pronunció sentencia 
con fecha Abril veintiocho del citado año, declarándose que el 
demandado estaba obligado á entregar al actor la cosa reivindi- 
cada con más los frutos desde la notificación de la demanda. 

Tercero: Que consentida dicha sentencia, Don Manuel E. Sa- 
yanca pidió la posesión judicial del terreno, la que, previa no- 
tificación á Santander, del auto que la ordenó, le fué en efecto 
dada, en ocho de Junio del mismo año de mil ochocientos ochen- 
ta y uno, haciéndose la entrega á Don Pedro Calderón, que 
obraba á nombre de aquél. 

Cuarto: Que en diez y ocho de Marzo de mil ochocientos 
ochenta y seis, Doña Ascensión Antequeda de Santander y Don 
Fidel y Doña Isaac Santander, viuda la primera é hijos los de- 
más de Don Jesús Santander, venden, en calidad de sucesores 
de éste, los derechos y acciones al inmueble recordado, basán- 
dose en los derechos derivados de esa enajenación, los que in- 
voca el demandado. 

Quinto : Que el juicio promovido por Don Manuel E. Sayan- 
ca contra Don Jesús Santander es, por la naturaleza de la ac- 
ción deducida, no sólo contencioso sino también ordinario, si n 



DE JUSTICIA NACIONAL 273 

que sirva para modificar su carácter, la actitud asumida por el 
demandado en su respuesta ala demanda. 

Sexto : Que con tales antecedentes, no puede ponerse en cues- 
tión la propiedad de Sayanca por los sucesores de Santander, 
pretendiendo hacer revivir un pleito fenecido, porque á ello 
se opone la autoridad de la cosa juzgada á favor de aquél (le- 
yes trece y diez y nueve, título veinte y dos, partida tercera). 

Séptimo: Que desde que en virtud del reconocimiento y sen- 
tencia mencionada, los herederos de Santander, que sólo invocan 
títulos derivados de éste, anterior ala cosa juzgada y del que él 
hizo explícito abandono, no tenían el año de mil ochocientos 
ochenta y seis, derecho alguno al inmueble en relación á Sa- 
yanca, es indudable que, en perjuicio de éste, no podían tras- 
mitir á otro, derechos y acciones de que carecían (articulo tres 
mil doscientos setenta, Código Civil). 

Octavo : Que ei demandado no ha demostrado y mucho me- 
nos probado, que el juicio entre Sayanca no debiera tener la efi- 
cacia, que, en general, acuerdan las leyes á los juicios conclui- 
dos. 

Por esto y sus fundamentos concordantes, se confirma con 
costas, la sentencia Apelarla de foja trescientos seis; y repuestos 
los sellos, devuélvanse, pudiendo notiücarse con el original. 



BENJAMÍN PAZ. — LUIS Y. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORREflT. 



T. X 18 



274 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CliXXXVIII 



Doña Clara Fallero de Juárez contra don Federico Lacroze, por 
expropiación; sobre Tribunal pericial, intervención del Juez 
y apelación denegada. 



Sumario. — Si las partes han constituido un tribunal peri- 
cial para la estimación materia de la expropiación, las diligen- 
cias necesarias para formar juicio y dictar el fallo, son del re- 
sorte de dicho Tribunal, y el Juez procede correctamente ne- 
gándose á intervenir en incidentes sobre esa materia. 



Caso. — Kesulta del 



INFORME DEL JUEZ FEDERAL 

Exmo Señor : 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E., en el recurso de 
hecho deducido por Don Federico Lacroze, informaré á Y. E. 
lo siguiente : Doña Clara Fallero de Juárez y otros iniciaron 
demanda contra Don Federico Lacroze, sobre pago de un terre- 



DE JUSTICIA NACIONAL 275 

do de su propiedad, que éste les había expropiado paralas obras 
del Tramway Rural. Antes de ser contestada la demanda las 
partes celebraron un compromiso sometiendo la resolución del 
asunto aun tribunal pericial, compromiso que fué aprobado 
por el Juzgado después de las respectivas ratificacioues. Gomo 
venciera el término acordado á los arbitros para laudar, sin que 
lo hubiesen hecho, las partes, de común acuerdo, les fijaron un 
nuevo plazo de quince días á ese efecto, proveyéndose con ese 
• motivo lo siguiente : 

«La Plata, Marzo 29 de 1895. De conformidad de partes, 
acuérdase á los peritos el nuevo término de quince días, que 
empezarán á correr desde la notificación de los mismos. Aurre- 
coechea » . 

De este auto se pidió revocatoria por el señor Lacroze fundán- 
dose en que el arbitro nombrado por su parte había pedido se 
ordenara la presentación de los títulos de propiedad del terreno 
expropiado, así como de un plano del mismo, y que se sus- 
pendiera el término para laudar hasta tanto se hiciera esa exhi- 
bición y el Juzgado resolvió lo siguiente : 

cLa Plata, Junio 25 de 1895. Autos y vistos : en el incidente 
sobre revocatoria del auto de foja 90 y considerando: 1° Que 
por el compromiso de foja 35, este juicio fué sacado del cono- 
cimiento del Juzgado, para someterlo al fallo de un tribunal 
arbitral. 

< 2° Que el Juzgado sólo interviene posteriormente al solo ob- 
jeto de aprobar la prórroga del término acordado para fallar el 
tribunal pericial, lo que hizo por el citado auto de foja 90 vuel- 
ta, cuya revocatoria se pide. 

c 3° Que tanto las partes como los arbitros deben ajustar su 
procedimiento, á lo estipulado en el referido compromiso de foja 
35, sin que pueda el Juzgado tener intervención alguna en lo que 
se refiere á esos procedimientos, pues sólo á los arbitros corres- 
ponde entender en los incidentes que al respecto se produzcan. 



I 

¡ 



! 



276 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

< Por estas consideraciones: no ha lagar ala revocatoria dedu- 
cida á foja 95, ni á la apelación interpuesta, declarándose que 
el término para laudar empezará á correr desde la última notifi- 
cación de este auto á los arbitros. Repóngase el sello. Mariano 
5. de Aurrecoechea » . 

Acompaño testimonio del compromiso á que se ha hecho refe- 
rencia, para que V. E. pueda apreciar si él importaba sacar el 
asunto del conocimiento del Juzgado. 

Dios guarde á V. E. 

Malsano S. de Aurrecoechea. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 1* de 1895. 

Vistos en el acuerdo y considerando: Que según resulta de 
estas actuaciones, las partes, en el pleito, han convenido en 
constituir y han constituido en efecto, un tribunal de jurisdic- 
ción voluntaria encargado de la estimación del terreno materia 
de la expropiación. Que á los efectos de su misión, el citado tri- 
bunal está investido de las facultades necesarias en el orden del 
procedimiento y producción de los elementos de juicio que con- 
sidere conveniente para el fallo, siendo diligencias de esa 
clase ajenas al Juez, de cuyo conocimiento las partes han 
retirado la causa. Que según se desprende del escrito presen- 
tado por el recurrente deduciendo el recurso, él parte del con* 
cepto equivocado de que la prueba del derecho de propiedad, 
que no ha sido sometido á la resolución pericial, deba tener in- 
fluencia para servir de obstáculo á que los peritos cumplan con 
su mandato. Que no teniendo éste por objeto resolver sobro h1 
dominio del terreno á que se reñere la estimación sometida, 



DE JUSTICIA NACIONAL 277 

las cuestiones á que hubiejen lagar sobre si lo tiene ó no Do- 
ña Clara Pallero de Juárez, sobre el mencionado terreno, nada 
tiene que ver con el procedimiento arbitral. Que por consiguien- 
te, el Juez ha procedido correctamente declarando que, en el 
estado de las cosas, no deben serle traídos incidentes sóbrela 
materia sometida, del resorte del tribunal constituido por las 
partes. 

Por esto, no se hace lugar al recurso interpuesto. Remítanse 
estas actuaciones al Juez de la causa, para la agregación á lps 
autos de su referencia. Repóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CLXXXIX 



Criminal contra don Teodoro Brasch, don Benito L. Ramayon 
y otros, sobre defraudación, abuso de confianza y otros de- 
litos. 



Sumario. — I o Cuando se ha acusado por varios delitos, y el 
acusador no apela de la sentencia que declara probado uno solo, 



278 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

é improbados los otros, la Suprema Corte no puede pronunciar- 
se sobre estos últimos. La sentencia, en estaparte, debe darse 
por consentida. 

2 o No constituyen delito de defraudación con abuso de confian- 
za, las operaciones por las cuales un gerente del Banco Nacional 
en liquidación ha admitido que los deudores de unas letras 
quedaran sustituidos por otros, dando estos últimos garantía 
hipotecaria sobre propiedades que aquellos les traspasaron al 
efecto. 

3 o La transgresión del mandato no es un delito del derecho 
penal : es necesario probar el propósito criminal del mandatario, 
y el perjuicio efectivo causado al mandante. 

4 o No puede establecerse la presunción del propósito criminal, 
si el mandatario comunicó al mandante las operaciones he* 
chas, sino las conceptuó perjudiciales, y no obtuvo provecho 
de ellas. 

5 o No puede establecerse la existencia del perjuicio, si la 
deuda era mal servida por los antiguos deudores, y la garantía 
dada por los nuevos importaba en el momento de la operación 
una seguridad eficaz por una parte considerable déla deuda, y 
ésta era amortizable en largos períodos. 

6 o La tasación es un medio deficiente para llegar á un resulta- 
do preciso del verdadero valor de los inmuebles, y los Jueces no 
pueden dar preferencia á unas tasaciones sobre otras, cuando 
éstas son distintas y se destruyen entre sí. 

7 o El perjuicio, característico del delito de defraudación, debe 
ser real, confirmándose la intención, si existiese, con el hecho. 

8 o Cuando el conjunto de las circunstancias no permite afir- 
mar que la situación del mandante haya empeorado, y cuando 
sólo resultan presunciones que aunque graves, no son precisas, 
y pueden conducir á conclusiones diversas, fundándose algunas 
en otras presunciones ó indicios, surge la duda, favorable al 
procesado. 



DE JUSTICIA NACIONAL 279 

• 

9 o La acusación no debe ser calificada de calumniosa, cuando 
no se ha demostrado que el acusador haya procedido con volun- 
tad criminal, y resulta que ha sido guiado por razones que han 
podido inducirlo en error. 



Caso. — Lo explica el 



Fallo del Juez Federal 



Corrientes, Julio 21 de 1894. 

Vistos: Estos autos por defraudación al Banco Nacional ini- 
ciado y seguido por sus representantes legítimos, contra Teo- 
doro Brasch, ex-gerente de dicho Banco, soltero, argentino, do- 
miciliado en esta ciudad; Estovan Chaine, casado, domiciliado en 
esta ciudad, argentino, comerciante; Benito L. Ramayon, casa- 
do, inglés, domiciliado en Santa Fé, hacendado; Eugenio Min- 
vielle, soltero, francés, domiciliado en Buenos Aires, comer- 
ciante; Simón Derqui, casado, argentino, domiciliado en Buenos 
Aires, comerciante (fallecido); Ulpiano Cáceres, casado, ar- 
gentino, domiciliado en esta ciudad, hacendado; Mauricio L. 
Chaine, soltero, argentino, domiciliado en Bella Vista; Luis 
Brnel, soltero, francés, domiciliado en esta ciudad, agente ma- 
rítimo, y Manuel Céceres, José R. de Lara, José G. Valor, Julio, 
Dalmiro y Manuel Acuña, ausentes, con ignorado paradero ; 
délos que resulta: 

I o Que este juicio se inició por Don Carlos A. Paz, Inspector 
del Banco Nacional en liquidación, con el escrito de foja 4, 
cuerpo A, en el que se denunciaba, que Teodoro Brasch, ex-ge- 
rente de dicho Banco en esta ciudad, había ejecutado las ope- 



280 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

raciones que se mencionan en el cuadro de foja 3, del mismo 
cuerpo, chancelando créditos de deudores del Banco, con des- 
cuentos concedidos apersonas desconocidas, estando el estable- 
cimiento en liquidación. 

2 o Que esas operaciones no tenían explicación posible, á me- 
nos de haber mediado cohecho para defraudar los intereses del 
Banco en fuertes cantidades, y en cumplimiento de su deberé 
instrucciones recibidas del Directorio, solicitaba la interven- 
ción de este Juzgado, á fin de que se instruyese el correspon- 
diente sumario y se decretase la prisión preventiva de Brasch y 
el embargo de sus bienes, para asegurar sus ulteriores respon- 
sabilidades. 

3 o Que el Juzgado haciéndose cargo, ordenó la prisión de Teo- 
doro Brasch, la que se ejecutó con fecha veinte y uno de Febrero 
de mil ochocientos noventa y dos, tomándosele declaración inda- 
gatoria veinticuatro horas después, corriente á foja 9, cuerpo A ; 
así como la declaración de las personas que habían intervenido 
en las referidas operaciones y otras que por diversos motivos 
habían tenido conocimiento de ellas, cuyas deposiciones corren 
de fojas 16 á 65 y 82 á 84 del mismo cuerpo. 

i° Que en este estado del juicio se presentó el Doctor Koberto 
Levingston, en representación del Banco Nacional en liquida- 
ción, á mérito del poder otorgado por su presidente, don Marco 
Avellaneda, pidiendo se le admitiese como parte querellante y 
se ampliase el primitivo proceso, formando un sumario con res- 
pecto de las personas omitidas en la denuncia del Inspector Faz 
y que han participado como coautores ó cómplices en los delitos 
denunciados, que no sólo son los de defraudaciones y de cohecho, 
como se expresa en la denuncia, sino que también es indudable 
que deberán comprenderse los de abuso de confianza, simula- 
ción, estafa, infidelidad en la custodia de documentos y tal vez 
hasta malversación de caudales públicos; que esos individuos 
son: Teodoro Brasch, Simón Derqui, Luis Bruel, Mauricio L. 



DE JUSTICIA NACIONAL 281 

Chaine, Dalmiro Acuña, Manuel Acuña, Manuel A. Ferré, Ni- 
colás Ferré, Juan R. de Lara, Benito L. Ramayon, Urbano 
Cons, Javier Silva, José G. Valor, Eugenio Minvielle, Julio 
Acuña, Tllpiano Cáceres y Manuel Cáceres. 

5 o Que admitida 1a representación invocada y dándose por 
entablada la querella, tanto á la parte referente á Teodoro 
Brasch, como en relación á los nuevos acusados, se decretó, por 
auto de foja 134 vuelta, cuerpo A, y por los fundamentos en él 
expresados, la prisión preventiva de Estevan Chaine, Eugenio 
Minvielie, Simón Derqui, Benito L. Ramayon, quienes presta- 
ron sus respectivas declaraciones indagatorias de conformidad 
á las indicaciones de la ley y de los interrogatorios presentados 
por la parte querellante, en cada caso, corrientes, las de Chai- 
ne E., de fojas 140 á 151 A, las de Benito L. Ramayon, de fo- 
jas 152 á 159 A, las de Eugenio Minvielle, de fojas 165 á 172 
vuelta A, las de Simón Derqui, de fojas 173 á 185 vuelta A. 

6 o Que posteriormente á estas prisiones se decretaron, suce- 
sivamente, por los antos de fojas 199 vuelta B, 203 B, 86 E, 45 
J y 167 vuelta B, las de José G. Valor, Manuel Cáceres, TJ1- 
piano Cáceres, Manuel A. Ferré, Julio, Dalmiro y Manuel Acu- 
na y Manricio L. Chaine, la indagatoria de éste, así como la 
de Ferré, corren á fojas 9 vuelta P, y 48 vueUa J, y las de Luis 
Bruel á foja 191 A, no existiendo las de los demás por ignorar- 
se sus domicilios y no haber podido ser reducidos á prisión por 
esa causa. 

7 o Que todas las operaciones acusadas fueron ejecutadas del 
20 de Octubre al 19 de Noviembre de 1891 : la primera corres- 
ponde al señor Luis Bruel, quien era deudor al Banco de la 
cantidad de cincuenta y un mil novecientos sesenta y seis pesos 
moneda nacional (51.966 $m/n), en cuatro letras vencidas, de 
las que, la mayor por veinte y cinco mil pesos (25.000 $ m/n), 
tenía garantía hipotecaria de tres leguas de campo. En lugar 
de la deuda de Bruel aparece como descontada en el Banco, por 



282 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el ex-gerente Brasch, una letra de sesenta mil pesos {$ 60.000 
m/n) de Mauricio L. Chaine, con garantía hipotecaria, otor- 
gada el diez y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y 
uno, corriente á foja 18, cuerpo C, legajo I o , de nn terreno de 
chacra en el lugar llamado de « La Limita >, en la parte sud de 
esta ciudad, de doscientos noventa y seis mil quinientos ochen- 
ta y un metros cuadrados (296.581 met. cuad.), que el señor Si- 
món Derqui había vendido á Chaine, cuatro días antes déla 
constitución de la hipoteca, en ochenta y ocho mil nuevecientos 
setenta y cuatro pesos nacionales (88.974 $ m/n), que declara 
en la escritura haber recibido con anterioridad (f. 14 del mis- 
mo cuerpo y legajo); la segunda: corresponded Esteban Chaine, 
que era deudor al Banco de la cantidad de sesenta y un mil cien- 
to setenta y un pesos (61.171 $ m/n), dividida en dos letras, 
una de Izettay Compañía, de que era responsable como socio 
capitalista, importante de diez y siete mil cuarenta y tres pesos 
(17.043 8 m/n), y la segunda, por valor de cuarenta y cuatro 
mil ciento veinte y ocho pesos (44.128 $ m/n), cancelándose 
la primera, mediante el descuento concedido á Dalmiro Acuña, 
de una letra por veinte y cinco mil ochocientos pesos (25.800 $ 
m/n), con la garantía hipotecaria de seis lotes de terreno ur- 
bano en el departamento de Mercedes, con un total de siete mil 
novecientos sesenta y dos metros cuadrados (7962 met. cuad.), 
foja 79, cuerpo C, legajo 2, vendidos a Acuña por la señora 
C. de Chaine, esposa de Estevan Chaine, en treinta y seis mil 
pesos (36.000 # m/n), que se declara recibidos con anteriori- 
dad (véase escritura de foja 75, del mismo cuerpo y legajo), cu- 
ya garantía fué ampliada, anteriormente, en veinte y cuatro de 
Enero de mil ochocientos noventa y dos, con cuatro lotes urba- 
nos de terrenos en Bella- Vista, con un total da nueve mil cua- 
trocientos cincuenta y dos metros cuadrados (9452 met. cuad.), 
foja 104 de los mismos, que los adquirió de la señora Fidela C. 
de Cáceres, suegra de Chaine, por ocho mil ochocientos pesos 



DE JUSTICIA NACIONAL 283 

(8.800 ín/nj, recibidos antes del acto, foja 99 del mismo 
cuerpo 7 legajo. La segunda letra de cuarenta y un mil ciento 
veinte y ocho pesos (41.128$ m/n), se reemplazó con otra 
otorgada por Manuel Acuña por valor de cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos pesos (45.400 # m/n), con la garantía hipote- 
caria de cinco lotes urbanos de terrenos en Bella-Vista y uno 
en esta ciudad, con un total de veinte y siete mil novecientos 
setenta y ocho metros cuadrados (27.978 met. cuad.), foja 150, 
cuerpo C, legajo 3, comprado per éste á la señora Fidela C.de 
Cáceres, en sesenta y cinco mil pesos (ps. 65.000 m/n), cuatro 
días antes de la operación con el Banco, según resulta de la es- 
critura de foja 144, del mismo cuerpo y legajo. La tercera ope- 
ración correspondía á Manuel A. Ferré, quien cancela su propia 
deuda y la de su señor padre, que ascendían juntas á ciento 
ochenta y ocho mil novecientos tres pesos (188.903 # m/n), 
garantidas en su mayor parte por Benito L. Ramavon, por los 
mismos procedimientos anteriores. En lugar de esa deuda, apa- 
rece descontada por el ex-gerente, una letra de Juan R. de La- 
ra, valor deciento noventa y cuatro mil pesos (194.000 # m/n), 
con la garantía hipotecaria de veinte y seis lotes urbanos de te- 
rrenos en esta ciudad y sus alrededores, con un total de ochenta 
y ocho mil seiscientos ochenta metros cuadrados (88.680 met. 
cuad.), comprados por Lara á Ferré en doscientos cuarenta y 
dos mil pesos (242.000 # m/n), nueve días antes de la cancela- 
ción, que se declara en la escritura recibidos con anterioridad. 
La cuarta operación, tres días después de la anterior, Eugenio 
Minvielle cháncela su cuenta, que primitivamente se componía 
de cinco letras, que fueron reducidas á una sola, cinco meses 
antes de la cancelación, por un valor total de ciento treinta y 
cuatro mil ciento veinte y cinco pesos (134.125 $ m/n). En 
reemplazo de esta deuda, la que fué unida á la del extinto Simón 
Derqui, formando un total de trescientos diez mil ciento ochen- 
ta y tres pesos (310.183 # m/n), el ex-gerente Brasch descuen_ 



284 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ta, en el mismo día de la cancelación, á favor de Julio Acuña, 
Ulpiano Cáceres y Manuel Cáceres, la cantidad de trescientos 
treinta y un mil pesos (331.000 ¿ ir./n), de los que correspon- 
dían al primero, ciento once mil pesos (tH.000 # m/n), al se- 
gundo, cien mil pesos (100.000 $ m/n), y al tercero, ciento 
veinte mil pesos (120.000 $ m/n). Estos préstamos fueron res- 
pectivamente garantidos con hipotecas. Julio Acuña otorgó hi- 
poteca (véase escritura de foja 439, cuerpo C, leg. 5°), sobre 
veinte propiedades, compradas días ante3 á Simón Derqui y 
Eugenio Minvielle, en ciento cincuenta y ocho mil pesos 
(158.000 $ m/n), véase escrituras, fojas 417 á 438 del mismo 
cuerpo y legajo, de los que nueve son terrenos urbanos, situados 
en esta ciudad, diez en el departamento del Empedrado, y un 
campo de pastoreo en el departamento de Paso de los Libres. Ma- 
nuel Cáceres, ásu vez, da en hipoteca tres propiedades urbanas 
en el departamento de San Luis, tres campos en el de La Cruz, 
con una extensión de doscientos treinta y ocho mil trescientos 
setenta y tres metros cuadrados (238.373 met. cuad.) , véase es- 
critura hipotecaria de foja 609, cuerpo C, legajo 6 o , comprados 
á Simón Derqui y Eugenio Minviellti en ciento setenta y nueve 
mil pesos (179.000 $ m/n), fojas 546 á608 del mismo cuerpo y 
legajo, y Ulpiano Cáceres, otorga hipoteca, para garantir su 
deuda de cien mil pesos (100.000 # m/n), cuatro propiedades 
en Monte Caseros y tres en Goy a (véase escritura de foja 187, 
cuerpo C, leg. 4 o , compradas á Simón Derqui en ciento treinta 
mil pesos (130.000 # m/n), según consta de la escritura de foja 
179 del mismo cuerpo y legajo: Quinta operación: el mismo dia 
del anterior, Benito L. Bamayon cancela su deuda y la de Urba- 
no Cons, que juntas ascienden á trescientos cincuenta y siete 
mil setecientos pesos (357.700 # m/n), trasferidos de la Sucur- 
sal de Santa Fé, nueve días antes de la cancelación. En sustitu- 
ción de esa deuda aparecen en los libros del Banco un crédito 
concedido á José G. Valor, por trescientos sesenta y tres mil 



DE JUSTICIA NACIONAL 285 

pesos (363.000 # m/n), con garantía hipotecaria de veinticin- 
co propiedades urbanas en esta ciudad, con una extensión de se- 
senta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro metros cuadra- 
dos (65,874 met. cuad.),yun campo en San Cosme, de una 
extensión de trescientos ocho mil ciento treinta y cinco metros 
cuadrados (308.135 met. cuad.), véase escritura hipotecaria de 
foja 914, cuerpo C, leg. 7 o , compradas \ Benito L. Raraayon 
y Manuel A. Ferré en cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos pesos (444.800 # m/n), según resulta de las es- 
crituras de fojas 892 á 913 del mismo cuerpo y legajo cita- 
dos. 

8° Que todos los hechos que se acaban de relacionar, están 
plenamente comprobados con las constancias de la^ escrituras 
públicas que se mencionan, con la confesión del ex-gerente 
Brasch y también con las declaraciones de los mismos que han 
cancelado sus deudas en el Banco, como igualmente resultan del 
informe y sus anexos presentados por el perito Gandulfo, á fojas 
210 á 226, cuerpo A. En efecto, Brasch, contestando á la inda- 
gatoria de foja 9 A, 2° pregunta, dice : que canceló las deudas 
de Benito L.Raraayon, Manuel A. Ferré, Eugenio Minvielle, 
Simón Derqui, Estevan Chaine y Luis Bruel, aceptando garan- 
tías hipotecarias dadas por otras personas. Estevan Chaine, di- 
ce, contestando á foja 14t, á la indagatoria de foja 140 del 
mismo cuerpo citado, preguntas 5 a y 6 a , que es exacta la cance- 
lación de la deuda de Izetta y C a , do la que él se había hecho 
cargo con anterioridad, como que es cierto también (f. 146 vuel- 
ta), que cháncelo su propia deuda, sustituyendo las dos respec- 
tivamente á Dalmiro y Manuel Acuña. Benito L. Ramayon, 
contestando á las preguntas 12 y 13 de la indagatoria de foja 
152, cuerpo citado, dice : que es cierta la cancelación de su (leu- 
da y la sustitución á José G. Valor (f. 156). Eugenio Minvielle, 
dice á foja 169 vuelta, al contestar la pregunta 3 a de la inda- 
gatoria: que canceló su deuda con el Banco, y que Simón Der- 



286 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

qu¡ corrió con la operación; quien á foja 179 vuelta expone : que 
esa cancelación se verificó haciéndose él (Derqui), cargo de la 
deuda de Minvielle, lo que está en contradicción con lo que 
declara Mario Vague, apoderado de éste (f. 275 vuelta, cuerpo 
B), contestando á la pregunta 31 del interrogatorio de foja 265. 
Simón Derqui declara á foja 179 vuelta, cuerpo A, contestando 
á la indagatoria de foja 173, que es cierto su deuda, si bien ella 
no fué cancelada sino renovada, pero que son ciertas las canee* 
laciones de la pregunta 5 a y las sustituciones de la pregunta 6 a . 
Manuel A. Ferré dice, tanto en su declaración de foja 37, cuer- 
po A, como en su indagatoria de foja 48 vuelta y siguiente del 
cuerpo J, ser cierta su deuda, su cancelación y la sustitución 
operada á favor de Juan R. deLara. Luis Bruel, declara en su 
indagatoria de foja 191, cuerpo A, que es cierta su deuda y su 
cancelación, pero que ignora cómo se verificó ésta, porque Mario 
Vague, como apoderado de Simón Derqui, para quien contrajo 
esa deuda, corrió con la operación. 

9 o Que lo mismo hay que decir respecto álos sustitutos Mau- 
ricio L. Chaine y XJlpiano Caceras, que confiesan en sus respec- 
tivas indagatorias la exactitud de las operaciones que la quere- 
lla les atribuye (fojas 144 á 185 vuelta y 201, cuerpo A, y foja 
48 vuelta, cuerpo J); no constando en autos la declaración de 
los demás sustitutos, José G. Valor, Juan R. de Lara, Manuel 
Cáceres, Dalmiro, Manuel y Julio Acuña, por no haber compa- 
recido al llamado que por edictos se les hizo (fojas 155 y 156, 
cuerpo B), en razón de ignorarse sus domicilios. 

10° Que en atención á esos antecedentes, que se confirmaron 
con la propia declaración de los acusados, se decretó, como se ha 
dicho, la prisión preventiva do Teodoro Brasch, á foja 8, cuer- 
po A; Estovan Chaine (f. 134 vuelta, cuerpo A); Benito L. Ra- 
mayon (f. 134 vuelta, cuerpo A) ; Eugenio Minvielle (f. 134, 
vuelta, cuerpo A); Simón Derqui (f. 134 vuelta, cuerpo A); Ma- 
nuel A. Ferré (f. 45, cuerpo J); TJlpiano Cáceres (f. 86,cuer- 



DE JUSTICIA NACIONAL 287 

po E) ; Manuel Cáceres (f . 203, cuerpo B) ; Juan R. de Lara(f. 
86, H); José G. Valor (f. 200, cuerpo B); Julio, Dalmiro y Ma- 
nuel Acuña y Mauricio L. Chaine, á foja 167, cuerpo E, la que 
fué cumplida con relación á este último y á los seis primeros, no 
así respecto á los demás, á pesar de las órdenes y requerimientos 
que el Juzgado dirigió en todas las formas autorizadas por la 
ley. El auto de prisión preventiva corriente á foja 135, cuerpo 
A, fué apelado para ante la Suprema Corte, quien lo confirmó 
én su sentencia de foja 307, cuerpo F, 

11° Que está igualmente comprobado que los sustitutos José 
G. Valor, JuanR. deLara, Mauricio L. Chaine. XJlpiano y Ma- 
nuel Cáceres, Julio, Dalmiro y Manuel Acuña, no poseían otros 
bienes que los que sus respectivos sustitutos les habían trasferido, 
días antes de las operaciones de crédito acusadas, según resul- 
ta de los informes de las Oficinas de Registro de la Propiedad 
(fojas 18 vuelta, 91 y 103, cuerpo E), de los informes de la Con- 
taduría General de esta Provincia, Santa Fé y Capital de la Re- 
pública (fojas 1 M y 15 H); así como no han tenido crédito en 
ninguno de los Bancos de los mismos puntos, como lo revelan los 
informes de esos establecimientos, corrientes á fojas 48 á 52 B, 
2 á 59 M, 182 á 209 O y 196, 197, 199, 201 y 210 J. 

12° Que también ha quedado comprobado en autos, por la pro- 
pia declaración del ex-gerente Brasch, de foja 9 A, y la de los 
testigos libres de toda excepción, TiburcioG. Fonseca, Eugenio 
Luraschi, Felipe Aguirre, Carlos Márquez, Guillermo Fitz-Si- 
mon, J. Delio Martínez, Manuel Bastinduy, Pascual Giglian 
y Eulogio Cabral, corrientes de fojas 78 vuelta á 98 B, 80y 
161 E, contestando á las preguntas 14, 15, 16 y 17 del interro- 
gatorio de foja 73 B, que los sustitutos eran personas descono- 
cidas. 

13° Que asimismo, se ha probado por las propias escrituras 
de transferencias é hipotecarias, que se contienen en el cuerpo C, 
que los bienes dados en hipotecas al Banco por los sustitutos les 



288 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

había sido transferidos días antes de las operaciones de crédito 
acusadas. 

14° Que se ha constatado también que en la época que se eje- 
cutaron dichas operaciones (20 de Octubre al 19 de Noviembre 
de 1891), el Banco Nacional se encontraba en liquidación, de 
conformidad á la ley núm. 2841 , dictada en 16 de Octubre de 
1891, como resulta de la sola confrontación de las fechas ; que 
el ex-gerente Brasch había consentido y ejecutado esas opera- 
ciones por sí y sin asistencia del Consejo, según su declaración 
de foja 9 A; que los sustitutos poseían en la época de las opera- 
ciones, otros bienes que los transferidos á sus sustitutos ; que 
los valores asignados álos inmuebles en esas transferencias fue- 
ron muchísimo mayores que los de adquisición pagados por los 
sustitutos, siendo así, que á unes del año 1891, época en que 
aquellos se verificaron, el precio de los inmuebles en esta Pro- 
vincia, había bajado dos y tres veces del que se pagaba el año 
1889, época de adquisición por los sustitutos, según los testigos 
Tiburcio G. Fónseca (f. 79 B), Felipe Aguirre (f. 84 B), Carlos 
Márquez (f. 84 B), Manuel Bustinduy (f. 89 B), J. Delio Mar- 
tínez (f. 95 B), Antonio Cabral (f. 112 vuelta J), Belisario En- 
riquez(f.H5 J), José Luis Nicolini (f. 117 J), Joaquín Vedoya 
(f. 119 J) y Doctor Juan Valenzuela (f. 120 vuelta J) contes- 
tando alas primeras preguntas de los interrogatorios de fojas 
72 B y 106 J ; que las tasaciones practicadas por los peritos J. 
Benjamín Romero y Bamon M. Gauna, foja 238 B, y Elizondo, 
Romero y Gandulfo, foja 207 J, cuando la causa se encontraba 
en estado de sumario, la primera referente á los bienes transfe- 
ridos por E. Chaine, B. Ramayon, S. Derqui y E. Minvelley 
la última á los transferidos por Manuel A. Ferré, asignan á esos 
bienes los valores que en el cuadro siguiente se mencionan jun- 
tamente con el monto de cada uno de los créditos que con las 
hipotecas de aquellos fueron garantidas: 



DE JUSTICIA NACIONAL 289 

E. Chaine, su deuda B 71200 : 

Valor de los bienes según escritura de transferencia B 109000 » 
Tasación, Romero-Gauna 45000 > 

E. Minvielie y Derqui, sus deudas B 310183 : 

Valor de los bienes según escritura de transferencia 467000 » 



Tasación Romero-Gauna 284317 » 

B. L. Ramayon, su deuda B 357700 : 

Valor de ios bienes según escritura de transferencia 444800 » 
Tasación Romero-Gauna 183715 79 

L. Bruel, su deuda B 60000 : 

Valor de los bienes según escritura de transferencia 88974 » 
Tasación Romero-Gauna 44487 15 

M. A. Ferré, su deuda B 194000 : 

Valor de los bienes según escritura de transferencia 24200Ó » 
Tasación Elizondo R. y Gandulfo 106558 75 

15° Que con estos antecedentes, se cerraron los sumarios, el 
de Manuel A. Ferré, por ñuto de foja 81 vuelta L, y el de Teo- 
doro Brasch y otros, por auto de foja 233 E, corriéndose vista 

* 

de lo actuado al Agente Fiscal y al acusador particular, quie- 
nes se expidieron, pidiendo, el Fiscal, el sobreseimiento defini- 
tivo, fojas 255 E y 121 L, y el querellante á fojas 104 H y 124 
D, la continuación del proceso. 

16° Que no obstante la vista Fiscal, fueron elevados áplena- 
rio ambos sumarios por ios autos de fojas 110 vuelta H, y 128 
vuelta L, respectivamente, pasándose nuevamente en vista al 
Fiscal y querellante, para que formuladas las acusaciones, la 
que fué evacuada, en el proceso de Teodoro Brasch y otros, por 
el Fiscal, de fojas 112 H, y su referencia 255 E, y por el quere- 
llante de foja 117 H; y en el proceso Ferré, de foja 130 vuelta, 

T. X 19 



290 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

L y 145 L; acusaciones que fueron contestadas por los defenso- 
res de los procesadss de fojas 136 H y 151 L. 

Expresamos las conclusiones á que arriban tanto la acusación 
como la defensa, cumpliendo así con la tercera regla del artícu- 
lo 435 del Código de Procedimientos en lo criminal. 

Dictamen fiscal (fojae 112 H y 255 E). — El señor Fiscal ocu- 
pándose de cada uno de los delitos acusados, dice : que el cohe- 
cho no pudo cometerlo Teodoro Brasch, desde que no era 
empleado de la administración pública, ya que el Banco Nacio- 
nal, como lo tiene declarado la Suprema Corte, no pertenece á 
la administración de la Nación, y que no sólo falta ese primer 
requisito, sino que de ninguna manera se ha comprobado en 
autos queBrasch hubiese recibido dádiva para ejecutar las ope- 
raciones de crédito acusadas; que la misma cosa dice de la infi- 
delidad en la custodia de documentos, pues que los requisitos 
que caracterizan ese delito no existen con relación á Brasch, 
que no era empleado público, y de quien tampoco puede decirse 
que ocultó, sustrajo, destruyó ó inutilizó documentos confiados 
á su custodia; que la sustitución de que se acusa á Brasch, y 
de que habla el inciso 14 del artículo 203 del Código Penal, 
para que hubiese tenido lugar, habría sido necesario: 

I o Que la sustitución fuese con el propósito de defraudar, y 
que de las constancias del proceso no resulta que las sustitu- 
ciones acusadas hayan perjudicado al Banco, y que por el con- 
trario, fueron operaciones calculadas para garantirlo ; 

2 o Que esas sustituciones se hubiesen mantenido ocultas ala 
casa de Buenos Aires, constando, por el contrario, que á medida 
queBrasch las hacía, daba cuenta de ellas, acusándole recibo 
sin observación, loque importaba aprobarlas; 

3 o Que ellas fuesen extrañas á las operaciones bancarias; que 
las sustituciones practicadas por Brasch no son á las que se re- 
fiere el inciso 14, citado, sino á aquellas que tengan por objeto 
sacar un papel ocultamente, poniendo otro en su lugar, con es- 



DE JUSTICIA NACIONAL 291 

ta circunstancia característica del delito: hacer creer que el 
papel que reemplaza al sostituido es el que estuvo desde un prin- 
cipio, y que en el presente caso no se trata de esto; que tampo- 
co Brasch ha cometido el delito de simulación de que habla el 
inciso 12 del artículo 203 del Código Penal, desde que el Banco 
no puede decir que haya sufrido perjuicios con las operaciones 
acusadas, y que las ventas de bienes hechas por Ramayon, Fe- 
rré, Chaine, Derqui y Minvielle á los que se hicieron cargo de 
sus obligaciones en el Banco, tampoco puede decirse que sean 
simuladas en presencia de los siguientes hechos: I o Que los 
compradores, con pleno conocimiento de los vendedores, dispu- 
sieron de las propiedades compradas, entregándolas al Banco 
en garantía de obligaciones; 2 o Que los compradores se obliga- 
ron formalmente por escritura pública, por sumas que repre- 
sentan el valor délas propiedades, sumas que los vendedores de- 
bían y de las que los compradores se hicieron cargo, pagando en 
esta forma el precio. Hay, así, constancia cierta del pago del 
precio, el que no es necesario que se haga exclusivamente en 
moneda ó billetes, para que la venta sea real, desde que se pue- 
de pagar el precio de un inmueble, librando al vendedor de una 
deuda con el mismo comprador ó con un tercero ; que el abuso 
deconfianza de que se ocupa el inciso 10 del artícu)o203, supo- 
ne, como todos los de su clase, la intención dolosa ó frauduleuta 
y que esto no puede suponerse en operaciones consultadas pre- 
viamente con el superior inmediato, cuya falsedad no se ha 
probado. Que aún admitiendo que las operaciones no se hubie- 
sen consultado previamente, tampoco podría suponerse dolo ó 
fraude en ellas, teniendo en cuenta que el ex-gerente las puso 
inmediatamente en conocimisnto de la Casa de Buenos Aires. 
Que, finalmente, no puede haber delito de fraude, por abuso do 
confiaiiza, en operaciones de las que no resulta daño á la per- 
sona de cuya confianza se dice haber abusado; que ni aún el 
perjuicio, por grande que sea, autoriza suponerla existencia de 



292 FALLOS DE LA SUPltEMA CORTE 

un delito si no se prueba que ese perjuioio es la consecuencia del 
fraude, dolo 6 engaño, como lo ha dicho el señor ProcuradorGe- 
neral de la Nación, diotaniinnado sobre la improcedencia de la 
prisión preventiva en este mismo proceso. Estafa (artículo 202 
del Código Penal): que de la simple lectura deeste artículo resulta 
que no concurre en el caso en cuestión, ninguno de los requisi- 
tos indispensables para la existencia de este delito, come ser: 
nombre supuesto, calidad simulada, falso título é influencia 
mentida, ni se han aparentado bienes ó créditos, ni ha habido 
ardid ó engaño, que son las maquinaciones fraudulentas conque 
los autores caracterizan el delito de estafa; que las operaciones, 
como resultan hechas y según los procedimientos confesados 
por todos los reos, fueron propuestas categóricamente al ex-ge- 
rente, quien, considerándolas convenientes ai Banco, las aceptó, 
después de consultarlas con su superior; que ni el ex-gerente ha 
sido engañado, ni éste engañó á nadie, ni consta que se hubie- 
sen empleado ardides ó maquinaciones como cansas determinan- 
tes délas operaciones; que la cuestión fundamental en este pro- 
ceso está en saber si las garantías reales dadas, afianzan sufi- 
cientemente dichas obligaciones; que ninguna importancia 
tiene la circunstancia de que los deudores hipotecarios hayan 
sido solventes ó no, conocidos ó desconocidos; que el ex-geren- 
te Brasch sabía que el directorio del Banco aceptaba sustitucio- 
nes en la forma de las acusadas, pues que, como gerente, intervi- 
no, autorizado por el Directorio, en la operación de retirar una 
letra por pesos moneda nacional 130.000, de don Salvador Gó- 
mez, poniendo en su lugar otra de igual valor de don Francisco 
Bolla, de esta ciudad, garantiéndola con segunda hipotecado un 
campo de esta provincia (foja 65 vuelta); que de la tasación de 
los bienes dados en garantía, practicada por los peritos nom- 
brados en el sumario, dándoles el valor que tenían á fines del 
año 1891 , á cuya época debía referirse la tasación, como se ha- 
bía ordenado, resulta que ellos son estimados en la suma total 



DE JUSTICIA NACIONAL 293 

de 735.820 pesos con 49 centavos moneda nacional, y que sien- 
do el monto total de las obligaciones sostituidas, que con esos 
bienes se garantieron, de 1.019.200 pesos nacionales, se tiene 
que el valor que da la tasación, representa algo más de setenta 
y dos por ciento de la deuda; que á ese tanto por ciento debe 
agregarse la depreciación de los cheques del Banco, con los que 
podía pagarse esas deudas, depreciación que puede calcularse en 
un veinticinco por ciento, que unido al 72 %de los bienes, se 
tendría que la garantía hipotecaria representa un 97 % del va- 
lor de las obligaciones garantidas, quedando sólo un 3 °/ sin 
garantía real; que es indudable que el ex-gerente Brasch ha 
extralimitado sus facultades de mandatario al aceptar las ope- 
raciones acusadas y concediendo descuentos mayores de 10.000 
pesos, pero que esos actos han sido comunicados á la Casa de 
Buenos Aires, de donde se le acusaba recibo sin observación; 
y que en todo caso habría, por parte de Brasch, un exceso en 
el mandato que ejercía, de cuyos perjuicios, si los hay, puede 
resarcirse el Banco por la acción civil correspondiente, no por 
una acción criminal improcedente, porque, como se cree haber 
demostrado, no resulta del proceso dolo ó fraude que son esen- 
ciales para que haya delito del derecho penal; que por último, 
no estando probados los delitos que se imputan á los procesa- 
dos, pedía que se les absolviera. 

Acusación del querellante (fojal!7H). — Arriba el acusador 
á las siguientes conclusiones: que el ex-gerente Brasch, cance- 
ló las deudas de Luis Bruel, Esteban Chaine, Tzeta y O, Ma- 
nuel A. y Nicolás Ferré, Simón Derqui, Eugenio Minvielle, 
Benito L. Bamayon y Urbano Cons, aceptando en sustitución, 
letras de Mauricio L. Chaine, Dalmiro Acuna, Manuel Acuña, 
Juan R. de Lara, TJlpiano Cáceres, Julio Acuña, Manuel Cá- 
ceres y José G. Valor; que todas las letras firmadas por los 
sustitutos, excepción hecha de la de Valor, comprenden no sólo 
el capital de la deuda sustituida, los intereses vencidos y los 



294 FALLOS DE LA SUPHEMA CORTE 

intereses de la nueva letra, sino también un suplemento de di- 
nero, que en la letra deM. Cbainefné de 6545 pesos, en la de 
Manuel Acuña de363 pesos, enlacie Juan R. de Lara de 1000 pe- 
sosy en las de TJlpianoCáceres, Julio Aciiñay Manuel Cáceresde 
más de 3000 pesos; que ios nuevos deudores expresados son per- 
sonas sin responsabilidad alguna, y que eran desconocidos del 
ex-gerente, los más, y apenas conocidos los otros, y que no re- 
sidían en Currienies, salvo TJlpiano y Manuel Cáceres; que de 
los seis grupos de bienes dados en garantía, cuatro representan 
el 10% de la deuda, y los dos restantes, 15 y 20 °/ respectiva- 
mente; que el ex-gerente Brascb llevó á cabo esas operaciones 
sin mediar solicitud escrita, ni asistencia del Concejo local ni 
de uno solo de los consejeros y menos autorización del directo- 
rio ó siquiera del presidente; que al proceder así violó el Re- 
glamento de Sucursales que dice: «que toda solicitud para des- 
cuento, renovaciones, garantías ó valores ofrecidos al Banco 
deberá hacerse por escrito ai Concejo >; que fija como límite del 
crédito local á cada firma, la suma de 20.000 pesos; que esta- 
blece que el acuerdo debe hacerse á mayoría de votos, entre el 
gerente y dos consejeros, y que dispone, igualmente, qne no se 
admita á descuento ó en caución, letras de individuos insolven- 
tes, ni conceda créditos sobre bienes raíces; que esa violación 
es tanto más notable en presencia de las circulares del Directo- 
rio, fojas 95 á 122 M, que limitaban aún más las facultades de 
.los gerentes, pues fijaban en 10.000 pesos nacionales el máxi- 
mun del crédito local, exigían la concurrencia de tres conseje- 
ros á los acuerdos y que sólo se hiciese crédito á persona de re- 
conocida responsabilidad; que el Banco se hallaba en suspensión 
de pagos desde el 7 de Abril de 1891, en virtud de decreto del 
Ejecutivo y ley de 30 de Mayo posterior, habiendo entrado en 
liquidación con arreglo á la de 16 de Octubre del propio año; que 
los hechos enunciados constituyen un abuso de confianza come- 
tido por el ex-gerente, en fraude para el Banco, previsto por el 



DE JUSTICIA NACIONAL 295 

Código Penal en su artículo 203, inciso 10; que considerándo- 
los como sustituciones fraudulentas de documentos, se hallan 
comprendidos en los términos del inciso 14 y siguiente y por jel 
inciso 6 o anterior, «como distracción de valores; que Teodoro 
Brasch es autor del delito, concurriendo como coautores Benito 
L, Ramayon, Esteban Chaine, Manuel A. Ferré, Simón Der- 
qui (fallecido), Eugenio Minvielle. Mauricio L. Chaine y los 
contumaces José G. ValoT, Juan E. de Lara, Ulpiano y Ma- 
nuel Cáceres, Julio, Dalmiro y Manuel Acuña; que Luis Bruel, 
cuyo nombre aparece en los autos, entiende que sólo tiene una 
responsabilidad civil; que existen las circunstancias agravantes 
que resultan de la premeditación y del interés, como de la can- 
tidad sobre que versan y de la reiteración, artículos 84, 202 
y 86 del Código Penal; que la pena que corresponde aplicar al 
ex-gerente Brasch es la de seis años de penitenciaría, de acuer- 
do con las disposiciones citadas, artículo 203, inciso. 10, espe- 
cialmente que los hechos expuestos no constituyen los únicos 
delitos de los procesados, pues que si se remonta al origen de 
su deuda en el Banco, se ve que en todas ellas ha habido dis- 
tracción de valores y abuso de confianza por parte del ex-ge- 
rente con el fraude consiguiente; que todos los hechos expues- 
tos constan en el sumario y en la querella, cuya exposición de 
hechos reproduce en esta acusación y que sólo modifica á aque- 
lla en la calificación legal de los actos acusados; y termina pi- 
diendo que en oportunidad se falle esta causa, condenando á los 
señores Teodoro Brasch,. Esteban Chaine, Eugenio Minvielle, 
Manuel A. Ferré, Benito L. Ramayon y Mauricio L. Chaine á 
la pena de penitenciaría y á todas las costas del juicio, solida- 
riamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspon- 
diente. 

17° Que conferido traslado de la acusación á los defensores 
de los procesados, por los autos de foja 136 H y 131 L, ex- 
puso el primero, defensor de Teodoro Brasch, B. L. Rama- 



296 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

yon, E. Chaine y E. Ilinvielle, que este proceso turo por origen 
una denuncia del ex-contadordel Banco, Francisco Zamora, la 
que dio lugar á que el Directorio nombrara al señor Fontans pa- 
ra que inspeccionase la Sucursal de Corrientes, é informase 
acerca de !a denuncia de Zamora, que resultó ser completamente 
falsa; que entonces, y fracasados los propósitos del directorio, 
mandó al inspector Paz con la consigna de encontrar defrauda- 
ción á todo trance; que este inspector consignó en el informe y 
denuncia, con los que se inició el presente juicio, falsedades y 
omisiones calculadas, guardando silencio sobre las hipotecas da- 
das en las operaciones, las que hacía figurar como simples susti- 
tuciones de unas firmas por otras peores; que afirmó también que 
una diferencia de 36.075,69 pesos que figuraba entre las nuevas 
letras y las anteriores, eran nuevos descuentos, no siendo sino 
en una mínima parte que se hicieron por causas legítimas; que 
en la estación de prueba constatará que la garantía que Brasch 
permitió á Bruel retirase, era una garantía ilusoria de seis 
leguas de campo, tres de las cuales había perdido ya el Banco 
por malos negocios de Bruel; que en estas condiciones la garan- 
tía hipotecaria que ofreció M. L. Chaine era evidentemente ven- 
tajosa al Banco; que también ofrece comprobar los hechos que 
hicieron aceptar la operación de Esteban Chaine y el descuento 
que se le hizo por 3000 pesos que se abonaron á Juan A. Grosso 
para que entregara varios títulos de Chaine á su señora, que 
tenía en caución, en garantía de dicha suma que Chaine le de- * 
bía y cuyos títulos iba á tomar en hipoteca el Banco, con otras 
más para garantir toda la deuda de Chaine; que éste no reci- 
bió más excedente que 9 pesos con 18 centavos para redondear 
la suma de la letra; que á Derqui se le hizo un descuento de 
9094 pesos con 23 centavos, porque, para entregar al Banco, sa- 
neados, los bienes que le dio en hipoteca, debía levantar un gra- 
vamen que tenía de 44.710,64 pesos y sólo disponía de 36.000 
pesos y pico, cuando se hizo ó iba á hacerse la operación; que el 



DE JUSTICIA NACIONAL 297 

Baneocreyó conveniente á sus intereses suministarleel saldo que 
faltaba para garantir con hipoteca una deuda machísimo ma- 
yor juntamente con el nuevo préstamo; que esa suma de 9094 
pesos con 23 centavos prestada á Derqui, para conseguir la hi- 
poteca, la distribuyó después ei gerente entre los bienes dados 
por aquél que reputó menos gravados, y así cargó sobre lo hi- 
potecado por 0. M. Chaine. 6545 pesos con 23 centavos para 
completar 60.000 pesos, por creer que la propiedad garantía 
satisfactoriamente, y que el saldo de 2548 pesos con 90 centa- 
vos lo garantió con los bienes hipotecados por Julio Acuña, Ma- 
nuel y Ulpiano Cáceres; que estos fueron los únicos descuentos 
hechos, para lo que Brasch estaba autorizado, como declaró; 
que todo lo demás que aparece como exceso descontado provie- 
ne de intereses, acumulación de descuento de un trimestre, y 
en algunas operaciones, el sello de la escritura hipotecaria, y 
algunas decenas di* pesos en cada operación para otorgar las 
obligaciones por cantidades redondas, siguiendo una práctica 
invariable del Banco, lo que también comprobará; que consta 
de autos cuál fué el objeto de la operación efectuada por Der- 
qui, y que es manifiesta la injusticia con que la querella ha pro- 
cedido respecto de esta operación, como es injusta su actitud 
con el señor Minviellé?, que ninguna intervención tuvo en las 
operaciones que se efectuaron sin él saberlo siquiera, pues todo 
lo que hizo fué liquidar un negocio de tierra que tuvo con Der- 
qui, obligándose éste á pagar una letra de aquél, al Banco Na- 
cional; que si Derqui cumplió su obligación en una forma ó en 
otra, es algo que no puede afectar á Minvielle, aun cuando Der- 
qui, para efectuar el pago á que se había obligado, hubiese co- 
metido un delito; que las operaciones acusadas fueron ejecuta- 
das por los que en ellas intervinieron, movidos, no por el pro- 
pósito de defraudar ni otro alguno de los que tan injustamente 
les atribuye la querella, sino por los muy legítimos que cada 
cada uno de ellos representaban: el ex-gerente Brasch, velando 



298 FALLOS DE LA SUPKEMA CORTE 

por los intereses del Banco, los otros por sus intereses persona- 
les respectivos, y todos dentro de la legalidad y la honradez; que 
los sustitutos tuvieron en cuenta las facilidades de pago que les 
acordaba la ley de liquidación, para adquirir las propiedades 
que les vendían los deudores primitivos; que éstos, por su parte, 
se proponían, producida la crisis, liquidar, perdiendo ó ganan- 
do sus negocios sobre especulación de tierras; que el ex-gerente 
Brasch, viendo desarrollarse la crisis, trató de garantir, con 
garantías efectivas, los créditos que en la época de abundancia 
se habían acordado con su sola firma; veía que la ley de liquida- 
ción colocaba al Banco sin defensa contra los deudores que no 
quisieran pagarle y que podían hacer cesión de bienes, en las 
condiciones que quisieran, dados los términos del artículo 44, 
yaque el artículo 42 que le permitía al Banco pedir afianza- 
miento, no podía hacerse efectivo contra el deudor que lo resis- 
tiera, porque el embargo, que es consecuencia de la negativa, 
nada garante, pues no constituye privilegio á favor del que lo 
obtiene, aparte de ser difícil obtenerlo por la necesidad de es- 
pecificar los bienes de cada uno y por la jurisprudencia de la 
Suprema Corte que prohibe decretar inhibiciones; que opera- 
ciones análogas eran notorias, y que los créditos del Banco eran 
pagaderos con cheques, que se cotizaban pocos días después de 
dictarse la ley, con pérdida hasta de 28 %• lo que hace com- 
prender queeran buenas las razones que determinaron las opera- 
ciones; que, por otra parte, sedaban en hipoteca al Banco, conlas 
operaciones realizadas, bienes que garantían suficientemente 
las operaciones; pero, que aún admitiendo el supuesto de que 
así no fuera, la falta de valor suficiente en los bienes, ninguna 
importancia tiene para establecer la criminalidad que se atribu- 
ye alas operaciones, desde que los terrenos no tienen precio 
corriente, y desde que su valor no es posible establecerlo con 
bases fijas, y menos fijarlo a priori, pues sería absurdo decir 
de antemano, que el valor que las tasaciones les atribuyese, no 



DE JUSTICIA NACIONAL 299 

era el verdadero, y que el perjudicado con sus rebultados ha 
sufrido una estafa, que habría sólo un error de apreciación, pe- 
ro no un delito] qne para afirmar esto último sería necesario 
probar la intención criminal de los agentes y que esto no se pro- 
bará, que l<i idea del delito se destruye con la circunstancia de 
haber consultado el ex-gerente las operaciones antes de hacerlas, 
con su superior inmediato, señor Ledesina, y de haberla puesto 
en seguida en conocimiento de su superior; que es cierto que 
Brasch hizo esas operaciones sin asistencia del Consejo, pero 
esa no fué una omisión calculada, sino necesaria, desde que no 
podía consnltar á un concejo que no tenía, y que no lo tenía por 
causa del Directorio que no lo nombró; que de todo lo consigna- 
do en el proceso no surge ni la defraudación, ni la estafa, ni el 
cohecho, ni el abuso de confianza, ni la distracción de valores, 
ni ninguno de los delitos que se imputan; que para que haya 
delito es necesario justificar la intención de delinquir con que 
hubiese procedido, y que mientras la intención criminal no se 
compruebe, aunque haya daño, el acto que lo causa se sustrae 
á la acción del derecho penal, puesto que el acto material no 
basta, siendo necesario también la prueba de la intención; que 
tratándose de delitos, para cuya existencia la ley exige que ha- 
ya fraude, no basta el hecho con sus resultados para dar por 
existente el delito, pues el fraude no se presume; que por lo ex- 
puesto, y teniendo en cuenta las constancias de los autos, pe- 
día se absolviera libremente á sus defendidos, declarándose ade- 
mas que la formación de este proceso nó afecta su honor y re- 
putación, que se condene al querellante al pago de las costas y 
se califique de calumniosa la acusación, dejando á salvo á aque- 
llos las acciones que les corresponden como consecuencia de 
este proceso. 

Defensa Ferré (foja 151 L). — Después de establecer los he- 
chos fundamentales déla querella y las conclusiones de la acu- 
sación particular y fiscal, el defensor dice: que el primer delito 



300 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que se imputa á su defendido es el haber otorgado, en perjuicio 
del Banco, contratos simulados, considerándose como tales, las 
ventas que de sus propiedades hizo á favor de Juan R. de Lara, 
haciéndose consistir esa simulación en la afirmación de que el 
precio señalado en el coutratoes exagerado, no alcanzando á va- 
ler las propiedades vendidas una décima parte del precio que 
se les fija, y que el comprador no es una persona conocida; que 
la simulación no se presume, que no basta la afirmación del 
querellante de que los precios de las propiedades sean exagera- 
dos, y que aún así, no siendo prohibido por la ley la libertad en 
las convenciones, no puede ser atacado el acto jurídico de esa 
causa; que su defendido no ha tenido porqué cuidarse de los pro- 
pósitos del comprador Lara al celebrar el contrato, ni puede ha- 
cérsele responsable do los actos celebrados con el ex-gerente 
para obtener el descuento de la letra de 194.000 pesos nacio- 
nales, con las garantías hipotecarias de las propiedades que se 
las había vendido; que si esa operación, á la que fué extraño 
completamente su defendido, perjudicaba á los intereses del 
Banco Nacional, la culpa incumbiría al ex-gerente del estable- 
cimiento, cuyas facultades y atribuciones no tenía por qué co- 
nocerlas quien no había intervenido en esa operación de des- 
cuento; que el acto jurídico celebrado por su defendido con Juan 
R. de Lara, era, pues, un acto voluntario, lícito, no existiendo 
prohibición legal que lo impidiese ni lo limitase; que los inmue- 
bles, por otra parte, no tienen un valor corriente y que este he- 
cho está demostrado en el sumario, pues mientras el quere- 
llante supone que las propiedades de Lara, no alcanzan á valer 
20.000 pesos, la tasación de foja 207 J. les atribuye un valor 
de 106.558 pesos, calculando en 2 pesos el metro cuadrado de 
los terrenos más importantes y en 45 centavos el délos inferio- 
res, siendo así que en el mismo año, el doctor Heraclio Gómez, 
vendió á razón de 6 pesos el metro cuadrado, terrenos situados 
en la misma zona que los negociados por su defendido; que to- 



DE JUSTICIA NACIONAL 301 

mando por base este precio, que debe suponerse cierto por ha- 
ber intervenido como vendedor 1 el representante del Banco 
Nacional, resulta que las tasaciones citadas ascendieron á más 
de 200.000 pesos, con las que se garante de sobra la deuda de 
Lara, desapareciendo, por tanto, el fundamento de la querella, 
que estriba en la afirmación de que dichas propiedades no al- 
canzan á cubrir el 10 % de la deuda; que otra prueba es qne en 
materia de valores de bienes raíces no puede fijarse un solo cri- 
terio, consiste en la estimación hecha de dichas propiedades por 
el inspector Carlos Fontans, corriente á foja 65 J, quien las 
consideró bastantes como garantías hipotecarias, y el Directo- 
rio de la Casa matriz, á quien se dio á conocer el movimiento de 
las operaciones del Banco, no las observó; que aunque no le 
incumbía justificar la operación realizada por Juan R. de Lara 
y el ex-gerente del Banco Nacional, debía decir, sin embargo, 
que el Directorio del Banco autorizaba operaciones análogas, 
habiendo conferido un poder al mismo Brasch para que acepta- 
se las garantías hipotecarias que Francisco Bolla iba á otorgar 
al Banco sobre propiedades que le habían sido vendidas por 
Salvador Gr. Gómez, sustituyendo a éste en sus obligaciones 
con el Establecimiento; que si su defendido ha ejecutado un 
acto jurídico consistente únicamente en la venta hecha á Lara, 
de sus propiedades, haciendo uso de un derecho legítimo sin do- 
lo ni fraude ¿cómo puede pretenderse que exista delito del dere- 
cho criminal, para cuya existencia se requieren prueblas claras 
que no admitan dudas, cuando ni siquiera existe un acto ilícito 
según la ley civil?; que si su defendido no intervino para nada 
en las operaciones realizadas por Lara con el ex-gerente del 
Banco; que si él nada ha prometido, ni nada ha firmado, res- 
pecto de Lara, que importe falsedad, quien, por otra parte,, dio 
bienes á los cuales atribuyó el valor en que los había comprado, 
no debiendo el ex-gerente haberlo aceptado si creía que los va- 
lores eran exagerados; si no ha habido ni suposición de nombre, 



302 » FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ni simulación de calidades, ni falsedad de títulos, es claro» 
pues, que su defendido no ha otorgado un contrato simulado, en 
perjuicio de otro, desde que, con dicho contrato no ha sustraí- 
do bienes á sus acreedores, ni ha causado perjuicio á terceros, y 
que, por lo tanto, no le es aplicable la disposición del inciso 12 
del artículo 203 del Código Penal, que el acusador cita como 
pricipal fundamento de la querella; que tampoco cae su defen- 
dido, como se pretende, bajóla prescripción del artículo 202 del 
código citado, desde que él ha contratado «n su propio nombre, 
sin simular calidad ni falso título, ni influencia mentida, ni 
aparentó bienos, créditos, comisión, empresa, negociación, ni 
se valió para el efecto de ningún ardid 6 engaño, ya que la esti- 
pulación de un precio en los contratos, por más que pueda re- 
putarse exagerado, no puede constituir un ardid ó engaño y de 
consiguiente un delito; qiie su defendido no ha fingido ser lo 
que no es, no se ha atribuido cualidades de que no goza, no ha 
simulado lo que no posee, y que por consiguiente, no ha cometi- 
do el delito de estafa; que en cuanto al cohecho, deque también 
se acusa ásu defendido, pretendiendo que él dio ó prometió dá- 
divas al ex-gerente del Banco para hacer las operaciones con 
Lara, forzoso será que el querellante diga y pruebe en qué con- 
sisten las d ávidas y á cuánto ascienden, desde que el sumario no 
arroja pruebas que demuestren tal delito; que si bien es xerdad 
que su defendido se resistió á hacerse cargo de nuevo de su deu-* 
da al Banco, porque no quiso deshacer las operaciones hechas, 
lo que, por otra parte, no estaba en sus manos, pues necesitaba 
para ello el concurso de las voluntades del comprador y del ex- 
gerente del Banco Nacional, no es menos cierto que él estuvo 
dispuesto á garantir con su responsabilidad personal y aun con 
sus bienes, la deuda de JuanR. de Lara, á lo que se opuso el 
querellante, con exigencias exageradas; que en virtud de lo ex- 
puesto y de las constancias de autos, pedía que se absolviere li- 
bremente á su defendido declarándose calumniosa la acusación, 



DE JUSTICIA NACIONAL 303 

con costas al querellante, y dejara á salvo los derechos de su 
defendido por los daños y perjuicios sufridos con motivo de su 
prisión y consiguiente privación de la administrarían de sus 
bienes. 

18° Que abiertos los dos procesos á prueba, por los autos de 
foja 141 H y 169 vuelta L, se produjeron, por parte del que- 
rellante, en el proceso Brasch y otros, las corrientes de fojas 1 
á!77 L, y 13 á 38 y 182 á 209 O, y por parte del defensor 
délos procesados, lasde 348 á 412 I; y en el proceso Ferré, 
pertenecen al querellante las de fojas 1 á 257 M, y de 6 á 89 
N, y al procesado las de fojas 258 á 264 M, y á ambas, las di- 
ligencias de fojas 267 á 294 del mismo cuerpo. 

19° Que vencido ¿l término de prueba en ambos procesos y 
cumplido el auto de foja 60 N, por el que se mandó acumular 
el proceso Ferré al de Brasch y otros, se conservaron por seis 
días en la Secretaría para que las partes se instruyan de las 
pruebas producidas, vencidos los cuales, el Secretario puso el 
proceso al despacho y se dictóla providencia de autos para sen- 
tencia á foja 5, cuerpo O , señalándose día para que las partes 
informaran in voce, habiendo tenido lugar el informe el 27 de 
Diciembre del año próximo pasado» según se expresa á foja 24, 
cuerpo O, agregándose los escritos presentados en ese acto por 
los defensores de los procesados, los que corren de fojas 39 á 180 
vuelta O, y los cuadros de fojas 25 á 38 del mismo cuerpo, en- 
tregados por el querellante. 

Tales son las conclusiones de la acusación y de las defensas, 
las que, así como los hechos consignados al principio, son losque 
más directa y fundamentalmente afectan las múltiples y comple 
jas cuestiones que vamos á tratar en seguida, para dar una solu- 
ción á este voluminoso proceso, haciéndonos cargo también y á 
medida que la discusión lo requiera, de todas las circunstancias 
particulares que aparezcan comprobadas en el proceso y que 
revistan alguna importancia, ya seacon relaciona la calificación 



304 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

* 

legal de los hechos probados, á la participación que en ellos 
hubiese tenido cada uno de los procesados, sin descuidar las 
circunstancias atenuantes ó agravantes que puedan modificar- 
los, ó ya sea con relación á la calificación legal de sus respec- 
tivas responsabilidades y á las resoluciones que hayan de dic- 
tarse. 

Considerando: I o Quetas operaciones de crédito ejecutadas 
por el ex-gerente Brasch, y de las que resultaron chanceladas las 
deudas de Benito L. Rainayon, Esteban Chaine, Manuel A. 
Ferró, Simón Derqui, Eugenio Minvielle y Luis Bruel, lo fue- 
ron cuando el Banco Nacionalse hallaba en liquidación, de con- 
formidad á la ley de 16 de Octubre de 1891 . 

2 o Que por esta ley se establecía el modo y forma en que de- 
bía exigirse délos deudores del establecimiento el cumplimien- 
to de sus obligaciones, 6 el afianzamiento de ellas, cuando se 
negasen ó descuidasen su servicio, en los plazos establecidos en 
la misma ley. 

3 o Que esa ley, si bien modificaba los derechos del Banco co- 
mo acreedor y las obligaciones de sus deudores en cuanto á las 
condiciones de tiempo, interés y amortización con que habían 
sido concedidos primitivamente los préstamos, no establecía ni 
autorizaba operaciones de crédito de la naturaleza de las ejecu- 
tadas por el ex-gerente Brasch y que motivaron el presente 
proceso. 

4 o Que si esa ley, que reglaba las relaciones jurídicas del 
Banco con sus deudores, no daba facultad al ge r ente para ha- 
cer esas operaciones, y si ella no derogaba las leyes y reglamen- 
tos anteriores que gobernaban al Banco, debe estarse á esto pa- 
ra determinar la esfera de acción del gerente como mandatario 
en la gestión de los intereses del Banco. Desde luego tenemos 
que el artículo 22 del reglamento para las sucursales del Banco 
Nacional establece que: « el gerente será el jefe de la sucursal, 
y tendrá la gestión de sus negocios, dentro de las facultades 



DE JUSTICIA NACIONAL 305 

expresas de este reglamento...» Y bien, ese reglamento no con- 
cede al gerente las facultades de qne ha hecho uso Brasch para 
ejecutar las operaciones de crédito acusadas, pues ellas no apa- 
recen expresamente consignadas en ninguna de sus disposicio- 
nes, ni resultan virtualmentede ¡a naturaleza de las acordadas, 
debiendo por consiguiente considerarse dichas operaciones de 
crédito como negocios extraños á los confiados á su gestión, 6 
como lo dice el artículo 23 del propio reglamento, c asunto no 
previsto por este reglamento», y entonces el deber de Brasch era 
dar cuenta al consejo, como lo manda el mismo artículo, y con 
su informe pedir instrucciones al presidente del Banco acerca de 
la procedencia y conveniencia de esas operaciones, y, sobre todo, 
para que se le confiriese por quien correspondía la facultad de ha- 
cerlas, ya que las prescripciones reglamentarias que fijaban la ór- 
bita de sus atribuciones no le daban tal autorización; lo que no hi- 
zo Brasch, según él mismo lo expresa en su indagatoria de foja 10 
A, á pesar de su estadía en Buenos Aires, asiento del directorio 
del Banco, á consecuencia de esas mismas operaciones y con el 
propósito de consultar al inspector de sucursales sobre si ellas 
eran autorizadas y corrientes en el establecimiento, fojas 9 vuel- 
to á 44 A; no excusándolo deesa falta la circunstancia que 
alega, de que no tenía consejo á quien consultar, porque el dic- 
rectorio no lo había nombrado, pues esa era una razón de más 
para que se hubiese dirigido á su superior, que no es el inspec- 
tor de sucursales sino el presidente del Banco, según lo estable- 
ce la ley orgánica del misino, y que es á quien debía haber pe- 
dido instrncciones según ei citado artículo 23 del reglamento. 
Es, pues, incontrovertible que el ex-gerente Brasch no sólo no 
tnvo facultades para hacer las relatadas operaciones, ni por el 
reglamento del Banco, ni por la ley de liquidación, sino que ni 
siquiera estuvo autorizado por su presidente, como se acaba de 
ver. 
5° Que la necesidad de esa autorización, no pudo haber pasa- 

T. x 20 



306 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

do desapercibida para Brasch, desde luego que se trataba de 
operaciones que no eran corrientes en el Banco, y que segara- 
mente no estaban previstas en las infracciones en cuya virtud 
él debía obrar, ya que tuvo necesidad de pedir consejo al ins- 
pector de sucursales, como se ha dicho, y porque en una opera- 
ción idéntica, de que él mismo hace mención como descargo, el 
presidente deLBanco le había conferido poder especial para eje- 
cutarla, foja 65 B. 

Que establecido como queda, que el ex-gerente Brasch, no 
sólo ha traspasado los límites do las facnltades qiie le acordaban 
las prescripciones reglamentarias, ejecutando dichas operacio- 
nes, sino tampoco ha tenido autorización competente para ha- 
cerlas, veamos si aplicando las reglas generales del mandato 
pueden esas operaciones quedar comprendidas en la ampliación 
de poderes que la ley autoriza hacer al mandatario, cuando la 
naturaleza del negocio enconmendado así lo requiere ó cuando 
el mandato debe quedar cumplido de una manera más ventajo- 
sa que la señalada por éste. Pero antes de resolver este punto, 
tratemos de establecer la naturaleza jurídica de las operaciones 
acusadas de fraudulentas. Desde luego tenemos comprobado 
en autos que las obligaciones délos primitivos deudores fueron 
extinguidas con relación á ellos, quedando, sin embargo, vivas 
con relación á los sustitutos, lo que quiere decir que esas deu- 
das no se extinguieron por el pago, ó sea, por el cumplimiento 
de la prestación que hacía el objeto de las obligaciones, lo cual 
está también corroborado por Brasch en su indagatoria de foja 9 
A, y por todos los sustituidos, con excepción de Ferré, que ha 
tratado, en su defensa, de establecer un deslinde completo entre 
las operaciones de venta de terrenos que él hizo á Lara y la 
operación que éste hizo con el Banco, por la que resultó extin- 
guida la deuda de aquel, y en la que dice no tuvo participación 
de ninguna clase, poniéndose así en contradicción con su propia 
declaraoion, como se verá después. De aquí resulta que todas 



DE JUSTICIA NACIONAL 307 

y cada ana de las operaciones ejecutadas por el exagérente 
Brasoh deben quedar comprendidas bajo una misma denomina- 
ción jurídica y no considerar cada grupo como dos actos distin- 
tos ni dependientes entre sí, como se pretende: uno de extinción 
de una obligación entre el ex-gerente y el deudor de ella, y 
otro de descuento de una letra por una cantidad igual ó mayor 
que la obligación extinguida, concedida por el ex-gerente Brasch 
& favor de una persona á quien aquél, el deudor primitivo, ha- 
bía transferido algunos bienes inmuebles que debieron servir 
de garantía á la nueva letra. No; tal dualidad no resulta en 
ninguna de las operaciones acusadas, á estar ¿ los hechos com- 
probados en el proceso, pues ella no aparece ni de los estados 
corrientes á fojas 210 á 223 A, extraídas de los libros del Ban- 
co, ni de la declaración de Brasch, ni de la de ninguno de los 
que han intervenido en esas operaciones y que han declarado 
en este proceso, pues el mismo Ferré, que ha tratado, en su de- 
fensa, de establecer esa separación, declara á foja 50 vuelta, 
in fine, cuerpo J, que personalmente vio al ex-gerente Brasch 
para la cancelación de su deuda mediante la sustitución de ella á 
Lara. Cada una de las operaciones, pues, debe considerarse co- 
mo un solo acto jurídico generador de la extinción de la deuda 
primitiva, por el cambio de deudor, ó sea, una novación produ- 
cida por la delegación que los deudores primitivos hicieron desús 
deudas á otros que se obligaron hacia el Banco, quedando ellos 
exonerados de sus obligaciones respectivas, artículo 814 del có- 
digo civil. Esa delegación no sólo resulta de lo expuesto, sino 
de otra circunstancia, común á todas las operaciones, y que ha 
sido confirmada, tanto por el ex-gerente como por todos los deu- 
dores primitivos y los delegados que han declarado en esteprooeso, 
y que consiste en el acuerdo previo de voluntades que se buscó 
y se obtuvo, á fin de realizarse cada una de las operaciones en- 
tre el ex-gerente, los deudores primitivos y los delegados, lo que 
ni habría sido necesario si las operaciones ejecutadas por es- 



308 FALLOS DE LA SUPREMA COKTE 

tos últimos con el ex-gerente hubiesen sido independientes de 
las realizadas por aquellos para la extinción de sus respectivos 
créditos. El consentimiento triiaterai, en ambos casos, era pues ' 
innecesario, desde que, en uno y otro el acto jurídico, la ope- 
ración, quedaba completo con el consentimiento del ex-gerente 
y el del deudor, en cuanto á la extinción de la deuda, y el del 
solicitante del crédito, en cuanto al préstamo que se le acorda- 
ba. No habiendo pasado esto, como se acaba de ver, hay que de- 
cir, con mayor razón, que cada grupo de las operaciones acusa- 
das, comprensivo del ex-gerente, el deudor primitivo y el dele- 
gado, consiste enuna novación por medio de la que se extinguió 
la obligación del deudor primitivo, ya que no fué pagada, como 
se ha dicho, ni consta que se hubiese extinguido por ninguno 
délos otros medios enumerados en el artículo 724 del Código 
Civil. 

Según esto, ¿estaba autorizado el ex-gerente Brasch á acep- 
tar ese modo de extinción de los créditos del Banco? Desde lue- 
go, ni los estatutos del Banco Nacional ni su reglamento le con- 
ceden tal facultad, no pudiendo decirse de ella que debía consi- 
derársela comprendida implícitamente en la gestión de los ne- 
gocios confiados á su administración, pues el ejercicio de esas 
facultades requiere una autorización expresa, de conformidad al 
artículo 806 del Código Civil, que establece que : cel represen- 
tante del acreedor no puede hacer novación de la obligación, si 
no tuviere poderes especiales». Tes evidente que el gerente 
Brasch no los tuvo del único que podía acordárselos, del directo- 
rio del Banco, según lo preceptúan los incisos 2 y 3 del artículo 
49 de s:is estatutos, como quiera que esa facultad fuese dudo- 
sa aún para el mismo directorio en presencia de la disposición 
contenida en el artículo 17 de los mismos estatutos, y por con- 
siguiente, el ex-gerente no pudo aceptar la novación de las deu- 
das en la forma que lo hizo, ni de ninguna otra manera, sin 
traspasar los límites de su mandato y sin violar la ley positiva, 



DE JUSTICIA NACIONAL 309 

el reglamento y los estatutos del Banco, no pudiendo traer en 
su apoyo ni siquiera la práctica seguida por el Banco en opera- 
ciones análogas, pues el único caso que cita en su descargo, el 
de novación de la deuda de Salvador Gómez, por delegación he- 
cha á Francisco Bolla, no ¡o favorece, y, por el contrario, con- 
firma la tesis expuesta, desde que esa novación fué aceptada por 
él mediante el poder especial que el presidente del Banco le 
otorgó con ese objeto, como se ve en la copia agregada á foja 65 
B, á solicitud del mismo Brasch, foja 205 A. Siendo así que 
Brasch no pudo aceptar el cambio de los deudores del Banco sin 
expresa autorización de su mandante, ¿desaparece ó se modifi- 
ca esa exigencia de la ley con la circunstancia que los delegados 
garantieron con hipoteca las deudas de que se hicieron cargo? 
Indudablemente que no; pues para admitir tal derogación al 
mandato expreso de la ley, en obsequio á los bien enten- 
didos intereses del Banco, habría sido necesario que los deudo- 
res primitivos no hubiesen tenido bienes suficientes con qué 
garantizar sus obligaciones oque hubiesen sido insolventes, y 
está por demás decir que no era esa la situación de los deudo- 
res, desde que, dias antes de las operaciones acusadas, eran 
dueños délos mismos bienes que los delegados dieron en hipoteca 
al Banco para garantir las deudas de que se habían hecho cargo, 
con esta circunstancia, que algunos de los deudores primitivos, 
Ramayon y Ferré, eran propietarios de otros bienes que los 
transferidos á sus respectivos delegados, como puede verse en 
la diligencia de embargo de esos bienes, practicada con el pro- 
pósito de asegurar las responsabilidades de cada uno. Luego, 
pues, el ex-gerente no cambió deudores malos é insolventes por 
otros que no lo fuesen, y, por el contrario, el cambio fué des- 
ventajoso para el Banco, no sólo por la calidad de las personas, 
cnya desigualdad está comprobada en autos, sino también por- 
que, en definitiva, él importaba aceptar sólo una parte del pa- 
trimonio, una parte insuficiente de los bienes de los deudores 



310 FALLOS DE LA SUPI FMA COltTE 

en pago de sus obligaciones, desde que el crédito personal de los 
delegados le era desconocido, no pudiendo, por consiguiente, 
entraren sus cálculos de mejor garantía de las deudas un ele- 
mento cuya existencia ignoraba y que resultó de las investiga- 
ciones hechas en este proceso no tener ningún valor apreciable. 

Quiere* decir, entonces, que las extralimitncionfs que de &us 
poderes hizo el ex-gerenteno se justifican, tampoco, por la me- 
jor gestión ó administración de los intereses que le estaban con- 
fiados. T hay que decir también en esta oportunidad, aprove- 
chando las mismas razones, que ellas no pueden ser considera- 
das como ampliaciones necesarias derivadas de la naturaleza de 
los negocios que se le habían encomendado, ni de su mejor y más 
ventajoso cumplimiento, quedando así resuelta negativamente 
la pregunta propuesta en el primer párrafo de este conside- 
rando. 

7 o Que de lo expuesto resulta que el ex-gerente Brasch tuvo 
necesidad de poder especial para aceptar las operaciones acusa- 
das, que debió otorgarle el presidente del Sanco, como su re- 
presentante legal y con la debida autorización del directorio, y 
no habiendo estado munido de él carecía, por consiguiente, de 
facultad para ejecutarlas. Pero se alega, por la defensa, que si 
bien Bnisch no estuvo^expresamente autorizado por el directo- 
rio del Banco para aceptar esas operaciones, también es verdad 
que éste las ratificó tácitamente, desde luego que no las obser- 
vó cuando de ellas tuvo conocimiento portas planillas de rendi- 
ción de cuentas que él remitía á la casa central, semana!, men- 
sual y anualmente. 

Desde luego la ratificación tácita del directorio debía resul- 
tar ó de cualquier hech o suyo que necesariamente importare una 
aprobación de las operaciones ejecutadas por Brasch, ó también 
de su silencio si, siendo avisado por éste de lo que había hecho, 
no le hubiere contestado sobre la materia (articulo 1935, Códi- 
go Civil). 



DE JUSTICIA NACIONAL 311 

Ninguna de esas condiciones se ha cumplido en el caso sub- 
judice. En efecto, no se ha probado en autos, ni se ha insinua- 
do siquiera, un solo hecho producido por el directorio que im- 
portase necesariamente la aprobación de las operaciones, exis- 
tiendo, por el contrario, dos hechos* si se exceptúa la denuncia 
con que se empezó este proceso, que demuestran evidentemente 
esa falta de aprobación ó conformidad, que son las inspecciones 
dé Fontans y Paz, decretadas por el directorio precisamente con 
motivo de esas operaciones, según se expresa por el mismo 
Brasch en el escrito de defensa, corriente á foja 136H, y en vir- 
tud de la denuncia que de esas operaciones llevó al directorio el 
ex-gerente del Banco Francisco Zamora. Quiere decir, entonces, 
que el directorio no sólo no prestó su conformidad de ninguna 
manera, sino que cuando la inspección de Faz le reveló la exac- 
titud de la denuncia de Zamora, inició el presente proceso, por 
defraudación de los intereses del Banco, contra los autores de 
esas operaciones, lo que, lejos de importar nna ratificación, im- 
porta su más expresa y categórica condenación. 

8 o En cuanto á la falta de observación, por parte del direc- 
torio, á las planillas que Brasch remitía á !a casa matriz y en 
las que constaban las operaciones acusadas, que se alega para 
fundar la ratificación, hay que referirla á los dos hechos expre- 
sados anteriormente, para decidir que esa observación existió, 
cualquiera que hubiese sido su origen, no importa. En nues- 
tro caso fué la denuncia del ex-contador del Banco y no las pla- 
nillas; ¿por qué? porque ellas no fueron remitidas al directorio, 
sino á la inspección de sucursales, foja 309 D, y principalmen- 
te porque ella no daba un conocimiento exacto de esas opera- 
ciones, con todas sus modalidades, loque habría sido necesario, 
dado que ellas no eran operaciones bancarias que el ex-gerente 
estuviese autorizado á hacer por sí. Y así, no se encuentra en 
esas planillas, que componen el cuerpo 1), en las pertinentes, 
corrientes á fojas 44, 91, 112, 147 y 153 y siguientes, ningún 



312 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dato ni mención que conduzca al conocimiento verdadero de las 
operaciones realizadas con las deudas primitivas, tal como ha 
confesado BrascL en su indagatoria, qne es como debiera haber 
avisado al directorio para que el silencio de éste produjera el 
efecto que se desea ahora, ó sea, su ratificación tácita; pero no 
como aparece en las planillas, donde no constan las delegaciones 
hechas, los cambios de deudores y las razones que indujeron 
tales operaciones, ya que no estaban en los términos de su pro- 
curación, pues en ellas sólo se expresan, sin la correlación de- 
bida, el pago de las obligaciones de los primitivos deudores y la 
deuda délos delegados, como simples letras descontadas por el 
Banco. Aparte de no ser ésta la forma, el modo de que el man- 
datario debe valerse para poner en conocimiento de su mandan- 
te la ejecución de actos para los cuales no estaba autorizado, 
ellos no resultan claros, categóricos y concretos en las planillas, 
de tal manera qne de su examen pueda deducirse el modo cómo 
se extinguieron las operaciones de los primitivos deudores, ya 
que no fué por el pago, ni cómo se crearon los nuevos créditos, 
ya que no fué por medio de descuentos, como lo declara Brasch, 
y por lo tanto la falta de observación por parte del directorio 
á las planillas remitidas que se alega, está justificada por la 
única y perentoria razón de que las operaciones acusadas no 
constaban en ellas tales como habían sido ejecutadas. 

Con lo expuesto queda establecido que, ni por la ley de liqui- 
dación del Banco ni por su reglamento ni por las leyes genera- 
les, Brasch tenía facultades para ejecutar las operaciones acu- 
sadas de fraudulentas : que tampoco tuvo autorización del di- 
rectorio, quien no sólo no las ratificó sino que las condenó expre- 
samente, iniciando el presente juicio, cuando de ellas tuvo el 
exacto conocimiento que le revelaron dos inspecciones de Fontans 
y Paz; que tampoco el ejercicio de esa facultad puede conside- 
rarse comprendida en la ampliación de poderes que la ley 
autoriza, cuando el negocio encomendado así lo requiere, 6 



DE JUSTICIA NACIONAL 313 

cuando el mandato debe quedar cumplido de una manera mas 
ventajosa. 

9 o ¿Pero las operaciones así ejecutadas constituyen un delito 
del derecho criminal, ó, para entrar de lleno en el terreno de 
la acusación, ellas constituyen una defraudación al Banco por 
abuso de confianza del ex-gerente Brascii? Desde luego hay 
que decir que la violación de la ley del Reglamento del Banco 
y las extraliinitaciones de facultades de que Brasch se ha vali- 
do para ejecutar las operaciones de crédito acusadas, forman y 
caracterizan un verdadero abuso de confianza, previsto por el 
Código Penal en el inciso 10 del artículo 203. Pero para que 
ese abuso sea posible es preciso que exista una defraudación, 
esto es, que se haya causado maliciosamente un perjuicio real y 
efectivo al Banco, desde que sin perjuicio ó defraudación co- 
nocida valorable, no cabe delita de abuso de confianza, ya que 
el valor de lo defraudado es la base determinante de la penali- 
dad. Importa, pues, ante todo, averiguar si de las opera- 
ciones de crédito realizadas, ó mejor, si de las delegaciones, por 
cambio de deudores, ejecutadas por el ex-gerente Brasch re- 
sultaron perjuicios reales y efectivos para el Banco. 

Se tiene en primer lugar, que esas operaciones ascienden á 
la suma de 1.019,200 pesos m/n, de la que corresponde á Ma- 
nuel A. Ferré 194.000 pesos m/n ; á Benito L. Ramayon 
363.000 pesos m/n ; á Estevan Chaine 71.200 pesos m/n ; á Si- 
món Derqui juntamente con Eugenio Minvielle 331.000 pesos 
moneda nacional; y á Luis Bruel (que según resulta de autos 
pertenecía también á Derqui) 60.000 pesos m/n. 

El ex-gerente cambió esos deudores, libertándolos desús 
deudas, por los medios ya conocidos, sustituyéndolos cor. Juan 
B. de Lara, José G. Valor, Dalmiro y Manuel Acuña, Julio 
Acuña, Manuel y Ulpiano Cáceres, y Mauricio L. Chaine, quie- 
nes garantieron las deudas de que se hicieron cargo, dando en 
hipoteca, á favor del Banco, los mismos bienes que los deudores 



314- CALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

liberados les habían transferido pocos días antes de las hipote- 
cas. Ahora bien; esas deodas ¿quedaban así con las hipotecas, 
mejor 6 igualmente garantidas que lo que estaban sólo con la 
garantía personal de los primitivos deudores? 

10° Este es el punto primordial y fundamental en el presen- 
te debate, porque si se resuelve afirmativamente, no se habrán 
lesionado los intereses del Banco y por consiguiente no habría 
delito, desde que faltaría la pena á aplicarse, que tiene su ra- 
zón de ser en la defraudación, ó sea, en el perjuicio que mali- 
ciosamente se cause ó que se cree la posibilidad de causarlo. 
Para resolverlo es necesario entonces conocer los valores de los 
bienes dados en hipoteca al Banco y ver si ellos cobren ínte- 
gramente las deudas que afianzan* 

Con ese objeto se han ordenado y practicado las tasaciones 
corrientes en este proceso, la de fojas 238 B, que abarca todos 
los inmuebles; las de fojas 207 J y 87 M, que se refieren á los 
hipotecados por Juan B. de Lira, delegado de Ferré, y las de 
de fojas 387 á 404 I, á los hipotecados por los demás delega- 
dos. Las dos primeras, es decir, las de fojas 238 B y 207 J, 
fueron practicadas en el sumario y arrojan una suma total de 
665,263.06 pesos m/n, como valor de todos los bienes hipote- 
cados; sin incluir el de las seis propiedades que uno de ellos, 
José GK Valor, ofreció posteriormente á la constitución de sus 
hipotecas, como refuerzo de su garantía, lasque fueron avalua- 
das en 70.557,73 pesos m/n, fojas 107 E; que unida á la suma 
anterior se tiene la cantidad de 735.820,79 pesos m/n. 

Las otras dos tasaciones practicadas cuando la causa se en- 
contraba en estado de plenario, que son las corrientes á fojas 
378 I y 87 M, dan un valor total de los bienes, incluidos los 
del refuerzo de Valor, de 286.881,34 pesos m/n. 

La tasación del perito Laffont, nombrado por Brasch y los 
demás procesados, excepción hecha de Ferré, por cuya razón los 
bienes de Lara no están incluidos en ella, corriente á foja 



DE JUSTICIA NACIONAL 315 

397 I, arroja un total para todos los bienes, incluidos los del 
refuerzo de Valor, de 784.450 pesos moneda nacional. 

Tenemos entonces así, tres tasaciones distintas sin considerar 
la del doctor Guastavino, nombrado por la acusación corriente 
á foja 401 I. por referirse sólo á veinte y cinco propiedades de 
las ciento siete hipotecadas. 

Tasación Romero Gauna, Gandulfo y Elisondo en el sumario 
fojas 238 B y 207 J, (unidas) 735,820.79 pesos m/n. 

Tasación Vivar, Matozo, Creinonte, Avalos, Reyna y Fer- 
nandez, en el plenario, fojas 378 I y 87 M (unidas) : 286.881,34 
pesos moneda nacional. 

Tasación Al. Lafíont, foja 397 I (excluido bienes Lara) : 
784.450 pesos moneda nacional . 

11° Como se ve, ninguna de las referidas tasaoiones en las 
qne han intervenido 11 peritos alcanza á cubrir el importe to- 
tal de las deudas canceladas, que es de 1 .019.200 pesos moneda 
nacional. En presencia de tal uniformidad de opiniones, en las 
que está incluida la del perito nombrado por la defensa se hace 
innecesario un examen detallado y minucioso del valor de cada 
uno de los 107 inmuebles hipotecados, con tanta mayor razón, 
cnanto que la diferencia en más ó en menos que pudiera atri- 
buírseles, con relación á alguna de las tasaciones que reuniese 
mayor número de opiniones, no modificaría sensiblemente el 
hecho de que el valor de las propiedades hipotecadas no garan- 
ten suficientemente las deudas y que la diferencia entre el va- 
lor de esos bienes y el importe de las deudas canceladas, será 
siempre mayor que el máximo n del perjuicio establecido por el 
Código Penal para los casos de defraudación, ó sea más de seis 
mil pesos. 

Aún tomando la tasación de Alfredo Laffont, perito que por 
el origen de su nombramiento debe suponérsele inclinado á fa- 
vorecer los intereses de los procesados, y uniendo á ella la ma- 
yor tasación de los bienes hipotecados por Lara, y la de los 



316 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ofrecidos por Valor en refuerzo de esa garantía, asimismo se 
tendría una diferencia entre el valor que ellos arrojan, y el de 
las deudas canceladas de 128.191,25 pesos. 

En efecto la tasación Laffont, en la que están incluidos I09 
bienes ofrecidos en refuerzo por Valor, asciende á 784.450 pesos, 
foja 397 1, y la mayor tasación de los bienes de Lara á 
106.558,75 pesos, que deducidos de 1.019,200 pesos que impor- 
tan las deudas, da la diferencia preindicada de 128.191,25, 
cantidad que sobrepasa con exceso el máximun de la escala de 
valores establecida por el artículo 202 del Código Penal, para 
determinar la penalidad en los delitos por defraudación. 

12° Es, pues, por demás evidente, entonces que el elemento 
material del delito do abuso de confianza existe, desde que está 
probado que los intereses del Banco fueron lesionados con las 
operaciones acusadas. Y este perjuicio es tanto más evidente 
si se tiene en cuenta que los primitivos deudores eran personas 
solventes y conocidas, con su crédito personal íntegro desde que 
no se ha probado ni se ha dicho siquiera que la confianza y la 
persuasión del reembolso por parte del Banco, que .determina- 
ron las concesiones de los préstamos á favor de ellos, hubiesen 
desaparecido 6 disminuido por hechos propios que de alguna 
manera comprometiesen la integridad de sus respectivas respon- 
sabilidades, y por consiguiente la de los intereses del Banco; 
pues de autos no resulta eso, sino lo contrario y además, que 
eran dueños de todos los bienes que los actuales deudores die- 
ron en hipoteca y que no se habían desprendido de uno solo de 
ellos, antes délas operaciones acusadas, que no sean los trans- 
feridos á sus respectivos delegados cuando esas operaciones que- 
daron concertadas y aceptadas por Brasch. 

13° Quiere decir entonces que lo3 primitivos deudores no 
sólo gozaban de toda la confianza sobre que reposa el crédito 
personal, sino que poseían los mismos bienes á que Brasch limi- 
tó las garantías de las deudas, renunciando al crédito perso- 



DE JUSTICIA NACIONAL 317 

nal de aquellos, para aceptar el de personas que les eran 
desconocidas, en su mayor parte, según su propia confesión 
y quienes resultaron no tener ni crédito ni bienes otros que los 
transferidos por los sustituidos, como aparece de los informes 
en los Bancos, de las Oficinas de Registro de la Propiedad y 
Contaduría General de la Provincia de Santa Fé y Buenos Ai- 
res, donde habían designado sus domicilios, que también re- 
sultaron inciertos con relación á la mayor parte de ellos, según 
las diligencias practicadas con el objeto de emplazarlos primero, 
y de reducirlos á prisión después; además hay que agregar que 
algunos de los primitivos deudores eran dueños días antes de 
las operaciones, no sólo de los bienes que sus delegados hipo- 
tecaron al Banco, sino de otros de positiva importancia, como 
consta de las diligencias de embargos, lo que hace más resal- 
tante la solvencia y la seguridad que el Banco tenía en reem- 
bolsar los dineros prestados, que no se ha probado de ninguna 
manera que esos deudores se hubiesen negado ó resistido al 
cumplimiento de sus obligaciones. 

14° Queda, pues, establecido que los intereses del Banco fue- 
ron lesionados por medio de las operaciones acusadas, en una 
cantidad mayor que el máximun establecido, cualquiera que 
sea el valor atribuido á los bienes por las tasaciones judiciales 
practicadas en el proceso. 

Pero dado que Brasch no fué el beneficiado de la suma en 
que fué perjudicado el Banco, desde que no se ha probado que 
él se la hubiese apropiado, sino que ella ha redundado en bene- 
ficio de los que cancelaron sus obligaciones, necesario se hace 
conocer la cantidad de que cada uno de ellos participó en el he- 
c>io incriminado, para establecer las respectivas responsabili- 
dades, con arreglo á la escala de valores establecida por el Códi- 
go Penal. 

Para llegar á ese conocimiento, estimaremos, con ayuda de 
los elementos de convicción que nos suministra el proceso, el 



318 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

valor de los bienes dados en hipoteca por cada ano de los susti- 
tutos, separadamente, para establecer así la diferencia entre el 
valor de ellos y el de la deuda que afianza. En esta estimación 
no incluiremos los bienes transferidos por Simón Derqui (falle- 
cido) áXJlpiano Cáceres, Julio Acuña y Manuel Oáceres, dele- 
gados, en continuación de Derqui, porque éste firmó nuevamen- 
te sus letras, haciéndose cargo de ellas, antes de la iniciación 
de este proceso, según lo ha declarado en su indagatoria de foja 
179 A, que está corroborado por I03 empleados del Banco en sus 
declaraciones de fojas lllá 124 B, y no ha sido negado por el 
querellante, con excepción de la deuda transferida á Mauricio 
L. Chaine por Luis Bruel y cuya deuda también pertenecía á 
Derqui, según él mismo lo ha declarado, habiendo el querellan- 
te retirado, en su acusación de foja 117 H, la acción criminal 
contra Luis Bruel, porque entiende que á su respecto sólo tie- 
ne una acción civil. Debemos, pues, tomar únicamente la pro- 
piedad transferida á Mauricio L. Chaine y las transferidas á 
Valor, Lara, M. Acuña, D. Acuña, M. Cáceres y Julio Acuña, 
y de las que corresponden á estos dos últimos sólo las traspa- 
sadas por Eugenio Minvielle. 

15° Bien; en presencia de la anarquía de valores que se nota 
comparando las tasaciones judiciales practicadas en este proce- 
so, tenemos que de los once peritos que en ellas han interveni- 
do ocho de ellos, J. Benjamín Romero, Ramón M. Gauna, Pe- 
dro Gandulfo, Marcelino A. Elizondo, Pedro C. Reina, Pedro 
R. Fernandez, Carlos Avalos y Alfredo Laffont, convienen en 
que las bases establecidas por los dos primeros son las más ra- 
cionales y justas para establecer el valor de la propiedad raíz, y 
que, por lo tanto, deben aceptarse en la tasación de los inmue- 
bles hipotecados. Esas bases están determinadas del modo si- 
guiente: para fijar el valor de los campos tomaron la estimación 
hecha por la ley de impuestos de la provincia para el pago de 
la contribución directa, dictada en el mismo año que se efectúa- 



DE JUSTICIA NACIONAL 319 

ron las operaciones acusadas, 1891, estimación que es tres ve- 
ces mayor que el precio de venta establecido por otra ley de la 
provincia sobre ventas de tierras públicas, dictada en 1883, en 
vigencia, y aplicaron á los campos hipotecados la mayor esti- 
mación que hace aquella ley, según la zona en que están ubica- 
dos, ósea quince ó veinte mil pesos moneda nacional por la le- 
gua cuadrada ; para la fijación del valor de los terrenos urbanos 
situados en esta ciudad, como ellos no se estiman por la ley para 
el pago de contribución directa, estando librada esa fuucion al 
criterio de las comisiones avaluadoras que cada año se nombran 
con ese objeto, han tomado los precios establecidos por una or- 
denanza municipal para la venta de terrenos, dictada en el 
año 1890, y multiplicando esos precios por tres, han estimado 
que ese es el valor que debe atribuirse á los terrenos urbanos 
del municipio de esta ciudad. Para los comprendidos en los 
otros pueblos de la provincia no han establecido esa base, por- 
que no existe ordenanza alguna que fije el precio de los terre- 
nos, y lo han estimado según las informaciones obtenidas y el 
conocimiento personal que de estos terrenos tenían, según lo ex- 
presan en el informe con que acompañaron esas tasaciones. Sin 
embargo, fácil es establecer, para esos terrenos, la misma base 
aceptada para la tasación de los de esta ciudad. En ausencia de 
ordenanzas que fijen el precio de ellos, tenemos el precio en que 
los terrenos á tasarse fueron vendidos por las municipalidades, 
previa avaluación hecha por el Departamento Topográfico en 
cada caso de venta, que consta en cada uno de los correspon- 
dientes títulos de propiedad corrientes en el cuerpo C. La mayor 
parte de esas compras, según las fechas de las escrituras, fue- 
ron hechas en la época de la especulación de tierras en esta pro- 
vincia. Pues bien, multiplicando esos precios por tres tendre- 
mos una base igual á la fijada para establecer el valor de los 
terrenos en esta ciudad . 
La adopción del aumento de los precios de los terrenos, en la 



320 FALLOS DE LA SUPKEMA CORTE 

forma indicada, á más de ser aceptada por la mayoría de los 
peritos, condice, en sus resultados, con las tasaciones hecbas 
por las comisiones avaluadoras para el pago de la contribución 
directa en el año 1891, fecha de las operaciones acusadas, en 
los años 1890 á 1892, cuando no aparecen avaluados en aquel 
año, según el informe [de la contaduría general de la provin- 
cia, corriente á foja 109 I; siendo la diferencia sólo un 5%, 
sin tomar en cuenta las construcciones, y si se exceptúan los 
bienes de Lara, donde la diferencia es de un 50 °/ como se ve- 
rá en la tasación que más adelante se consigna. Sin embargo, 
esa diferencia enorme que se nota entre la tasación de estos bie- 
nes por la comisión avaluadora para el pago de contribución 
directa y laque vamos á hacer can arreglo á las bases estable- 
cidas, no sobrepasa sino en menos de ocho mil pesos á la tasa- 
ción del plenario, foja 87 M, y disminuye la del sumario, foja 
207 J, un poco más de dieciseis mil pesos, colocándose así en 
un término medio entre la menor y la mayor de las tasaciones 
practicadas, lo que la hace aceptable. 

Si con esas bases, los peritos que la han adoptado no han 
sacado los mismos resultados que los que arroja la tasación que 
hacemos, ni han coincidido en las practicadas por ellos, es por- 
que en su aplicación se han separado de ellas, dando como ra- 
zón la situación especial de los terrenos, para los cuales fijaron 
un valor sobre la base correspondiente, como si esa -circunstan- 
cia no hubiese sido tomada ya en consideración en la ordenan- 
za municipal para establecer distintos precios, según la situa- 
ción de los terrenos, dividiendo á ese efecto en seis zonas el mu- 
nicipio; pudiendo decirse lo propio de los precios fijados por 
las municipalidades de los otros pueblos para la venta de 
sus terrenos. La diversidad de esos precios tiene, pues, esa 
razón de ser, y no hay por qué volverla á tomar en considera- 
ción, máxime cuando la fecha de la ordenanza y ventas 
municipales mencionadas es casi la misma de la que en que se 



DE JUSTICIA NACIONAL 



321 



efectuaron las transferencias de los inmuebles en cuestión. 
16° Con esas bases pasamos á fijar el valor de los bienes hi- 
potecados y los ofrecidos en refuerzo por José G. Valor, con las 
exclusiones expresadas: 



Tasación de los bienes transferidos por B. L. Ramayon 

áJ. G. valor 



N» de orden 

de la 

tasación 

de f . 242 B. 


Extensión 

de los bienes 

en metros 

cuadrados 


Precio 

de la ordenanza 

municipal 


Triple 

del precio 

anterior 


Estimación 
total 


Contribución 
directa, 
año 1891 


1 


2698 


50 


1 50 


4048 


2000 


2 


1657 


50 


1 50 


2536 


4000 


2 


19171 


15 


15 


8626 


2000 


4 


878 


40 


1 20 


1053 


1500 


5 


1498 


40 


1 20 


1795 


1500 


. 6 


1161 


1 00 


3 00 


3484 


2500 


7 


829 


2 00 


6 00 


4974 


3800 


8 


894 


40 


1 20 


]072 


500 


9 


829 


1 00 


3 00 


2847 


3000 


10 


576 


50 


1 50 


859 


3500 


11 


1406 


40 


1 20 


2047 


2000 


12 


1157 


50 


1 50 


2486 


4000 


13 


829 


40 


1 20 


994 


6000 


H 


732 


50 


1 50 


1098 


1000 


15 


16825 


40 


1 20 


19190 


2500 


16 


1241 


' 40 


1 20 


1489 


1500 


17 


1321 


50 


1 50 


1482 


3000 


18 


2371 


40 


1 20 


2845 


4500 


19 


1371 


40 


1 20 


1645 


4000 


20 


829 


50 


1 50 


1248 


3500 


21 


1096 


40 


1 20 


1315 


1000 


22 


1658 


40 


1 20 


1889 


5000 


23 


1658 


40 


1 20 


1889 


5000 


24 


740 


40 


1 20 


888 


1480 


25 


1658 


40 


1 20 


1889 


2500 


26 


308135 






128 


125 


T. 


X 








21 



322 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Los del refuerzo 



1 


3006 


10 


30 


901 


2000 


2 


1606 


10 


30 


481 


4000 


3 


830 


1 00 


3 00 


2490 


7000 


4 


823 


1 00 


3 00 


246 


6000 


5 


2256 


50 


1 50 


3384 


4500 


6 


26227802 






21858 


7722 



B 103309 * 103330 



Edificios existentes en los lotes números 10, 13 
j 18, tasado todo en. » 3350 



Valor total de los bienes $ 106659 

Tasación de los bienes hipotecados por Dalmiro, y 
Manuel Ácuña % delegados de Estevan Chaine 







Dalmiro Acuna 








No de orden 

déla 

tasación 

de í. 242 B. 


Extensión 

de los bienes 

en metros 

cuadrados 


Precio 

de la ordenanza 

municipal 


Triple 

del precio 

anterior 


Estimación 
total 


ContiibucioB 
directa, 
año 1891 


1 


3600 


03 


009 


324 


300 i 


m 
1 ^ 


2 


3600 


007 


21 


956 


300 < 


i i 


2 


3600 


07 


21 


956 


300 1 


• 


4 


1800 


035 


11 


198 


150 j 


1 2S 


5 


1327 


065 


20 


265 


100 y 




6 


1326 


055 


17 


225 


100 


1 •* 
i «> 

* 


7 


1327 


065 


20 


245 


100 | 


f a 


8 


1327 


065 


20 


265 


100 


• 


9 


1327 


105 


32 


424 


100 




10 


1327 


065 


20 


265 


150 1 





DE JUSTICIA NACIONAL 323 



Manuel Acuña 

1 946 50 1 50 1419 3000 <*"• 

2 10816 035 11 1189 1000 

3 10816 035 11 1189 1000 

4 2700 07 21 567 300/5 

5 1350 035 11 148 150 * 

6 1350 035 11 148 150 



Total de ambos grupos 8733 # 7300 

Tasación de los bienes transferidos por Manuel Ferré 

á Juan R. de Lar a 



N* de orden 

de la 

tasación 

de f . 242 B. 


Extensión 

de los bienes 

en metros 

cuadrados 


Precio 

de la ordenanza 

municipal 


Triple 

del precio 

anterior 


Estimación 
total 


Contribución 
directa, 
año 18M 


1 f 


612 


40 


1 20 


734 


500 


2 


325 


50 


1 50 


1238 


1500 


3 


675 


50 


1 50 


Í013 


1500 


4 


1658 


40 


1 20 


1989 


4500 


5 


2307 


40 


1 20 


2763 




6 


1658 


40 


1 20 


1939 


2500 


7 


1468 


40 


1 20 


1761 


1500 


8 


829 


40 


1 20 


994 


1500 


9 


3316 


50 


1 50 


4974 


1500 


10 


829 


50 


1 50 


1243 


2000 


11 


4827 


50 


1 50 


7241 


3000 


12 


4423 


40 


1 20 


5307 


1000 


13 


1036 


40 


1 20 


1243 


1500 


14 


1459 


40 


1 20 


1750 


2000 


15 


1212 


50 


1 50 


1813 


800 


16 


1200 


15 


45 


540 


1500 


17 


4725 


15 


45 


2124 


4000 


18 


5034 


50 


1 50 


7551 


600 


19 


15289 


15 


45 


6880 


700 


20 . 


13125 


15 


45 


5907 


1000 


21 


1874 


40 


1 20 


2248 


1000 



324 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



22 


1138 


50 


1 50 


1707 


1500 


23 


1080 


50 


1 50 


1620 


2000 


24 


3317 


50 


1 50 


4976 


3000 


25 


1498 


50 


1 50 


2247 


800 


26 


13265 


40 


1 20 


15918 


2000 



$ 87882 B 38300 



Edificios existentes en los números 11 y 19 8 2000 

Valor de estos bienes $ 89882 



Tasación de los bienes transferidos por E. Minvielle 
á Julio Acuña y Manuel Cáceres 

Julio Acuña 

5 1658 40 1 20 1989 2000 

9 1246 40 1 20 1495 600 

Edificio existente al número 4 500 

Manuel Cáceres 

Foja 251 B. 

4 64247917 20000 00 46666 66 38075 

5 119923 400 00 1200 00 1200 00 500 



Total de ambos grupos B 51850 00 



Tasación de la propiedad transferida por Simón Derqux 

á Mauricio Chaine 

Foja 248 B. 

1 296581 metros cuadrados en « La 
Limita », promedio de las tasaciones judicia- 
les consignadas 8 37283 00 



Valor $ 37283 00 



DE JUSTICIA NACIONAL 325 

Resumiendo tenemos los resultados siguientes al lado de las 
deudas correspondientes y las diferencias entre éstas y el valor 
de las garantías : 

Valor r «. Diferencias 

de los bienes . } m P° rl * a favor 

hipotecados aeíasaeuuas <j e i os deudores 

B. L. Ramayon sus bienes trans- 
feridos á Valor 106659 363000 256341 

E. Menvielle, sus bienes transferi- 
dos á J. Acuña y M. Cáceres. . . 51850 61 134425 82574 34 

M, A. Ferré sus bienes transferidos 
áLara 89882 194000 104U8 

E. Chaine sus bienes transferidos 
áD. yM. Acuña 8783 71200 62417 

S. Derqui sus bienes transferidos 
á M. L. Chaine 37283 60000 22717 

Totales. 294457 66 822725 528176 34 

17° De lo expuesto en cuanto al valor de los bienes, resulta 
que ya se consideren en conjunto las operaciones acusadas, ó en 
detalle, con relación á cada uno de los sustituidos, los intereses 
del Banco han sido lesionados con las delegaciones de deudores 
consentidas y ejecutadas por su ex-gerente Brasch, y que ese 
perjuicio, que es de 528.167 pesos moneda nacional, con arreglo 
& la precedente tasación, ha beneficiado álos deudores primiti- 
vos en la proporción que se establece en la columna de diferen- 
cias del resumen anterior. 

Por otra parte, aún tomando la tasación Laffont, que es la 
más alta en el proceso, tendremos siempre el mismo resultado 
á los efectos de la peíalidad, pues las diferencias entre las deu- 
das respectivas y el valor que esa tasación les atribuye á los 
bienes que las garanten, están todas sobre 6000 pesos moneda 
nacional, que es el máximun de la ley, si se exceptúa la de Mau- 
ricio L. Chaine que sólo arroja una diferencia de 4500 pesos. 
Bien entendido que de esa tasación habría que excluir los bie- 
nes transferidos por Simón Derqui á Julio Acuña, Ulpiano y 



326 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Manuel Cáceres, por la razón expuesta mas arriba : que Derqui 
repuso su firma á las letras que habían quedado canceladas con 
esos bienes. 

Lo propio sucedería con la operación de Ferré, aún adoptan* 
do la mayor tasaciou de los bienes que él transfirió á Lara, co- 
rriente á foja 207 I, pues encontramos también una diferencia 
mayor que la cantidad de 6000 pesos. 

18° Queda, pues, plenamente comprobado que el Banco fué 
perjudicado con la ejecución de las operaciones acusadas y que 
los deudores primitivos Benito L. Ramayon, Manuel A. Ferré, 
Eugenio Minvielle, Esteban Chaine y Simón Derqui (fallecido) 
fueron los beneficiados con esas operaciones en una cantidad, 
cada uno, que sobrepasa á l.i de 6000 peso s. 

Determinado así el perjuicio que el Banco recibió, en sns in- 
tereses, con las operaciones ejecutadas por su ex-gerente Brasch 
queda por lo tanto, caracterizado y establecido el elemento ma- 
terial del delito que se les atribuye. 

19° Pero la noción jurídica de ese delito implica como elemen- 
tos esenciales, no sólo ese hecho, sino también el dolo en quien 
lo ejecute, y que consiste en el designio de perjudicar ó de pro- 
curarse á sí mismo ó á otros, ventajas ilícitas. 

A menudo, como lo diceHausJa ejecucionde un hecho, aunque 
completa, no entraña la convicción del Juez relativamente á la 
culpabilidad del agente. Entonces debe consultarse todas las 
circunstancias que se relacionan con el hecho principal y exa- 
minar si ellas son de naturaleza á revelar la intención con la 
que el autor ejecutó el hecho. 

20° Nuestro procedimiento para la investigación de esa in- 
tención será, pues, el de inducción, sirviéndonos de los hechos 
comprobados en el proceso, para remontamos del efecto exterior 
á la cansa interna. 

Desde luego tenemos comprobado, como se ha dejado esta- 
blecido, que Brasch sabía que no podía ejecutar las operaciones 



DE JUSTICIA NACIONAL 327 

acosadas, á menos de extralimitar sus falcultades y violar dis- 
posiciones claras y terminantes del reglamento del Banco, en 
cuanto se referían á la manera de proceder en los casos no pre- 
vistos por el mismo. ¿Por qué las ejecutó, entonces? El lo di- 
ce: porque el inspector de sucursales del Banco, á quien con- 
sultó con ese objeto, le dijo que eran lícitas y corrientes, y 
porque creyó que los créditos quedaban mejor garantizados con 
las hipotecas ofrecidas y dadas por los delegados. 

Lo primero, aparte de estar negado por el inspector Ledesma 
áfoja 16 1 (preg. 5 a ), no es verosímil que haya sido una causa 
determinante de las operaciones, porque Brasch sabía ó debía 
saber que ese no era el medio de que debió valerse para pro- 
veerse de una autorización ó de una facultad que no tenía; él 
sabía que ningún empleado del Banco, por superior que fuese su 
jerarquía, podía concederle por sí una facnltad que no tenía; 
que esa no era la fuente donde debió ocurrir en demanda de una 
autorización que creía necesaria para ejecutar las operaciones 
de crédito acusadas ; todo eso lo sabía, pues no le era permiti- 
do ignorar el reglamento del Banco, que establece y determina 
en el artículo 23 el procedimiento á seguirse en esos casos, no 
siéndola falta de consejo, que arguye, una circunstancia que lo 
autorizase á violarlo, sino una ra^on más para que esas ins- 
trucciones fuesen pedidas al presidente del Banco, como dice 
dicho artículo, y no al inspector de sucursales. Además, la for- 
ma verbal adoptada para un asunto de tanta magnitud é im- 
portancia, que comprometía valiosos intereses del Banco, revela 
que quiso sustraérselo del conocimiento y decisión del directo- 
rio, evitando asilas contingencias de una resolución adversa. 

Tampoco la segunda razón alegada pudo haber sido el móvil 
qu? impulsara al ex-gerente Brasch á efectuar las operaciones 
de crédito que motivan este proceso. Sus propios actos, omi- 
siones y complacencias revelan lo contrario. ¿Por qué, si su 
propósito fué garantizar mejor los intereses del Banco, no or- 



I 



328 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

denó ó practicó la tasación de los bienes que se ofrecían en hi- | 

poteca, como era natural, para informarse de si el valor de 
ellos cubría suficientemente las deudas que debían afianzar, ya 
que los deudores á quienes trataba de liberar eran personas sol- 
ventes, y en definitiva, no eran sino sus propios bienes los que 
se le ofrecían? Y no sólo omitió esa circunstancia, única capaz 
de producir la creencia de que eran bastantes, sino que aceptó 
bienes, con la sola afirmación del que los hipotecó, de que esta- 
ban libres de todo gravamen, sin informarse de su exactitud por 
los medios legales, relevando, por el contrario, al escribano que 
las autorizó, de toda responsabilidad civil que pudiese derivar 
de esa omisión, foja 101 C. Además, él sabía que los derechos 
del Banco, en cuanto al reembolso de los créditos, quedaban li- 
mitados al solo valor de esos bienes, ya que la responsabilidad 
perspnal de los nuevos deudores le era completamente descono- 
cida, según lo ha confesado, y por lo tanto, el examen estima- 
tivo de aquellos era tanto más necesario, cuanto que renunciaba 
el crédito personal de los primitivos deudores, que reposaba en 
la probidad, en la honestidad y en la solvencia de c.ida uno de 
ellos, que les había valido la concesión de tan crecidos présta- 
mos, para aceptar una parte de sus propios bienes, que no al- 
canzan ¿cubrir, según todas las tasaciones hechas en el proce- 
so, el importe total de las deudas canceladas. 

21° La crisis porque atravesaba el país, la ley de liquidación 
del Banco, dictada recientemente, que también se alega para 
justificar las operaciones, no podían haber inspirado á Brasch 
el temor de que los deudores primitivos no cumplirían las obli- 
gaciones contraídas con el Banco. Al contrario, tratándose de 
personas que no sólo conservaban su crédito personal íntegro, 
sino que poseían bienes inmuebles, más que los hipotecados, 
debió tener confianza en que serían atendidas debidamente sus 
deudas, sobre todo cuando esa ley mejoraba las condiciones de 
los deudores, rebajando la tasa del interés y disminuyendo la 



DE JUSTICIA NACIONAL 329 

amortización, lo que vale decir, aumentando el plazo de las 
obligaciones, las que quedaban, por otra parte, reducidas á un 
tanto por ciento igual á la depreciación que tcviesen los che- 
ques del Banco al tiempo de hacerse el servicio, desde que esta- 
ba obligado á recibirlos hasta el 80 % de los pagos que se le 
hiciesen. 

No, el ex-gerente Brasch no tuvo la intención de beneficiar 
ni de garantizar mejor los intereses del Banco, aceptando y 
ejecutando las operaciones acusadas ; su propósito fué otro, 
bien manifiesto y evidente en las páginas de este proceso, el de 
beneficiar á Simón Derqui, Eugenio Minvielle, Manuel A. Fe- 
rré, Benito L. Ramayon y Esteban Chaine, amigos suyos, fojas 
99 á 124 B, permitiéndoles la cancelación de sus deudas median- 
te la entrega de bienes insuficientes para cubrir el importe de 
ellas, porque en definitiva, á eso se reducían las operaciones de 
sustitución, ya que á los sustitutos hay que considerarlos, á los 
efectos del crédito, como personalidades de apariencias. 

Con este objeto ultrapasó abierta é ilimitadamente sus facul- 
tades; con esa intención violó disposiciones claras y terminan- 
tes del reglamento del Banco; por eso no pidió instrucciones 
ni recabó facultades del presidente del Banco, que era el único 
que podía acordárselas, previa autorización del directorio. 

Si su intención fué beneficiar los intereses del Banco, y ya 
que creía que los créditos con su sola firma estaban mal garan- 
tizados, ¿por qué aceptó de la sucursal de Santa-Fé la trans- 
ferencia de las deudas de Benito L. Ramayon y Urbano Cons, 
importantes 363.000 pesos, que se encontraban en esas con- 
diciones? Las constancias de este proceso responden: para 
cancelarlas pocos días después por el procedimiento ya cono- 
cido. 

Es, pues, por demás evidente que el ex-gerente Brasch pro- 
cedió fraudulentamente en la liberación de los deudores expre- 
sados, con el solo propósito de procurarles ventajas y prove- 



330 TALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

chos, reales y efectivos, en menoscabo de los intereses que ad- 
ministraba. 

22° Queda, entonces, plenamente caracterizado el delito: y 
por consiguiente, que elex-gerente Brascb defraudó los intere- 
ses del Banco, abusando de la confianza que en él se había de- 
positado, en una cantidad que excede de seis mil pesos, hacién- 
dose, por lo tanto, acreedor á la pena establecida en el inciso 6 o , 
del artículo 202 del Código Penal, según lo prescribe el artículo 
203 del mismo. 

23° Ahora, ¿cuál es la intervención que han tenido en la co- 
misión de ese delito los demás acusados, con excepción de los 
declarados rebeldes, respecto de quienes el proceso ha quedado 
suspendido, de conformidad al artículo 151 del Código de Pro- 
cedimientos en lo Criminal ? 

Desde luego, existen comprobados en autos tres hechos prin- 
cipales que determinan y caracterizan acabadamente la partici- 
pación ó cooperación que tomaron en el hecho incriminado: 

I o Que fueron Ramayon, Ferré, Chaine y Derqui, por su pro- 
pia deuda y la de Minvielle, los que en persona propusieron 
al ex-gerente Brasch las operaciones acusadas; 2 o Que ellos 
mismos proporcionaron los bienes y las firmas de los sustitutos, 
y corrieron con la gestión y tramitación de las operaciones has- 
ta su completa realización; y 3 o Que tratándose de la cancela- 
ción de sus propias deudas, fueron directa y únicamente bene- 
ficiados. 

De donde se sigue que si ellos no hubiesen propuesto esas ope- 
raciones y luego no hubiesen proporcionado los elementos nece- 
sarios para su ejecución, ellas no habrían tenido lugar, y, por 
lo tanto, el ex-gerente Brasch no habría cometido el delito de 
abuso de confianza que se le imputa. Luego la cooperación de 
los sustituidos nombrados se encuadra perfectamente en el in- 
ciso 2 o del artículo 21 del citado código, debiendo por consi- 
guiente considerárseles como coautores de Brasch en la consuma- 



DE JUSTICIA NACIONAL 331 

cioa del delito acusado y pasibles igualmente de la pena estable- 
cida en el inciso 6 o del artículo 202 del Código Pena), desde 
que el provecho de que cada uno participó en la defraudación 
excede de la cantidad de seis mil pesos, segu;i lo hemos deja- 
do establecido en la precedente tasación, y segun también lo 
demuestran todas las tasaciones practicadas, inclusive la de 
Laffont. 

24° La intención fraudulenta de los sustituidos, el propósito 
de defraudar los intereses del Banco por medio de las delega- 
ciones propuestas al ex-gerente Brasch, se revela en todos y ca- 
da uno de los actos con que prepararon y llevaron á término la 
cancelación de sus deudas : transferencias de sus propios bio- 
nes á sus respectivos sustitutos por precios, en plena crisis, á 
que no había llegado la propiedad raíz, dos años antes, en la 
época de la especulación y de la abundancia del medio circu- 
lante ; la declaración hecha en las mismas escritttras de trans- 
ferencias de haber recibido esos precios con anterioridad, sien- 
do así que los compradores eran personas insolventes. T si 
efectivamente entregaron esos precios ¿cómo es que posterior- 
mente, pocos días después, apareoen deudores del Banco de las 
mismas obligaciones de .sus vendedores, sin que entre un acto y 
otro mediara concesión de créditos, por parte del Banco, segun 
lo ha declarado Brasch? Es que los verdaderos precios eran las 
delegaciones de las deudas ; y como los delegados eran perso- 
nas desconocidas, en su mayor parte, y todas insolventes, les 
fué preciso, para cohonestar las operaciones con apariencias en- 
gañosa*, transferirles propiedades por precios calculados sobre 
el importe de las deudas. Ferré y Minvielle han tratado de 
eludir sos responsabilidades, alegando que no han tomado par- 
ticipación en las operaciones de sustitución de sus deudas. 

25° Si no fuese suficiente lo dicho anteriormente para de- 
mostrar lo contrario, bastaría citar, con relación á Ferré, su 
propia declaración, consignada á foja 50 J, donde dice: que 



332 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

«el señor Lara (su sustituto) le escribió una carta en la que le 
recomendaba que se viese con Brasch, para conseguir de éste 
que el declarante (Ferré) fuese librado de su obligación en la 
negociación de que se trataba. Que se vio en efecto varias ve- 
ces con el expresado Brasch, y obtuvo de él la recordada segu- 
ridad ». Y con respecto á Minvielle se tiene la declaración de 
su apoderado Mario Yugue, quien contestando? á las preguntas 
29 y 31 del interrogatorio de foja 265 B, á foja 275 vuelta: 
que < Minvielle le dio orden de transferir algunos terrenos á las 
persouas que le indicase Simón Derqui y que hizo esas transfe- 
rencias á las personas indicadas por Derqui, para con su pro- 
ducto cancelar una letra de Minvielle en el Banco Nacional». 
Nada, pues, más explícito y concluyeute para probar la inter- 
vención que han tomado en la cancelación de sus deudas. 

26° En cuanto á la cooperación de Mauricio L. Chaine (sus- 
tituto de Derqui), dado que no se ha probado que él hubiese 
retirado algún beneficio de la operación en que intervino, ni 
que su participación hubiese sido tal que sin ella * el hecho no 
habría podido tener lugar », según los términos del inciso 2 o 
del artículo 21 del código citado, debe considerársele cómplice 
en primer grado, en virtud de su participación directa en la 
acción principal, de conformidad á lo estatuido por el inciso 3 o 
del artículo 33 del Código Penal, y pasible de la pena señalada 
en el artículo 34, inciso 4 o . 

27° Para señalar fijamente las penas que deben sufrir los 
procesados, dentro del mínimum y máximum establecidos por 
los artículos citados, partiendo del término medio, Je confor- 
midad á lo estatuido por el artículo 52 del mismo código, se 
hace necesario considerar las circunstancias agravantes y ate- 
nuantes que puedan modificar la criminalidad del hecho delic- 
tuoso, aumentando ó disminuyendo su penalidad dentro de los 
límites legales. 

28° Desde luego, y con relación á todos los procesados, no se 



DE JUSTICIA NACIONAL 333 

deben considerar las operaciones de crédito acosadas, prescin- 
diendo completamente de la situación especial en que se encon- 
traba el Banco Nacional en la época que ellas fueron ejecutadas. 
La ley número 2841, de 16 de Octubre de 1891, es decir, de 
cuatro días antes de la primera de las operaciones realizadas, 
que declaraba en liquidación el Banco Nacional y bonificaba la 
situación de los deudores, establecía también, en su artículo 
44, que estos podrían obtener carta de pago ofreciendo cesión 
de todos sus bienes á favor del Banco. Esta facultad, de la que 
podían haber hecho uso los sustituidos, y la circunstancia de 
que se desprendieron de sus propios bienes para que sus susti- 
tutos los dieran en hipoteca al Banco, en garantía de las deudas 
transferidas, hace creer que no tuvieron la intención de causar 
todo el perjuicio que han producido, teniendo en cuenta que 
en la generalidad de ios casos que el Banco tuviese que otorgar 
cartas de pago en virtud de la cesión de bienes de sus deudo- 
res, lo haría sin que el valor de los bienes cedidos alcanzase á 
cubrir suficientemente las deudas que, de ese modo, quedarían 
extinguidas. Agregúese desoque los procesados que quedaron 
cort bienes, después de los traspasos á sus sustitutos, no hicie- 
ron transferencias ni ocultaciones, ni constituyeron sobre ellos 
gravámenes de ninguna clase, estando, por el contrario, em- 
bargados en este proceso para garantir sus responsabilidades 
ulteriores; y so tendrá que esas circunstancias, reunidas, si 
bien no los eximen de pena, sirven para atenuar la que les co- 
rresponde, de conformidad al artículo 83, inciso 3 o , del Código 
Penal, por lo que se refiere á los procesados Benito L. Rama- 
yon, Manuel A. Ferré, Eugenio Minvielle y Esteban Chaine, 
debiendo por consiguiente, disminuirse, del término medio, la 
pena establecida en el inciso 6 o del artículo 202, que es la que 
les correspondería, como se ha dicho, á no ser la circunstancia 
atenuante expresada, rebajándola hasta el mínimum señalado 
en el mismo, ó sea á tres años de penitenciaria. 



334 FALLOS DE LA SUPREMA COK TE 

29° En cuanto á Teodoro Brasch, si bien á él le comprende 
también esa circunstancia atenuante, ella está compensada con 
la circunstancia agravante prevista por el inciso 20 del artícu- 
lo 84 del código citado, desde que ha sido reincidente de deli- 
tos de la misma especie, por lo que debe sufrir el término me- 
dio de la pena del inciso 6 o del artículo 202 del Código Penal, 
ósea cuatro años y medio de penitenciaría. 

Por lo que se refiere al cómplice Mauricio L. Chaine, debe 
aplicársele, como se ha dicho, la pena establecida en el inciso 
A° del artículo 33, tsto es, dos años de prisión, que es el térmi- 
no medio, desde que las penas determinadas para las personas 
de quien él fué cómplice en el delito consumado, no exceden de 
seis años de penitenciaría. 

30° En cuanto á los delitos de sustitución de documentos y 
estafa que también imputa el acusador á los procesados, poco 
hay que decir para demostrar la improcedencia de ellos. En 
efecto, hemos visto, tratando del abuso de confianza, que para 
que constituya delito, es requisito indispensable que se haya 
ejecutado con perjuicio ó defraudación de tercero, y que real- 
mente resultaran perjudicados los intereses del Banco ; pero ese 
perjuicio, proveniente del abuso de confianza, está íntimamente 
unido á la sustitución de ¡as letras de los deudores primitivos, 
sin la que aquel perjuicio, y por lo tanto el delito de abuso de 
confianza, no habría tenido lugar, en nuestro caso, y formando 
así un mismo y único hecho penable, constituyen un solo delito, 
el de abuso de confianza. 

31° En cuanto al delito de estafa que el querellante atribuye 
á los deudores primitivos y sus sustitutos, es evidente que no 
existe en el caso sub-judice, desde que éstos no engañaron al 
ex-gerente Brasch, que era el representante del Banco y con 
quien trataron las operaciones de sustitución. Este tuvo pleno 
conocimiento de todos los hechos antecedentes de las operacio- 
nes. Hubo connivencia con el ex-gerente, como resulta de au- 



DE JUSTICIA NACIONAL 335 

tos, pero no engaño, que es condición esencial sine quanon, del 
delito de estafa. 

32° Considerando que, acreditado como se halla á foja 209 
Ej el fallecimiento del procesado Simón Derquí, y por lo tanto 
extinguida la responsabilidad criminal en que pudiera haber 
incurrido, procede sobreseer libremente en esta cansa respecto 
al mismo. 

33° Y considerando en relación á Luis Bruel, que el quere- 
llante en su acusación de foja 117 H, dice que solo tiene una 
responsabilidad civil en la operación de la deuda á Mauricio L. 
Chaine, deuda que pertenecía á Derqui, y que fué quien operó 
su cancelación y sustitución, según se ha dejado establecido en 
el considerando 14, ppr lo que no se ha deducido ni aparece 
contra él la imputación de ningún delito, debiendo dejarse 
á salvo al querellante la acción civil que orea tener á su 
respecto. 

Por estas consideraciones y otras que se omiten , y de confor- 
midad á las disposiciones legales citadas, fallo y condeno : 

Primero : A Teodoro Brasch, por el delito de abuso de 
confianza, á sufrir la pena de cuatro años y medio de peniten- 
ciaría. 

Segundo: A Benito L. Ramayon, Manuel A. Ferré, Eugenio 
Minvielle y Esteban Chaine, coautores de Brasch, á tres anos 
de penitenciaría. 

Tercero: A Mauricio L. Chaine, como cómplice en el mismo 
delito, á dos años de prisión. 

Debiendo, on los tres casos, computarse el tiempo de prisión 
preventiva sufrida por los condenados, de conformidad al artí- 
culo 49 del Código Penal; siendo las costas del proceso á car- 
go de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
144 del Código de Procedimientos en lo Criminal. 

Sobreséese en esta causa con relación á Simón Derqui; y en 
cuanto á Luis Bruel, se deja á salvo la acción civil que contra 



336 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

él cree tener el querellante y que menciona en su escrito 
de acusación. Hágase saber con el original y repónganselos 
sellos. 

E. A. Lujambto. I 

I 



YISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buebos Aires, Diciembre 3 de 1894. 
Suprema Corte: 

El Congreso Argentino sancionó la liquidación del Banco Na- 
cional por ley de 16 de Octubre de 1891. Esa liquidación 
creaba una situación favorable á los deudores, facilitando por 
el acuerdo de condiciones inusitadas en el comercio, la chance- 
lacion lenta y gradual de sus obligaciones. Según el artículo 
42 de aquella ley, el Banco podía exigir á sus deudores el afian- 
zamiento de sus créditos; pero no podía exigir el pago, sino en 
plazos que alcanzan en su conjunto á 6 años, debía admitir 
cheques en pago, por un valor de 50 y aún 80 por ciento, y no 
podría cobrar mayor interés que el 6 por ciento anual. 

Tales facilidades tendían á amparar las situaciones emer- 
gentes de una gran crisis, y á estimular el interés de los deudo- 
res, para el arreglo de sus cuentas pendientes. 

De ahí surge sin duda, el propósito de los comerciantes hoy 
procesados, que envueltos en las complicaciones de la especu- 
lación en tierras, adeudaban al Banco en liquidación, fuertes 
sumas. 

Sus hechos son incontestables. Pocos días después de la 
sanciónele la ley, entregaban en dominio, bienes raices, valio- 
sos que llegan al número de 107 propiedades, y los adquirentes 



DE JUSTICIA NACIONAL 337 

tomaban sobre sí la responsabilidad de las obligaciones á favor . 
del Banco Nacional, por valor de 1.019.200 pesos nacionales, 
comprendidos intereses impagos y algunas pequeñas cantidades 
adicionales. 

La gerencia del Banco en Corrientes aceptaba la sostitucion 
de deudores, recibiendo letras de los sustitutos con la garantía 
hipotecaria de las 107 propiedades adquiridas al efecto. 

Los hechos establecidos revelan grave irregularidad de pro- 
cederes de la gerencia y extralimitacion de las atribuciones del 
cargo. 

Ellos en sí mismos no constituyen, empero, delitos del derecho 
penal. 

Las operaciones bancarias de giro y descuento, reposan esen- 
cialmente sobre la fé de lus contratantes. £1 antiguo estigma 
contra la usura, ha desaparecido, y los hechos consumados en 
el comercio de los hombres, no se aprecian ni juzgan por la 
magnitud de las ganancias ó pérdidas producidas, sino por la 
demostración déla voluntad criminal, base esencial del crimen. 

Hay hechos que la ley califica de delitos y los pena como 
tales. Hay delito consumado, cuando se ha llevado á efecto 
nn acto penado por la ley. 

Los constatados en este proceso no revisten tal carácter, ni 
caen bajo ninguna de las clasificaciones del Código Penal, 
mientras no se haya demostrado la intención por medio de ellos, 
de estafar ó defraudar al Banco del Estado. 

Si la sustitución de deudores se hubiese llevado á efecto en con- 
venios con un Banco particular ¿podría suponerse a priori cri- 
minal el convenio, por razón de perjuicios ó de falta de facul- 
tades bastantes de la gerencia? 

Llevada á término con un Banco del Estado ¿cambian su na- 
turaleza los hechos comprobados? 

Prescindo de los antecedentes que el gerente invoca en favor 
de otra sustitución ejecutada por encargo del señor Presidente 

T. X 22 



338 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

del Banco, prescindo de la consalta al inspector señor Ledesma 
y de la comunicación de las sustituciones en los balances á la 
Dirección superior, hechos que cualquiera que sea su alcance 
jurídico, muestran que no había reserva ni ocultación; el he- 
cho en sí de la sustitución de responsabilidades, no constituye 
ninguno de los delitos clasificados y penados en nuestro Có- 
digo. 

Ese hecho se ha practicado y practica constantemente en el 
comercio, es una de las operaciones comunes al giro, y ningu- 
na ley ha podido prohibirlo, porque es una de las manifestacio- 
nes de la voluntad en materia de contratos, autorizada por el 
artículo 817 del Código Civil. La ley no puede prohibir sino 
aquellos actos que la conciencia entera del género humano ha- 
ya sellado irrevocablemente con ese sello de justa reprobación, 
ha dicho un acreditado publicista. 

Para que haya un delito legal, es necesario que preexista el 
delito moral, el delito natural; porque decir que no hay nada 
justo ó injusto, ha escrito con razón Montesquieu, sino lo que 
las leyes mandan 6 prohiben, equivaldría á decir, que antes de 
que se trazase el primer círculo, no eran iguales todos los radios. 

Si el hecho estudiado es un hecho permitido y usual en el 
comercio, la ley penal no ha podido atribuirle carácter crimi- 
nal, sino cuando fuese ejecutado como un medio de cometer un 
delito clasificado y penado en el derecho criminal. 

Y es por ello qae la acción investigadora se desenvolvió á 
requisición del Banco, según el escrito de acusación, no sólo 
por defraudación y cohecho, sino también por abuso de con- 
fianza, simulación, estafa, infidelidad en la custodia de docu- 
mentos y malversación de caudales públicos. 

Bajo el peso de tan graves y múltiples acusaciones, el pro- 
ceso adquirió proporciones abrumadoras. 

Pero la sentencia corriente de fojas 26 á 90 del cuerpo de 
autos letra P, ha eliminado los delitos de sustitución de docu- 



DE JUSTICIA NACIONAL 339 

mentos, estafa y demás fundamentales de la acusación, res- 
ponsabilizando y condenando al gerente Brasch, sólo por el de- 
lito de abuso de confianza, cometido en fraude de los intereses 
del Banco, y á los otros procesados, como coautores en el mis- 
mo delito (foja 90 vuelta). 

Consentida esa sentencia, por la acusación, ha quedado eje- 
cutoriada respecto de la inexistencia de otros delitos. La ape- 
lación de los procesados sólo pone en tela de juicio ante V. E . , 
el delito de abuso de confianza, cometido en fraude de los inte- 
reses del Banco, como textualmente consigna la sentencia. 

¿Revisten los hechos establecidos, caracteres constitutivos 
de las defraudaciones y estafas, á que se refieren los artículos 
202 y 203 del Código Penal, en que se apoya la sentencia? 

Pienso decididamente que no. Esas penas sólo proceden 
cuando la defraudación se ejecuta, con nombre supuesto, cali- 
dad simulada, falsos títulos ó influencia mentida, y suponen 
manifiesto engaño, aparentando bienes, créditos, comisión, 
empresa, negociación ó valiéndose al efecto de cualquiera otro 
ardid ó engafw. 

En el mismo orden de ideas, que es el de todos los Códigos, 
la misma pena alcanza según el artículo 202, inciso 10, á los 
que cometan fraude en escritura pública ó abusando de la con- 
fianza que en ellos se hubiere depositado. 

La ley vuelve á referirse al fraude, esto es al engaño, bajo 
falsas apariencias, simulando calidad, títulos, influencias. 

Y es lógico, porque tratándose de un delito, y de un delito 
de tal gravedad, que lleva hasta la pena de 6 años de peniten- 
ciaría, no puede admitirse su existencia sin los caracteres de 
dolo ó engaño, que constituyen la esencia misma del delito. 

¿Se ha probado que mediase para la ejecución de los hechos 
de sustitución y afianzamiento de responsabilidades, miedo, 
fuerza, engaño, ó alguno de esos ardides, que determinan ipso 
jure, ana connivencia criminal? 



340 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Nada dicen al respecto las abultadas páginas de tan extenso 
proceso; macho se ha discutido, nada ha sido probado. Muy 
al contrario, la sentencia misma ha reconocido á foja 87 vuel- 
ta, circunstancias que inducen falta de intención dolosa, agre- 
gando ¿foja 88: «que los procesados que quedaron con bienes, 
después de los traspasos á sus sustitutos, no hicieron transfe- 
rencia ni ocultación, ni constituyeron sobre ellos gravámenes 
de ningún género, estando, por el contrario, embargados en este 
proceso, para garantir sus responsabilidades ulteriores». 

Estas circunstancias que la sentencia reconoce como ate- 
nuantes, constituyen á la vez presunciones favorables á los pro- 
cesados. El estafador sorprendido, huye, oculta bienes; pero 
los procesados amenazados de un proceso, nada reservan ni 
ocultan y ofrecen sus personas y bienes á la satisfacción de las 
responsabilidades que puedan resultar de los actos, tampoco 
reservados ni ocultos, como es de esencia de la simulación, sino 
ejecutados en forma ordinaria, y consultados por la gerencia á 

« 

la Inspección y comunicados oportunamente á la Dirección del 
Banco. 

El simple perjuicio, sin el dolo probado, nunca constituiría 
en sí mismo un delito. Ese mismo perjuicio no resulta eviden- 
temente demostrado. 

Obligaciones personales, se han sustituido con otras obliga- 
ciones personales y además afianzadas por escrituras hipoteca- 
rias. Un millón y pico de nacionales se ha garantido con 107 
propiedades raices. Si las tasaciones divergentes de esas pro- 
piedades no alcanzaron al valor total de las deudas, se apro- 
ximaron, y si esas deudas deben pagarse en largos plazos, y un 
80 ó 50 % en cheques; si era natural suponer que los cheques 
de un Banco en liquidación bajasen, y el valor de la propiedad 
raíz subiese á medida que el país se levante de la crisis formi- 
dable que postró su crédito, ¿quién puede afirmar, que esos bie- 
nes, prudentemente administrados y gradualmente vendidos, no 



DE JUSTICIA NACIONAL 341 

dieran al vencimiento de los 6 años de la liquidación, mayor 
suma de pesos que los representados por la deuda garantida? 

Éodría resultar entonces, no sólo que no existe perjuicio con- 
sumado, sino que ni aún en espectativa, los perjuicios presu- 
mibles, pueden declararse necesarios. 

El hecho de los deudores sustituidos^ no sólo aparece desli- 
gado de toda circunstancia que ie imprima carácter de estafa, 
defraudación ó abuso que la produzca; sino que por las condi- 
ciones, tiempo y períodos en que debe producir sus efectos para el 
pago, es suceptible de satisfacerlos derechos del Banco acreedor. 

No creo deber extenderme á apreciar en detalle las circunstan- 
cias peculiares ácada procesado. Las defensas lo han hecho. 

Su extensión, análisis, doctrina y criterio jurídico, han abra- 
zado y dilucidado todas las cuestiones que directa ó indirecta- 
mente se relacionan con la causa; no debo repetir y no me es 
dado producir nada nuevo. 

Dando por reproducidas las vistas del señor Procurador Fis- 
cal, corrientes de foja 255 á foja 269 del 5 o cuerpo de autos 
letra E, y foja 121 del cuerpo letra L, creo con ello y lo ex- 
puesto, haber cumplido como entiendo, ios austeros deberes del 
representante de la vindicta pública. 

Si no encuentro en autos pruebas fehacientes de criminalidad 
de los procesados y la sustitución de obligaciones siendo auto- 
rizada en derecho, no implica, por su propia naturaleza, la per- 
petración de un delito clasificado y penado por la ley; ha de 
senne permitido, invocando los artículos 2 y 46 del Código 
Penal, y 12 y 13 del de Procedimientos en lo criminal, pedir á 
Y. E. la revocación de la sentencia que impone penas aflictivas 
á los procesados, todo sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles que resalten contra ellos, de los actos de sustitución por 
violación de las leyes del mandato. 

Sabiniano Kier. 



342 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Vallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Agosto 3 de 1895. 

Vistos: Del estudio detenido de estos autos, resulta que con 
motivo de operaciones bancarias hechas en la sucursal del Ban- 
co Nacional de Corrientes, autorizadas por el Gerente de aque- 
lla, Don Teodoro Brasch, el Directorio del establecimiento pro- 
movió querella criminal contra su mandatario y otras personas 
que habían intervenido en aquellas operaciones. 

Andando la causa, el Ministerio Fiscal, á quien se le pasó en 
vista en oportunidad y á los efectos legales, no dedujo acción 
pública, sosteniendo que los actos producidos no constituían de- 
lito del derecho penal, quedando así sólo en pié, la acción par- 
ticular ejercida por el Banco Nacional . 

Cerrado el sumario, el querellante, asumiendo la actitud de 
acusador, imputó á Brasch y los demás procesados, una serie de 
delitos previstos y penados por el Código Penal, y que se enu- 
meran por el representante del Banco. 

Tramitada la causa, se dictó la sentencia apelada, por la [que 
después de declararse improbados é inexistentes todos los deli- 
tos imputados á Brasch y los demás procesados, menos el de de- 
fraudación, se condena á unos y otros, como reos del delito de 
abuso de confianza en perjuicio de los intereses del Banco Na- 
cional. 

Apelado ese fallo por los procesados, y sustanciada la causa 
en esta instancia, ha llegado el momeuto en que esta Suprema 
Corte debe pronunciar sentencia. 

Ante todo, es menester dejar establecido que cualquiera ^ue 
fuese la justicia ó injusticia de la sentencia de primera instan- 
cia, esta Corte no podría nunca pronunoiarse empeorando las 



DE JUSTICIA NACIONAL 343 

condiciones en qué ella hubiese colocado á los procesados, por 
cuanto esa sentencia no ha sido apelada por la única parte actora. 

Como consecuencia de esa falta de apelación por parte del 
Banco Nacional, resulta que está consentida por éste la senten- 
cia que ha declarado, con la recordada excepción, improbados ó 
inexistentes los delitos imputados por la acusación á Brasch y 
los demás procesados ; debiendo esta Corte pronunciarse sólo 
sobre la existencia ó inexistencia de la defraudación con abuso 
de confianza, que es el único fundamento de la sentencia para 
imponer pena. 

Como elementos de la defraudación con abuso de confianza, 
se hacen valer las operaciones hechas por Brasch como gerente 
del Banco Nacional con los demás procesados, que eran deudo- 
res de éste, ó se constituían tales por ellas. Llamado á declarar 
el ex-gerente Brasch, dijo: que efectuó la liberación de los cré- 
ditos de Lnis Bruel, Esteban Chaine, Benito L. Ramayon, Eu- 
genio Minvielle, Simón Derqui, Manuel Ferré y otros, que se 
nombran en la pregunta formulada, aceptando garantías hipo- 
tecarias, y que procedió así por consejos de su jefe inmediato el 
inspector de Bancos, Don Felayo Ledesma, y reconoció que el 
Banco estaba entonces en liquidación y prohibía la concesión de 
nuevos créditos, observando que las operaciones ejecutadas no 
importaban la concesión de nuevos créditos, sino afianzarlos y 
mejóralos. Expuso también, que los deudores solicitaron é indi- 
caron los bienes que los sustitutos iban á presentar en garantía 
de los créditos sustituidos, haciendo al efecto, aquellos á éstos, 
transferencia de las propiedades á hipotecarse, con algunas ex- 
cepciones. 

La primera operación que se acusa es un descuento de sesenta 
mil pesos, verificado el veinte de Octubre de mil ochocientos no- 
venta y uno, en favor de Mauricio L. Chaine, que comprende 
cuatro letras de Luis Bruel, por cincuenta y un mil novecientos 
sesenta y seis pesos, los intereres y un suplemento de seis mil 



344 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

pesos, con garantía hipotecaria de un terreno, que aparece ven- 
dido á Chaine por Simón Derqui en ochenta y ocho mil nove- 
cientos sesenta y cuatro pesos. La letra lleva también la firma 
del apoderado de Derqui. 

La segunda operación es un descuento de veinte y cinco mil 
ochocientos pesos, verificado en once de Noviembre del mismo 
año de mil ochocientos noventa y uno, en favor de Dalmiro 
Acuña, que compréndela cancelación de una letra de Isettay 
Compañía, adeudada por Esteban Chaine, con garantía de terre- 
nos comprados en mil ochocientos noventa, en quinientos trein- 
ta y cuatro pesos, ampliada en Enero de mil ochocientos noven- 
ta y dos, con otros lotes comprados en mil ochocientos ochenta 
y nueve, por quinientos ochenta pesos y que aparecen como ven- 
didos á Dalmiro Acuña, por treinta y seis mil pesos y ocho mil 
ochocientos pesos respectivamente, que se declaran recibidos 
antes del acto. 

La tercera operación fué la chancelación de una deuda de 
Esteban Chaine, por medio de una letra de cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos pesos, descontada por Manuel Acuña, el catorce 
de Noviembre, con garantía de terrenos comprados en mil ocho- 
cientos ochenta y nueve, por un mil cuatrocientos cuarenta y 
siete pesos. 

En Noviembre diez y seis, se verifica la cuarta operación, 
chancelándose deudas de Manuel y Nicolás Ferré, por el descuen- 
to de una cuenta de Juan R. de Lara, valor de ciento noventa 
y cuatro mil pesos, que comprende las deudas primitivas, sus in- 
tereses y un adelanto de más de dos mil pesos, con garantía hi- 
potecaria de terrenos comprados por Lara á Manuel A. Ferré, 
en doscientos cuarenta y dos mil pesos, y que éste había adqui- 
rido en mil ochocientos ochenta y nueve, por ciento cinco mil 
quinientos pesos. Ferré pretende no haber intervenido en esta 
operación, por cuanto dice que fué el mismo interesado Lara 
quien la inició, gestionó y consiguió. 



DE JUSTICIA NACIONAL 345 



El diez y nueve de Noviembre, SimonDerquiy EugenioMin- 
vielle hicieron cancelar sus deudas, que, con otras pequeñas, de 
distintos deudores incluidas en la operación, alcanzaban á la 
suma de trescientos diez y siete mil ochocientos ochenta y tres 
pesos, valiéndose de descuentos de letras de Julio Acuña, por 
ciento once mil pesos, Ulpiano Cáceres, cien mil pesos, y Manuel 
Cáceres, ciento veinte mil pesos, por valor de trescientos trein- 
ta y un mil pesos, con garantía de terrenos que les habían ven- 
dido los primitivos deudores Derqui y Minvielle, y que fueron 
comprados por éstos, en quince mil seiscientos veinte y ocho 
pesos, los que corresponden á Acuña, en tres mil doscientos 
cincuenta pesos, los de Ulpiano Cáceres, y en ochenta y cinco 
mil ochocientos cuarenta y seis pesos, los de Manuel Cáceres: 
Las referidas letras tienen también la garantía personal deDer- 
qui. Es de observar que Minvielle sostiene no haber interveni- 
do en la operación. Asegura que liquidó una sociedad que tenía 
con Derqui, comprometiéndose éste á chanoelar la letra, por 
ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte y cinco pesos 
que debía al Banco, la cual fué en efecto chancelada, mientras 
él se hallaba ausente . 

La última operación acusada es la de Benito L. Bamayon, 
que se realizó también el diez y nueve de Noviembre. Bama- 
yon transfirió su deuda de la sucursal de Santa-Fé conjunta- 
mente con la de Urbano Cons, á la sucursal de Corrientes. Esta 
deuda ascendía á la suma de trescientos cincuenta y siete mil 
setecientos pesos, y fué chancelada por una letra descontada á 
José G. Valor, por trescientos sesenta y tres mil pesos, con ga- 
rantía de propiedades que, con pocos días de intervalo, fueron 
vendidas por Ferré á Bamayon y por éste á Valor. Las referi- 
das propiedades las compró Ferré, en mil ochocientos ochenta y 
nueve, por noventa y seis mil quinientos sesenta y cuatro pe- 
sos. 

El monto de estas operaciones asciende á la suma de un mi- 



346 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

llon diez y nueve mil doscientos pesos que, en virtud de la de- 
preciación de los cheques en la época en que se realizaron, queda 
reduóidaá la de ochocientos veinte y seis mil ciento noventa y 
seis pesos. 

Las operaciones hechas por los procesados en la sucursal del 
Banco Nacional de Corrientes, que han dado lugar á la forma- 
ción de esta causa, se reducen, pues, áque, á los deudores pri- 
mitivos los han sustituido en su obligación personal otros deu- 
dores, que daban como garantía hipotecaria, propiedades que 
aquellos les habían traspasado á ese efecto. Se nota alguna di- 
ferencia en la forma de la sustitución relativa á la transferen- 
cia de la deuda de Minvielle; pero esto, lejos de empeorar su 
condición lo favorecería, porque, según él lo afirma, no estuvo 
en relaciones directas con el Banco, para desligarse de su com- 
promiso, sin que se haya probado lo contrario, sino que la ope- 
ración se hizo por intermedio de Simón Derqui, en virtud de un 
arreglo social que la ley permite. Algunas otras diferencias de 
detalle tienen poca importancia, como ser la no intervención de 
algunos de los deudores que no han explicado de una manera sa- 
tisfactoria el motivo de su prescindencia, desde que se desprende 
que han consentido la forma del descuento para obtener de ese 
modo su liberación. 

Es de observar también que la transferencia de la deuda de 
Benito L. Ramayon, de la sucursal del Banco de Santa-Fé á la 
de Corrientes, fue apreciada en sí misma, una operación lícita, 
como lo declara el inspector de sucursales, Don Pel&yo Ledes- 
ma, foja veinte y dos, cuerpo noveno. 

La constitución de derechos reales accesorios para garantir 
obligaciones personales preexistentes era una medida usada en 
el Banco, según resulta de la nómina que corre á foja descientas 
veinticinco, cuerpo noveno, y empleada, no es necesario agre- 
gar, en favor de los intereses de este establecimiento. La cir- 
cularde tres de Julio de mil ochocientos noventa y uno (foja 



DE JUSTICIA NACIONAL 347 

noventa y siete, cuerpo cuarto del proceso contra Ferré) reco- 
mendaba á los gerentes que en caso que los deudores no estén 
en buena situación, el gerente deberá hacer garantir las letras 
con otra firma responsable ó con bienes raíces que representen 
el valor de la letra. 

Se pretende por la demanda, que la sustitución fué perjudi- 
cial, porque los que reemplazaron á los primitivos deudores 
eran personas sin responsabilidad, siendo irrisorio el valor atri- 
buido á los bienes hipotecados, que sólo pasaron ásu poder por 
actos simulados de aquellos que tenían interés en desligarse de 
sus compromisos. 

Puede y debe darse como averiguado, que los bienes con que 
los nuevos deudores han garantido las obligaciones que han con- 
traído reemplazando álos primitivos, son, en efecto, insuficientes 
para representar el valor de la deuda, aunque no en las propor- 
ciones pretendidas por la acusación, pues que los autos revelan 
que esos bienes tienen valores reales, ofreciendo positiva garan- 
tía para una parte considerable del crédito. Los precios, en 
conjunto, de adquisicionrealizada en años anteriores, ascienden 
á trescientos diecinueve mil doscientos treinta y nueve pesos, 
para los bienes ya dados en hipoteca, que uniéndose á treinta y 
seis mil pesos, precio también de adquisición, de las seis pro- 
piedades ofrecidas por Valor para reforzar la garantía, suben á 
trescientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pe- 
sos, según las avaluaciones para la Contribución Directa de mil 
ochocientos noventa y dos, completadas con las de los años no- 
venta y noventa y uno, en los datos que aquellas no contienen 
en los autos, siendo de notar que en esos resultados no están 
comprendidos los bienes dados en garantía por UI piano Cá- 
ceres. 

Las avaluaciones para el pago de la Contribución Directa en 
los años de mil ochocientos noventa y noventa y uno, que dan 
una cifra algo inferior á la de adquisición mencionada, para el 



348 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

valor de las expresadas propiedades, y la correspondiente á mil 
ochocientas noventa y dos que la supera en cantidades apre- 
ciabas, demuestran que las garantías dadas por los nuevos deu- 
dores, importaban una seguridad relativamente eñcaz. La anar- 
quía que se observa en las varias tasaciones verificadas durante 
el sumario y plenario, y la mandada practicar por el inspector 
Fontans en representación del Banco, antes de la iniciación de 
la causa, las diferencias considerables de esas pericias en la es- 
timación de los bienes, lo que se explica por la naturaleza de 
éstos y por la diferente apreciación de que son susceptibles se- 
gún las opiniones particulares de cada perito, hacen imposible 
que en justicia se pueda tomar como buenas las que en sus re- 
sultados sean más perjudiciales á los encausados, pues que, de 
hacerlo, se violarían las disposiciones legales que resuelven la 
duda razonable en favor del procesado y prohiben al Juez 
imponer condenas que no estén basadas en pruebas conclu- 
yentes. 

La deficiencia del medio de la tasación de inmuebles para lle- 
gar á un resultado preciso de su verdadero valor, es un hecho 
que se demuestra por sí mismo, y que se comprueba con nume- 
rosos expedientes sobre expropiación que han venido á resolu- 
ción de esta Suprema Corte, y en los que los dictámenes peri- 
ciales se han producido con notables divergencias, sin que aún 
el nombramiento de terceros haya sido bastante para llegar á 
una solución satisfactoria, produciendo en el juez la evidencia 
de la justicia de la apreciación y la uniformidad de opiniones 
en los Tribunales colegiados. 

La comisión de Resoagli, Alurralde, Chambón y Guerdile, 
nombrados por el Inspector Fontans, encontró insuficientes al- 
gunas de las garantías dadas; pero, no obstante, fueron califi- 
cados los créditos contra los sustitutos, nuevos deudores, como 

7 * 

buenos, es decir, como de primera categoría (informe de fojas 
ciento once y ciento cincuenta y seis, quinto cuerpo). 



DE JUSTICIA NACIONAL 349 

La tasación hecha por Homero y Gauna, ya que no hay que 
tomar en consideración la "deGandulfo, de foja doscientas vein- 
ticuatro A, que no estaba autorizado para hacerla, foja ciento 
treipta y cuatro, mismo cuerpo A, da para la garantía un resul- 
tado mayor de la mitad de la deuda total, llegando en el caso de 
Minvielle hasta el ochenta y cinco por ciento, y aproximándose 
al monto del crédito, reducido ala suma resultante por efecto 
de la depreciación de los cheques del Banco en la época en que 
la sustitución se verificó. 

Con esta tasación concuerda la que se hizo en el proceso segui- 
do á Ferré de los bienes que hipotecó Lara, estimados en ciento 
seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos por los peritos Gan- 
dulfo, Homero y Elizondo, habiendo así, á ese respecto, dos ta- 
saciones que pueden reputarse iguales, por ser sumamente in- 
significantes las diferencias que presentan, mientras que la 
verificada por Reyna, Avalos y Fernandez, atribuye á los mis- 
mos bienes un valor de ochenta y dos mil trescientos ochenta 
y ocho pesos, que para el pago de la Contribución Directa co- 
rrespondiente á mil ochocientos noventa y dos, estaban avalua- 
dos en ciento ocho mil ochocientos pesos. 

Se produce, por último, la tasación de Díaz de Vivar, Matoso, 
Cremonte y Laffont, sobre todos los bienes, con excepción de 
los de Lara y de Valor, si bien comprende las seis propie- 
dades de este último, ofrecidas para la ampliación de la ga- 
rantía. 

La opinión de Cremonte no debe tomarse en cuenta, porque ha- 
biendo asegurado ensu informe de foja tres cientas noventa y tres, 
cuerpo noveno, que es imposible decir con verdad, sin vacilaciones 
y sin dudas, lo que valían las propiedades, algunos años atrás, no 
ha podido afirmar dos días después, que estaba de acuerdo con 
la tasación practicada por Díaz de Vivar y Matoso. En alguno 
de esos casos, no ha estado en lo cierto, y en consecuencia, sus 
informes se destruyen y no merecen fé, no pudiendo los jueces 



350 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dar preferencia á ninguno de ellos (véase ley treinta, título die- 
ciseis, partida tercera). 

Diaz de Yivar y Matoso dan un valor de ciento treinta y un 
mil trescientos cincuenta y dos pesos á las propiedades hipote- 
cadas, excepción hecha de las de Lara y Valor, que son estima- 
das las del primero, por otra comisión, según queda ya expli- 
cado, y las del segundo en sesenta y siete mil ciento cuarenta 
pesos por Díaz de Vivar y Cremonte, y en cuarenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y cinco pesos, por el doctor Guastavino, 
dando la avaluación de estos bienes (los de Valor), para la con- 
tribución directa de mil ochocientos noventa y dos, ciento cua- 
renta y cinco mil ochocientos treinta pesos, mientras que Laf- 
font aprecia los mismos bienes, con inclusión de los de Valor, en 
setecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos. 

Las pericias de Díaz de Vivar y Matoso, para los bienes de los 
Acuña, Cáceresy Chaine, y las deDíaz de Vivary doctor Guasta- 
vino, para los de Valor, que son las más desfavorables para los 
procesados, no pueden prevalecer sobre las de Romero y Gauna, 
nombrados por el juez, llegando cuando más, á destruirse mu- 
tuamente, dado el número igual de peritos, yaque no se hu- 
biere de dar preferencia á los segundos, por el origen de su nom- 
bramiento. 

Cualquiera que sea el mérito de todas estas tasaciones, no 
cabe duda de que las propiedades hipotecadas tenían un valor 
de importancia, como ya se ha dicho, y de que, tomada en cuen- 
ta la depreciación de los cheques del Banco en el momento en 
que las sustituciones se verificaron, servirían para pagar en 
dación in soluto^ una parte considerable de la deuda. 

Y debe no perderse de vista, que la operación no tenía por ob- 
jeto la extinción déla obligación mediante pago por entrega de 
bienes, sino la garantía de una deuda, pagadera en períodos 
sucesivos y á plazos prolongados, de conformidad con la ley de 
liquidación del Banco Nacional. 



DE JUSTICIA NACIONAL 351 

Es indudable que, al producir esas operaciones, el ex-geren- 
te Brasch ha excedido las facultades del mandato que le había 
conferido el Banco Nacional; pero también lo es, que la simple 
transgresión del mandato no constituye delito del derecho pe- 
nal, por más que entrañe responsabilidades del derecho civil. 

Para que los actos del mandatario sean delictuosos, es me- 
nester que ellos hayan tenido un propósito criminal, y causado 
perjuicio efectivo al mandante, sin lo que no puede existir el 
delito de defraudación que presupone esos dos extremos: la in- 
tención y el daño. 

No tratándose en el presente caso de hechos calificados de de- 
litos, por la naturaleza de los mismos hechos, hay que inves- 
tigar la existencia de la intención criminal, desde que ninguna 
prescripción legal la presupone. 

T aunque hay presunciones vehementes que inducen á pen- 
sar que el ex-gerente Brasch obró en las operaciones acusadas, 
con el ánimo de perjudicar los intereses del Banco que le esta- 
ban confiados, lo que ha motivado y bien fundado el auto de 
prisión preventiva, esas presunciones no llegan hasta consti- 
tuir una verdad averiguada, desvirtuadas como están, por la 
fuerza de otros antecedentes, cuya existencia demuestran los 
autos. 

Resulta, en efecto, como comprueban la absolución del que- 
rellante á la tercera posición de foja trescientos nueve, y las 
declaraciones de don Juan F. Morgan y del contador don Fede- 
rico Lancelle, corrientes á foja cincuenta y nueve vuelta del 
cuerpo noveno, que el ex-gerente Brasch, después de realizadas 
las operaciones acusadas, continuó pasando con toda regulari- 
dad al Banco, las planillas demostrativas del movimiento de la 
sucursal, haciendo figurar en ellas los nombres de los nuevos 
deudores, con los valores respectivos de las deudas, y supri- 
miendo los nombres de los primitivos. 

Obrando así, debió creer que las operaciones efectuadas no 



352 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

pasarían inapercibidas para el directorio, pues como lo declara 
el Inspector de Sucursales don Pelayo Ledesma, á foja veinti- 
dós cuerpo noveno, con referencias á las planillas, que cuando 
encontraba motivo de observación, las observaba, y lo informa 
el gerente del Banco de la Nación don Jacinco Figueroa á foja 
trescientas seis, cía oficina de inspección y las demás reparti- 
ciones revisa muy escrupulosamente todas esas planillas, ha- 
ciendo oportunas observaciones aun á los pequeños detalles», 
siendo también de notar la declaración del subsecretario del 
Banco don Temístocles Gittardi, de cque según tiene entendi- 
do las planillas servían como de libros de la Inspección para la 
confrontación de las operaciones de las sucursales», foja nueve 
vuelta, cuerpo noveno, y el informe de foja noventa y nueve, 
cuerpo E, en que se dice que «las planillas que se remiten á la 
casa matriz sólo sirven para demostrar las operaciones realiza- 
das dentro del período de tiempo que en las mismas se ex- 
presa». 

Las oficinas respectivas del Banco Nacional, mediante el re- 
cibo de las planillas, han podido y debido conocer los cambios 
operados en el personal de los deudores de la sucursal de Co- 
rrientes, y el gerente que las pasó ha podido y debido creer 
que sus operaciones no llevarían el sello de la ocultación, lo 
que, seguramente, induce una presunción de la falta del ánimo 
de defraudar. 

No hay prueba de que el ex-gerente hubiera obtenido prove- 
cho alguno personal por razón de las operaciones de sustitución 
realizadas, haciendo esa circunstancia menos probable la co- 
misión de un delito, que pudiendo traerle graves responsabilida- 
des penales, no le ofrecía beneficio. La duda se impone natu- 

4 

raímente al espíritu y ella acrece teniendo en consideración 
que no se puede dar por evidentemente averiguado que, en el 
concepto del gerente, las sustituciones fuesen en realidad per- 
judiciales al establecimiento. 



DE JUSTICIA NACIONAL 353 

i 



i 



No hay que perder de vista que las obligaciones primitivas eran 
meramente personales, mientras que las nuevas ofrecían garan- 
tías hipotecarias, debiendo observarse también, que los deudores 
originarios no hacían con regularidad el servicio de sus deudas. 

Y de referencia á las constancias de autos, no es aventurado 
afirmar que algunas de las operaciones no se hizo en perjuicio 
del Banco en el momento de su realización, como sucede con la 
relativa á Bruel y Mauricio L. Chaine, porque aunque el últi- 
mo carecía de responsabilidad personal, aseguraba siquiera en 
parte el crédito, con garantía real, mientras que Bruel á quien 
sustituía, además de no cumplir sus compromisos para con el 
Banco, no poseía bienes sobre los cuales pudiera ejercitarse la 
acción del acreedor, pudiendo así explicarse en parte, las cir- 
cunstancias de que el acusador haya eliminado á Bruel de la 
acusación, cuando por el mismo acto pide pena contra Chaine, 

Si no es posible, por la simple transgresión del mandato, y 
en mérito de las precedentes consideraciones, llegar á la con- 
vicción cierta y segura de haber procedido el ex-gerente con in- 
tención criminal al consentir las sustituciones sobre la base de 
los elementos de juicio ya apreciados, tampoco es posible de- 
clarar la existencia del perjuicio, que constituye otro de los ele- 
mentos del delito de defraudación. 

Ya se ha demostrado, en relación á la operación de Bruel y 
Mauricio L. Chaine, que ese perjuicio es, por lo menos, proble- 
mático, y la divergencia en las apreciaciones de les bienes dados 
en garantía, traen naturales vacilaciones y aún la imposibilidad 
de establecer una relación precisa entre la deuda y la garantía. 

Lo que es cierto, es que obligaciones personales mal servi- 
das por los deudores, han sido sustituidas por otras obligacio- 
nes hipotecarias, afectándose bienes cuyo valor sobrepasaba se- 
guramente en mucho á la tercera parte, aproximándose á la 
mitad del crédito, reducido á sus justas proporciones (ochocien- 
tos veinte y seis mil ciento noventa y seis pesos); y eso, sólo 
t. x 23 



354 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tomando en cuenta las avaluaciones para el pago de la contri- 
bución directa de mil ochocientos noventa y dos, y los precios 
de adquisición pagados en época en que no es dable sospechar 
que ya se tuviera el pensamiento de una defraudación. 

Pero sea de esto lo que fuere, las constancias de autos de- 
muestran que las letras firmadas por Julio Acuña, Ulpiano Cá- 
ceres y Manuel Cáceres en sustitución de Derqui y Minvielle, 
fueron firmadas por Derqui antes de la iniciación del juicio, lo 
que vale decir, que esas letras, además de la responsabilidad 
personal, completamente ilusoria ó no, de los nuevos deudores, 
tenían en garantía el derecho real accesorio constituido, y la 
responsabilidad personal de Derqui, uno de los deudores primi- 
tivos cuyas operaciones con el Banco, á los efectos de su libe- 
ración, se han reputado fraudulentas por la acusación. 

El perjuicio característico del delito de defraudación que ha 
motivado este proceso, debe ser real, confirmándose la inten- 
ción, si existiere, con el hecho. 

El procesado Esteban Chaine, en su declaración de foja ciento 
cuarenta, cuerpo A, manifiesta que está dispuesto á volver las 
cosas ásu estado anterior, y Benito L.Bamayon en su declara- 
ción de foja ciento cincuenta y dos, del mismo cuerpo, que lo 
está á solventar la firma de Valor con la suya propia y á dar 
otras garantías reales de bienes que posee en Santa-Fe. 

El conjunto de las circunstancias consideradas, no permite 
afirmar, que la situación del Banco, anterior á las sustitucio- 
nes, era superior á la causada por esas sustituciones. 

De todo lo que precede, y de las demás circunstancias favo- 
rables y adversas á los procesados, que se desprenden de las 
constancias de autos, sólo resultan presunciones que, aunque 
graves, no reúnen los requisitos del artículo trescientos cin- 
cuenta y ocho del Código de Procedimientos en lo Criminal, 
para declarar la existencia del delito, pues que pueden condu- 
cir á conclusiones diversas, fundándose algunas, en otras pre- 



DE JUSTICIA NACIONAL 355 

suncione8 ó indicios, en cayo caso, y ya que no hay pruebas tan 
claras que no dejen lugar á una duda razonable, debe aplicarse 
el artículo trece de la citada ley de Procedimientos, concordan- 
te con la ley veintiséis, título primero, partida séptima. 

Además, si no se puede declarar á Brasch autor del delito de 
defraudación con abuso de confianza, es evidente que no puede 
haber en la causa la complicidad en tal delito, que solamente, 
motiva la condenación contra los demás procesados. 

La acusación no debe ser calificada de calumniosa, como lo 
solicitan los defensores, porque no está demostrado que los re- 
presentantes del Banco hayan procedido con voluntad criminal, 
sino que, por el contrario, resulta de las constancias de autos, 
que han sido guiados por razones que han podido inducirlos en 
error (artículo seis del Código Penal). 

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo pedido por 
el señor Procurador General : se revócala sentencia apelada co- 
rriente áfoja veinte y seis, del cuerpo P, absolviéndose de cul- 
pa y cargo á los procesados Teodoro Brasch, Mauricio L. Chai- 
ne, Esteban Chaine, Manuel A. Ferré, Eugenio Minvielle y 
Benito L. Ramayon ; y se declara que no resulta mérito para 
calificar de calumniosa la acusación, debiendo ser satisfechas 
las costas de ambas instancias, en el orden en que se hubiesen 
causado. 

Y observándose que los escritos de fojas doscientas tres y 
doscientas nueve, caerpo P, contienen conceptos irrespetuosos 
con referencia al Juez de Sección: téstense por secretaría las 
palabras señaladas ai margen de dichos escritos. Repónganse los 
sellos y devuélvanse, notificándose original. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
OCTAVIO BUNGE. — ABEL BAZAN (en 

disidencia). — juan e. torrent 

(en disidencia). 



356 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



DISIDENCIA 



Vistos: En la presente causa, venida á esta Suprema Corte 
en apelación de la sentencia definitiva, dictada por el Juez na- 
cional de Corrientes, resulta: que los procesados Teodoro 
Brasch, Esteban Chaine, Benito L. Rámayon, Eugenio Min- 
vielle, Manuel A. Ferré y Mauricio Chaine han sido condena- 
dos : el primero á cuatro años y medio de penitenciaría, los cua- 
tro siguientes á tres años de penitenciaría y el útimo á dos años 
de prisión. 

La sentencia declara al primero autor del delito de abuso de 
confianza en fraude de los intereses del Banco Nacional, y á los 
cuatro siguientes coautores del expresado delito, considerando 
á Mauricio Chaine, como cómplice de él. 

La demanda fué entablada por el expresado Banco acusando 
á Brasch por haber practicado, como gerente de la sucursal 
del mismo, establecida en la ciudad de Corrientes, las opera- 
ciones que en ella se detallan, extralimitando sus facultades y 
causando graves perjuicios al establecimiento, en connivencia 
con los demás condenados que aparecen directamente'favoreci- 
dos por ellas. 

Esas operaciones consisten en haber efectuado la cancelación 
de deudas considerables de éstos, admitiendo como pago válido 
y bastante, el cambio personal de los deudores y aceptando en 
lugar de éstos á otros individuos desconocidos é insolventes, 
que afianzaban sus obligaciones con terrenos que áeste preciso 
objeto les traspasaron en propiedad, con escrituras de venta, 
los mismos deudores que venían á sustituir. 

La querella sostiene que el gerente consumó esos hechos, 
que le estaban prohibidos por los reglamentos del Banco, y por 



DE JUSTICIA NACIONAL 357 

la ley, sin autorización ni conocimiento del directorio y cuando 
ya el establecimiento había sido puesto en liquidación; no pu- 
diendo atribuirse su conducta sino al propósito de favorecer in- 
debidamente á los deudores, libertándoles de sus obligaciones, 
mediante una compensación muy inferior al valor de sus cré- 
ditos, representada por los terrenos que se afectaban en garan- 
tía de ellos, sin la responsabilidad complementaria de los nue- 
vos deudores, por cuanto eran individuos desconocidos y noto- 
riamente insolventes. 

Los defensores del gerente don Teodoro Brasch han soste- 
nido, en ambas instancias, que éste procedió en esos actos, 
con expresa autorización del Inspector de Sucursales don Pe- 
layo Ledesma, y con aprobación posterior del directorio, dedu- 
ciendo esta última, de haberle acusado el recibo délas planillas 
en que figuraba el cambio de deudores, sin ninguna observa- 
ción; agregando, además., que esas operaciones fueron realiza- 
das teniendo en mira garantizar mejor los créditos que estaban 
en peligro de fuertes quebrantos por efecto de la crisis sobre- 
venida. 

Los coacusados, deudores originarios, han sostenido que las 
operaciones referidas son perfectamente lícitas, en cuanto á 
ellos les concierne; que los sustitutos aceptaron el cargo de pa- 
gar esos créditos al Banco, garantizándolos con las propiedades 
raíces que al efecto le fueron vendidas, creyendo realizar con 
esta operación un negocio lucrativo; que no ha habido en todo 
esto la intención de perjudicar al Banco y que no existe ni la 
sombra de un hecho criminal. 

El defensor del acusado Minvielle declina toda responsabili- 
dad de parte de su defendido, alegando que no fué él quien 
efectuó la sustitución de su crédito, sino Simón Derqui, que 
había sido su socio y que, habiéndose efectuado la liquidación 
de la sociedad, se obligó éste á pagar al referido establecimien- 
to la deuda que en él tenía, verificando la sustitución de su 



358 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sola cnenta y sin conocimiento de Minvielle. Esta es, en sín- 
tesis, la cuestión largamente debatida en el presente proceso. 

Respecto del acusado Brasoh, constituye el extremo más 
importante de ella, la excepción de haber procedido con expresa 
autorización del Inspector Ledesma y de haber obtenido la 
aprobación de su conducta por parte del directorio. 

De las constancias de autos resulta netamente que el gerente 
Brasch efectuó la cancelación de las deudas referidas, dejando 
quitos de ellas á los deudores, sin que éstos hubiesen pagado, 
en realidad, suma alguna; siendo este el hecho desnudo qué 
consta de las planillas enviadas con posterioridad á la casa cen- 
tral y demás antecedentes. 

No consta en ninguna forma que los deudores primitivos hu- 
biesen solicitado por escrito la novación por el cambio de deu- 
dores que efectuaron bajo garantías determinadas, de manera 
que tal contrato pudiese aparecer celebrado con claridad y pre- 
cisión; no encontrándose al respecto otra cosa que nuevos des- 
cuentos acordados á otros individuos, bajo garantías de diver- 
sos terrenos improductivos, de más ó menos valor, situados en 
Corrientes. 

Es con posterioridad á la consumación de estos hechos, y ha- 
biendo el Directorio iniciado la averiguación de ellos, cuando 
el gerente los explicó manifestando lo que había pasado y refi- 
riendo el origen de la cancelación y de los descuentos expre- 
sados. 

Que las operaciones efectuadas por el gerente no estaban 
dentro de sus facultades, como jefe de la sucursal, está bien 
demostrado y reconocido, siendo déla exclusiva atribución del 
directorio el autorizarlas; por consiguiente es de cargo de aquel 
justificar que tuvo esa autorización ó por lo menos que recibió 
la aprobación posterior de su conducta. 

El gerente no ha conseguido probar en los autos la autoriza- 
ción anterior del directorio, ni su aprobación posterior. 



DE JUSTICIA NACIONAL 359 

No ha logrado siquiera justificar que hubiese obtenido la del 
Inspector Ledesma, á quien afirma haberle consultado Yerbal- 
mente, pues éste niega en absoluto esa afirmación del procesa- 
do, no teniendo, por otra parte, facultad de dársela. 

Ninguna documentación se ha presentado en los autos que 
compruebe la consulta previa del gerente al directorio, para 
efectuar las sustituciones; consulta que no pudo hacerse ver- 
balmente sino por escrito, conforme á los reglamentos del 
Banco, y con prolija información de todos los antecedentes, 
para que el directorio pudiese deliberar y resolver con perfecto 
conocimiento de causa. Ningún dato existe tampoco en el 
proceso que indique, de cualquier manera, que esa corporación 
se hubiese ocupado alguna vez del asunto para autorizar las sus- 
tituciones, ni á requisición del gerente, ó por aviso del Inspec- 
tor Ledesma, siendo lícito concluir que el directorio no fué 
consultado en ninguna forma y que jamás autorizó la opera- 
ción. 

Menos puede admitirse la existencia de una aprobación táci- 
ta y posterior inferida del simple acuse de recibo de las plani- 
llas en que aparecían eliminados los nombres de los primeros 
deudores y consignados los de los sustitutos; .por cuanto este 
cambio de nombres, no podía, por sí sólo, suministrar el cono- 
cimiento siquiera de las sustituciones, y mucho menos las can- 
sas justificativas de ellas para estimarlas debidamente y apro- 
barlas ú observarlas; esas planillas, cuando más, podían reve- 
lar el pago de algunas cuentas y la existencia de otras. Si en 
el acuse de recibo de las planillas hubiese habido la intención 
de aprobar lo obrado por el gerente, es fuera de duda que esa 
aprobación se hubiese efectuado de una manera explícita, tra- 
tándose de operaciones que representaban sumas tan conside- 
rables de dinero. 

No se ha alegado que el envío de las referidas planillas hu- 
biese sido acompañado de alguna memoria ó comunicación ex- 



360 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

plicativa de lo obrado, que permitiese presumir en el acuse de 
reeibo, la idea de una aprobación tácita. De los propios actos 
posteriores del directorio se desprende una conclusión muy 
opuesta: así que tuvo conocimiento del asunto comisionó á va- 
rios Inspectores para que pasasen á Corrientes á informarse 
de los hechos denunciados, y tan luego como éstos le fueron 
revelados en toda su verdad, acordó y llevó á efecto la acusación 
de sus autores. 

La faltado autorización en el gerente se caracteriza más en 
las disposiciones de la ley de liquidación del Banco Nacional, 
que reglaba la manera de efectuarla restringiendo las mismas 
facultades del diretorio, la cual no le permitía, ni podía permi- 
tirle dar recibos de pago y cancelación 6 deudores solventes, que 
nada habían pagado, y abrir créditos tan crecidos á otros, 
cuando todo descuento y toda operación de préstamo estaban 
vedados ya. 

Los antecedentes del hecho, mencionados en la sentencia de 
primera instancia, y todos los datos que el proceso suministra, 
dejan plenamente comprobado que el gerente Brasoh efectuó 
las sustituciones de los deudores expresados sin autorización ni 
conocimiento del presidente del Banco y del directorio y contra 
las instrucciones y órdenes de éste, violando los reglamentos y 
la ley de liquidación. 

Comprobado, pues, que el gerente extralimitó sus facultades 
y violó las órdenes recibidas y las leves, corresponde examinar 
el segundo extremo de su defensa, de haber procedido de la 
manera que lo hizo consultando los intereses del estableci- 
miento, buscando una garantía más segura de esos créditos, 
que la sola firma de los deudores primitivos. 

A este respecto puede reducirse el examen del descargo ala 
estimación de las operaciones realizadas y el valor efectivo de 
las propiedades que le fueron hipotecadas por los deudores sus- 
titutos, por cuanto está bien justificado en los autos, que los 



DE JUSTICIA NACIONAL 361 

primeros deudores eran más solventes y personas de mayor po- 
sición y responsabilidad que los segundos ; de estos últimos se 
ha probado que eran hombres pobres, desconocidos en el co- 
mercio y en los bancos, que no tenían otras propiedades, ni 
otro capital, que esas mismas que fueron puestas á nombre de 
cada uno de ellos respectivamente, escriturando unas ventas en 
que se declara por los vendedores haber recibido su precio des- 
mesuradamente abultado con anterioridad, cuando ningún pre- 
cio recibieron y.al solo efecto de que pudiesen hipotecarlas al 
Banco, tomando á su cargo las deudas que los supuestos ven- 
dedores tenían en el establecimiento. 

Para el esclarecimiento de este punto interesante de la cues- 
tión, el Juez a quo empleó él medio ilustrativo que estaba le- 
galmente indicado, mandando efectuar la tasación pericial de 
las referidas propiedades, resultando de ella, que ¿stas no al- 
canzaban á cubrir las expresadas deudas. Los cómputos que 
al respecto hace la sentencia del Inferior son bien fundados y 
deben aceptarse, siendo capciosa la impugnación de la defensa 
en esta instancia sobre las apreciaciones que el Inferior ha he- 
cho de las avaluaciones periciales, pretendiendo que el Juez se 
ha constituido en perito, siendo así, que éste no ha hecho nin- 
guna estimación por sí mismo de los terrenos transferidos, li- 
mitándose á apreciar el mérito de la prueba producida, con 
sujeción á lo dispuesto en el artículo trescientos cuarenta y seis 
del Código de Procedimientos en lo Criminal, fijando el valor 
que, ásu juicio, deben tener ellos, conforme á las pruebas ver- 
tidas. 

Aun cuando la demostración referente á este extremo de la 
cuestión, contenida en la sentencia recurrida, *s satisfactoria, 
resalta más el plan da defraudación en ciertos datos que el pro- 
ceso ofrece y que es couv*níent3 mencionar. 

Casi todas las propiedades transferida* por lo* deudores del 
Banco á sus reemplazantes para que éhtos las diesen en garan- 



362 f ALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tía de sus deudas, fueron adquiridas en los años ochenta y ocho 
y ochenta y nueve, época de la especulación, que hizo subir á 
su mayor precio los terrenos en la provincia de Corrientes, se- 
gún las pruebas testificales, y la transferencia de ellos vino á 
efectuarse en plena crisis, cuando había cesado la demanda de 
los mismos y su valor se había depreciado considerablemente. 
Parece natural que la estimación pericial tomara por base la 
mitad del precio de los terrenos, ó siquiera el de su costo, que 
las expresadas circunstancias habían abultado tanto; pero no 
se hizo esto: todos los peritos convienen en tasar dichas propie- 
dades aumentando hasta tres veces el precio de venta fijado á 
los terrenos municipales por la municipalidad respectivamen- 
te, y á los fiscales por la ley de enajenación de las tierras pú- 
blicas. 

Esta base, de suyo elevada, como lo prueban numerosas ven- 
tas efectuadas en la época de las transferencias, en las cuales 
el precio no excedió en muchos casos los oficiales expresados, 
fué completamente abandonada en la tasación de los peritos 
Romero y Gauna, verificada en el sumario, inflando los valores 
arbitrariamente. 

Es oportuno citar ejemplos de esta afirmación, comprobada 
en los autos. 

El procesado Bamayon transfirió á su reemplazante José G. 
Valor, veintiséis propiedades, cuyo costo en medio de la espe- 
culación, según las escrituras, fue.dc ciento veinte mil trescien- 
tos sesenta y tres pesos y ochenta y tres centavos, en la enor- 
me suma de cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos pe- 
sos, en plena crisis, para responder á la deuda en el Banco del 
supuesto vendedor, que montaba á trescientos sesenta y tres* 
mil pesos; viniendo éste á realizar un luoro, sobre lo que le ha- 
bían costado los terrenos, de doscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos treinta y seis pesos, próximamente. 

Este sustituto eludió el juicio con lafuga. 



DE JUSTICIA NACIONAL 363 

Los acusados Simón Derqui y Eugenio Minvielle, transfie- 
ren á sos reemplazantes Ulpiano Cáceros, Julio Acuña y Ma- 
nuel Cáceres, terrenos adquiridos bajo la fiebre de la la espe- 
culación por setenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco 
pesosy ochenta centavos, en la suma de cuatrocientos cincuen- 
ta y siete mil pesos, en medio de la crisis, para responder á las 
obligaciones de aquellos deudores, que alcanzaban á trescien- 
tos treinta y un mil pesos; efectuando con esta combinación una 
utilidad de doscientos cincuenta y cinco mil ciento veinticuatro 
pesos, poco más ó menos. 

Otra transferencia de Simón Derqui á favor de Mauricio L. 
Chaine, por la deuda de Luis Bruel, que reconoció ser suya, és 
de un terreno lugar de chacra en los suburbios de Corrientes, 
adquirido en la especulación en nueve mil ochocientos noventa 
pesos, y transferido bajo la crisis, en la suma de ochenta y ocho 
mil novecientos setenta y cuatro pesos y cincuenta y siete centa- 
vos, para responder auna deuda de sesenta mil pesos, realizan- 
do una utilidad de cincuenta mil cientodiez pesos. 

Los bienes transferidos por Manuel A. Ferré á su reemplazan- 
te Juan R. de Lara costaron, en la época de la especulación, 
ciento cinco mil quinientos cincuenta pesos, siendo vendidos á 
éste, también en plena crisis, en la cantidad de doscientos cua- 
renta y dos mil pesos, para que respondiese á la deuda de aquél 
en el Banco, que montaba á ciento noventa y cuatro mil pesos; 
viniendo á obtener Ferré un beneficio no menor de ochenta y 
ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos. Este sustituto es uno 
de loa que fugaron burlando el llamamiento judicial. 

El procesado Esteban Chaine hace la transferencia de sus te- 
rrenos que costaron, en las mismas circunstancias, dos mil qui- 
nientos sesenta y cuatro pesos, á favor de sus reemplazantes 
Dalmiro y Manuel Acuña, en la cantidad de ciento nueve mil 
ochocientos pesos, también en la crisis, para responder á su 
deuda de setenta y un mil doscientos pesos; quedando favo- 



364 FALLOS DE LA SUPF.EMA COKTE 

recido en sesenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos. 

No es preoiao hacer mérito de una qae otra mejora en algunos 
terrenos urbanos en pueblos de campaña, como el alambrado y 
la construcción de pequeños ranchos, porque esto no altera si- 
no en cantidad muy insignificante las estimaciones precedentes. 

Como se puede comprender por esta mención sintética de los 
hechos más culminantes que se destacan en las operaciones acu- 
sadas, unos hombres oscuros, pobres, sin crédito en los bancos 
ni posición comercial ni industrial, aparecen adquiriendo por 
compra, y pagando su importe, propiedades por valor de más 
de n.i millón y trescientos mil pesos, siendo admitidos por el 
gerente Brasch, que, según su propia declaración, no conocía 
á los más de ellos, contentándose con saber lo que venían á 
ejecutar, á efectuar descuentos en el Banco Nacional por una 
suma, en conjunto, de más de un millón de pesos» cuando le es- 
taba terminantemente prohibido por la ley y por sus instruccio- 
nes efectuar cualquier descuento, y siendo así, que aun en el 
tiempo del funcionamiento ordinario de la sucursal á su cargo, 
no le era permitido descontar una suma mayor de veinte mil pe- 
sos, limitada después á diez mil, sin expresa autorización del 
Directorio. 

El mero conocimiento de estos hechos descubre claramente el 
propósito y el plan deliberadamente concertado de beneficiar á 
los deudores, dejándolos libres de deudas sin haberlas pagado, 
perjudicando enormemente al Banco Nacional. 

De los mismos antecedentes fluye, con idéntica claridad, 
que todas las tasaciones periciales de esas propiedades im- 
productivas, son demasiado elevadas; porque no dando ellas,, 
en general, renta alguna, es inverosímil que puedan valer, en 
plena crisis, más de loque costaron en plena especulación, y á 
pesar de esto, las tasaciones más bajas y menos sospechosas del 
plenario, toman por base el precio antes mencionado, duplicado 
ó triplicado; lo que no puede ser sino muy favorable á la de* 



DE JUSTICIA NACIONAL 365 

fensa. Asimismo, el perjuicio ocasionado al Banco, según di- 
chas tasaciones, se elfeva á más de quinientos mil pesos. 

Esto demuestra palmariamente, que las avaluaciones del su- 
mario, practicadas por los peritos Romero y Gauna, en las cua- 
les, después de haberse impuesto la regla de la multiplicación 
por dos y por tres, se separan de ella, multiplicando por ocho, 
dieciseis y hasta más de cuarenta veces, es inadmisible, sién- 
dolo más todavía la del perito Laffont, nombrado por la defen- 
sa en el plenario, que no obedece ¿ regla alguna, inspirándose 
en su criterio individual y de puro favor para los acusados. 

Los fundamentos y apreciaciones de la sentencia apelada 
respecto de este extremo de la cuestión, son prudentes y sólidos 
y no han sido destruidos por las alegaciones contrarias en esta 
instancia. 

Si á los perjuicios efectivos é inmediatos que cada una de las 
operaciones realizadas ha causado al Banco, se agregan los in- 
tereses vencidos y los gastos de la cobranza, la extensión de los 
perjuicios originados al establecimiento aumenta de manera 
inapreciable, haciéndose innecesario demostrar que ellos exce- 
den la cantidad de seis mil pesos que fija la ley para que la ac- 
ción criminal pueda prosperar. 

No disminuye tampoco el perjuicio la depreciación de los che- 
ques que se ha alegado tanto, puesto que este beneficio acor- 
dado por la ley á los deudores que cumplen sus obligaciones, no 
puede hacerse extensivo á los que las burlan por medios seme- 
jantes; debiendo tenerse presente, al mismo tiempo, que los 
cheques se cotizan á dinero efectivo no á cambio de terrenos. 

De las propias avaluaciones verificadas per el perito Laffont, 
nombrado por la defensa, que son las más altas, y están desau- 
torizadas por las de los otros peritos, resulta que esas propieda- 
des, aún vendidas por el precio que él les asigna, no bastarían á 
cubrir íntegramente las sumas debidas. Si ácslo se agrega la 
depreciación creciente de la propiedad territorial, por efecto de 



366 FALLOS DE LA SUPKEMA CORTE 

la crisis, iniciada ya en esa época, se llega al convencimiento 
de que la mayor garantía buscada por el Gerente, era ilusoria 
y totalmente infundada; no quedando otra perspectiva para el 
establecimiento, que un quebranto considerable sobre esos cré- 
ditos y la irresponsabilidad moral y pecuniaria de los nuevos 
deudores. 

No se ha demostrado por el Gerente ni por sus coacusados, 
que esteles hubiera exigido ó propuesto la prestación de algu- 
nas garau tías mayores de sus respectivos créditos, como le estaba 
recomendado por instrucciones recientes del Directorio, y que 
ellos se hubiesen resistido á otorgarlas; de manera que resulta- 
sen justificadas sus desconfianzas, si verdaderamente las tenía, 
respecto de su situación ulterior con motivo de la crisis. Si el 
Gerente abrigaba un temor semejante, pudo proponerles el 
afianzamiento de sus obligaciones con esas mismas hipotecas, 
cumpliendo las instrucciones terminantes que en este sentido 
le habían sido comunicadas por el superior, pues si los deudo- 
res originarios le inspiraban recelos, cuando estaban en po- 
sesión de esos mismos terrenas y de otros más, ofreciendo, al 
mismo tiempo, mayores garantías morales que los sustitutos, 
menos confianza debían de merecerle estos hombres desconocidos 
de él mismo, como lo ha declarado, y pobres, que no tenían 
otra cosa con qué responder á sus compromisos que esos terre- 
nos de valor tan inferior, improductivos y sujetos á una depre- 
ciación mucho mayor . 

Ljs antecedentes todos, suministrados por los autos, eviden- 
cian que el móvil verdadero de la conducta del Gerente, no pudo 
ser el interés del establecimiento; porque es manifiesto el 
perjuicio que esas operaciones clandestinas respecto del Banco, 
le irrogaban con la cancelación completa de las obligaciones de 
dichos deudores, que referían el pago al producto incierto de te- 
rrenos de un valor tan dudoso y seguramente más bajo ya en- 
tonces, que el monto en que han sido estimados todos ellos. 



DE JUSTICIA NACIONAL 367 

Las pruebas del proceso, como se aprecia y refieren en la 
sentencia apelada, completan el convencimiento de que el Ge- 
rente Brasch procedió en todo este negociado, sin facultades, 
perjudicando al Banco Nacional, y violando abiertamente y con 
toda deliberación, sus instrucciones, los reglamentos dei esta- 
blecimiento y la ley de liquidación. 

Esas mismas pruebas evidencian que obró reflexivamente y 
con malicia, ocultando con esmerada cautela su conducta, al 
Banco, sin consultarle las operaciones antes de efectuarlas, y 
sin hacerlas conocer debidamente después de concluidas; de tal 
modo, que hubiesen podido pasar desapercibidas del directorio, 
á no haber med iado la denuncia del contador de la sucursal, 
que atrajo su atención sobre ellas. 

Con la misma claridad con que se desprenden del proceso las 
conclusiones expresadas, se impone la evidencia de que esas 
operaciones, tan dañosas ai Banco, cedían gratuita y exclusi- 
vamente en beneficio de los deudores originarios, á quienes se 
dejaba, como queda dicho, libres de la totalidad de sus deudas, 
sin haberlas pagado real y efectivamente, como estaban obli- 
gados á hacerlo, y sin otra erogación de su parte que el traspa- 
so de los terrenos á los sustitutos. 

Ningún otro propósito que el beneficio de esas personas, se 
descubre en los hechos mencionados, y no puede ser otro el mó- 
vil que inspiró el acuerdo entre el gerente y los deudores, sus 
íntimos amigos, llevándose el favor hasta el extremo de suminis- 
trar á éstos más de doce mil pesos en dinero, á objeto de que 
pudiesen, á expensas del Banco mismo, cubrir gastos que las 
sustituciones hacían precisos; siendo de notar que los adqui- 
rentes ó supuestos compradores de los terrenos que se transfe- 
rían, no disponían individual ni conjuntamente de las reducidas 
cantidades que era necesario erogar para la escrituración de las 
ventas. 

Esta intención de favorecer pródigamente á los deudores, se 



368 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

vigoriza como hecho comprobado, por la íntima amistad que los 
unía con el gerente, según se ha justificado en el proceso. 

Que los deudores primitivos se proponían únicamente chan- 
celar sus deudas con el establecimiento, quedando ellos libres 
de toda responsabilidad y haciéndose sustituir por otros indivi- 
duos personalmente inaceptables, es evidente; estose palpa y 
hasta se confiesa en cierto modo, si bien se defienden las opera- 
ciones en su demostrado. No se puede admitir razonablemente 
que el gerente Brasch estaba persuadido de que las operaciones 
eran favorables al Banco, pues de ser así, las hubiera consul- 
tado al directorio, demostrando su conveniencia, seguro de ob- 
tener su aceptación . 

. Es por estoque el plan se concibe y se ejecuta de común acuer- 
do, cuidando los beneficiados de proporcionar los individuos 
que debían tomar sobre sí esas obligaciones, habilitándolos con 
el capital representado por los terrenos, á fin de que pudieran 
ofrecer algo en aparente garantía de ellos, ya que nada tenían 
que ofrecer por sí mismos. Sigúese de esto que el gerente 
Brasch y los deudores sustituidos son coautores del plan de 
sustitución consumado por ellos, compartiendo el propósito j 
la responsabilidad de los medios empleados y de los resultados 
producidos. 

La extraña aparición de los sustitutos en las circunstancias 
creadas por la crisis general y la liquidación decretada ya del 
Banco, como su participación en el negocio realizado, requiere una 
explicación que demuestre la razón y la moralidad de su proceder; 
y á este objeto se ha alegado de parte de la defensa, que aquellos 
individuos, han sido movidos por la idea de una especulación, con 
la espectativa de fáciles lucros futuros, por la posibilidad de pa- 
gar con cheques depreciados las deudas que venían á contraer, y 
por la valorización probable de las tierras que se les traspasaba. 

Si alguna probabilidad favoreciese tal suposición, si la susti- 
tución pudiese contener un negocio lucrativo para los sustitu- 



DE JUSTICIA NACIONAL 369 

tos, basado en la adquisición de esas propiedades, parece más 
natural que hubiesen reservado para sí los deudores originarios, 
su realización, lejos de transferirlo á extraños: no se encuentra 
seriedad en un proyecto de negocio que consiste en tomar á su 
cargo deudas considerables, sin más capital ni medios de fortu- 
na que los terrenos transferidos, de un valor muy inferiora ellos, 
con la perspectiva de una depreciación oreciente y de parte de 
individuos que carecían de recursos para hacer el servicio re- 
gular de esos créditos. Esas operaciones no descubren, como 
queda dicho, otro propósito ni otro resultado que efectuar el 
cambio de deudores, dando al Baaco en último término, en pa- 
go de las deudas, las propiedades transferidas, sin más respon- 
sabilidad ulterior de parte de los deudores primitivos: la fuga 
de tres de los principales sustitutos, y la completa insolven- 
cia de todos, son el corolario más elocuente de tales operaciones, 
de la intención que las inspiró y de sus efectos manifiestos, que 
justifican la querella. 

Completa la comprobación de estas apreciaciones sugeridas 
portodos los datos del proceso, la declaración prestada en jui- 
cio (foja nueve vuelta, cuerpo P), por el procesado Mauricio L. 
Chaine, sustituto de Luis Bruel, agente de Derqui, que tomóá 
su cargo una deuda de sesenta mil pesos. 

Este cómplice de la defraudación, fué remitido, á requisición 
del Juez de la causa, por el Jefe Político de Bella- Vista, don- 
de se encontraba sumariado por un delito reciente, habiendo si- 
do sumariado antes por delito de homicidio, según la nota de su 
remisión. El declarante confiesa ser jornalero, que vive de su 
trabajo personal y que no puede afirmar que hubiese tenido, al- 
guna vez, mil pesos en su poder. 

Su declaración es sencilla, franca y explícita sobre las pre- 
guntas formuladas, diciendo sustancialmente: Que recuerda 
haber firmado una letra en el Banco Nacional, por pedido de 
don Simón Derqui, mas no recuerda por qué cantidad, ni sabe 

T. X 24 



370 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cuál hubiera sido el objeto de la operación habiéndole dicho 
Derqui que no le resultaría ninguna responsabilidad; agrega 
que prestó su firma por los muchos servicios que Derqui le ha- 
bía prestado y qué él no sacó beneficio alguno de la operación. 
Preguntado con qué bienes pensaba responder á las obliga- 
ciones que contrajo con el Banco para hacer el servicio de la 
amortización é intereses de su deuda, respondió : que él nada 
tenía que ver con eso, porque Derqui se lo había manifestado 
así. 

Declaró, igualmente, que no presentó ninguna solicitud al 
Banco para efectuarla sustitución; que el escribano Rojas lo 
llamó para firmar la letra, y la firmó; que no sabe porqué razón 
se consignó en la escritura de venta déla chacra que le transfi- 
rió Derqui, que éste no respondía por la eviccion ; que no fué al 
Banco para hacer las operaciones de sustitución; que con nin- 
gún empleado del Banco se entendió para estas diligencias ; 
que no recibió ningún dinero ; que no posee bienes de ninguna 
clase; que no sabe por qué se consignó en la escritura de trans- 
ferencia el precio de ochenta y ocho mil novecientos setenta y 
cuatro pesos, cuando la deuda que tomaba á su cargo era sólo de 
sesenta mil pesos; que no sabe qué renta haya producido el te- 
rreno ni el trabajo que se hubiese hecho en él . 

Es evidente que no se formalizaron solicitudes escritas pre- 
sentadas al gerente, como lo prescribe el reglamento, por nin- 
guno de los sustitutos, y que la operación se concertó verbal- 
mente entre Brasch y los deudores primitivos, omitiéndose toda 
formalidad. La declaración de otro de los reemplazantes, Ui- 
piano Cáceres (foja cincuenta, cuerpo A) lo confirma, y resulta 
de los demás datos del proceso; como también, el sigilo caute- 
loso guardado respecto del consejo de la sucursal y del directo- 
rio. Nada más debiera necesitarse, después (le la declaración 
de Mauricio Chaine, confirmada por todos los demás anteceden- 
tes, para dejar demostrado, y bien caracterizado el concierto 



DE JUSTICIA NACIONAL 371 

de los deudores y el gerente, en el plan de exonerar á éstos de 
sus deudas por medios reprobados y perjudiciales para el Banco. 

Con respecto al mérito moral y jurídico del acto, la defensa 
ha sostenido también entre sus conclusiones: que las sustitu- 
ciones de deudores son permitidas y frecuentes ; que no existe 
comprobado el perjuicio actual causado al Banco, no bastando 
la posibilidad de un perjuicio eventual; que no se ha compro- 
bado la intención criminal de los acosados, y que sin dicha in- 
tención no puede haber delito ; que por nuestras leyes no está 
calificado el delito de abuso de confianza, ni existe el delito de 
fraude; y que la sentencia del Inferior ha sido consentida por 
el querellante y no puede alegar contra ella en esta instancia; 
que el delito de defraudación, previsto en el inciso diez del ar- 
tículo doscientos tres del Código Penal, no es el delito de fraude 
acusado ; que con respecto á Laray Ferré, las operaciones fue- 
ron de descuento y chancelación y que éstas están siempre den- 
tro de las facultades de un gerente de Banco; que el inspector 
Eontans, enviado á Corrientes, aprobó las operaciones y en vir- 
tud de su informe fué admitido Lara á hacer el servicio de su 
deuda, lo cual importa una aprobación de dichas operaciones; 
que si peT juicio se hubiese causado por ellos, éste había desapa- 
recido después de la ley de diez y ocho de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y tres, disposición de efecto retroactivo, 
con arreglo alas leyes penales; que el gerente Brasch no ha re- 
portado provecho, siéndooste un elemento necesario para atri- 
buir al acto una responsabilidad criminal ; que de conformidad 
al artículo ciento cincuenta y cuatro del Código de Comercióla 
acción criminal contra los factores y dependientes de comercio, 
sólo está autorizada en los casos de malversación. 

Es indudable que el cambio de deudores no es en sí mismo 
un acto criminoso ni prohibido, siempre que se lleve á efecto por 
quien tiene facultad de realizarlo ó de autorizarlo y sin propó- 
sitos de beneficiar á tercero perjudicando á otro. En el presen- 



372 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

te casóse ha probado suficientemente que las sustituciones efec- 
tuadas benefician exclusivamente á los deudores originarios 
y causan grave perjuicio al Banco, y que esto se ha hecho de 
mutuo acuerdo entre esos deudores y e) gerente, cuando éste 
carecía por completo de facultad para autorizarlas. 

La calculada prescindencia del directorio y de su presidente 
para convenir y consumar el acto y la reserva deliberada des- 
pués de concluir todo, reagravan su conducta y su responsabi- 
lidad, patentizando un designio culpable. 

El perjuicio originado al Banco, no puede considerarse in- 
cierto y eventual, sino real y presente : el mero cambio de unos 
deudores de representación social y considerados solventes, por 
otros desconocidos, insolventes y personalmente inadmisibles 
para acordárseles créditos tan valiosos, evidencian un perjuicio 
efectivo é inmediato; y el valor comparativamente bajo délos 
inmuebles hipotecados la agravan y confirman plenamente, po- 
niendo de manifiesto el propósito de defraudar al Banco y favo- 
recer, con daño suyo, á los deudores primitivos. No es posible 
conciliar tanto mal causado, tanta extra! imitación y tanto abu- 
so de facultades, con una intención sana é inculpable. 

Sobre todo, la intención inocente en un acto perjudicial es 
ana excepción atenuante ó absolutoria que debe probar el que 
la opone defendiéndose, lo que no se ha hecho por los acusa- 
dos ; pero la intención culpable se manifiesta por la naturale- 
za de los hechos, en todo acto fraudulento consumado delibe- 
radamente para herir, destruir ó usurpar un derecho ajeno pro- 
duciendo un daño, sea en beneficio propio, ó en beneficio de 
tercero, ó por la satisfacción misma de dañar. 

El acto del mandatario que, haciendo mal uso del encargo 
que se le ha confiado, engaña á su mandante por cualquiera de 
los medios que puede ser efectuado un engaño, sea ocultándole 
la verdad que le es necesario conocer, 6 alterándola para benefi- 
ciar á otros, ó beneficiarse á sí propio con perjuicio de su cao- 



DE JUSTICIA NACIONAL 373 

sante v es considerado como un hecho criminoso en el derecho 
penal, y lo ha sido en el nuestro desde la legislación española 
hasta el Código nacional vigente, porque, como dice la ley on- 
ce, título dieciseis, partida séptima, tal engaño es vuelto false- 
dad, que ha en sí ramo de traición. 

Bastaría para demostrarlo a priori, que nadie se permitiría 
sostener que un hecho semejante no está prohibido por las le- 
yes y que puede ser consumado libremente sin culpa y sin pe- 
na; lo que sería absurdo. 

La absolución de culpables de tan graves abusos y daños, 
importaría la justiñcacion de su conducta, el reconocimiento 
de que han podido obrar como lo han hecho y la inutilidad ó 
ineficacia de la ley penal para prevenirlos y reprimirlos ; vi- 
niendo á ser también un golpe de muerte asestado á las insti- 
tuciones de crédito de la naturaleza del Banco Nacional, cuya 
administración dejaría de estar suficientemente garantida por 
sus estatutos y reglamentos, quedando admitida en los gerentes 
la facultad de violarlos sin responsabilidad efectiva, defraudan- 
do sus intereses y abusando de la confianza depositada en ellos. 
La misma responsabilidad civil, siempre insuficiente en tales 
casos, quedaría debilitada por la consagración de la inculpabi- 
lidad penal, expuesta á ser burlada por la insolvencia, verdade- 
ra 6 aparente, del defraudador, ó por fútiles excusas, como las 
que se hacen valer en esta causa, desde que no existiese el freno 
saludable del castigo cierto. 

No es necesario que la ley defina, individualice y castigue 
separadamente el delito de fraude y el delito de abuso de con- 
fianza para poder concluir que elqne defrauda i tercero, abusando 
de so confianza, comete un acto delictuoso previsto y penado 
por ella. La calificación del delito cometido por quien defrau- 
da á otro, en tales condiciones, se halla bien determinada en 
el derecho criminal y está basada en los principios morales que 
constituyen todo su fundamento: en nuestro Código Penal se 



374 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

encuentra este delito mencionado en diversas disposiciones, j 
de una manera más precisa en el inciso diez del artículo dos- 
cientos tres, cuando castiga á los que cometen el fraude abu- 
sando de la confianza que en ellos se ha depositado. 

Estas consideracionos hacen innecesaria una. explanación de 
doctrina respecto del carácter de la intención en los. actos frau- 
dulentos, á los efectos de la responsabilidad penal y si ella 
debe tenerse en cuenta, y ser probada por la parte acusadora; 
en la presente causa esa intención de favorecer á los deudores 
primitivos con un grave perjuicio para el Banco, perfecta- 
mente comprendido y estimado por el gerente, resalta con toda 
claridad en todo lo hecho, como se ha demostrado antes y se 
justifica más detalladamente en la sentencia apelada. 

No satisfacen las afirmaciones de los demandados en sus res- 
pectivas declaraciones y en sus alegatos, de haber estado siem- 
pre dispuestos á tomar sobre sí nuevamente la responsabilidad 
de sus deudas, por cuanto no existen hechos suyos que las com- 
prueben como se hacía necesario y estaba en sus manos produ- 
cirlos en presencia de los requerimientos del Banco, 

Fácilmente se admite lo qne el representante de dicho esta- 
blecimiento repite, que ni éste ni el directorio podían tener otro 
objeto, ni perseguir otro interés, que evitar los perjuicios que 
se pretendía causarle, y que estuvo siempre dispuesto á acep- 
tar un arreglo prudente, conciliable con la equidad y la moral. 

La resistencia de los deudores á volver sobre sus pasos, to- 
mando nuevamente á su cargo las obligaciones, con las garan- 
tías consiguientes, conforme á las instrucciones de antemano 
comunicadas á los gerentes de sucursales, en circulares que se 
han presentado en los autos, aparece suficientemente compro- 
bada, no obstante las palabras contrarias de la defensa, que 
están muy lejos de haberse traducido en hechos. 

Así, el procesado Ferré, contestando á un interrogatorio al 
respecto, dice textualmente, á foja cincuenta y ocho, cuerpo I: 



DE JUSTICIA NACIONAL 375 

que fué invitado por el doctor Levingston, antes de iniciarse el 
proceso, para que se hiciera cargo de su deuda, contestándole 
que se viese con su abogado el doctor Amadey; confesando, al 
absolver la pregunta treinta y tres, qne: posteriormente presen- 
tó una petición al directorio proponiendo garantir con su firma 
la deuda de Lara; pero que retiró después dicho ofrecimiento 
en razón de que el directorio mandó la proposición á la resolu- 
ción de su representante el doctor Levingston. 

El acusado Ramayon, á foja ciento cincuenta y siete vuelta, 
cuerpo A, declara: que fué invitado por el doctor Levingston á 
hacerse cargo nuevamente de sn deuda, que posteriormente le 
propuso al representante del Banco darle algunas garantías rea- 
les de propiedades que poseía en Santa Fó, en el caso de que el 
Banco no se conformara con la firma del declarante y las ga- 
rantías dadas por Valor, darla otras propiedades suyas; que 
el representante del Banco no le dio contestación definitiva 
sobre esta proposición y que ni siquiera le dio audiencia, como 
le había prometido, con el objeto de llegar á un arreglo satis- 
factorio. 

El procesado Esteban Chaine declara á foja ciento cuarenta 
y nueve del mismo cuerpo de autos : que fué invitado por el 
doctor Levingston para hacerse cargo de nuevo de su deuda; 
pero que á pesar de su buena voluntad de volver las cosas á sn 
antiguo estado, no han arribado á ningún arreglo, por haber 
el doctor Levingston pretendido cosas inadmisibles, consisten- 
tes en garantías excesivas que le exigía y qne no estaba en 
condiciones de satisfacerlas, agregando que el declarante hizo 
sus operaciones con el Banco, sin intención de defraudarlo ni 
perjudicarlo y que en prueba de ello estaba dispuesto á volver 
las cosas á su antiguo estado. El declarante no dice cuáles 
fueron las condiciones exigidas. 

A foja ciento setenta y una del citado cuerpo del proceso, 
Eugenio Minvielle declara: que recibió la invitación del doctor 



376 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Levingston por carta, á la que contestó también por carta, di- 
ciéndole que podía entenderse con su abogado en Corrientes y 
qne éste nada le ha dicho. 

Resulta, pues, reconocido por los cuatTO procesados que el 
doctor Levingston les propuso á todos ellos, antes de iniciarse 
el proceso, que tomasen á su cargo sus deudas, como base de 
arreglo. 

El procesado Ferré conñesa que ofreció al directorio garantir 
con su firma la deuda de Lara; pero que retiró después su pro- 
posición. Minvielle nada ofreció, ni aceptó, defiriendo el asun- 
to á su abogado, y Ramayon y Chaine, entablada ya la querella, 
prestando sus declaraciones en el juicio, afirman lo que se deja 
transcripto. 

En corroboración de la resistencia de los deudores á volver 
las cosas á su antiguo estado, cuando esto les fué pedido por el 
representante del Banco, viene la expresa manifestación del 
defensor de ellos en su escrito de foja ciento cincuenta y cin- 
co vuelta, cuerpo O, que dice: «mis defendidos rechazaron estas 
bases proponiendo en su lugar garantir á satisfacción á sus sus- 
titutos, pero subsidiariamente, es decir, obligándose á pagar 
sólo en el caso de que estos no pagaran las obligaciones que 
habían contraído; pero con la condición de que las operaciones 
dichas fraudulentas, quedarían subsistentes, debiendo el direc- 
torio reconocer y declarar expresamente su legalidad». 

Las condiciones impuestas por los acusados, lejos de demos- 
trar voluntad de volver las cosas á su antiguo estado, prueban 
que se pretendió todo lo contrario; esto es, el reconocimiento 
por parte del directorio, de la legalidad de esas operaciones ile- 
gales, y aceptando una imposición inmoral. Suponiendo, no 
obstante, que hayan sido sinceras las disposiciones de los deu- 
dores originarios á volver las cosas á su antiguo estado cuando 
prestaron sus declaraciones, sería preciso estimar á la luz de 
los principios y con sujeción á la letra de la ley estas man i fes- 



DE JUSTICIA NACIONAL 377 

aciones verbales de sentimientos íntimos que no han sido tra- 
ducidos en hechos eficientes. 

Es. uniforme la doctrina de los autores de derecho criminal, 
que cometido el delito, la responsabilidad penal de su autor 
queda establecida, y esta opinión es conforme á nuestra ley 
(artículo segundo. Código Penal). 

Consumado que fué el delito de defraudación con abuso de 
confianza por el gerente Brasch, quedó éste sometido á lo dis- 
puesto en el artículo doscientos tres, inciso diez, del Código 
Penal, que castiga ese delito; lo mismo que los deudores primi- 
tivos, que debían ser considerados como autores principales, 
con sujeción á lo prescrito en el artículo veinte y uno, inciso 
segundo, de dicho Código; de manera que esas manifestaciones 
de buena intención de reparar el daño causado, no están com- 
prendidas entre las que eximen de la pena, de conformidad al 
artículo ochenta y uno; cuando no podían ser estimadas si- 
quiera como una circunstancia atenuante, con arreglo á lo que 
dispone el artículo ochenta y tres, inciso quinto. 

Esta prescripción legal declara circunstancia atenuante: 
«haber procurado con celo reparar el mal cansado ó impedir su 
consumación», lo que no se ha efectuado en ninguna forma por 
los acusados, como lo evidencia el proceso y lo comprueba su 
propia actitud en el juicio: muy lejos de haber procurado con 
celo reparar el mal causado, lo han dejado consumarse y sostie- 
nen su validez, llegando hasta pretender que el directorio re- 
conociese la legalidad de las operaciones fraudulentas, como 
condición indeclinable de todo arreglo. 

No ha existido, pues, ni aun esa circunstancia atenuante, 
como no han existido las que ha encontrado el Juez a quo en 
el considerando veinte y ocho de su sentencia para la determi- 
nación de la pena correspondiente, y mucho menos puede ella 
servir para fundar la absolución de los culpables sin infringir 
la letra y el espíritu de la ley, cuya claridad es manifiesta. 



378 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

£1 abuso de confianza en la defraudación, no es circunstan- 
cia agravante, sino constitutiva del delito, por lo cual, los que 
á su ejecución han contribuido de manera que, sin su concurso 
no hubiese podido cometerse, aunque no hayan ellos abusado 
de la confianza dispensada á su ejecutor, vienen á ser conside- 
rados como autores principales, según los términos precisos del 
artículo veintiuno, inciso segundo, del Código Penal, que dice : 
c se consideran autores principales... el que antes ó durante la 
ejecución, preste, al intento de asegurar la consumación del de- 
lito, un auxilio ó cooperación, sin los que el hecho no habría 
podido tener lugar ». 

Respecto del gerente Brasch, autor principal de los hechos 
acusados, que retiró las letras primitivas que representaban 
valores de la cartera del Banco, reemplazándolas con otras de 
individuos insolventes, menoscabando su importancia, ni ha tra- 
tado de reparar el daño causado, ni estaba en sus manos hacer- 
lo por sí sólo; siendo así que basta el simple retardo en su re- 
paración, para considerar consumado el delito, como es de regla 
en el abuso de confianza de un mandatario y lo sostienen uni- 
formemente los tratadistas. 

Por esto mismo, no pueden considerarse ni como circunstan- 
cia que extinga ó disminuya la responsabilidad criminal, las 
operaciones que se efectúan por ministerio de la justiciaren 
virtud de una requisición judicial, y menos aún las que se ofrez- 
can incidentalmente y de palabra en el curso del juicio, sin con- 
vertirse en hechos. 

Ninguno de los acusados imitó, al menos, el ejemplo dado por 
don Simón Derqui, fallecido y separado por su muerte del pro- 
ceso, quien antes de la presentación de la demanda puso espon- 
táneamente su firma en las letras de sus sustitutos, compren- 
diendo, sin duda, que estaba legal y moralmente obligado á 
responder de esas deudas que eran suyas. 

Tampoco podría ser causa de la desaparición del perjuicio, 



DE JUSTICIA NACIONAL 379 

7 consiguiente extinción de la responsabilidad criminal, la nuli- 
dad relativa de la operación procedente de la falta de facultad 
del gerente para realizarla, por cuanto ella sola puede ser de- 
clarada por la justicia, siendo el acto susceptible de confirma- 
ción, á diferencia de la nulidad absoluta, que no es susceptible 
de ella ni produce obligación alguna (artículos mil cuarenta y 
seis y cuarenta y siete, Código Civil). 

Si alguna sinceridad existiera en esas protestas de los deu- 
dores originarios, de haber estado siempre dispuestos á respon- 
der por sus deudas, ella sería la condenación más acabada de la 
conducta del gerente, pues vendría á demostrar que no le fué 
preciso efectuar esas sustituciones perjudiciales para garantizar 
mejor los intereses del establecimiento cuya confianza había de- 
fraudado. También como lo en señan con generalidad los tratadis- 
tas de derecho penal, basta que el daño ó el perjuicio originado 
por el delito sea potencial, produciendo el despojo de un dere- 
cho, aunque no sea seguido de la pérdida de la propiedad, para 
que el delito exista y se aplique la pena. 

Además, una vez cometido el delito de abuso de confianza, la 
restitución podría ser únicamente un motivo para moderar la 
pena, como lo tiene establecido la jurisprudencia constante de la 
Corte de Casación de Francia.y lo recuerda G-arraud, tomo quin- 
to, página trescientos ocho, nota dieciseis. 

La defensa de los coacusados, deudores primitivos, fundada 
en que las operaciones por ellos realizadas son permitidas, en 
abstracto, no responde, rigurosamente, á la acusación, ni la des- 
truye, porque, como se ha demostrado, en la presente causa, 
esas operaciones aun consideradas como simples descuentos, es- 
taban prohibidas al gerente, y no podían ser efectuadas por él. 

Respecto del consentimiento de la sentencia por parte del 
Banco, suponiendo que él exista y pueda sostenerse, el alcance 
de tal consideración, por sí sola, no podría extenderse á más 
que á su parte dispositiva para no agravar la pena impuesta ; 



380 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mas no á sus fundamentos, que pueden ser discutidos en esta 
instancia por las paites. 

No consta en autos que lo ejecutado por el inspector Fontans 
en desempeño de su comisión y sus informes elevados al direc- 
torio hayan sido aprobados por éste ; por el contrario, envió él 
nuevos inspectores, como se ha dicho, con el objeto de estudiar 
mejor los hechos, y, después de conocidos éstos, se resolvió la 
acusación de sus autores. El haber hecho Lara el servicio de su 
crédito, mientras duró la gerencia de Brasch, no podía ofrecer 
bastante garantía de que siguiese haciéndolo regularmente, da- 
da su notoria insolvencia, y su fuga y desaparición confirman 
la justa desconfianza del Banco; sobre todo, este detalle no 
puede conferir por sí ningún derecho definitivo, ni debilitar la 
acción legítima del establecimiento para perseguir el delito y 
procurar las reparaciones que le fueren debidas en justicia. Lo 
contrario equivale á decir que por el hecho de haber verificado 
uno de los deudores el servicio de su deuda, una ó dos veces, 
quedaba suprimido ó redimido el delito ; lo que es de todo pun- 
to anti-jurídico. 

Los beneficios que la ley de dieciocho de Noviembre haya po- 
dido otorgar á los deudores del Banco, suponiendo que ellos 
compensasen ó disminuyesen los perjuicios irrogados á éste, 
son de carácter puramente civil y no pueden servir para modifi- 
car las responsabilidades penales ; no pudiendo ellos estimarse 
siquiera bajo su aspecto pecuniario ; desde que están dependien- 
tes del valor de los terrenos, cuya depreciación puede haber 
aumentado considerablemente, como ha sucedido con generali- 
dad. El argumento deducido por la defensa, de la valorización 
eventual de los terrenos de la garantía, carece de fuerza para 
tomarlo como fundamento de decisión y podría refutarse con la 
depreciación posible ó probable de los mismos. 

La disposición del artículo ciento cincuenta y cuatro del Có- 
digo de Comercio, que se reduce á establecer las responsabili- 



DE JUSTICIA NACIONAL 381 

dades civiles de los factores y dependientes de comercio, para 
ante sos principales, en los casos de malversación, negligencia 
6 falta de exacta ejecución de sus órdenes é instrucciones, no 
es la que regla la cuestión sub-judice, aun cuando, como es na- 
tural, deje á salvo la acción criminal en el caso de malversación. 
No es posible admitir que dicha disposición de la ley comeroial 
dispense de toda pena al mandatario que abusando de la con- 
fianza de su comitente, defraude sus intereses, puesto que la ley 
penal no hace semejante excepción ; y muy lejos de establecer 
el Código de Comercio la limitación qne se supone, deja á salvo 
la acción criminal en los casos de malversación, precisamente 
porque en estos casos puede existir el fundamento de toda 
penalidad : la responsabilidad criminal nacida de los móviles y 
de los actos consumados. 

Se ha insistido mucho también, por parte de la defensa, en 
una sustitución efectuada entre los señores Salvador Gómez y 
Francisco Bolla, como ejemplo de que tales operaciones son per- 
fectamente lícitas ; pero el caso recordado la perjudica, lejos 
de favorecerla, pues esa sustitución, según se ha explicado, sin 
contradicción, fué recabada del Directorio del Banco, y por éste 
autorizada, enviando al efecto, al mismo gerente Brasch, un po- 
der especial confiriéndole la facultad necesaria para efectuarlo. 
Sigúese de ésto, que la única operación de esa naturaleza, rea- 
lizada por la sucursal del Banco en Corrientes, debía servir 
para confirmar al gerente lo que él seguramente no ignoraba : 
que sólo el directorio podía autorizarla y que para la validez 
del acto, necesitaba un poder especial de éste. 

No es menos atendible el argumento fundado en que el man- 
datario que extralimita sus facultades no obliga al mandante en 
cuanto se hubiese excedido, si éste no aprueba su conducta, 
pues tal objeción, aplicable á los efectos civiles puramente, en 
nada afecta las disposiciones penales en los casos de defraudación 
con abuso de confianza, que rigen expresamente en lo criminal. 



382 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

El acusado Minvielle no ha conseguido extinguir ni debilitar 
su responsabilidad personal en las sustituciones efectuadas, pues 
ni siquiera ha probado la liquidación de la sociedad que dice ha- 
ber tenido con Derqui, ni el convenio que hubiesen celebrado 
entre sí, obligándose este último á pagar por su cuenta al Ban- 
co la deuda del primero, en cuyo caso la operación realizada 
por Derqui, levantando la letra de aquél en la forma en que lo 
ha hecho, debe considerarse como practicada por su mandato, 
desde que le pidió la levantase, como lo ha declarado en su in- 
dagatoria, j por cuanto esta misma operación se ejecutó en su 
provecho y concurrió á ella con las propiedades que transfirió á 
los sustitutos, su apoderado Yague, cumpliendo en esto intruc- 
ciones suyas, como resulta de la declaración de éste en las es- 
crituras de transferencia. 

Aún suponiendo cierta la liquidación de la sociedad con Der- 
qui y el convenio para que tomase á su cargo su deuda con el 
Banco, mientras éste no aceptase la subrogación, que no se 
efectuó, su obligación para con él permanecía subsistente y es- 
taba en el deber de oponerse á todo plan de defraudación que 
cualquiera pretendiese consamar en su beneficio, desde que le 
fuese revelado. El conocimiento que adquirió de lo que se pro- 
yectaba por su supuesto socio y su participación en el concierto 
común, están bien probados por su propia declaración y la de su 
mismo apoderado Yague, quien afirma que efectuó esas transfe- 
rencias por orden de Minvielle para cancelar una letra suya en 
el Banco; no siendo aceptable la observación referente á la 
singularidad de este testimonio, que es de un ejecutor desús 
órdenes, su propio apoderado, y resulta conforme con los datos 
del proceso y confirmado por los hechos. 

Estos hechos y circunstancias revisten tal fuerza probatoria 
respecto de la responsabilidad del acusado, que hacen del todo 
improcedente lo alegado por su defensor, sobre la indivisibili- 
dad de la confesión, de acuerdo con la propia disposición invo- 



DE JUSTICIA NACIONAL 383 

cada del artículo trescientos dieciocho del Código de Procedi- 
mientos en lo Criminal. 

Por estos fundamentos, los concordantes de la sentencia de 
foja veinte y seis, cuerpo P, no "pudiendo esta Suprema Corte 
agravar la pena impuesta, por no haber sido dicha sentencia 
recurrida por la parte acusadora, como lo tiene declarado este 
tribunal en otros casos, y oído el señor Procurador General : se 
confirma ella, con costas. Devuélvanse, debiendo previamente 
hacerse las testaciones de las palabras de los escritos de fojas 
doscientas tres y doscientas nueve, de los Defensores doctores 
Cáceres y Palacios, ordenadas en el fallo de la mayoría, aperci- 
biéndose á los citados abogados. 

ABEL BAZAN. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CIt! 



Criminal contra Don Hugo Soto y Campbell, por violación de 

correspondencia; sobre recusación 



Sumario. — De la recusación de los jueces délos territorios 
nacionales, no puede conocer el Juez recusado, sino el Juez de 
sección 6 del territorio nacional más próximo al asiento del 
Juzgado. 



384 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



JPallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Agosto 3 de 1895. 

Vistos en el acuerdo : Y considerando : Que según resulta 
de estas actuaciones, el recurrente ha deducido recusación con- 
tra el Juez de la causa en el juicio iniciado contra aquel, sobre 
violación de correspondencia. 

Que el Juez recusado se ha pronunciado no haciendo lugar á 
la recusación, mediante el desconocimiento de la verdad de los he- 
chos en que se funda, 6 de su fuerza para caracterizar la causa 
de enemistad que se invoca. 

Que no es al Juez recusado á quien le corresponde pronunciar 
tal resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
ciento uno del Código de Procedimientos en lo Criminal. 

Por esto: se declara procedente la queja interpuesta, y seor~ 
dena en consecuencia que el Juez de la causa pase el incidente 
sobre recusación al Juez á quien corresponda su conocimiento, 
con arreglo al citado artículo ciento uno, á cuyo efecto se le 
remitirán estas actuaciones, debiendo reponerse ante él los 
sellos. 

Y observándose que en el escrito de foja dos se vierten con- 
ceptos ofensivos al Inferior, téstense por secretaría las palabras 
subrayadas de dicho escrito. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BDNGE. — JUAN E. TO- 
RRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 385 



causa c: 



Don M. A. Tumer contra la sociedad «Jockey Club», por cobro 
de pesos; sobre inscripción preventiva de privilegio 



Sumario. — No procede la inscripción preventiva de un cré- 
dito privilegiado, si en el estado de la causa no puede darse por 
averiguada su existencia y monto. 



Caso. — Concedida la inscripción preventiva pedida por el 
demandante, y revocado por el Juez Federal el auto correspon- 
diente, la revocatoria fué confirmada por el siguiente 



Fallo de la Suprema Corto 

, Buenos Aires, Agosto 3 de 1895. 

Yistos : Y considerando : Que aunque no aparece evacuado 
el traslado de foja ciento doce vuelta, el interosado, que nada 
ha reclamado ni deducido recurso alguno al respecto, ha sido 
oido ante esta Suprema Corte en defensa de sus pretensiones, 

T. X 25 



I 



386 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sin que haya hecho observación sobre dicha omisión, no obstan- 
te serle conocida, y haber hecho de ella mención expresa en el 
informe in voce. 

Que en el estado de la cansa no puede darse por averiguado 
la existencia del crédito demandado y mucho menos su monto. 

Por ello, y sus fundamentos, se confirma con costas el auto 
de foja veinte y tres, del cuaderno de pruebas del demandado, 
en la parte apelada. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL RAZAN . — 
OCTAVIO BUNGE. — JUAN E. TO- 
RRENT. 



CAUSA «JXCJII 



Criminal contra Don Luis Rogers y Don Simón Launenberg; 
sobre defraudación de caudales públicos 



Sumario. — El empleado nacional que defrauda los caudales 
públicos puestos en su poder por razón de su cargo, incurre en 
la pena establecida por el artículo 80 de la ley nacional penal 
de 14 de Setiembre de 1863. 



DE JUSTICIA NACIONAL 387 

Caso. — Resulta del 



Pallo del «lúeas Federal 



San Luis, Julio 26 de 1894. 

Y vistos: Esta causa criminal seguida contra los señores 
Luis Rogers y Simón Launenberg, ex- jefe y ex-contador inter- 
ventor del 7 o distrito, sobre defraudación de caudales públicos, 
de la que resulta: 

i° Que el 15 de Julio de 1893, el señor Eugenio R. Blanco» 
Inspector de Contabilidad y en representación de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos de la nación, se dirigió á este 
Juzgado, dando cuenta de haberse efectuado un desfalco en la 
caja de este distrito, del cual resultaban responsables los seño- 
res Luis Rogersy Simón Launenberg, j^fe y contador interven- 
tor, respectivamente; y que tratándose de un asunto grave, en 
el que están comprometidos los intereses fiscales, pedía se orde- 
nara su inmediata detención : acompañando al mismo tiempo, 
conformados por los señores Rogers y Laumenb'Tg, los balan* 
ees ó cuentas, con un saldo contra é^tos de 9908 pe^os 76 cen- 
tavos . 

2 o Que con la misma fecLa se m inda instruir la turnana <;o- 
rrespodiente y pasar cH;;o al Departamento d« Policía para que 
mantengaá los impJt* -o«, detenido* á di-po-ícion de *M*i Juz- 
gado. Y de f ->jas f 2 ¿57 vrjeita, obra la información producía, 
á objeto de averiguar y c* a- probar la ezí>t<T,c/a del deJíto y de 
sus autores 6 c-Sm^ice-., er¡ V* q-j-r e! »íor ií-'//r* a*e*era que 
el ex-contador ¿ei.r La -r.-s'/^rg ettab* ¡x^toru^'j \,>u>.u»huKh 
para emitir glr.it \:A*z **'*•. r ,a;v *u >o,a y ex'^ííra r*tp'/Ot&v- 
lidad, y el §*g jlI';. a. r^ar e?te Lt'.l'j. 1:<& que 'Je tvJvt ]'•* 



388 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

expedidos por él, tenía conocimiento el jefe del distrito, y que 
no era ésta una facultad privativa ó discrecional del depo- 
nente. 

3 o Que el 28 de Setiembre (foja 57 vuelta), se dan por termi- 
nadas las diligencias del sumario y se manda pasar éste al Pro- 
curador Fiscal, á los efectos del artículo 457 de la ley de Pro- 
cedimientos; y este funcionario se expide en seguida, diciendo: 
que conforme con el acta de foja 7, en que consta el referido 
desfalco de 9908 pesos 76 centavos, del que son directamente 
responsables los señores Rogers y Launenberg, ante la Direc- 
ción General de Correos y Telégrafos, procedente de emisión 
de giros internos, solicita que con sujeción al artículo 80 de la 
ley nacional de 14 de Setiembre de 1863, se aplique ácada uno 
de ellos la penade siete años y seis meses de trabajos forzados, 
como término medio, en atención á la suavidad de la legisla* 
cion moderna. 

4 o Que al evacuar el traslado de esta acusación, el señor Ko- 
gers manifiesta ser exacto el déficit, sin tener él ninguna res- 
ponsabilidad, y si solamente el ex-eontador señor Launenberg, 
que era quien manejaba esos fondos, y el oual ha expedido gi- 
ros hasta en descubierto. T el señor Launenberg lo hace á su 
Tez, manifestando que el desfalco es debido á irregularidades 
cometidas por el Inspector señor Eugenio E. Blanco, al con- 
feccionar los balances, á quien individualmente acusa de calum- 
nia é injuria; y además, que si existiera la defraudación, el 
responsable de ella sería únicamente el ex- jefe señor Rogers. 

5 o Que abierta la causa á prueba, en fecha 27 de Marzo del 
corriente año (foja 109 vuelta), se ratifican los testigos del su- 
mario, algunos de los cuales son interrogados también por los 
acusados y se produce la que figura de fojas 1 12 á 312. 

Y considerando: I o Que la existencia del delito de defrauda- 
ción se encuentra acreditada: I o Por los balances de fojas 1 á 6, 
y acta de foja 7, en que el señor Rogers dice que el déficit es 



DE JUSTICIA NACIONAL 389 

procedente de la emisión de giros internos, desde el 1 o al 10 
de Julio de 1893, estando la oficina á cargo del contador inter- 
ventor don Simón Launenberg, quien es responsable del men- 
cionado déficit, habiendo el jefe saliente (Rogers) rendido sus 
cuentas de los valores que él manejaba, que no considerándose 
responsable de esta falta, tampoco está en el deber de hacer el 
ingreso que se le exige; y al ser preguntado el señor Rogers á 
qué personas y por qué sumas ha dado el distrito giros sin per- 
cibir antes su importe, dijo que no tenía conocimiento de esto, 
puesto que todos los giros los hacía el contador señor Launen- 
berg, por estar esa oficina á su cargo, y confiaba siempre en su 
rectitud como empleado; y al serlo, si ha tenido noticias de que 
dos casas de comercio adeudaban al distrito sumas por giros 
tomados á éste y que últimamente han abonado esas canti- 
dades al inspector señor Blanco, respondió que ignoraba tal 
irregularidad, y si la hubiera conocido, habría dado cuenta in- 
mediatamente á la Superioridad, pues siempre creía que los 
giros que emitían eran abonados al contado; y que respecto del 
atraso de la contabilidad desde el mes de Mayo, por repetidas 
veces se lo había hecho notar al contador señor Launenberg, 
ordenándole que pusiera los libros al día, el cual le contestaba 
que pronto quedaría cerrado dicho mes, para seguir con Junio; 
y el señor Launenberg ha manifestado : que el déficit lo com- 
prueba, por haber hecho giros del señor Rogers, por valor de 
3980 pesos, á personas conocidas, para que los cobrasen y los 
remitieran á favor del señor Rogers con letras del Banco de la 
Nación, como lo justifican los recibos de depósitos, y que no tie- 
ne fondos con qué abonar el déficit; que habla dado giros á los 
señores Alric, Costa y C\ en las personas del señor Juan Vall- 
dosera, Marcelino Ojeda y Manuel Lobo, por la suma de 15000 
pesos y más, mensuales, y su importe si no fué recibido al con- 
tado, fué á los pocos días; y al ser preguntado con qué autoriza- 
ción ha hecho anticipos de sueldos á los empleados del distrito, 



390 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dijo que ignoraba que el Reglamento se lo prohibiera; y que la 
contabilidad la tenía atrazada desde el mes de Mayo, porque en 
este mes salió de ésta con licencia y esperaba además los produ- 
cidos de todas las oficinas para empezar el trabajo; 2 o Por la 
ratificación de la exposición anterior que ante este Juzgado 
hicieron el 17 del referido mes de Julio los precitados Rogers 
y Launenberg, en que ambos reconocen la defraudación, soste- 
niendo el primero que el autorizado exclusivamente para hacer 
los giros internos, bajo su inmediata responsabilidad, era el se- 
ñor Launenberg, y éste, que de todos los giros que él emitía, 
tenía conocimiento el jefe del distrito señor Rogers, no siendo 
tampoco esa una facultad que pesara sobre él sólo; 3 o Por los 
testigos Ambrosio Gómez (foja 120), Pedro Suarez (foja 129), 
y Juan Valldosera (foja 245 vuelta), quienes afirman que cuan- 
do Launenberg estuvo en Buenos Aires (desde el 15 de Mayo 
hasta el 3 de Junio), la oficina de giros estuvo á cargo del señor 
Rogers, de quien el último recibió algunos, que pagó al conta- 
do; 4 o Por la nota de 24 de Abril (foja 257) de la Dirección Ge- 
neral de Correos, en que se establece el saldo definitivo del dé- 
ficit, el que asciende á la cantidad de 8275 pesos con 15 cen- 
tavos, que no ha sido observado por los señores Rogers y Lau- 
nenberg, limitándose el primero á decir que es positivo el des- 
falco, y el segundo á negar que él existía, sin aducir prueba 
alguna para desvirtuarlo, y arrojando sospechas de culpabilidad 
sobre el Inspector señor Blanco, por las informalidades ejecuta- 
das por éste; 5 o Por la cuenta corriente á foja . . . , llevada en- 

■ 

tre la Dirección General y los señores Rogers y Launenberg, 
que al 28 de Febrero arroja contra éstos el mencionado saldo 
de 8275 pesos 15 centavos, siendo esta cuenta y la anterior de 
carácter oficial. 

2 o Que los artículos 14 y 15 de la ley sobre contabilidad de 13 
de Octubre de 1870 establecen, que los encargados de la admi- 
nistración de las rentas públicas ó de especies ó efectos perte- 



DE JUSTICIA NACIONAL 391 

necientes & la Nación, son responsables de las cantidades ó es- 
pecies cuya percepción les está oncomendada, y que son igual- 
mente responsables de las cantidades ó especies que entregaren 
indebidamente, etc., etc. Yes indudable que Launenber, bajo 
cuya guarda ó custodia estaban los dineros defraudados, y Ro- 
gers que debía ejercer la más estricta vigilancia en la contabi- 
lidad, que aquel llevaba, y no lo ha hecho, son igualmente 
responsables del déficit. 

3 o Que el Código Postal vigente al tratar de las atribuciones 
y deberes de los jefes de distrito, en su artículo 150, inciso 60, 
manda ingresar semanalmente en la Sucursal del estableci- 
miento bancario que se le designe, á la orden de la Dirección 
General, el dinero percibido por renta de Correos y Telégrafos, 
y por emisión de giros, cuya disposición ha sido claramente 
desconocida ú olvidada por el ex-jefe señor Rogers y su ex-con- 
tador interventor señor Launenberg, según se acaba de ver, el 
cual estaba bajo su inmediata dependencia; y ambos son comple- 
tamente responsables de la defraudación, por no haberse dado á 
los dineros recibidos el destino que según el artículo 153 les co- 
rrespondía, aplicándolos á usos diversos. 

4 o Que los Jefes de Sección, de Distrito y de Oficina, en el 
desempeño de sus funciones, tienen á más de la propia respon- 
sabilidad de sus actos, la subsidiaria de las faltas de sus subal- 
ternos, cuando ellas se produzcan por descuido, negligencia 6 
falta de vigilancia hacia el inferior (artículo 158 del Código 
citado). Hay además otras disposiciones que atribuyen al jefe 
del distrito las facultades indispensables para la mantención 
del orden y la disciplina entre sus inferiores, y el ex-jefe señor 
Rogers no las ha cumplido en el presente caso. 

5 o Que los resguardos ó notas de fojas 143 á 210, no tienen 
indicación alguna que denoten que el señor Launenberg, en su 
carácter de contador interventor del 7 o distrito, hacía los depó- 
sitos en el Banco de la Nación Argentina. Esos recibos, por 



392 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

valor de 74.000 y tantos pesos, desde el 31 de Enero hasta el 7 
de Julio de 1893, inclusive el de foja 146, por 2100 pesos, fe- 
cha 9 de Junio de 1891 , son de cuenta particular de don Simón 
Launenberg, y están demostrando que este señor administraba 
esos fondos como suyos propios, con facultad de retirarlos cuan- 
do lo creyere conveniente. Dice el señor Rogers, sin embargo 
(foja 42 vuelta), que el producido de Correos y Telégrafos se 
depositaba semanalmente en el Banco de la Nación, y el de los 
giros men8ualmente, y todo ello con conocimiento é interven- 
ción del contador señor Launenberg. 

6 o Que es la ley de 14 de Setiembre de 1863 la que se debe 
aplicar en el presente caso, porque se trata de un delito de ca- 
rácter nacional, perpetrado por empleados nacionales, en ejer- 
cicio de sus funciones de tales, cual es el comprendido en el 
artículo 80, que expresamente determina que d administrador, 
recaudador ó receptor, depositario de caudales ¡«áblicos, y todo 
el que tuviere obligación de dar cuentas al gobierno nacional, 
que distrajere, sustrajere, 6 hurtare los caudales públicos, 6 
privados, los efectos de créditos representativos de esos valores, 
6 cualesquiera documentos, puestos en su poder por razón de su 
cargo, será castigado con la pena de trabajos forzados por 5á 
10 años, y no el Código Penal, en el capítulo 8 o del libro 2* 
de la malversación de caudales públicos, como lo sostienen los 
defensores de los señores Rogers y Launenberg,' el cual legisla 
únicamente sobre los delitos comunes, y no sobre los que rigen 
poruña ley especial cuyo juzgamiento compete á la justicia 
federal. 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo aconsejado por 
el Procurador Fiscal, el Juzgado, de conformidad á la disposi- 
ción del artículo 80 de la ley nacional de 14 de Setiembre de 
1863, declara conjuntamente culpables á los señores Luis Ro- 
gers y Simón Launenberg, imponiéndoles la pena de trabajos 
forzados por 5 años, que sufrirán en el lugar que designe el Po- 



DE JUSTICIA NACIONAL 393 

der Ejecutivo, debiendo computárseles el tiempo de prisión 
preventiva, como lo determina el artículo 49 del Código Penal, 
ó bien, de tres días por cada uno délos de la pena impuesta, y 
á devolver al tesoro nacional la cantidad expresada de 8275 pe- 
sos con 15 centavos, y las costas del juicio. Hágase saber y 
repónganse los sellos. 

P. E. Miguez. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Junio 25 de 1895. 

Suprema Corte: 

La acción de nulidad intentada, no procede en el caso. 

Se hace derivar de la pretensión por parte del Juez a quo, 
del informe pericial ordenado para la rovisacion de las cuentas 
del Correo, á fin de establecer con exactitud el saldo que resul- 
taba defraudado. 

Reconozco la oportunidad de esa diligencia, que el Juzgado 
debiera haber esperado para sentenciar definitivamente. 

Pero no puede desconocerse que el quantum de la suma de- 
fraudada es un punto accesorio, una vez que consta por docu- 
mentos oficiales, y por el reconocimiento mismo de los procesa- 
dos, que esa suma se eleva á algunos miles de pesos nacio- 
nales. 

Lo que constituye el delito, y determina la responsabilidad 
penal en el caso, no es el quantum, sino el hecho de la defrau- 
dación en sí mismo, por una suma que cualquiera que sea su 
monto preciso, cae bajo el régimen de la ley penal de 14 de 
Setiembre de 1863. 



394 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que ese régimen domina la cuestión sobre defraudación dn 
rentas nacionales por empleados nacionales y en oficinas de la 
Nación, es un principio ya consagrado por la doctrina, por dis- 
posiciones expresas del Congreso en las leyes sobre Bancos 
garantidos, y por una jurisprudencia constante de la Suprema 
Oorte Nacional, que lo coloca fuera de toda discusión. 

No tratándose por ello, de la violación de las formas esen- 
ciales, ni de las nulidades expresamente declaradas, á que se 
refiere el artículo 509 del Código de Procedimientos en lo Cri- 
minal, para autorizar el recurso de nulidad, pienso que el in- 
tentado por el defensor del procesado Rogers, carece de proce- 
dencia legal, y pido á V. E. se sirva así dpclararlo. 

En cuanto al recurso de apelación, lo creo más sólidamente 
sustentado, en la expresión de agravios presentada por el de- 
fensor de Rogers. 

Nu aparece dudosa la responsabilidad del contador interven- 
tor don Simón Launenberg. 

Está demostrado que tenía á su cargo la expedición de giros, 
y que los expidió en muchos casos á descubierto, que llevó los 
libros á su cargo, con irregularidad manifiesta, por él confesa- 
da, que dispuso los depósitos en la forma irregular que acre- 
ditan los boletos agregados de foja 143 á foja 210, á su propio 
nombre, lo que excluía las garantías previstas por la ley para 
satisfacer su objeto, que anticipó sumas é hizo préstamos de- 
esos dineros públicos hasta con intereses, y que usó efectos del 
Correo, por medios reprobados. 

Todo ésto que el sumario arroja y que la prueba de descargo 
no ha podido desvirtuar y en gran parte corrobora, conduce á 
las conclusiones de la sentencia: la responsabilidad del proce- 
sado Launenberg por la defraudación que resulta demostrada 
de los diueros públicos que él recibió, por cuenta de la expe- 
dición de giros, y que ni por los libros, ni por otros medios le- 
gales ha podido explicar. 



DE JUSTICIA NACIONAL 395 

En cuanto al jefe de la oficina, no milita la misma responsa- 
bilidad. 

No ha tenido á su cargo los fondos ni la contabilidad, y ha 
negado, sin que por otra parte se haya probado lo contrario, 
que ejerciera tales actos, ni tuviera conocimiento alguno de* los 
ejecutados por el contador Inspector. El ejercicio de las atri- 
buciones de aquel, durante los días de una ausencia autorizada, 
es una excepción que no basta á crearle la responsabilidad del 
desfalco, una Tez que no resulta demostrado que se hubiera 
producido durante los pooos días de aquella denuncia. 

Pero es fuera de controversia que el jefe de la circunscrip- 
ción ha descuidado los deberes de su cargo. 

No ha practicado los balances mensuales que prescribe el ar- 
culo 12 de la ley de contabilidad; no ha cumplido la prescrip- 
ción del Código Postal, en cuanto manda ingresar los depósitos 
semanalmente en la sucursal del Banco designado, y á la orden 
de la Dirección General de Correos, ni ha mantenido, como jefe 
de oficina, el orden en la contabilidad, de cuya negligencia co- 
mo de la forma irregular de los depósitos, con violación de dis- 
posiciones expresas, ha resultado la defraudación ejecutada. 

Aún prescindiendo, entonces, de los giros hechos por el ins- 
pector á su favor, y aún admitiendo la explicación de esos gi- 
ros, que hace presumir connivencias reprensibles entre un jefe 
de oficina y su contador interventor, siempre resultaría ante 
las omisiones referidas responsable de los valores defraudados» 
con sujeción á lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la ley de 
contabilidad ya citada. 

Por ello, pienso que la penalidad impuesta al jefe de la ofici- 
na, es excesiva, una vez que no consta que distrayere, sustra- 
jere ó hurtase los caudales públicos puestos en su poder por 
razón de su cargo, circunstancias que expresamente requiere 
la ley de justicia nacional sobre crímenes contra la nación en su 
articulo SO, para la imposición de la pena aplicativa. En con- 



396 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

secuencia, solicito de Y. E., la confirmación por sus fundamen- 
tos de la sentencia recurrida de foja 355, en cuanto al proce- 
sado Launenberg, y su revocación en cuanto al jefe de la ofici- 
na don Luis Eogers, debiendo sí, responsabilizarse á ambos 
procesados, de mancomún et in solidum, por las sumas defrau- 
dadas en la circunscripción .i su cargo, con sujeción á las pres- 
cripciones citadas de la ley de contabilidad. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 6 de 1895. 

Vistos y considerando: Que como lo observa el señor Procu- 
rador General, con sujeción al mérito de las constancias de au- 
tos, mientras está debidamente averiguado la responsabilidad 
penal del ex-contador Simón Launenberg, por razón del delito 
cometido y que motiva este proceso, no hay prueba suficiente 
que acredite la criminalidad de Luis Rogers, procesado conjun- 
tamente con aquel por el mismo delito. 

Por esto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, se confirma, con costas, la sentencia ape- 
lada de foja trescientas cincuenta y cuatro vuelta, en cuanto 
condena á Simón Launenberg, y se revoca en lo referente á 
Luis Rogers, á quien se absuelve de culpa y cargo, sin perjuicio 
desús responsabilidades civiles. Devuélvase. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAft. — 
OCTAVIO BUNGÉ. — JUAN E. TO- 
RREÑT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 397 



CAUSA €XC III 



El Doctor Don Juan Coustau, por Don José Antonio Savino; 

sobre recurso de habeos corpus 



Sumario. — No procede el recurso de habeas corpus, cuando 
la orden de detención, arresto ó prisión procede de un Juez del 
Crimen de la Capital en el ejercicio de sus funciones. 



Caso. — Resulta del siguiente 



RECURSO 



Buenos Aires, 5 Junio de 1895. 

Señor Juez Federal : 

Juan Coustau, domiciliado en la calle Reconquista número 
212, ante V. S. como más haya lugar en derecho digo : 

Que en mi calidad de abogado han sido solicitados mis servi- 
cios profesionales, por el señor José Antonio Savino, que se en- 
cuentra detenido en la Comisaría de la sección 3 a de Policía de 
esta Capital, á disposición del Juez de Instrucción doctor Luis 
F. Navarro y bajo la intervención indebida del señor Ministro 



398 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de Italia, en virtud de haber confesado aquel que sustrajo una 
suma de dinero en títulos, á la madre que reside en Italia, y co- 
mo un anticipo á cuenta de su haber hereditario. 

Ahora bien, el señor Savino estaba dispuesto en un principio 
á emprender viaje de retorno a Italia, y así lo expresó volunta- 
riamente al señor Ministro de Italia; pero hoy ha cambiado 
por completo este propósito, y está resuelto á permanecer en 
Buenos Aires, por lo que desea se le conceda su libertad inme- 
diata y la restitución de los valores que la policía le ha secues- 
trado. 

En ese concepto y de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en los artículos 617, 618, 619, 622 y demás preceptos legales 
atingentes del Código de Procedimientos en lo Criminal, es que 
vengo á entablar el correspondiente recurso de habeos corpus 
y á pedir en su virtud á V . S. que, previos los tramites de prác- 
tica, sea puesto inmediatamente en libertad el detenido don Jo- 
sé Antonio Savino. 

Debo advertirá V. S. que en el caso ocurrente no hay orden 
de prisión decretada contra el señor Savino, y que tanto la in- 
tervención de la Comisaría 3% como la del Juez de Intruccion y 
el Ministro de Italia es meramente oficiosa, y por lo tanto aquel 
está sufriendo una detención indebida. 

Hay más. En la cuestión subíndice no existe delito, sino un 
abuso cometido simplemente en familiapor el señor Savino, quien 
ha escrito ya á la madre en Europa, pidiéndole lo perdone por 
la falta cometida, é impute al haber hereditario que le corres- 
ponde en los bienes dejados por su finado padre los valores de 
que ha hecho uso. 

Por lo demás, y aun en la hipótesis de que el caso en cues- 
tión fuera clasificado de delito, éste no se ha cometido en el 
paÍH, sino en Italia, y hasta tanto no venga una requisitoria en 
forma, los tribunales de Buenos Aires carecen en absoluto de 
facultad para privar déla libertad. 



DE JUSTICIA NACIONAL 399 

La misma intervención del señor Ministro de Italia es com- 
pletamente improcedente en este juicio, pues ninguna ley lo 
autoriza para ejercer actos de tutoría como parece ha queri- 
do ejercer sobre el señor Savino, á quien le ha dejado dos 
pesos diarios para su manutención, lo que es insuficiente, 
pues una persona de la condición del detenido, perteneciente á 
una distinguida familia de Italia, merece otras consideraciones 
y le son necesarios mayores recursos á fin de satisfacer las co- 
modidades y género de vida á que está acostumbrado. 

Sólo por la galantería y fineza del señor comisario Correas, 
es que el señor Savino ha tenido una cama en donde dormir, de 
lo contrario se habría visto obligado á pasar la noche sentado 
en una silla 6 sobre una dura tarima de las destinadas á los cri- 
minales vulgares. 

Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta que se trata 
de remitir á Italia al detenido José Antonio Savino, en uno de 
los paquetes que salen mañana para ese punto, es que vengo á 
solicitar de V. S. se sirva en el día de la fecha, habilitando ho- 
ras si fuere necesario, dictar las siguientes providencias : 

I o Se pida informe al Juez de Intruccion doctor Navarro y á 
la Comisaría déla sección 3 a , sobre la detención del señor José 
Antonio Savino; 

2 o Se libre oficio igualmente á dicho Juez de Instrucción pa- 
ra que suspenda la remisión del detenido Savino á Europa; 

3 o Se libre oficio á la Prefectura Marítima para que impida 
la salida á Europa del señor José Antonio Savino, siempre que 
ésta no sea voluntaria de su parte ; 

4 o Se ordene la inmediata libertad del señor Savino, una vez 
que lleguen á conocimiento de V. S. los antecedentes del caso. 

Dígnese V. S. proveer de conformidad á lo que dejo solicita- 
do, pues es justicia. 

Juan Coustau. 



400 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Y1STA FISCVL 



Buenos Aires, Junio 5 de 1895. 
Señor Juez : 

Con el objeto de dar mérito legal á la exposición del preceden- 
te escrito, constatando la exactitud de lo que en ella se expone, 
sirvase Y. S. librar oficio al Juez de instrucción de la Capital 
doctor Navarro, pidiéndole quiera informar sobre la existencia 
del juicio y la detención á que se alude; hecho lo cual V. S. se 
ha de servir ordenar vuelva este asunto á mi despacho, para ex- 
pedirme sobre el punto previo de la compentencia 6 incompe- 
tencia de Y. S. para conocer de este recurso. 

J. Botet. 



Pallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Junio 6 de 1895. 

Autos y vistos : Resultando de la propia exposición del ocu- 
rrente doctor Juan Coustau, que el individuo José Antonio Sa- 
vino, en cuyo favor deduce el presente recurso de habeos carpus, 
se halla detenido á disposición del señor Juez de Instrucción, 
doctor Luis F. Navarro. 

Y considerando : I o Que el artículo 618, inciso 2, del Código 
de Procedimientos en lo Criminal excluye expresamente del co- 
nocimiento de los jueces el recurso de habeas corpus cuando la 
orden de detención, arresto ó prisión fuese expedida por alguno 



DE JUSTICIA NACIONAL 401 

délo* jueces Correccionales ó del Crimen en la Capital, en ejer- 
cicio de sus funciones. 

2 o Que el presente caso se encuentra comprendido en la dis- 
posición legal citada, por ser el Juez de Instrucción uno de los 
funcionarios públicos del orden judicial que ejercen la juris- 
dicción criminal de la Capital . 

Por tanto y no obstante lo dictaminado por el Procurador 
Fiscal, no ha lugar al recurso deducido. Hágase saber y archí- 
vese el expediente. 

Juan de l Campillo . 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 16 de 1895. 

Suprema Corte : 

Reconociéndose que el detenido se encontraba á la disposición 
del señor Juez de Instrucción de la Capital, cuando se presentó 
el escrito de foja I a ; y siendo explícita en el artículo 618, in- 
ciso 2 o , del Código de Procedimientos en lo Criminal, la exen- 
ción del conocimiento del recurso á los jueces federales, pediría 
á V w E. la confirmación por sus fundamentos del auto recurrido 
si es que el asunto en lo principal, no hubiese sido concluido 
como lo creo, según publicaciones de la prensa periódica. 

Sabiniano Kier. 



t. x 26 



402 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Agosto 6 de 1895. 

Vistos: De acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General y por sus fundamentos se confirma, con 
costas, el auto apelado de foja tres vuelta; devuélvanse, debien- 
do reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. —OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CXt'IV 



Criminal contra Ernesto Colombo, Lorenzo Illas y Miguel i. 
Novaro; por circulación de billetes falsos de curso legal 



Sumario. — La circulación de billetes falsos de curso legal 
con conocimiento de la falsedad, constituye el delito previsto y 
penado por el artículo 63 de la ley nacional Penal de 14 de Se- 
tiembre de 1863. 



DE JUSTICIA NACIONAL 403 



Caso. — Lo explica el 



Fallo del Juea Federal 



Buenos Aires, Diciembre 12 de 1894. 

Y xistos: Estos autos seguidos contra Ernesto Colombo, Lo- 
renzo Illas y Miguel A. Novaro, por circulación de billetes fal- 
sos de Banco, de los que resulta: 

Que con fecha 18 de Agosto del corriente año don Gabriel La- 
pitzse presentó ante el Comisario de la sección 19 de Policía, 
manifestando que el día 13 del mismo mes, como á las 9 déla 
noche, se presentó en su negocio el individuo Ernesto Colombo 
y compró un paquete de cigarrillos, dando para su cobro un bi- 
llete de 50 pesos, y como el dueño del almacén no tuviera cam- 
bio le pidió al declarante se lo cambiara, á lo que él accedió. 

Que notando que el billete era falso había venido á presentar 
esta denuncia á la Policía, agregando que el dueño del almacén 
Montes de Oca y Santa Rosalía le había manifestado que Co- 
lombo estovo noches anteriores en su negocio á objeto de cam- 
biar un billete falso de 50 pesos. 

Que á foja 3 vuelta, declara Juan Prigeiro diciendo : que el 
lunes 13 de Agosto encontrándose en el almacén Montes de Oca 
é Iriarte, cuando penetró en él el sujeto Ernesto Colombo y 
compró un paquete de cigarillos dando para su cobro un billete 
de 50 pesos y como el dueño del negocio no tenía cambio, le pi- 
dió al declarante se lo cambiara y no teniendo él le rogó á La- 
pitz que lo hiciera, como efectivamente éste lo hizo. 

Que á foja 5 dice Constantino Ojoli que el 13 del corriente 
como á las 8 */* P* m - encontrándose en su casa de negocio en 
compañía de otros amigos, penetró el sujeto Ernesto Colombo 



404 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

quien le pidió un paquete de cigarrillos dándole, para que se co- 
brara el gasto, un billete de 50 pesos y no teniendo cambio el 
declarante le pidió á Lapitz se lo cambiara como efectivamente 
lo hizo devolviendo el vuelto á Golombo. Que al día siguiente 
se presentó Lapitz diciéndolequeel billete era falso pidiéndole 
se lo cambiara á lo que él se negó diciéndole que diera parte á 
la Policía. 

Que á foja 6 vuelta, declara Fermín Labaye confirmando las 
anteriores en todas sus partes, como testigo presencial de los 
hechos. 

Que á foja 8 manifiesta Andrés Ferro que el día 13 estuvo en 
su negocio,Montes de Oca 1899, un individuo que conoce sólode 
vista y pidió á su dependiente un paquete de cigarrillos dando 
para su cobro un billete de 50 pesos y habiendo notado que era 
falso, el declarante se lo devolvió al sujeto manifestándole 
por qué no se lo recibía, y que el billete era igual al que se le 
enseñaba y l,*s señas del individuo coincidían con las de Colombo. 

Que á foja 9 vuelta declara el procesado Ernesto Colombo di- 
ciendo haber estado en el almacén de Ferro á comprar cigarri- 
llos con un billete de 50 pesos, que le fué devuelto, diciéndole era 
falso, con el mismo que fué á comprar los cigarrillos que le ven- 
dieron en el almacén Montes de Oca é Iriarte. 

Que él tenía conocimiento de la falsedad del billete el cual 
le fué entregado por su amigo Lorenzo Illas para que lo cambia- 
ra. Que tanto dicho billete como otro de igual valor, Illas le 
dijo habérselos comprado á Miguel Novaro, quien los había re- 
oibido en pago de un carbón que había vendido. 

Que á foja 42 vuelta manifiesta Lorenzo Illas haber dado á 
Colombo el billete de 50 pesos que se le pone de manifiesto, el 
cual no sabía si era falso. Que este y otro más compró á Miguel 
Novaro, ignorando fueran falsos. 

Que á f«ja 14 declara Miguel Novaro haber vendido á Illas 
dos billetes falsos de 50 pesos por valor de 90 pesos que lo hizo 



DE JUSTICIA NACIONAL 405 

en la ineertidumbrede si eran ó no falsos, los cuales había re- 
cibido en una cantidad de carbón que había vendido, no recor- 

* 

dando de quién lo recibió. 

Que á fojas 23, 23 vuelta y 24 se ratificaron ante el Juzgado 
las declaraciones de los procesados. 

Que á foja 3 vuelta el Proourador Fiscal, entablando la acu- 
sación correspondiente, pide se aplique á los procesados la pena 
que establece la segunda parte del artículo 285 del Código 
Penal. 

t Que corrido traslado de la acusación fiscal, el defensor délos 
procesados, á foja 33, pide se absuelva á Illas y Novaro y en 
cuanto áColombo se dé por compurgado el delito con el tiempo 
de prisión sufrida, renunciando al término de prueba, como lo 
hace el Procurador Fiscal, por su parte, á foja 34 vuelta. 

Y considerando: Que según consta de las propias declaracio- 
nes de los procesados, Novaro vendió á Illas dos billetes falsos 
de 50 pesos por 90 pesos , devolviéndole luego éste á aquel uno de 
ellos y dando otro áColombo para que lo hioiera pasar, lo que 
éste efectuó con éxito favorable. 

Que no hay en autos elementos que conduzcan á establecer 
qne alguno de los procesados sea autor de la falsificación de esos 
billetes ó cómplices de los falsificadores encargados de la circu- 
lación, y en tal concepto debe considerarse el delito, de acuer- 
do con la acusación fiscal, como comprendido dentro de la dis- 
posición del artículo 63 de la ley nacional Penal de 14 de Se- 
tiembre de 1863, concordante con la segunda parte del artículo 
285 del Código Penal. 

Por estos fundamentos, fallo: condenando al procesado Novaro 
al pago de una multa de 300 pesos y á cada uno de los otros pro- 
cesados Illas y Colombo á una multa de 150 pesos; quedando 
los tres solidariamente obligados á la indemnización de daños 
y perjuicios y al pago de las costas. Descuéntese de la pena pe- 
cuniaria impuesta á los primeros una suma equivalente al tiem- 



406 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

pode prisión preventiva que hayan sufrido, según la regla del 
artículo 49 del Código Pena!. 

Y estando excedida la pena impuesta á Coloinbo con el tiem- 
po de prisión que lleva sufrida, háse por compurgada esa pena, 
y en consecuencia, líbrese oficio al Director de la Penitenciaría 
ordenando la libertad del detenido. Notifíquese y archívese. 

J. V. La latine. 



\ISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Julio 11 de 1895. 
Suprema Corte : 

No aparece comprobado que las procesados Illas y Novaro 
hayan tenido evidencia de la falsedad de los dos billetes que in- 
tentaron cambiar. 

La venta, por un precio aproximado al valor nominal de los 
billetes, la idea expresada á foja 13 de llevarlos á cambiar al 
Banco, las diligencias mencionadas á foja 15 vuelta de los car- 
boneros de quienes dice haberlos recibido Novaro ; la verdad en 
los detalles de las declaraciones y la buena conducta anterior 
acreditada por los certificados de fojas 20 y 21, coadyuvan, aun- 
que de una manera indirecta, á hacer aceptable la declaración 
de su ignorancia sobre la falsedad de los billetes cambiados. 

No *stando comprobados los extremos requeridos por el artí- 
culo 63 de la ley de 14 de Setiembre de 1863 para la imposición 
de la pena que expresamente se refiere á los expendedores con 
conocimiento de la falsedad, pienso que antes sería el caso de 
absolución que de condena, y á V. E. pido se sirva así declarar- 
lo, reformando en esa parte h sentencia recurrida. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 407 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos y considerando : Que está debidamente averiguada la 
circulacioon de billetes falsos con conocimiento de la falsedad, 
que ha motivado la sentencia condenatoria de primera instancia. 

Que está igualmente averiguado que el procesado Novaro ha 
circulado en billetes falsos, la suma de cien pesos, pasándoselos 
á Illas por contrato á título oneroso. 

Por esto y sus fundamentos se confirma, con costas, la sen- 
tencia apelada de foja treinta y seis. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ . — ABEL BAZAN . — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUANÉ. TORRENT. 



CAUSA CXCV 



Contra Don Luis Amoretti, por contrabando; sobre venta 
de mercaderías; apelación de hecho 



Sumario. — Cuando se trata de mercaderías de fácil deterio- 
ro, la Aduana puede, durante el juicio de apelación, mandar- 
las vender si el interesado se niega á retirarlas, depositando 6 
afianzando su importe. 



408 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Resulta de los siguientes antecedentes: 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 



Buenos Aires, Julio 1* de 1895. 

Yisto el presente escrito y resultando: I o Que el informe de 
foja... expedido por la oficina técnica de esta aduana, confirma el 
peligro de que la mercadería se deteriore, en que el iniciador 
de este juicio fonda su pedido de foja... con lo cual queda des- 
truido el primer argumento del recurrente. 

2 o Que en cuanto al segundo argumento, baya ó no una in- 
fracción, y sea ó no sea de carácter aduanero, es jotamente lo 
que está ¿resolución de la justicia ordinaria, ci' constancia 
que no excluye el derecho de la Aduana, depositaría de la mer- 
cadería, para exigir que sea retirada de sus almacenes, proce- 
diendo así en virtud de las facultades propias que en nada afeo- 
tan la faz judicial del asunto. 

En efecto, no hay perjuicio alguno para los litigantes en que 
se retire esa mercadería, depositando 6 afianzando su importe; 
y antes, por el oontrario, consulta el interés de ellos y el de la 
Aduana misma, por lo que respecta á los derechos que puedan 
corresponderle, y que serían ilusorios si la mercadería que les 
está afectada disminuyera considerablemente su valor antes del 
fallo judicial. 

3 o Que de lo expuesto se desprende que la diligencia decreta- 
da no invade la jurisdicción del tribunal que entiende en el asun- 
to, ni puede calificarse propiamente de un acto jurisdiccional, 
sino meramente administrativo. 

De todas suertes, el procedimiento ordenado por esta admi- 
nistración es el prescrito en los artículos 1044 y 1066 de las Or- 



DE JUSTICIA NACIONAL 409 

denanzas de Aduana, que establecen como previos al recurso de 
apelación, el embargo ó afianzamiento decretado por la Aduana, 
de la mercadería litigada, y con los cuales concuerda el articulo 
23 de la materia. 

4 o Que tampoco procede el recurso de apelación que el artículo 
1063 de las Ordenanzas y el 22 de la ley de Aduánaselo estable- 
ce para las resoluciones condenatorias dictadas por la adminis- 
tración en h\ forma y sobre las infracciones precisadas en el 
artículo 1054. La medida decretada, y de la que se recurre, no 
está comprendida en dichos artículos ni por su forma ni por su 
naturaleza; y antes al contrario si se consintiera el recurso, 
se violaría el propósito de las disposiciones citadas en el consi- 
derando anterior, cuando autorizan la venta, que es precisamen- 
te el de impedir el deterioro de la mercadería durante los largos 
trámites judiciales. 

Por tanto, no ha lugar á la revisión ni apelación interpuesta y 
habiendo vencido el término acordado en el decreto de foja... 
procédaseála venta del tabaco de la referencia por el martiliero 
ya nombrado, sin más trámite que la notificación de las partes. 

.7. fl. Martínez Castro. 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Julio 17 de 1895. 



Autos y vistos : Por lo que resulta del precedente informe, 
habiendo la administración de Rentas procedido dentro de sus 
facultades privativas, al ordenar el remate de la mercadería 
detenida, no ha lugar al recurso de hecho entablado, con costas. 



410 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Líbrese oficio á la Aduana, dejando sin efecto la orden de sos 
pensión del remate. Repóngase el papel. 

J. V. Lalanne. 



Fallo de la Suprema Corte 

. Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos y considerando: Qne según resalta de estas actuacio- 
nes, está averiguado que se trata de mercaderías de fácil dete- 
rioro y consiguiente depreciación, en cuyo caso es deprocedente 
aplicación lo dispuesto en el artículo veinte y tres de la ley de 
Aduana. 

Por esto no se hace lugar al recurso interpuesto contra la re- 
solución de la Aduana.. Devuélvanse, debiendo reponerse los 
sellos ante el inferior. 

« 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. 
— OCTAVIO BUNGE. — JÜAR 
E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 411 



CAUSA CXf'VI 



Contra Devoto y O; sobre comiso 



Sumario. — Caen en comiso las mercaderías no manifesta- 
das por error, cuando éste no ha sido salvado antes de la de- 
nuncia . 



Caso. — Aparece de las siguientes piezas. 



RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 



Buenos Aires, Agosto 7 de 1894. 

Visto lo actuado y atento lo expuesto en el informe de conta- 
duría que antecede, de lo que resulta comprobado que no cons- 
tan manifestadas (2) dos bordalesas vino marca HTS, rotula- 
das c Buenos Aires, Reconquista 558 », que fueron descargadas 
del vapor c Orenoque», como se denuncia en el parte de foja i. 
Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 y 1054 de las 
Ordenanzas de Aduana, declaro caidas en comiso las mencionadas 
bordalesas vino, debiendo manifestar el interesado, en el acto 



412 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de la notificación, si está conforme en abonar el importe del co- 
miso ó hace abandono de las bordalesas. Hágase saber. A sus 
efectos pase á contaduría y repónganse los sellos por el intere- 
sado. 

S. Baibiene. 



Pallo del Jues Federal 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1895. 

Y vistos: Considerando que las dos bordalesas de vino á que 
se refieren estos autos, descargadas en los depósitos de Aduana, 
no constan manifestadas en el manifiesto general del buque, 
habiéndose >edido su reembarco después de haberse denunciado 
la falta de manifestación y de haber el vapor concluido su des- 
carga, á lo que se agrega la circunstancia enunciada repetida- 
mente en autos y no rectificada por el interesado, de que esas 
dos bordalesas traían el rótulo « Buenos Aires, Reconquista 
558»; todo lo cual hace que no pueda considerarse suficiente la 
escusa alegada por el apelante, tanto más si se tiene presente 
que según los documentos de fojas 9 y 10 sólo se manifestaron á 
depósito en Montevideo 48 bordalesas en Abrí! 17, loque de- 
muestra que si hubo error en la descarga allá, él fué apercibido 
en tiempo para qu o fuese salvado en este puerto, siendo así 
que el vapor llegó aquí en 20 de Abril y terminó su desoarga el 
24 del mismo, según el informe de foja 30 vuelta. 

Por esto, fallo: confirmando la resolución apelada do foja 11, 
con costas. Notifíquese con el original, repóngase el papel y 
en oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana, á los efectos 
que corresponda. 

J. V. Lalanne. 



DE JUSTICIA NACIONAL 413 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Junio 4 de 1895. 

Suprema Corte i 

Resalta de lo actuado, que el vapor c Orenoque » condujo des- 
de Burdeos cincuenta bordalesas vino tinto, con destino á la 
plaza de Montevideo ; y cien de la misma calidad y marca, pa- 
ra la de Buenos Aires. 

Que no obstante el manifiesto y conocimientos á que se re- 
fieren los documentos de fojas 9 y 11, debidamente legalizados, 
sólo se despacharon en Montevideo cuarenta y ocho de las cin- 
cuenta bordalesas refundas en ese manifiesto y conocimientos ; 
viniendo á ingresar en la Aduana de Buenos Aires, las dos res- 
tantes. 

Se comprendió por los consignatarios del vapor, el error pa- 
decido, pidiéndose en consecuencia, por la solicitud de foja 6, 
el permiso de reembarco de las dos bordalesas, fuera de mani- 
fiesto, en esta plaza. 

Pero esto acontecía en 8 de Mayo, según la fecha de esa soli- 
citud, cuando el hecho había sidu denunciado por el guarda, el 
7 del mismo mes, según el parte y proveído de foja I a . 

Eústía error en el manifiesto, dejándose de manifestar en es- 
ta Aduana las dos bordalesas encontradas de más y ese error no 
fué salvado en tiempo, una vez que según el certificado de foja 
30 vuelta, la descarga del vapor « Orenoque » había terminado 
con mucha anterioridad a la fechado la solicitud de reembar- 
que. Este caso, por tal circunstancia, difiere del que motivó la 
resolución de Y. E. de la página 97, tomo 12, serie 3 a , desús 
fallos . 



414 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

El error es pasible de pena de comiso, según los artículos 
905 y 1058 de las Ordenanzas. Creo ajustada á sus prescripcio- 
nes, la sentencia de foja 33, cuya confirmación solicito de V. E. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Certo 



Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma, con 
eostas, la sentencia apelada de foja treinta y tres. Devuélvanse 
debiendo reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. 
— JUAN E. TORBENT. 



Dfe JUSTICIA NACIONAL 415 



CAUSA CXCVII 



Contra Don Francisco t'usini De Pedro, por contrabando; 

sobre absolución de posiciones 



Sumario. — No siendo parte ni acusador, en el jnicio de con- 
trabando, el empleado que lo ha denunciado, no procede la peti- 
cion de que sea citado á absolver posiciones. 



Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Junio 27 de 1895. 

No siendo parte en este juicio la persona cuya comparecencia 
se pide para absolver posiciones, no ha lugar. 

Lalanne. 



416 FALLOS DE LA SUPBEMA CORTE 



Vallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos j considerando : Que la prueba de posiciones que auto- 
riza el artículo cuatrocientos setenta del Código de Procedi- 
mientos en lo Crimina], requiere que ellas sean puestas al 
acusador particular, circunstancia que no milita en el presente 
caso. Por esto y sus fundamentos, se confirma, con costas, el 
auto apelado de foja treinta y dos. Devuélvanse, debiendo re- 
ponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BÜNGE. — 
JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CACVII1 



La Compañía de Mandatos y Préstamos, contra la provincia de 
Santa Fé, por cobro de pesos; sobre recusación 

Sumario. — Para que procoda la recusación fundada en la 
causal de odio 6 resentimiento, no basta alegar deducciones; es 
necesario invocar actos directos del recusado que lo mani- 
fiesten. 



DE JUSTICIA NACIONAL 417 



Vallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos en el acuerdo : Fundándose la precedente recusación 
en apreciaciones hechas por el señor ministro recusado, doctor 
Torrent, en una publicación por la prensa, que no ha sido acom- 
pañada, pero que en el escrito se añrma contenía la califica- 
ción de «Gobierno Modelo», en relación al de la provincia de 
Corrientes, deduciendo de aquí el recusante que existe odio ó 
resentimiento por parte de dicho señor ministro contra su man- 
dante, el gobierno de Santa Fé, por cuanto aquel atribuyó á éste 
el último movimiento revolucionario; y no siendo esta causal 
de recusación ninguna de las enumeradas en el artículo cuaren- 
ta y tres» déla ley de Procedimientos, pues el inciso quinto que 
se invoca exige para que la recusación proceda «medie odio, ó 
resentimiento del Juez contra el recusante por hechos conoci- 
dos», loque importa exigir actos directos del Juez recusado en 
los que manifieste odio ó resentimiento contra la parte recusan- 
te, casoqueno ocurre en la presente circunstancia,. por cuanto 
el mismo representante de Santa Fé se encarga de decir en su 
precedente escrito, que la recusación tiene por fundamento de- 
ducciones hechas por él de la publicación atribuida al señor mi- 
nistro doctor Torrent y no en hechos conocidos de éste contra 
la provincia de Santa Fé. 

Por esto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vein- 
tiocho de la citada ley de Procedimientos, no se hace lugar á la 
recusación interpuesta. Repóngase el papel. 

BENJAMÍN PA£. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. 

T. x 27 



418 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CXCIV 



Contra JE?. DelVAcqua y C ft ; sobre comiso 



Sumario. — Cuando en el despacho de mercaderías de depó- 
sito se manifiesta el peso de cada bulto separadamente y el 
total de todos los bultos, la tolerancia de exceso no debe apre- 
ciarse con arreglo á la totalidad, sino con arreglo al peso de cada 
bulto. 



Caso. — Resalta de las siguientes piezas : 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 



Buenos Aires, Julio 7 de 1894. 

Visto lo actuado, y considerando : Que con arreglo á lo esta- 
blecido en el artículo 354 de las Ordenanzas de Aduana, debe 
computarse el peso de cada cujon y no el peso total de la parti- 
da, toda vez que se manifieste el peso de cada cajón, con arreglo 
á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas 
citadas, declaro caidos en comiso los excesos encontrados ea los 



DE JUSTICIA NACIONAL 410 

cajones números 4754, 4755, 4756, 4761 y 4771, deque se tra- 
ta, debiendo abonarse los derechos correspondientes por los ex- 
cesos encontrados en los cajones restantes, por encontrarse den- 
tro de la tolerancia. Hágase saber, á sus efectos pase á con- 
taduría y repóngase los sellos, por el interesado. 

S. B ai b teñe. 



Falla del Juez Federal 



Buenos Aires, Diciembre 5 de 1894. 

Vistos y considerando: Que la partida de que forman parte 
los bultos pedidos á despacho, en los que se ha encontrado la di- 
ferencia de peso denunciada en el parte de foja 1, fué destinada 
á depósito por el interesado, determinándose en la copia respec- 
tiva de factura el peso de cada bulto separadamente; que en tal 
concepto, el exceso encontrado está comprendido dentro de lo 
dispuesto en el artículo 354 de las Ordenanzas, infine, y no es 
de aplicación el artículo 932 que se refiere al despacho directo 
y no á las mercaderías giradas á depósito. 

Por esto, se confirma con costas la resolución apelada de foja 
4. Repóngase el papel, y en oportunidad devuélvanse los au- 
tos á la Aduana á los efectos que corresponda. 

/. V. Lalanne 



420 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Mayo 27 de 1895. 
Suprema Corte: 

En el manifiesto de despacho solicitado por los señores Dell 1 Ao- 
qua expresaron detalladamente el peso en kilos, de tejidos de 
algodón, en cada uno de los cajones numerados y marcados se- 
gún la exposición de foja i. Esto mismo reconocen en su es- 
crito de foja 8. 

La diferencia encontrada, no puede entonces imputarse á to- 
da la partida despachada con anterioridad, y sí solamente á los 
cajones marcados y designados con un peso fijo. 

El artículo 354 de las Ordenanzas así lo previene en su últi- 
ma parte, haciendo una excepción del principio general, «cuan- 
« do en la copia de factura para depósito se halle manifestado el 
« peso de cada bulto separadamente». 

Esto no contradice lo prescrito en el artículo 932, que en ar- 
monía con la primera parte del artículo 354, se refiere al cóm- 
puto total de la partida en que no se halle el peso de cada bulto 
separado, que es la excepción sub-judice. Encuentro, por ello, 
justa la resolución recurrida, corriente á foja 33 vuelta, cuya 
confirmación solicito de V. E. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 421 



fallo de l» Suprema Carie 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895. 

Vistos : De conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma 
co n costas, el auto apelado de foja treinta y tres vuelta. De- 
Tuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE. — JUAN E. TO- 
RRENT. 



CAUSA CC 



Doña Betzabé Soria de Lar guía y Petrona Soria contra Don Ja- 
vier Ponce de León; sobre reivindicacoin de condominio 



Sumario. — Procede la acción de reivindicación de condomi- 
nio á favor de los condóminos contra al poseedor déla propiedad 
común habida por compra áotro condómino, si no hay prueba 
de haberse hecho la división, y de haber el condómino vendedor 
ejercido actos posesorios caracterizados, que sirvan á estable- 
cer una posesión exclusiva. 



422 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 



Catamarca, Abril 7 de 1892. 

Vistos: estos autos seguidos por el señor Don Osvaldo Gómez, 
como apoderado sustituto del señor Nabor Diaz.enel juicio ini- 
ciado por éste en representación de las señoras Betzabé Soria de 
Larguía y Doña Petrona Soria, vecinas de la Capital de la Be- 
pública, contra el señor don Javier PoncedeLeon, sobre reivin- 
dicación de un campo denominado « Condorhuasi > ubicado en 
el departamento de Ancasti, y de los que resulta: Que las pri- 
meras demandaron al señor Ponce de León exponiendo: que éste 
poseía el mencionado campo por compra hecha á Doña Carlota 
Soria de Palacios, hermana legítima de las expresadas señoras 
Soria, la cual propiedad pertenecía en condominio é igualdad 
de partes á las tres, por herencia de sus difuntos padres Don 
Eugenio Soria y Doña Ana Rosa Agas, según era pública noto- 
riedad. 

Agrega el demandante señor Nabor Díaz, que las tres her- 
manas han conservado la posesión de dicha estancia, desde hace 
cincuenta años, más ó menos, siendo el mismo Diaz, quien la ha 
administrado y trabajado á nombre de todas ellas, hasta que to- 
mó posesión el señor Ponce de León, á mérito de la mencionada 
compra ; á la que no hizo oposición alguna el exponente, porque 
creía que la venta había sido hecha por las tres hermanas So- 
ria ; y que sabiendo que no habían tenido parte en la venta 
sus poderdantes, venía á reivindicar en sus nombres las dos ter- 
ceras partes del expresado campo, con más la restitución de los 
frutos, etc. 



DE JUSTICIA NACIONAL 423 

Corrido traslado, el señor don Vicente Boscoy, en representa- 
ción del demandado señor Ponce de León, contesta : Que efec- 
tivamente su poderdante posee la estancia « Condorhuasí > por 
compra que hizo á Doña Carlota Soria de Palacios, ya finada, 
como consta de las dos escrituras públicas que acompaña, fe- 
chadas la una el año 1881 y la otra en 1883, por cuya causa la 
ha trabajado y hecho mejoras en ella, que han aumentado su 
valor, y qne si á la posesión tenida por Ponce de León se agre- 
gaba la de su vendedora, que la ha poseído á nombre propio y no 
de sus hermanas, la estancia está adquirida por la prescripción 
de 30 años', que desde luego oponía. 

En seguida observa el demandado, que el hecho de que las de- 
mandantes sean hermanas de la vendedora y que la estancia en 
cuestión haya pertenecido á los padres de las demandantes, no es 
bastante para probar el condominio que pretenden para fundar 
su acción^ desde que no acompañan el inventario, ó cualquiera 
otro documento que justifique su demanda; pues era falso 
que Don Nabor Díaz haya poseído á nombre de las tres herma- 
manas, sino únicamente á nombre de Doña Carlota, hasta que 
ella se entregó ásu comprador señor Ponce de León. 

Abierta la causa á prueba y citado de eviccion el señor don 
Julio Philips, como esposo de Doña Leonor Soria, única herede- 
ra de la finada Carlota Soria, según lo expone el mismo deman- 
dado en el otrosí del escrito de contestación á la demanda, co- 
rriente desde fojas 45 á 48, y lo pedido, se han producido las si- 
guientes pruebas : 

Por parte del actor, la de Don Isaias Molina, testigo que 
declara al tenor de la tercera pregunta que dice textualmente: 
cSi saben y les consta que la estancia en cuestión perteneció ala 
finada Doña Ana Rosa de Agas, quien la trasmitió por sucesión 
intestada á sus únicas tres hijas legítimas Doña Carlota, Betza- 
bé y Petrona Soria», contesta que lo sabe porque á su esposa 
se lo ha oído. 



424 FALLOS DE LA SUPREMA COK TE 

El mismo testigo, respondiendo á la 4 a pregunta del interro- 
gatorio que dice: «Digan si les consta ó han oído decir, que di- 
cha estancia permanece hasta hoy indivisa, entre sus antedichas 
coherederas por no haberse hecho las particiones de los bienes 
hereditarios»; dice, que por el mismo conducto le consta la 
verdad de esta pregunta. 

Don Simón Salas, á foja 56, declara, que sólo sabe de la ver- 
dad de la última pregunta qué se deja consignada, por habérselo 
oído al mismo Díaz. 

Samuel Vega, á foja 56, declara que sólo sabe que Doña Ana 
Sosa A. de Soria poseía la estancia de « Condorhuasí ». 

Eulogio Rosales declara á foja 60, respondiendo á las mismas 
preguntas 3 a y 4 a del interrogatorio de foja 52, que Doña Ana 
Rosa Agas trasmitió la estancia por la que andan en cuestión á 
sus tres hijas, Carlota, Betzabé y Petrona, y que no se han par- 
tido de los terrenos hereditarios. Juan Santos Gardillo declara 
á fojas 60 vuelta y 61, que nada sabe. 

Rafael Castillo á foja 60 doclara que ignora el contenido de 
las preguntas. 

La parte demandada ha producido las siguientes pruebas al 
tenor del interrogatorio de foja 108: 

Eulogio Rosales, á fojas 77 y 78, respond iendo á las 2 a pregun- 
ta de dicho interrogatorio que dice textualmente: « Digan si 
saben, dando razop de su dicho, que la señor Carlota Soria de 
Palacios, ya finarla, ha poseído y usufructuado en calidad de 
dueña propia y exclusiva sin interrupción ninguna la estancia 
llamada cCondorhuasi» en el lugar del c Taco >, departamento 
de Ancasti >; contestó que sabe porque era dueño de la otra mi- 
tad de la estancia « Condorhuasi », que Doña Carlota Soria de 
Palacios era dueña de una parte de la estancia y que de las 
otras partes eran dueñas Doña Petrona y Betzabé Soria y que 
no sabe que á Doña Carlota le hayan contradicho el derecho que 
tenía á poseer como dueña, propietaria. El mismoy respondiendo 



DE JUSTICIA NACIONAL 425 

á la 3 a pregunta del interrogatorio dice, que sabe y le consta que 
no ha sido contradicha en la anterior posesión, siendo esta con- 
tinua y pacíñca por más de 23 años, hasta que la trasmitió por 
venta á Don Javier Punce de León y que no ha habido división 
de la estancia entre las herederas . ' 

El mismo testigo, respondiendo á la 4 a , dice que sabe su con- 
tenido por haberlo oído al mismo Nabor Diaz. 

Venancio Tapia, á fojas 78 vuelta y 79 vuelta, respondiendo 
á la 2 a pregunta, dice: que ha oído decir que Doña Carlota Soria 
fué dueña del campo de Condorhuasi, y que ha oído decir tam- 
bién, respondiendo á la 4 a pregunta, que el señor Nabor Diaz ha 
sido administrador de la estancia por encargo y con poder espe- 
cial de Doña Carlota Soria, ignorando el contenido respecto de 
la 3 a pregunta. 

La misma parte demandada ha presentado la prueba testimo- 
nial de Florentina Córdoba de Rosales y Francisco Arce, que 
corren de fojas 112 á 113, las cuales no se consignan por haber 
sido observadas por la parte contraria, diciendo que la nota de 
comisión al Juez departamental que fué despachada con fecha 
Setiembre 5, se ha presentado á dicho Juez con fecha 23 del 
mismo mes, esto es, después de vencido el término de prueba 
(véase folio 109). Don Nabor Diaz absolvió posiciones á fojas 97 
á 99 y al tenor del interrogatorio de fojas 87 á, 89. 

A las pruebas testimoniales hay que agregar la copia de la 
escritura extrajudicial de donación presentada por el demanda- 
do, que corre de fojas 82 á 83 inclusive, y la contestación del se- 
ñor Julio Philips, que corre áfoja 50, en que éste dice que es 
cierto que Doña Petrona Betzabé era dueña de las dos terceras 
partea de la estancia cCondorhuasi» y que la testamentaría de 
los padres de dichas señoras y abuelos de su esposa se halla 
indivisa. 

Y considerando en cuanto á la observación contenida en el 
otrosí del alegato de bien probado «del demandante, sobre las 



426 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

últimas prnebas consistentes en dos declaraciones que se man- 
daron agregar con fecha Octubre veinte y nueve y que corre de 
fojas 111 á 114, las que pide se desestimen por haber presentado 
la nota de comisión al Juez con fecha 23 de Setiembre del mis- 
mo año y resultando por la constancia de autos que el término 
de prueba venció el 21 de Setiembre, certificado á foja ciento 
cinco vuelta, y que la nota de comisión al Juez partidario de 
Ancasti fué despachada con fecha 5 y presentada á aquel Juez 
con fecha veinte y tres del mismo (véase folio 109), esto es, dos 
días después de vencido el término probatorio. 

2° Que por esta omisión del secretario del Juzgado, á mérito 
de la nota pasada por el Juez Partidario mencionado expresan- 
do que por su salud no podía recibir las pruebas, el Juzgado le 
dio comisión al Juez de Paz con fecha cinco de Octubre : de todo 
lo que resulta que es, ala parte del que ha producido la prueba, 
imputable la falta de haber presentado al Juez Departamental 
la nota de comisión pa«a que reciba la declaración al testigo 
después de vencido el término de prueba y por lo tanto y de con- 
formidad á las diversas resoluciones de los Fallos de la Supre- 
ma Corte Nacional (tomo 11, página 459; tomo 21, página 435; 
tomo 15, página 484), se resuelve no tomarla en consideración. 
Y considerando en cuanto á lo principal : que por las declara- 
ciones de los testigos Isaías Moüna, Eulogio Rosales, por la del 
yerno de la finada Duna Carlota y por el mismo contesto del 
interrogatorio de posiciones presentado por el demandado, co- 
rriente de fojas 87 á 89, en la 2 a y l 1 pregunta, está com- 
probado plenamente el hecho de que las señoras Doña Betzabé 
y Petrona Soria son hermanas legítimas de Doña Carlota é hi- 
jas del matrimonio de Don Eugenio Soria con Doña Ana Rosa 
Agas. 

2 o Que por las mismas declaraciones y por la escritura de 
venta otorgada por Doña Carlota á Don Javier Ponce de León 
consta que el bien que se trata de reivindicar ha pertenecido á 



DE JUSTICIA NACIONAL 427 

Doña Ana Rosa Agas, de quien, dice la vendedora en la antedicha 
escritora, la hubo por herencia de su finada madre. 

Que igualmente consta por las declaraciones citadas 7 por la 
confesión del heredero único de Doña Carlota, que la herencia 
no ha sido dividida y que el inmueble en cuestión pertenece en 
común á las tres hermanas predi chas. 

Que el hecho de ser única heredera de la finada Carlota la es- 
posa del expresado señor Philipps consta por la confesión de 
parte (véase otrosí del escrito de contestación á la demanda, 
corriente de fojas 45 á 49). 

Que á más por la copia de la escritura extrajudicial presen- 
tada por el demandado, que debe tenerse por auténtica por el 
hecho de ser presentada por el demandado j referirse á bienes 
ó terrenos que están en su propiedad 7 que no son los cuestio- 
nados, pues por esa escritura consta que el año 1850 doña Pe- 
trona Soria declaraba que su madre doña Ana Rosa Agas había 
donado á la esclava llamada Estefanía una parte de un derecho 
de estancia, 7 que no habiéndosele otorgado en forma la dona- 
ción, lo hacía ella en su nombre 7 por la mitad del derecho que 
le pertenece; de lo que resulta evidenciado que una de las rei- 
vindicantes ha hecho actos de dominio que no han sido obser- 
vados por las otras hermanas después de la muerte de doña Ana 
Rosa Agas, y que por el contexto de la escritura y por las cons- 
tancias de autos se ve que la mitad que se reservaba como no 
incluido en la donación consiste precisamente en la estancia 
que se cuestiona, esto es, su derecho á la porción legítima que 
le corresponde. 

3° Que necesitándose, para que la acción de reivindicación 
proceda, probar el dominio que tenga en la cosa el reivindi- 
cante, artículo 2758, Código Civil, 7 resultando de la exposi- 
ción de los considerandos anteriores que la estancia de c Con- 
dorhuasi» ha pertenecido á Doña Ana Rosas Agas, madre legíti- 
ma de los reivindicantes, que por su muerte los bienes han pasa- 



428 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

do al dominio de las hijas que son las únicas herederas, no ha- 
habiéndose hecho división de intereses, y por lo que hace a* 
inmueble en litigio una délas reivindicantes ha hecho acto de 
dominio después del fallecimiento de la madre, es indudable, en 
virtud del artículo-citado y de los artículos 2761 y 2762, que 
los reivindicantes tenían el dominio de la dicha estancia, en la 
porción legítima que les corresponde, salvo que lo hubieran per- 
dido por la prescripción. 

4 o Y considerando en cuanto á la prescripción treintenaria 
que opone el demandado señor Ponce de León : ella se funda ea 
que él ha poseído como dueño por nueve años y meses y la ven- 
dedora por más de veinte y tres años, de modo que sumando las 
dos posesiones resultan más de treinta años de posesión, lo que 
basta para adquirirla, de conformidad á los artículos 4015 y 4016, 
Código citado; pero si bien es cierto, en cuanto á la posesión del 
comprador que la ha tenido como dueño exclusivo, de autos no 
consta, por las declaraciones de testigos, que Doña Carlota Soria 
la haya tenido como dueña exclusiva; puesto que no ha tenido 
la posesión por sí sino por medio de Don Nabor Diaz, ni en nin- 
guna parte de los autos expresa en qué consistían estos actos de 
posesión, porque no se dice si había ganado, labranzas, etc. 

5 o Que de la constancia de autos y del mismo pliego de pregun- 
tas, de fojas 87 á 89, y de su contestación, de fojas 97 á 99, pare- 
ce que el señor Nabor Diaz cuidaba el campo teniendo él par- 
te en el derecho que fué donado á la esclava Estefanía ; que 
dicho señor consideraba que la estancia pertenecía á las expre- 
sadas hermanas, si bien por encargo de Doña Carlota la cuidaba, 
de todo lo que no resulta comprobado que la finada Carlota hu- 
biera encargado al señor Diaz atender la estancia como dueña 
exclusiva de ella, ó sea, con el ánimo de excluir en la posesión á 
las otras hermanas, y como la posesión se retiene y conserva 
por la sola voluntad de continuar en ella, es indudable que las 
reivindicantes conservaban la posesión mientras otra persona 



DE JUSTICIA NACIONAL 429 

no se hubiese tomado la cosa con ánimo de desposeerlas, ánimo 
que no se ha comprobado hubiera tenido la señora Carlota, 
puesto que no la tenía por sí sino por medio de otro. 

6 o Que si bien el hecho de la enajenación pudiera hacer pre- 
sumir ese ánimo, en el presente caso no basta, cuando está de 
por medio la manifestación explícita del heredero único en que 
afirma que dicha estancia pertenece en condominio con las otras 
hermanas; y bien pudo hacerse la venta teniendo presente que 

s 

la cosa vendida se enajenaba por cien pesos bolivianos, can- 
tidad insignificante en aquel tiempo. 

7 o Que tratándose de la prescripción treintenaria es necesa- 
rio que conste claramente que la cosa se tenía con ánimo de 
apropiarse; circunstancia que no resulta comprobada de autos. 

Por estas consideraciones, concordantes con las disposiciones 
de los artículos 1329, 2428, 3410, 2672, 2576, 2679, Código 
Civil y fallos de la Suprema Corte Nacional, serie 2 a , tomo 21. 
páginas 98 y 618; serie 3 a , tomo 3, página 376; tomo 2°, página 
279; tomo 5 o , página 19, tomo 9, página 299; fallo : que las 
señoras doña Betzabé y Petrona Soria son dueñas de las dos 
terceras partes de la estancia de « Condorhuasi », la que debe 
dividirse con el señor Javier Ponce de León, quien podrá retener 
la parte de las reivindicantes hasta ser pagado de las mejoras 
necesarias y útiles que hubiera hecho en la estancia, á tasación 
de peritos, y sin perjuicio de su derecho á la cviccion,sin espe- 
cial condenación en costas. Hágase saber con el original y re- 
pónganse los sellos. 

Francisco C. Figueroa. 



430 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. 

Vistos y considerando : Que la escritura de adquisición pre- 
sentada por el demandado y la prueba producida, demuestran 
acabadamente que el terreno en cuestión ha pertenecido á la su- 
cesión de doña Ana Agas de Soria, constando igualmente el de- 
recho hereditario tanto de la causante del citado demandado 
como de los actores, en calidad de hijos legítimos de la expre- 
sada Doña Á.na. 

Que no hay prueba alguna que acredite haberse hecho la co- 
rrespondiente división entre los herederos de los bienes de la 
sucesión, ni que Doña Carlota Soria de Palacios, que hizo la 
venta á favor del demandado de la totalidad del inmueble, hu- 
biese ejercido actos posesorios suficientemente caracterizados 
que sirvan á establecer una posesión exclusiva, debiendo presu- 
mirse, al contrario, que poseía la cosa en virtud de su derecho 
legal de condominio. 

Por esto y fundamentos concordantes de la sentencia apelada 
de foja ciento veinticuatro, se confirma ésta con costas. Be- 
puestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. — 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUANE. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 431 



CAUSA €C;I 



Criminal contra Juan deliran Oteiza, por sustracción y viola' 
don de correspondencia con documentos de valor 



Sumario. — El delito de sustracción y violación de corres- 
pondencia con documentos de valores, hace pasible á su autor 
de la pena de cinco años de trabajos forzados. 



Caso. — Resulta del 



Fallo del Juez Federal 



Córdoba, Octubre 19 de 1894. 

Y vistos: esta causa seguida á Juan Bcltran Oteiza, de 18 
años, telegrafista, argentino y de estado soltero, resulta: 

Que el día 21 de Noviembre de 1894 se efectuó un robo de co- 
rrespondencia en la estación Iturraspe del Ferrocarril de Bue- 
nos Aires á Rosario, tren número 27, en circunstancia que el 
estafetero que la conducía, don Jerónimo Ferreira, se encon- 
traba almorzando. 



432 FALLOS DE LA SUPREMA CORTL 

Denunciado el hecho á las autoridades de San Francisco por 
el jefe de la estación, don Octavio Podestá, estos procedieron á 
instruir el correspondiente sumario y á la detención de Oteiza, 
Luisa del Campo y Dolores Juárez y su remisión á este Juz- 
gado. 

Los funcionarios 6 empleados del Correo comprobaron la pér- 
dida de los siguientes paquetes de correspondencia: uno de 
Morteros para Buenos Aires; un paquete y una mala suelta de 
Brickman *í Buenos Aires, un paquete de la cPorteña» para 
Buenos Aires, un paquete de Morteros para Rosario y dos ma- 
las certificadas números 336 y 335 para Santa Fé y Humboldt, 
respectivamente. 

Se comprobó igualmente la pérdida de dos pagarés á favor de 
la sociedad la t Argentina Mutua», por valor de noventa y siete, 
y ciento cuarenta y cinco pesos respectivamente, firmados por 
los señores Rayano hermanos y Santiago Camisara, que iban en 
paquete de Morteros para Rosario. 

Pasado en vista el sumario al señor Procurador Fiscal, éste 
solicita se aplique al procesado la pena de cinco años de traba- 
jos forzados, que prescribe el artículo 53 de la ley nacional de 
14 de Setiembre de 1863, y á la mujer Dolores Juárez, que 
aparece como encubridora la de seis meses de arresto. 

La defensa dice que los hechos no están debidamente averi- 
guados y que de consiguiente debe absolverse á ambos procesa- 
dos de culpa y pena. 

Considerando: Primero: Que el hecho porque se procesa á 
Oteiza es la sustracción y violación de cuatro paquetes de co- 
rrespondencia y tres malas certificadas y haberse apoderado de 
dos pagarés que en esa correspondencia se contenían por valor 
de 97 y 145 pesos, remitidos desde Morteros, á favor de la so- 
ciedad de la t Argentina Mutua» del Rosario de Santa Fé. 

Segundo: Que el individuo Juan Oteiza está convicto de ser 
el autor de esa sustracción y de haberse apoderado de esos pa- 



DE JUSTICIA RACIONAL 433 

garés que él mismo confiesa haber tenido en su poder, y haber- 
los enseñado á Levigredo Loque, en casa de Pedro Bosendi, en 
presencia de don Victoriano Martínez, encargado por la «Ar- 
gentina Mutua» de hacer las averiguaciones correspondientes. 
)Declaracion de Oteiza, de foja 26 vuelta, ratificada á foja 106). 

Tercero: Que parte de dicha correspondencia se encontró ro- 
ta en el interior de la estación Iturraspe, en donde fué encon- 
trado el procesado Oteiza por el jefe de la estación don Oc- 
tavio Podestá, momentos después de la salida del tren. (Acta de 
fojas 22, 47 y 18 ; declaración de Oteiza de foja 76 vuelta). 

Cuarto: Que es incierto que se encontrase encerrado y sir 
poder salir de casa de Francisco Martínez, pues consta por de- 
claración de éste, que la pieza que ocupaba tenía dos puertas, 
una de las cuales daba á la calle y se podía abrir fácilmente. 

Consta igualmente de la declaración de éste, que oyó á una 
señora de la casa que ocupaba, haber visto salir á Oteiza apre- 
suradamente hacia la estación antes de la salida del tren y vol- 
ver diez ó quince minutos después muy apurado y pálido. (De- 
claración de Francisco Martínez, de fojas 10 y 11). 

Consta igualmente por declaración de Enrique Sánchez, á foja 
15, que se encontraba al lado mismo de la piez-t de Martínez, 
que Oteiza entró por la puerta que da á la calle, iba agitado y 
mirando para todas partes. Que á la hora y media más ó menos 
fué Martínez que entró por la puerta del patio y salió con Oteiza 
poco después por la misma puerta. 

Quinto: Es otra prueba déla culpabilidad del procesado la 
contradicción manifiesta en que ha incurrido en sub declaracio- 
nes de foja 26 vuelta, ratificada á foja 119, y la de foja 77. 

Dice en la segunda que los pagarés procedían de pequeños 
préstamos hechos á Milciades Giménez, de Morteros, quien le 
firmó dos pagarés de noventa y siete pesos el uno, y ciento cua- 
renta el otro, habiendo dicho en la primera que eran de la «Ar- 
gentina Mútua> y no á su favor. 

T. X 28 



434 FALLOS DE LA SUPREMA COHTE 

Sexto : A ésto se agrega los malos antecedentes del procesa- 
dos, que ha sido indicado como autor de robos durante fué em- 
pleado del Ferrocarril (Bello á foja 7, y Podestá á foja 18). 

Séptimo: Que estas circunstancias y antecedentes varióse 
inequívocos son directos y concordantes y pueden razonable- 
mente fundar opinión sobre la existencia de los hechos que dan 
lugar á este proceso. (Artículos 357 y 358 del Código de Proce- 
dimientos en lo Criminal). 

La penalidad de Oteiza está determinada por los artículos 51 
y 53, última parte, que dicen así : «los que hurten la balija ó sus- 
traigan de ella 6 de una oficina de Correos alguna carta ó paque- 
te, sufrirán de dos á seis meses de trabajos públicos ó multa de 
cien á trescientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente.. . » 
t En la misma pena de trabajos forzados por cinco años incu- 
rrirán los que en los casos de los artículos 49 y 51, despojen al 
Correo ó hurten la correspondencia de una oficina de la admi- 
nistración, si ella contuviera los valores expresados en este ar- 
tículo». Es decir: billetes de Banco, letras de cambio ó de cré- 
dito ó documentos para recibir ó pagar dinero (Ley de 14 de Se- 
tiembre de 1864). 

Octavo : Que no está comprobado debidamente que la mujer 
Dolores Juárez fuera sabedora de la sustracción de los pagarés 
que le fueron entregados por Oteiza, circunstancia esencial para 
reputársela encubridora (artículo 426). 

Por estos fundamentos, y otros que se omiten, definitivamen- 
te juzgando fallo: condenando al procesado Juan Beltran Otei- 
za, á sufrir la pena de cinco años de trabajos forzados por sus- 
tracción y violación de correspondencia, con documentos de 
valor, con deducción del tiempo de prisión preventiva, con 
costas. 

Se absuelve de culpa y pena á la mujtT Dolores Juárez, por 
encubridora del mismo delito. Póngase oportunamente el pro- 
cesado á disposición del Poder Ejecutivo, para los efectos del 



DE JUSTICIA NACIONAL 435 

cumplimiento de la pena. Hágase saber original, transcríbase, 
y en su caso, archívese. 

C. Hoy ano Gacitúa. 



VISTA DEL ££ftOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Julio 28 de 1895, 
Suprema Carie : 

Constitnye el cuerpo del delito, la sustracción y destrucción 
de la correspondencia postal, hechos que resultan de un modo 
evidente, de las constancias de la oficina de Correos, y por ha* 
berse encontrado fragmentos de nna parte de ella en el interior 
de la oficina exeasada á que se refiere el acta y diligencia* de 
foja 22. 

£1 procesado Oteiza fué emplead-i del Ferrocarril en que la 
sustrae ion se cometió, habiendo * .Jo dettít'j<-io tegon despe- 
raciones ratificadas i fojas 96 jífft ¿ <:aut* de un r'//0 de mer- 
caderías jde haber sido *;rprei*d.-o tratado <3e forzar Ja ';*j* 
de valores en el aüa;* tren. 

Recávenlo por tal^s ant endenté* s-.t^La* *>vi/ra el jrv^e- 
sado Oteiza, fué bufado t bul'.^i'j a! ta ¿r de Ja ijüitaxa ';1<; ua 
excusad*, en que se ta'.la *:,so:,Va¿o U'j-tJe*- Ja *>,rreí^?. cen- 
cía destruida. 

Aellas? a^r>ga ji.e ei prv.eta:'./ i^vt'í ••*» ;,refc*s*e;a Ce -vfc 
testüo* M-art^r j L 1 .?. Cj.bejrv. **t '*e'..arai.'.,i.<t tu W/u». 
25, 26, 102 t iví. '¿b ?~%»'ít i* .* €.L'%-l\ :* ¿fítva^ut 
perteiurcÍJiL á .a t.^:re-ptL^-^';ia ti. 'r<.c< f r tve .at ií.u.ef*rt 
Lnisa fel CaiLj'L t L /.a Jt urrt . yur '. c v f . j'Of ei- 1 af/v -e í»' uei . 

78 t 79- 



436 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

La prueba ha demostrado que la pieza en que dormía Oteiza, 
tenía dos puertas, y si bien una estaba cerrada con llave, la otra 
sólo tenía pasadores por dentro. 

Porella salió Oteiza volviendo á entrar enseguida, agitado, 
según declaración de doña Enriqueta Sánchez á foja 91. 

Oteiza no ha probado la legitimidad de la posesión de los 
pagarés ó cheques, que ni siquiera sabe por quién fueron fir- 
mados. 

Las declaraciones de los testigos invocados por él para justi- 
ficar su origen é inversión, han contradicho sus asertos, deján- 
dolo en manifiesta contradicción. 

Ninguna duda queda en el espíritu acerca de la criminalidad 
del procesado, pues los hechos comprobados constituyen una 
serie de presunciones graves, directas y concordantes, que sa- 
tisfacen las exigencias del artículo 358 del Código de Procedi- 
mientos en lo Criminal al respecto. 

Por ello, é invocando los fundamentos de la sentencia de foja 
i 58, pido á Y. E. su confirmación. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. 

Yistos : De acuerdo con lo expuesto y pedido por él señor 
Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con cos- 
tas, en la parte apelada, la sentencia de foja ciento cincuenta 
y ocho. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. — JÜANB.TO- 
BBENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 437 



CAUSA CCII 



Contra Maumus y Dodero, sobre comiso 



Sumario. — Cae en comiso el exceso sobre las mercaderías 
manifestadas, si no se ha salvado el error antes de concluirse la 
descarga, 6 de haber sido denunciado. 



Caso. — Resalta de las siguientes piezas: 



RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 



Baenos Aires, Junio 15 de 1894. 

Resaltando de los informes producidos, que queda plenamen- 
te constatado el exceso de que se da cuenta por el parte de foja 
1 a , asi también como que la solicitad de adición mencionada por 
el declarante, ha sido presentada con fecha posterior á ladel re- 
ferido parte ; con arreglo á lo dispuesto por los artícalos 905 y 
1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caldos en comiso 
los cincuenta y ocho rollos alambre de que se trata, debiendo 



438 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

manifestar el interesado, en el acto de la notificación, si está 
conforme en abonar el importe del comiso, 6 hace abandono de 
la mercadería. Hágase saber y pase á contaduría á sns efectos y 
repónganse los sellos. 

S. Baibiene. 



Fallo del Jues Federal 



Buenos Aires, Marzo 22 de 1895. 

Vistos: Considerando que la solicitud de adición de foja 28 
fué presentada en 23 de Abril, siendo así que el buque había ter- 
minado su descarga el 21 , según se expresa en el mismo docu- 
mento, habieudo transcurrido con exceso el plazo acordado por 
el artículo 846 de las Ordenanzas de Aduana, para que el capi- 
tán ó el agente del vapor puedan salvar sin reato los errores 
cometidos en el manifiesto general. 

Que la resolución recaída en dicha solicitud, acordándola 
adición tiene dos cláusulas ó reservas expresas: c estando en 
tiempo y no habiéndose pasado parte con anterioridad», que- 
dando ella por tanto sobordinada á esas circunstancias. 

Que, como ya se ha establecido, la solicitad de adición fué 
presentada fuera de tiempo, es decir, después del término sena- 
lado al efecto por las Ordenanzas, á lo que se agrega que tam- 
bién se había pasado parte con anterioridad. 

Que es, por consiguiente, de estricta aplicación al caso 
ocurrente lo que dispone el artículo 905 de las Ordenanzas de 
Aduana, el cual exige el transcurso del referido término para la 
procedencia déla pena que el mismo sanciona. 

Por estos fundamentos, fallo: confirmando, con costas, la 
resolución apelada de foja 3 vuelta. Repóngase el papel, y en 



DE JUSTICIA NACIONAL 438 

oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á los efectos 
correspondientes . 

J. F. Lalanne. 



VISTA DELSEflOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 18 de 1895. 
Suprema Corte: 

é 

La rectificación del manifiesto del vapor « Italian Prince >, 
fué elevada á la admistracion de Aduana con fecha 23 de Abril 
del año pasado, según el escrito agregado á foja 28, y en el mis- 
mo escrito reconocen los interesados < que el vapor terminó su 
descarga el sábado 21 á la tarde». Esa solicitud sólo fué admi- 
tida condicionalmente por la administración, testando en tiem- 
po y no habiéndose pasado parte con anterioridad», previene el 
decreto puesto al pié de ella . 

Pero resulta que ya no estaba en tiempo, por haber termina- 
do el buque la descarga, según expresa prevención del artículo 
846 de las Ordenanzas de Aduana, y que el exceso había sido ya 
denunciado según el parte de foja I a , que tiene la fecha de 21. 
Esa fecha que no ha sido comprobado fuese antidatada, pro- 
duce efectos legales, con independencia de la en que con poste- 
rioridad se mandara levantar el sumario. 

Resultan ciertos los hechos por reconocimiento de la misma 
parte interesada, y de aplicación entonces el artículo 905 en 
que se funda la resolución recurrida. 

Pido por ello á Y. E. su confirmación. 

Sabiniano Kier. 



440 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Bacilo? Aires, Agosto 10 de 1895. 

"Vistos : De conformidad coa lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General, y por sus fundamentos se confirma, oon 
costas, la resolución apelada de foja treinta y tres vuelta. De- 
vuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CCIII 



Don Guillermo Pons contra Don Juan G aguardo; 
sobre falsificación de marca de fábrica 



Sumario. — Negados los hechos en que se funda la acusación, 
la falta absoluta de pruebas por parto del acusador impone la 
absolución del procesado, y la declaración de ser calumniosa la 
acusación. 



DE JUSTICIA NACIONAL 441 



Caso. —Lo explica el 



Vallo del Juei Federal 



Buenos Aires, Noviembre 24 de 1894. 

T vistos: estos autos seguidos por Don Guillermo Pons contra 
Don Joan Gagliardo, por falsificación de marca de fábrica, de 
los que resulta : 

Que á foja 3 se presenta Don Tomás Claver, como apoderado 
de Guillermo Pons, manifestando que con fecha 27 de Febrero 
de 1893, su representado registró una marca dé fábrica para la 
elaboración de anís con el título de € Golondrina >, la que ha 
llegado á adquirir mucho crédito, principalmente en esta plaza; 
que Gagliardo ha falsificado la marca expresada, como se vé cla- 
ramente por la etiqueta que adjunta, la que coloca sobre los 
envases en que expende la mercadería. 

Que siendo evidente la falsificación, pide se condene al de- 
mandado Gagliardo á la pena de un año de prisión, multa de 500 
pesos, y las costas del juicio, solicitando al mismo tiempo el 
comiso de la partida de anís con la marca de su mandante que 
expresa. 

Que practicada la diligencia de embargo, según resultad foja 
7, notificado el traslado de la querella, á foja 10 se presenta Don 
Juan Cázales, en representación de Gagliardo, negando los he- 
chos aseverados por el querellante y pidiendo, en virtud de las 
razones que aduce, el rechazo con costas de tan temeraria de- 
manda y qué se declare que 1* acción instaurada contra su po- 
derdarte es calumniosa. 

Recibida la causa á prueba por auto de foja 19 no se produjo 
ninguna por las partes, y llenados los demás trámites legales 
quedó la causa conclusa para sentencia. 



442 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

T considerando : Que habiendo el demandado negado en ab- 
solato la veracidad de los hechos en que se funda la querella 
contra él deducida por falsificación de marca, incumbía al actor 
la prueba de esos hechos, á fin deque su acción pudiese pros- 
perar. 

Que consta del certificado de foja 23 que no se ha producido 
en estos autos prueba alguna durante el término señalado al 
efecto ; pues la testifical, ofrecida por el actor, no fué admitida, 
en virtud de haberse presentado fuera de tiempo ; y la diligen- 
cia de embargo no dio resultado, como se expresa á foja 7; de 
tal manera que no se encuentra en la causa ningún elemento de 
comprobación susceptible de servir de apoyo á la querella en- 
tablada, la cual resulta así totalmente injustificada. 

Por estos fundamentos, fallo: absolviendo de culpa y cargo al 
demandado Juan Gagliardo, con declaración de que es calum- 
niosa la acusación contra él instaurada; y condenando al que- 
rellante al pago de las costas del juicio, como lo dispone el 
artículo 144 del Código de Procedimientos en materia penal. 
Notifíquese con el original y repóngase el papel. 

J. V. Lalanne. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. 

Vistos : Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sen- 
tencia apelada de foja treinta y tres. Devuélvanse debiendo 
reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA.— 
ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JUAN E. TOBRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 443 



CAUSA CC IV 



Contra los señores Printzenskold y C*; sobre comiso 



Sumario. — Los errores en el manifiesto 6 so traducción, no 
salvados en tiempo, son castigados con la pena de comiso por 
las mercaderías manifestadas de menos, salvo las que pueden 
reputarse como útiles del buque. 



Caso. — Resulta de las siguientes piezas: 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 



Rosario, Setiembre 19 de 1893. 

Y vistos: Los presentes autos seguidos por exceso de diez 
rollos cabo, denunciados por el oficial de sección señor Correa, y 
resultando : 

I o Que al practicar la visita de costumbre á los buques, el 
oficial de sección señor Correa.encontró en el ramho de la barca 
norte americana Eyran Emery, diez rollos cabo manila más de 



444 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

los qye tenía manifestados en el manifiesto del Resguardo, en el 
caal sólo figuraba un rollo y 8 retasos de cabos, por lo que pasó 
el parte de foja 1. 

2 o Que el capitán del buque mencionado, en su declaración de 
fojas 2 Tuelta á 3, dice: que en su lista de rancho presentada 
por él al Resguardo constan 7 rollos y 8 pedazos de cabos. 

3 o Que la Contaduría, en su informe de foja 3, declara efecti- 
vamente que en el manifiesto presentado por el capitán figuran 7 
rollos y 8 pedazos de cabo manila, pero que en el presentado ó 
traducido por el agente del buque sólo da 1 rollo y 8 retazos de 
cabo. 

Y considerando: I o Que si bien el capitán ha manifestado? 
rollos y 8 retazos cabo; el oficial señor Correa encontró á bordo 
un total de 19 rollos incluso los retazos, sujetándose á lo qne 
dice el manifiesto del Resguardo dejó abordo 1 rollo y 8 retazos 
y trajo á tierra los 10 que han motivado este expediente. 

2 o Que consta en autos que si bien el agente se ha equivocado 
en la traducción y que ha tomado un 7 por un 1, también el 
capitán ha manifestado menos rollos de cabo de los que real- 
mente tenía á bordo de su buque; y por consiguiente, entre am- 
bos han, faltado á lo dispuesto y previsto por el artículo 50 de 
las Ordenanzas de Aduana, el primero y elsegundo en el artículo 
31 de las mismas. 

3 o Que el artículo 905 de las ordenanzas ya citadas., pena la 
falta cometida, con el comiso de la cosa no manifestada y por 
consiguiente debe declararse en el presente caso haberse falta- 
do por el capitán á lo previsto en los artículos 1000 y 1027. 

Por estas consideraciones, esta administración, haciendo uso 
de las facultades que le acuerdan las Ordenanzas de Aduana, y 
cumpliendo con lo dispuesto en el artíoulo 905 de las mismas, 
falla: declarando incurrido en la pena de comiso los 10 rollos 
cabo denunciados de exceso; dejando á salvo los derechos que 
el capitán pudiera tener y para ante quien corresponda, segan 



DE JUSTICIA RACIONAL 445 

lo dispuesto en el artículo 1028 de las ya citadas Ordenanzas. 
Con intervención de la alcaidía precédase á la venta en pú- 
blico remate de la mercadería penada y fecho pase á Contadu- 
ría y Tesorería á los efectos de los artículos 1029 y 1030 de las 
Ordenanzas de Adnana. Bepuestos los sellos, archívese. 

José de Caminas. 



Y1STA FISCAL 



Rosario, Abril 11 de 1894. 

Señor Juez de Sección : 

El Procnrador Fiscal Nacional en los autos traídos en apela- 
ción por don Guillermo Pritzenskold, reclamando de la resolu- 
ción del señor Administrador de Rentas Nacionales, que declaró 
ineursos en la pena de comiso varios rollos de cabo pertene- 
cientes á la barca norte americana Hyran Emery^ evacuando la 
vista conferida, ante Y. S. respetuosamente expone : que la 
parte apelante alega en su escrito de expresión de agravios, que 
la denuncia que sirve de base á la resolución apelada, es falsa; 
porque supone la existencia de 11 rollos enteros, habiendo sólo 
siete. 

Esta afirmación del apelante no es exacta, señor Juez, pues 
la denuncia no dice rollos enteros, sino simplemente que ha en- 
contrado un excedente de 10 fardos cabo, con peso de 750 kilos, 
fuera del manifiesto de carga y rancho. Por otra parte, ella 
(la denuncia) concuerda con los informes de las oficinas de la 
Aduana, que deben merecernos fé, y que nos dicen, que en el 
depósito número 1 se recibieron 10 rollos de oabo (sin expresar- 
se si eran nuevos ó empezados) con un peso de 750 kilos, fuera 



446 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de lo manifestado y que quedó á bordo, y que consistía en 1 rollo 
y 7 ú 8 pedazos (para el caso es lo mismo). Luego, señor Juez, 
la inexactitud no está en la denuncia, sino en las afirmaciones 
del escrito del ^pelante, que cambia las palabras de aquella. 

El otro punto que se alega por el apelante, es que el artículo 
905 de las Ordenanzas de Aduana que aplica la resolución del 
señor Administrador no correspende al caso sub-judice, porque 
él se refiere tan sólo á los errores de traducción en el manifies- 
to general, y no á los que puedan producirse en la relación de 
los demás objetos independientes de la carga, que determina el 
artículo 31 de las citadas ordenanzas; lo que es un error, señor 
Juez, puesto que el artículo 905, dice : dos errores cometidos 
en el manifiesto general ó su traducción». En efecto, el mani- 
fiesto general comprende la carga y el rancho. El artículo 905, 
para interpretarlo como lo quiere el apelante, ha debido decir 
(como lo expresa el artículo 31), el manifiesto general de la car- 
ga, y no simplemente el manifiesto general. La prueba está, 
en que el artículo 1000 de las mismas ordenanzas dice: dos 
efectos de rancho que se encuentren á bordo, sin permiso de la 
Aduana, serán considerados como oxceso en el manifiesto del 
rancho»; lo que quiere decir, que el artículo 905 comprende la 
carga y el rancho, en la palabra general empleada. Finalmente, 
señor Juez, el apelante dice que los utensilios del buque, como 
los cabos, están exentos de manifiesto, por el artículo 33 de las 
ordenanzas. Esto es efectivamente lo que expresa dicho artículo, 
respecto de los apaiejos ó utensilios; pero en cuanto al cobran- 
te del rancho y provisiones, como son los rollos de cabos, hay 
obligación de manifestarlos, por el artículo 31, conjuntamente 
con el manifiesto de la carga; como lo hizo el capitán de la bar- 
ca Hyran Emery. 

Para terminar, debo llamar la atención de V. S. en las pala- 
bras irrespetuosas del apelante contra el señor Administrador 
de Rentas Nacionales, en el escrito de expresión de agravios 



DE JUSTICIA NACIONAL 44? 

presentado ante V. S., para que Y. S. se sirva ala vez de con- 
firmar con costas la resolución apelada, apercibir al apelante y 
mandar testar aquellas, para que se guarden los respetos debi- 
dos á las autoridades constituidas por la ley. 

Será justicia, etc. 

Otrosí digo: que Y. S. se ha de servir no hacer lugar á la 
apertnra á prnebade esta causa, fundándose en el artículo 1070 
de las citadas ordenanzas; y resolver sin más trámite. 

Será también justicia etc. 

ü. G. Purera. 



Fallo del Juez Federal 



Rosario, Octubre 1* de 1894. 

T vistos: De acuerdo con lo manifestado por el señor Procu- 
rador Fiscal á foja 41, confírmase ésta debiendo pasarse los au- 
tos á la Adminitracion de Rentas á sus efectos. Notifíquese y 
repóngase. 

G. Escalera y Zuviría. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Junio 3 de 1895. 

Suprema Corte: 

En el manifiesto general del buque Hyran Emery se expre- 
saban por el capitán, 7 rollos de cabo manila y 8 pedazos; y 



448 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

en su traducción por el consignatario, un rollo y 8 pedazos. 
Esta diferencia procede de un error en la traducción, toman- 
do el número 7 por \, lo que ha sido reconocido por todos los in- 

» 

teresados. Ese error no fué salvado en el término y forma au- 
torizado por el artículo 52 de las ordenanzas de Aduana, y dio 
por ello ocasión á la pena de comiso, expresamente establecida 
al efecto en el artículo 905. 

La manifestación expontánea del capitán, demuestra que re- 
conoció el deber legal de verificarla, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 32 de la ordenanza, respecto á ctodo bulto que ten- 
ga á su bordo, como cargamento, pacotilla, muestras, enco- 
miendas y sobrante de rancho». 

A ello no se oponía el artículo 33, cuando excluye los apare- 
jos, se entienden los colocados, llenando su objeto,, pero nunca 
los materiales que aunque adaptables á ese fin, se encontrasen 
encajonados ó enfardados en forma de mercaderías. La inclusión 
de estos en la exoneración del artículo citado, expondría á graves 
defraudaciones las rentas de las Aduanas. 

Deduzco, en consecuencia, que los rollos empezados, y los pe- 
dazos de rollos á que se refiere la inspección de foja 11, hacien- 
do parte del aparejo y utensilios del buque, han podido ser 
excluidos del manifiesto, según el artículo 33 de las orde- 
nanzas, pero que los rollos enteros debieron ser manifestados y 
y que en la parte que no lo fueran, aun por el simple error en 
la traducción, que no exonera de pena, quedaron sujetos á la de 
comiso, según la prescripción del artículo 905. 

Por ello, pido á Y. E. la confirmación de la sentencia recu- 
rrida de foja 41, con la modificación expresada, que limita el 
comiso á sólo los rollos enteros, consignados de menos, en la tra- 
ducción del manifiesto. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 449 



Falto de la Svareama Carta 



Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. 

Vistos y considerando: Que como lo observa el señor Proca- 
rador General, hay razón para reputar los pedazos de cabo, á 
qne esta cansa se refiere, como útiles del buque, dado su núme- 
ro j dimensión, según resalta también del informe de foja once, 
en cuyo caso no ha existido el deber de manifestarlos, de confor- 
midad á lo dispuesto en el artículi treinta y tres de las Orde- 
nanzas de Aduana. 

Que está fuera de cuestión qne por error de traducción el con- 
signatario del buque ha manifestado tan sólo un rollo cabo ma- 
nila en Tez de siete que existían en realidad, lo que da nna dife- 
rencia de seis rollos enteros y hace de pertinente aplicación lo 
prescrito en los artículos cincuenta y novecientos cinco, de 
las citadas ordenanzas. 

Por esto, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procarador General, se confirma la sentencia apelada de foja 
cuarenta y una, en cuanto condena á comiso los seis rollos de 
exceso mencionados, y se revoca en lo que se refiere á los pedazos 
de cabo que se declaran libres de pena. Devuélvanse, debiendo 
reponerse los sellos ante el Inferior. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO fiUNGE.— JUAN E. TO- 
RREN T. 



T. X 29 



450 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA 



i^v 



El Dr. D. Eduardo L. Bidau, por el Gobierno Nacional, contra 
don Bartolomé Morossino; sobre interdicto de recobrar 



Sumario. — i° Los que ocupen un inmueble por razón de sub- 
locacion, son simples tenedores, y no puedin transferir dere- 
chos posesorios á un tercero, reconociéndolo como propietario 
de) inmueble. 

2 o Este tercero no tiene por consiguiente la aocioú posesoria 
de recuperar contra el sublocador que hizo desalojar judicial- 
mente á aquellos, cuando éste tiene el inmueble como recibido 
en arriendo de otra persona, y cuando entre el reconocimiento 
hecho por los sublocatarios y el desalojo de los mismos no ha 
pasado el término de un año. 



Caso . — Lo explica el 



Fallo del Juez Federal 



La Plata, Agosto 24 de 1893. 

Y vistos: Los seguidos por el Poder Ejecutivo Nacional, 
contra don Bartolomé Morossino, sobre interdicto de reco- 
brar. 



DE JUSTICIA NACIONAL 451 

Y resaltando: Primero: Que en i4 de Mayo del que rige 
(véase foja 4), se presentó el Doctor don Eduardo L. Bidau, en 
representación del Poder Ejecutivo Nacional, entablando con- 
tra don Bartolomé Morossino, interdicto dereoobrar la posesión, 
do un terreno ubicado en el partido de San Martin de esta pro- 
vincia, con una superficie de 5 cuadras y media cuadradas, lin- 
dando por el norte, con don Francisco Podestá, por el este con 
terrenos del Poder Ejecutivo Nacional, por el oeste calle por 
medio con Ramos Mejía, y por el sud con tierras del Fisco Na- 
cional ocupadas por Badaraco. 

Segundo: Que el Doctor Bidau funda su demanda en que el 
terreno descrito venía siendo ocupado desde fines de 1891 por 
los señores Scasso y Podestá en nombre del Gobierno Nacional, 
lo cual colocaba á su mandante en las condiciones de los artí- 
culos 2478 y 2481 del Código Civil, para el ejercicio de las ac- 
ciones posesorias; y además en que Morossino, como arren- 
datario de unos terrenos de don Francisco Podestá, limítrofes 
á los que motivan el interdicto, prevaliéndose de una sentencia 
de desalojo obtenida ante el Juzgado de Paz de San Martin, 
contra su subarrendatario José Tabela, consiguió expulsar del 
terreno ocupado por los señores Scasso y Podestá al peón que 
allí tenían, llevándolo preso, destruyendo el alambrado que se- 
paraba ambos terrenos y colocando un vigilante de guardia 
para impedir la entrada á los señores Scasso y Podestá, sin que 
hubiese tenido resultado la protesta formulada ante el Juzgado 
de Paz para impedir que Morossino contiuuase detentando un 
terreno que no le pertenecía. 

Tercero: Que el señor Bidau funda además su demanda en 
que, aun el caso de que el Gobierno no tuviese la posesión 

anual, siempre estaría colocado en el caso del artículo 2477 del 

« 

Código Civil, por cuanto el despojante no es poseedor anual ni 
tÍ3ne sobre la cosa ningún derecho de posesión. 

Cuarto: Que convocadas las partes á juicio verbal, se celebró 



452 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el que consta del acta de foja 12, en el que el representante del 
Fisco Nacional se limitó á reproducir su escrito de demanda, 
agregando que el desalojo era tanto más inicuo, cuanto que 
decretado contra el señor Tabela, fué ejecutado contra los se- 
ñores Scasso y Podestá, ofreciendo probar con testigos los he- 
chos por él alegados; replicando el doctor J. Afredo Ferreira, 
por el demandado señor Morossino, que negaba la verdad de esos 
hechos, por cuanto el terreno de cuya posesión se trata forma 
parte integrante del que es poseedor y propietario desde hace 
muchos años el señor Francisco Podestá, que se compone de 19 
cuadras cuadradas y linda con los herederos de don Manuel 
Linch, un terreno fiscal ocupado por Badaraco y otro ocupado 
por Balliani, y con los terrenos de los herederos de Ramos Me- 
jía, cuyo terreno fué arrendado por Podestá en 1887 á don Bar- 
tolomé Morossino, quien á su vez lo sub-arrendóá José Tabela 
y O. 

Quinto: Que la parte de Morossino alegó además que no ha- 
biendo José Tabela y O pagado los arrendamientos, fueron de- 
mandados por desalojo y cobro de arrendamientos, siendo con- 
denados á desalojar y apagar lo adeudado, por haber reconocido 
José Tabela su carácter de locatario de Morossino y ser deudor 
de los arrendamientos, habiéndose cumplido esa sentencia; que 
don Francisco Podestá tuvo la posesión continua de todo el. te- 
rreno y que, en último caso, no se podía sostener que había 
existido despojo, es decir, desposesion violenta ó clandestina, 
por cuanto el lanzamiento había tenido lugar en virtud de sen- 
tencia dictada enjuicio seguido por los trámites legales. 

Sexto: Que el apoderado del Fisco Nacional replicó que la 
acción de despojo y la de interdicto de recobrar eran distintas, 
según el Código Civil y las leyes recopiladas, aún vigentes, aun 
cuando la desposesion procediese de mandato judicial, loque pro* 
piamente no ha sucedido en este caso; contestando la parte de 
Mtrossino que no confunde ambas acciones, sino que afirma 



DE* JUSTICIA NACIONAL 453 

que, según el artículo 2494 del Código Civil y su concordante 
del Código de Procedimientos, en el interdicto de recobrar el ac- 
tor debe probar dos extremos, posesión y despojo, y que no hay 
desposesion clandestina cuando se ejecuta por mandato ju- 
dicial. 

Séptimo : Que el doctor Bidau presentó como prueba las de- 
claraciones de don Miguel Cerrutti (fojas 20 vuelta y 21), Augus- 
to Bidot (fojas 21 vuelta y 22), Pedro Weigel (fojas 23 y 24), 
Francisco Barabioo (fojas 24 y 25), Pascual Tabela (fojas 26 y 
27), Manuel Castro (fojas 27 vuelta y 28), Nicolás Scasso (fojas 
29 y 30) y Suntigo Podestá (fojas 31 y 32); presentando el se- 
ñor Morossino los documentos de fojas 16 á 19 y 32 á 40, y las 
declaraciones de los señores Enrique Barros (fojas 42 y 43), 
Aquiles Bertiller (fojas 44 y 45) y José Albarellas (fojas 45 
vuelta á 47). Ambas partes alegaron sobre la prueba, presen- 
tando actor y demandado los escritos que corren á fojas 54 y 83 
respectivamente. 

T considerando : Primero : Que la cuestión queda reducida á 
establecer si los señores Scasso y Podestá han poseído para el 
Fisco de la Nación el terreno deslindado por más de un año y 
días y si han sido despojados de él violenta ó clandestina- 
mente. 

Segundo: Que de las declaraciones de los testigos Cerrutti, 
Bidot, Weigel, Barabino, Tabela y Castro, prestadas átenor del 
interrogatorio de foja 20, resulta plenamente probada la pose- 
sión invocada por el Poder Ejecutivo Nacional, á partir del año 
1891 , por cuanto esos testigos no han sido tachados y dan cum- 
plida razón de su dicho, hallándose en consecuencia el actor en 
las condiciones del artículo 2481 del Código Civil. 

Tercero: Que estas declaraciones se refieren todas á un área 
determinada de terreno, separada de toda otra por medio de 
alambrados, según así lo afirman los testigos. 

Cuarto : Que el hecho del lanzamiento ocurrido el 9 de Mar- 



454 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE. 

zo del corriente año, además de resultar de esas mismas decla- 
raciones, ha sido reconocido por la parte de Morossino, bien 
que sosteniendo su legalidad, por haber sido decretado judicial- 
mente. 

Quinto : Qne probada la posesión por parte de los señores 
Scasso y Podestá, no cabe admitir que haya existido urden ju- 
dicial para el desalojo del terreno, por cuanto la que invoca la 
parte de Morossino no ha sido dictada contra aquellos, sino 
contra José Tabela y C a que, como nub -locatarios de Morossino, 
acupaban otro terreno diferente y dividido por medio de alam- 
brado del que motiva este interdicto. 

Sexto : Que tampoco prodría alegarse que la orden de desa- 
lojo contra José Tabela y O se hizo extensiva á Pascual Ta- 
bela, colocado en el terreno como peón por los señores Scasso y 
Podestá, toda vez que no se ha probado la existencia actual de 
la razón social José Tabela y C a ni que de ella formase parte 
Pascual Tabela, hibiendo éste, por el contrario, declarado á fo- 
ja 26 vuelta, que desde 1891 había cesado toda comunidad entre 
él y José Tabela, siendo él sólo quien ocupaba el terreno por 
sus patrones los señores Scasso y Podestá. 

Séptimo: Que no habiéndose sustanciado juicio alguno con 
intervención del Gobierno Nacional, ni de los señores Scasso y 
Podestá, ni siquiera del peón que éstos habían puesto en el te- 
rreno, ni dictádose, en consecuencia, orden alguna contra ellos 
de desalojo ni de otro género, es evidente que la desposesion 
violenta asume el carácter de un verdadero despojo, sin que 
pueda legalizar ese acto el haber intervenido en él la fuerza 
pública, mucho más estando probado en autos que ésta ultra- 
pasó las órdenes recibidas, que se reducían á desalojar á José 
Tabela ó José Tabela y O del terreno que ocupaban, pero no'á 
los señores Scasso y Podestá, ó Pascual Tabela, del que poseían 
independiente y separadamente de aquel. 

Octavo : Que aun en el caso de haberse decretado por el Juez de 



DE JUSTICIA NACIONAL 455 

Faz de San Martin la expulsión de los señores Scasso y Podestá, 
sin audiencia de éstos ni juicio previo de ningnna clase, siem- 
pre podrían pedir se les amparase en la posesión, mientras no 
faesen juzgados, porquesegun el artículo 2469 del Código Civil, 
cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, «nadie puede 
turbarla arbitrariamente», siendo indudable que la ley al no 
hacer distinciones, se refiere de igual modo á las arbitrariedades 
de los particulares que á las de los jueces; y sería arbitraria 
toda orden que se propusiese menoscabar el patrimonio de cual- 
quier habitante de la Nación, sin citación ni juicio previo, de 
conformidad con los artículos 17 y 18 de la Constitución Na- 
cional; porque la autoridad, para que deba ser acatada, ha de 
ejercitarse según las prescripciones y dentro de la órbita fijada 
por la ley. 

Noveno : Que los testimonios de fojas 16 á 19 y de fojas 35 á 
36, excluidos por la parte de Morossino, sólo justifican que se 
siguió un juicio por cobro de arrendamientos contra José Tabe- 
la y C a , sin que de ellos resulte determinadas ni la extensión 
ni siquiera los linderos del terreno, por lo cual no contradicen 
ni pueden contradecir el hecho do la posesión probada por el 
Fisco de la Nación sobre el terreno que motiva este interdicto; 
pudiendo aplicarse igual razonamiento á los recibos de fojas 37 
á 39 y contrato de foja 40, que sólo probarían en último caso 
que don Santiago Rolleri, invocando un poder de don Francis- 
co Podestá, cuya existencia no se justifica, arrendó á don Bar- 
tolomé Morossino una chacra en el cuartel 9 o del partido de 
Flores, en 1887, sin expresar su extensión ni sus límites. 

Décimo : Que el borrador agregado á foja 32, y lista de nom- 
bres á foja 33, reconocida por el doctor Bidau como de su puño 
y letra, á parte de no ser documentos que no tengan valor le- 
gal de ninguna clase, en nada desvirtúan ni contradicen el he- 
cho de la posesión justificada por el Gobierno Nacional. 

Undécimo : Que los testigos Barros, Bertiller y Albarellos, 



456 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

presentados por la parte de Morossino y la sublocacion de éste 
á José Tabela y G% sin determinación de épocas, no destruyen 
las declaraciones positivamente asertivas de la existencia de la 
posesión anual de los señores Scasso y Podestá en nombre del 
Gobierno, prestadas por los testigos que presentó el represen- 
tante del último; siendo de notar la poca fé que merecen sus 
dichos, puesto que Barros afirma que el terreno es de forma 
triangular, y no sabe si las cuadras son de 100 ó de 150 varas; 
Bertiller ignora la forma que tiene, así como su extensión, de- 
clarando en cuanto á ella como el anterior; y Albarellos sólo 
conoce la extensión por referencia de Morossino, declarando en 
cuanto á su forma que ccree que debe ser cuadrado». 

Duodécimo : Que en cuanto á las declaraciones de don San- 
tiago Bolero y Santiago Devincenzi, prestadas en el juicio 
de desalojo seguido por Morossino contra José Tabela y C a , tes- 
timoniadas á fojas 18 y 19, aún prescindiendo de qae no se ex- 
presa en ellas á qué terreno se refieren, ningún valor tienen en 
el presente juicio por no haber sido prestados en él con la inter- 
vención de la parte contra la cual se oponen. 

Decimotercero : Que aún en la hipótesis de qae el terreno 
comprendido en el área arrendada por don Francisco Podestáá 
don Bartolomé Morossino, el hecho de la posesión anual pro- 
bado por el Gobierno de la Nación como ejercitada á nombre 
propio, y sin haber sido adquirida por la violenoia, siempre le 
daría el derecho para mantenerse en ella ó recuperarla, aun 
cnando no la ejercitase de buena fé, según los artículos 2473 y 
2478 del Código Civil, puesto que el hecho de la posesión es en 
un todo independiente del derecho de poseer (artíoulo 2472 del 
mismo Código) . 

Decimocuarto: Que los señores Nicolás Scasso (foja 29 
vuelta) y Santiago Podestá (foja 30) declaran á tenor del inte- 
rrogatorio de foja 29, que la posesión de que se trata la ejerci- 
taron á nombre del Gobierno Nacional, sin que las tachas 



DE JUSTICIA NACIONAL 457 

opuestas á los mismos puedan invalidar su dicho, por no refe- 
rirse éste á los hechos que son materia de este juicio, es decir, 
la posesión y el despojo, sino á una circunstancia que les es 
personalísima; convenciendo de ello la simple observación de 
que esa misma manifestación podrían haberla hecho en cual- 
quier documento fehaciente, sin necesidad de comparecer á la 
presencia judicial. 

Decimoquinto : Y, finalmente, que aún admitiendo que las 
taehas enunciadas invalidasen las declaraciones de los señores 
Scasso y Podestá, siempre existiría la afirmación de los señores 
Bidot (foja 21), Barabino (foja 24) y Castro (foja 27), lo? cuales 
contestando á la primera pregunta del interrogatorio de foja 
20, declaran saber y constarles que aquellos tenían la posesión 

« 

del terreno, considerándolo de propiedad del Gobierno Na- 
cional . 

Por estos fundamentos, y de acuerdo con lo preceptuado en 
el artículo 328 de la ley de Procedimientos, fallo: haciendo lu- 
gar al interdicto de recobrar deducido á foja 4 por doctor Eduar- 
do L. Bidau, en representación del Gobierno Nacional, contra 
don Bartolomé Morossino.con costas á éste último, debiendo 
el actor ser repuesto en la posesión de que ha sido despojado; li- 
brándose las órdenes del caso en el día y con costas. Notifí- 
quesecon el original, regístrese en el libro de sentencias, y re- 
pónganse las fojas. 

Mariano 5. de Aurrecoechea. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1895. 

Vistos y considerando : Primero: Que es un hecho no contes- 
tado y comprobado además por las constancias de autos, que 



458 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el demandado Morossino subarrendó á José Tabela y C a , un 
terreno que el citado Morossino ocupaba en calidad de locatario 
originario de don Francisco Podestá. 

Segundo : Que el sublocador, enjuicio promovido ante el Jaez 
de Faz de San Martin, pidió contra José Tabela y C a el desa- 
lojo de la cosa arrendada y que ella le fué restituida, lo que 
obtuvo como resultado de ese juicio. 

Tercero: Que según lo expresa Pascual Tabela, testigo pre- 
sentado por el actor, en su declaración de foja veinte y seis, 
la sociedad Tabela y Compañía era compuesta del declarante y 
de don José Tabela en la época del contrato entre la sociedad 
y Morossino. 

Cuarto: Que el mismo Pascual Tabela, afirmando que en 
mil ochocientos noventa y uno se disolvió la sociedad, declara 
que primero esa sociedad y, desde su disolución, él solamente, 
ocuparon la cosa de la cuestión por razón del contrato referido 
celebrado con Morossino. 

Quinto: Que tanto el citado Pascual Tabela, como don San- 
tiago Podestá (foja treinta y una) testigo también del actor, es- 
tablecen que aquel transfirió á éste la posesión del inmueble. 

Sexto : Que esas declaraciones que no han sido observadas 
por el demandante y que se hallan corrobaradas por el mérito 
combinado de las constancias de autos, mediante la prueba pro- 
ducida por el demandado y aun de las declaraciones de otros 
de los testigos presentados por el actor, demuestran no sólo que 
la ocupación del terreno hasta don Santiago Podestá y su co- 
partícipe ó socio don Nicolás Scasso, procedía de las trasmisio- 
nes sucesivas de Morossino á José Tabela y Compañía, de este 
áJPascual Tabela, uno de los socios, y del último ádon Santia- 
go Podestá y don Nicolás Scasso, sino también, que esos ac- 
tos se referían al inmueble que hace la materia del presente 
juicio. 

Séptimo : Que Morossino jamás poseyó la cosa á nombre pro- 



DE JUSTICIA NACIONAL 459 

pió, sino en calidad de arrendatario y que es en esas condicio- 
nes que hizo la sublocacion, teniendo asi la posesión, no los 
meros tenedores, sino la persona á cuyo nombre poseían (artí- 
culos dos mil trescientos cincuenta y uno y dos mil trescientos 
cincuenta y dos del Código Civil). 

Octavo : Que según lo expresa el actor en su escrito de foja 
cincuenta y cuatro,* es recien en Abril de mil ochocientos no- 
venta y dos, que don Santiago Podestá le hizo saber que, con 
Scasso eran poseedores del terreno y le manifestó que no tenían 
inconveniente en reconocer expresamente la propiedad del Fis- 
co Nacional, siempre que se les abonase las mejoras que habían 
hecho, y se les arrendase la cosa por algún tiempo; celebrán- 
dose después, y en consecuencia, un convenio en que los refe- 
ridos Scasso y Podestá realizaron dicho reconocimiento y cedie- 
ron en favor de la Nación los derechos que tuviesen á la pose- 
sión del inmueble (fojas sesenta y dos á sesenta y tres). 

Noveno : Que esa exposición y los demás antecedentes consi- 
derados no dejan lugar á duda, de que don Santiago Podestá y 
don Nicolás Scasso nunca han tenido la posesión del terreno en 
el sentido legal, desde que, antes y después del convenio con ei 
representante de los intereses fiscales, no habían ocupado la 
cosa con la intención de someterla al ejercicio de nn derecho de 
propiedad, como para surtir aquel efecto lo requieren los artí- 
culos dos mil trescientos cincuenta y uno y dos mil trescientos 
cincuenta y dos ya citados del Código Civil, sino á nombre de 
terceros para quienes poseían. 

Décimo : Que, por consiguiente, Scasso y Podestá, al recono- 
cer el dominio de la Nación sobre el terreno y cederle los dere- 
chos que tuvieren á la posesión del mismo no le transfirieron 
derecho alguno posesorio, porque ellos no lo tenían (artículos 
tres mil doscientos sesenta, Código Civil). 

Undécimo: Que antes del convenio mencionado, Scasso y 
Podestá, supuesto el hecho de la ocupación, no ocupáronla co- 



460 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sa á nombre y en el interés de la Nación, de manera que no ha- 
biendo obrado como gestores oficiosos de ésta, no puede invocar- 
se en favor de la acción intentada la disposición del artículo 
dos mil trescientos noventa y ocho, como lo hace el deman- 
dante. 

Duodécimo: Que así y ann en el caso más favorable para el 
demandante, ó sea, admitiendo que el convenio con Scasso y 
Fodestá, fuese eficaz para dar á la Nación la posesión pública 
de nna cosa que ellos ocupaban como meros tenedores, esa pose- 
sión que partiría de un hecho posterior al veinte y dos de Abril 
de mil ochocientos noventa y dos (carta de foja treinta y cuatro, 
exposición de foja sesenta y tres), no habría-alcanzado á ser 
anual hasta el nueve de Marzo de mil ochocientos noventa y 
tres, en que se produjo el acto judicial del lanzamiento que ha 
motivado el presente juicio. 

Decimotercero: Que desde que Morossino, en el juicio ante 
el Juez de Paz de San Martin contra José Tabela y Compañía, 
hacía valer un contrato de arrendamiento celebrado con éstos y 
obra en los presentes autos, defendiendo la posesión de don 
Francisco Podestá, de quien hubo la cosa en locación, no pue- 
de pretenderse que la Nación se halle en el caso de excepción 
previsto por el artículo dos mil cuatro cientos sesenta y siete 
del Código Civil, puesto que está averiguado que el citado don 
Francisco Podestá tenía una posesión mucho más que anual. 

Decimocuarto : Que la prueba testimonial producida por el 
damandante sobre la ocupación del inmueble por Scasso y Po- 
destá, en cnanto algunos de los testigos la hacen derivar de 
contrato con el Gobierno Nacional, está completamente desauto- 
rizada por la exposición de heohos del mismo actor, cuando se 
refieren á ocupación anterior á los últimos días del mes de Abril 
de mil ochocientos noventa y dos. 

Décimo quinto: Que verificado el desalojo del terreno por pe- 
pedido de Morossino y por mandato judicial y no pudiendo el 



DE JUSTICIA NACIONAL 461 

actor hacer valer una posesión anual, la acción posesoria de re- 
cobrar deducida para prodncir efecto contra un poseedor 
anual, nu puede prosperar (artículos dos mil cuatrocientos se- 
senta y tres y dos mil cuatrocientos sesenta y siete, Código 
Civil). 

Por estos fundamentos: se re -oca la sentencia apelada de 
foja noventa y siete, absolviéndose al demandado de la deman- 
da interpuesta, debiendo ser aquel restituido á la posesión de 
los terrenos en litigio. Notifíquese con el original y devuél- 
vanse, reponiéndose los sellos. 

benjamín paz. —luis y. várela. — 

ABEL BAZAN. — OCTAVIO BUNGE. — 
JOAN E. TORRENT. 



ÍNDICE ALFABÉTICO 



POR LOS NOMBRES DE LAS PARTES EX US CAUSAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO X 



P*e¡««, 

Acevedo, Don Justo P., contra Don Salvador L. Casanova; sobre 
cobro ejecutivo de pesos 259 

Agüero, el Doctor Don Ramón, contra el Banco Hipotecario Nacio- 
nal; sobre cobro de honorarios 41 

Aguinaga, Don Benito, con Don Manuel E. Sayanca; sobre reivin- 
dicación 261 

Amoretti, Don Luis, por contrabando; sobre venta de mercaderías; 
apelación de hecho 407 

Anderson, Don Jorge y Don Diego, con Don Ashter Kay, por in- 
demnización de perjuicios; sobre prueba testimonial 204 

Arnira, Doña Inés Ramos Mejia de, con Don Próspero Bouquet; 
sobre nulidad de sentencia de los tribunales ordinarios 155 

Aubone, Don Víctor N . ; sobre habeos corpus 127 



B 



Baldía, Don Jesús y Don Manuel Bellran, con Don H. Brisson, 
por falsificación de marca de fábrica; sobre instrucción de su- 
mario 122 



464 FALLOS DE LA SUP11EMA CORTE 

« 

Páginas 

Banco Hipotecario Nacional, con el Doctor Don Ramón Agüero; 
sobre cobro de honorarios 11 

Bellran Oleiza, Juan; por violación y sustracción de correspon- 
dencia con documentos de valor 431 

Bemberg y O, contra el Capitán de la barca «Iphigenia», por 
cobro de fletes; sobre preferencia de créditos 190 

Berthe, Marius, su viuda é hijo, con Don Isidoro Pedeflous; sobre 
falsificación de marca de fábrica 130 

Borrachio, Don José, con Don Víctor R. Coulteret; sobre otorga- 
miento de escritura de venta 69 

Bouquet, Don Próspero, contra Doña I.iés Ramos Mejía de Arnim; 
sobre nulidad de sentencia de los tribunales ordinarios 155 

Brandemburg hermanos, contra Don Miguel Gopsevich, por falsi- 
ficación de marca de fábrica y desistimiento; sobre costas 113 

Brásch, Teodoro, y otros; sobre defraudación, abuso de confian- 
za y otros delitos 277 

Bravaix, Don Enrique, por contrabando y comiso; sobre sobresei- 
miento definitivo 30 

Brisson, Don H., contra Don Jesús Baldía y Don Manuel Beltran, 
por falsificación de marca de fábrica; sobre instrucción de su- 
mar! o 1 22 

Brito, Doña Eufemia Guerrero de, contra Don Genaro Ciaburri, 
porfaltade cumplimiento de contrato; sobre deserción de re- 
curso 185 

Buenos Aires, la Provincia, contraía Municipalidad de la Capital, 
por restitución de terrenos; sobre mensura 96 



Calcagno, Don Juan, con Don José Sanguinelti, cesionario de 
Don Abel Saint, por falsificación demarca de fábrica; sobre 
ampliación de la contestación á la demanda 24 

Cánepa, Don Pedro J . , contra Don Adeodato Torena y Don Jesús 
Muntoya, por derecho de agua; sobre recusación 454 



DE JUSTICIA NACIONAL 465 

Páginas 

Casanova, Don Salvador L., con Don Justo P. Acevedo; sobre 
cobro ejecutivo de pesos 259 

Ciaburrij Don Genaro, con Doña Eufemia Guerrero de Brito, por 
falta de cumplimiento de contrato; sobre deserción de recurso. 185 

Colombo, Ernesto, y otros, por circulación de billetes falsos de 
curso legal 402 

Compañía de mandatos y préstamos, contra Don Felipe Nelson 
Page, por cobro de pesos, sobre incompetencia de los tribuna- 
les locales; recurso de sentencia de los tribunales de la Ca- 
pital 210 

Coustau, el doctor Don Juan, por Don José Antonio Savino, sobre 
recurso de habeos corpus 397 

Coutteret, Don Víctor R., contra Don José Borrachio; sobre otor- 
gamiento de escritura de venta 69 



D 



Decoud, el doctor Don Adolfo, contra Don Santos Lowrovich, por 

cobro ejecutivo de pesos; sobre venta de crédito 151 

Dell'Acqua y C a ; sobre comiso 448 

Devoto y C'; sobre comiso 411 

Domenque, Doña Mercedes G. de, contra Don Benjamin Yaldés 
Frías, por calumnia; sobre denegación de recurso á la Supre- 
ma Corte, de sentencias de tribunales locales 183 



F 



Fernandez, Don Luis José (su sucesión), con la sucesión de Don 
Adolfo Pujato, por pago de obligación á pesos fuertes; en re- 
curso ante la Suprema Corle, contra sentencia de los Tribuna- 
les de la Capital 74 

Ferrocarril Central Argentino, con Don Martin Pueyrredon, so- 

t. x 30 



466 FALLOS DE LA SUPIIEMA CORTE 

Pifia» 

bre daños y perjuicios; recurso contra sentencias de los tribu- 
nales de Córdoba 244 

Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, con Don 0. Wulff, por 
cobró de pesos, absolución de posiciones y costas; sobre apela- 
ción denegada 27 

Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, contra Don Tiburcio 
Frutos; sobre expropiación 486 

Filardi, Don Antonio, en el juicio ejecutivo de Don Julio TorL, con- 
tra Don Armando López Torres, por cobro de pesos; sobre ter- 
cería de mejor derecho 143 

Frutos, Don Tiburcio, con Ferrocarril de Buenos Aires y Rosa- 
rio; sobre expropiación 486 

Fulle, el doctor Don Marcos, contra Don Jacinto de los Santos; 
sobre cuenta de honorarios 43 



G 



García, DoñaSolgar Torres de, contra Don Antonio Uguerroaga y 
otros, sobre reivindicación de una finca; en recurso á la Su- 
prema Corte, contra sentencias de los Tribunales de Salta 88 

Gagliardo, Don Juan, con Dun Guillermo Pons, sobre falsificación 
de marca de fábrica 440 

Garlland, Don Pedro A., con Don Manuel Quesada, por proce- 
dimiento de apremio; sobre denegación de recurso 192 

Ghiglino, Don Antonio, su sucesión; contienda de competencia en- 
tre el Juez de I a instancia de la Capital y el de igual clase de la 
provincia de Buenos Aires 174 

Gobierno Nacional, representado por el Doctor Eduardo L.Bidau, 
contra Don Bartolomé Morosino; sobre interdicto de recobrar . 450 

Gopsevich, Don Miguel, con Brandemburg hermanos, por falsifi- 
cación de marca de fábrica y desistimiento; sobre costas 173 

Guaragua, Don Bautista, con Don Domingo Lamberti, por resti- 
tución de campos y haciendas; sobre nombramiento de admi- 
nistrador provisorio 17 



DE JUSTICIA NACIONAL 467 



Páginas 

«Iphigenia», la barca, su Capitán, contra Bemberg y C', por co- 
bro de fletes; sobre preferencia de créditos 190 



cJockey Club», la sociedad, con Don H. A. Turner, por cobro de 
pesos; sobre inscripción preventiva de privilegio 385 

Juárez, Doña Clara Pallero de, contra Don Francisco Lacroze, por 
expropiación; sobre tribunal pericial, intervención del juez y 
apelación denegada 274 



K 



Kay, Don Ashter, contra Don Jorge y Don Diego Anderson, por 
indemnización de perjuicios; sobre prueba testimonial 204 



Lacroze, Don Francisco, con D* Juana Pallero de Juárez, por expro- 
piación ; sobre tribunal pericial, intervención del Juez y ape- 
lación denegada 274 

Lamberti, Don Domingo, contra Don Bautista Guaragua, por resti- 
titucion de campo y haciendas ; sobre nombramiento de adminis- 
trador provisorio 47 

Larguía, D a Betzabé Soria de, y D a Petrona Soria, contra Don 
Javier Ponce de León ; sobre reivindicación de condominio.. 421 

Latrille, Don Juan, con D* Salomé C. de Medina, por cobro 
de alquileres y reconvención por daños y perjuicios ; sobre 
pruebas k 37 



468 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

P&gioai 

Laurencena, Don Bernardo, con Don Víctor y D* Catalina Machín, 
por cobro ejecutivo de pesos; sobre apelación denegada 140 

Lowrovich, Don Santos, con el Dr. Don Adolfo Decood, por cobro 
ejecutivo de pesos; sobre venta de crédito 151 

Luxardo, Giusti y Solimauo, contra el Lloyd Norte Alemán, por 
cobro de pesos ; sobre incompetencia 225 



Ll 



Lloyd Norte Alemán, con Luxardo, Giusti y Solimano, por cobro 
de pesos ; sobre incompetencia 225 



M 



Mabragaña D* Victoria Victorica de, contra Don Juan O'Connor, 
por cumplimiento de una obligación á oro ; sobre recurso de 
sentencia de los Tribunales de la Capital 158 

Machín, Don Víctor y D* Catalina, contra Don Bernardo Laurence- 
na, por cobro ejecutivo de pesos ; sobre apelación denegada. . 140 

« Mándalos y préstamos », la Compañía, contra la provincia de 
Santa Fé, por cobro de pesos ; sobre recusación 416 

Maumus y Dodero, y el capitán del vapor inglés « Pollock > ; sobre 
comiso. 195 

Maumus y Dodero, sobre comiso 437 

Medina, D* Salomé C. de, contra Don Juan Latrille, por cobro 
de alquileres y reconvención por daños y perjuicios ; sobre 
pruebas 37 

Morossino, Don Bartolomé, con el Gobierno Nacional representado 
por el Doctor Don Eduardo L. Bidau; sobre interdicto de recobrar. 450 

Municipalidad de la Capital, con la provincia de Buenos Aires, 
por restitución de terrenos ; sobre mensura 96 



DE JUSTICIA NACIONAL 469 



N 

Pitginii 

Nelson Page, Don Felipe, con la Compañia de Mandatos y présta- 
mos, por cobro de pesos ; Sobre incompetencia de los Tribu- 
nales locales ; recurso de sentencia de los Tribunales de la 
Capital 210 

NiQis Calancis, Nicolás; por circulación de billetes falsos de 
curso legal y por robo 219 



O 



Ocampo Samanes, Don Manuel, su concurso ; contienda de com- 
petencia entre el Juez de Comercio de Santa Fé y el de igual 
clase de la Capital Federal 113 

O'Connor, Don Juan, con D* Victoria Victorica de Mabragaña, 
por cumplimiento de una obligación á oro; sobre recurso de 
sentencia de los Tribunales de la Capital 158 

Otero, Don Emilio, en los autos ejecutivos de la provincia de 
Entre Ríos, contra Don Francisco Molina; sobre derecho á 
seguir por si la ejecución 41 



Paoli, Don José de, y Don Antonio Maestro con Don Miguel A. 
y Don Manuel Victorica, por rescisión de locación y desalojo ; 
sobre litis-pendencia 208 

Pedeflous, Don Isidoro, contra la viuda de Marius Berthe é hijo ; 
sobre falsificación de marca de fábrica 130 

Ponce de León, Don Javier, con D* Betzabé Soria de Larguia y 
D* Petrona Soria ; sobre reivindicación de condominio 421 

Pons, Don Guillermo, contra Don Juan Gagliardo, sobre falsifica- 
ción de marca de fábrica 440 



470 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

PafficM 

Ponsa, Doña Manuela, por violación de correspondencia'; sobre 
excarcelación provisoria 250 

Printzenskold y C' ; sobre comiso 443 

Pueyrredon, Don Martin, contra el Ferrocarril Central Angenti- 
no sobre daños y perjuicios ; recurso contra sentencias de los 
Tribunales de Córdoba 244 

Pujato, Don Adolfo (su sucesión), contra la sucesión de Don Luis 
José Fernández, por pago de obligación á pesos fuertes ; en re- 
curso ante la Suprema Corte contra sentencia de los tribuna- 
les de la Capital 74 



Q 



Quesada, Don Manuel, contra Don Pedro A. Garlland, por proce- 
dimiento de apremio; sobre denegación de recursos 192 



R 



• • 



Repetto, Don Daniel J. ; sobre comiso 5 

Rivarola, D. Estévan, con Don Lisandro de la Torre ; sobre resci- 
sión de un contrato de compra-venta 51 

Rogers, Luis, y Simón Launemberg; sobre defraudación de cau- 
dales públicos 386 



Sanguinetti, Don Jpsé, cesionario de Don Abel Saint, contra Don 
Juan Calcagno, por falsificación de marca de fábrica ; sobre 
ampliación de la contestación á la demanda 24 

Santa Fé, la provincia, con la Compañía de mandatos y présta- 
mos, por cobro de pesos ; sobre recusación 416 



DE JUSTICIA. NACIONAL 471 

Páginas 

Santos Don Jacinto de los, con el Dr. Marcos Fulle ; sobre cuenta 
de honorarios 43 

Sayanca, Don Manuel E., contra Don Benito Aguinaga; sobre rei- 
vindicación ' 261 

Seminario, Doña Juana Echemendi de, contra Don Carlos Semina- 
rio y otros; sobre falsificación de marca de fábrica 231 

Siches, Don Juan, y otros, contra la Sociedad « Howaldtswerke », 
embargo y regulación de honorarios; sobre apelación denegada. 21 

Sosa, Policarpo ; sobre infracción de la ley de Correos 45 

« 

Soto y Campbell, Hugo, por violación de correspondencia ; sobre 
recusación 383 

Stucchi, Don M., empleado de Aduana, denunciando un contra- 
bando de guano 224 

Suarez, Don Marcelino, su testamentaría ; contienda de compe- 
tencia entre el Juez de I a Instancia de La Plata, y el de igual 
clase de la Capital federal 98 



Torena, Don Adeodato, y Don Jesús Montoya, con Don Pedro J. 
Cánepa, por derecho de agua ; sobre recusación 154 

Torre, Don Lisandro de la, contra Don Estevan Ri varóla ; sobre 
rescisión de un contrato de compra-venta 51 

Trebino y C 8 , L., por denuncia de contrabando de guano, im- 
putado á n on Mariano Randanini ; sobre intervención en el 
juicio • 44 

Turner, Don M. A., contra la sociedad « Jockey Club », por 
cobro de pesos; sobre inscripción preventiva de privilegio. . . . 385 

U 

Uguerroaga, Don Antonio y otros con D a Solgar Torres de García, 
sobre reivindicación de una finca ; en recurso á la Suprema 
Corle contra sentencias de los Tribunales de Salta 88 



472 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Pigina? 

Valdes Frías, Don Benjamín, con D* Mercedes 6. de Domenque, 
por calumnia y sobre denegación de recurso para ante la Su- 
prema Corte, de sentencia de tribunales locales 183 

Victorica, Don Miguel A. y Don Manuel, contra Don José de 
Paoli y Don Antonio Maestro, por rescisión de locación y de- 
salojo; sobre litis-pendencia 208 

Vizca, Leopoldo, y Pablo Feretti (a) Olinto Casini ; sobre circula- 
ción de billetes falsos de curso legal 1 78 



W 



Wulff, Don 0., contra el Ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, 
por cobro de pesos, absolución de posiciones y costas ; sobre 
apelación denegada 27 



Índice alfabético 



DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO X 



Absolución. — Negados los hechos en que se funda la acusación, la 
falta absoluta de pruebas por parte del acusador, impone la 
absolución del procesado, y la declaración de ser calumniosa 
la acusación. Página 440. 

Abuso de confianza . — Véase : Defraudación . 

Acción. — El acreedor de un pagaré por el cual el deudor se obliga á 
abonar su importe al firmar la escritura de venta de un te- 
rreno de su propiedad, no tiene acción para que se condene 
al último á la escrituración de dicha venta, en la cual no re- 
sulta que haya habido previo acuerdo, ni se expresan las con- 
diciones y la persona del comprador. Página 69. 

Acción posesoria. — Véase: Interdicto. 

Acreedor. — El que obtiene el embargo de un crédito perteneciente á 
su deudor, tiene el derecho de practicar por si mismo las 
gestiones conducentes á hacerlo efectivo, siempre que el ti- 
tular de él, los abandone ó descuide. Página 41 . 

Acusación. — Producida ésta, debe correrse traslado de ella. Pági- 
na 30. 

Acusación. — No debe ser calificada de calumniosa, cuando no se ha 
demostrado que el acusador haya procedido con voluntad 



474 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

criminal, y resulta que ha sido guiado por razones que han 
podido inducirlo en error. Página 279. 

Administrador. — Véase: Sociedad. 

Aduana. — Cuando he trata de mercaderías de fácil deterioro, la Adua- 
na puede, durante el juicio de apelación, mandarlas vender 
si el interesado se niega á retirarlas, depositando ó afianzan- 
do su importe. Página 407 . 

Aduana. — Véase : Contrabando . 

Agravación de pena. — Véase : Pena 

Apelación . — Véase : Apremio . 

Apremio. — En este procedimiento, no corresponde el recurso de 
apelación contra la sentencia que manda llevar adelante la 
ejecución. Página 192. 

Auto apelable. — Véase : Costas. 

Auto de solvendo. — No es apelable. Página 140 . 



B 



Banco Hipotecario Nacional. —Véase : Honorarios. 



Calumnia . — Véase : A casación . 

Circulación de billetes falsos de curso legal. — Es justa la pena de 
cuatro años de trabajos forzados y quinientos pesos fuertes 
de multa, impuesta al reo convicto y confeso del delito de 
circulación de billetes falsos de curso legal. Página 178. 

Circulación de billetes falsos de curso legal. — La hecha con conoci- 
miento de la falsedad, constituye el delito previsto y pena- 
do por el artículo 63 de la ley penal de 14 de setiembre de 
1863. Página 40á. 

Comiso. — Cae en él, el exceso sobre las mercaderías manifestadas, 
aunque se haya presentado solicitud de adición, si ésta se 



DE JUSTICIA NACIONAL 475 

presentó después de haber habido principio de aerificación. 
Página 5. 
Comiso. — El embarque de frutos del país sujeto á derechos de expor- 
tacion, verificado sin haber obtenido el boleto correspon- 
diente, es castigado con la pena de comiso de los frutos ; y 
con una multa igual á su valor á los que han intervenido en 
la operación sin haber cumplido, por su parte, con las obli- 
gaciones que les corresponden. Página 195. 

Comiso.— Caen en él las mercaderías no manifestadas por error, cuan- 
do éste no ha sido salvado antes de la denuncia. Página 411. 

Comiso. - Cuando en el'despacho de mercaderías de depósito se ma- 
nifiesta el peso de cada bulto separadamente y el total de 
todos los bultos, la tolerancia del exceso no debe apreciarse 
con arreglo á lá totalidad, sino con arreglo al peso de cada 
bulto. Página 418. 

(¡omiso. — Cae en él, el exceso sobre las mercaderías manifestadas, 
si no se ha salvado el error antes de concluirse la descarga ó 
de haber sido denunciado. Página 437. 

Comiso. — Los errores en el manifiesto ó su traducción, no salvados 
en tiempo, son castigados con la pena de comiso por las mer- 
caderías manifestadas de menos, salvólas que pueden repu- 
tarse como útiles del buque. Página 443. 

Competencia. — En la duda debe tenerse en cuenta, para los efectos 
de la jurisdicción, la prevención en el conocimiento de la 
causa. Página 99. 

Competencia. — En la causa de jurisdicción federal por razón de las 
personas, el convenio de las parles, de someterse en todo 
lo que respecta al contrato, á los tribunales de la Capital, 
justifica la competencia de estos, para conocer en la ejecu- 
ción de dicho contrato. Página 210. 

Competencia. — Véase : Domicilio ; Transporte. 

Compra-venta. — Las acciones que los artículos 1345 y 1346 del Có- 
digo Civil acuerdan al comprador, por falta de continenciade 
la superficie vendida, no proceden, cuando dicha falta se 
atribuye á la parte de la misma superficie que la Municipa- 
lidad, sin ser dueña de ella, ha destinado, con anteriori- 



476 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dad á la venta, para calles no abiertas todavía. Página 51. 

Compra-venta. — Procede la acción por disminución de precio, ha- 
biendo sido la venta por un precio único, si las partes han 
dado por existente alguna de las calles á que alude el su- 
mario anterior, enunciándola como lindera del terreno ven- 
dido, y si dentro de esa calle existe una área mayor del 
vigésimo del área total designada en el contrato. Página 51 . 
Compra-venta. — La acción por disminución de precio, no está su- 
jeta á la prescripción establecida por el articulo 4040 del 
Código Civil. Página 51 . 

Contestación ala demanda. — No puede ampliarse, después de tra- 
bado el pleito por demanda y por respuesta, y de llamados 
los autos. Página 24. 

Contrabando. — Los empleados de Aduana no pueden presentar de- 
nuncia de contrabando á los tribunales : deben hacerlas al jefe 
de la Aduana, por conducto de su superior inmediato. Pá- 
gina 224. 

Correspondencia. — Véase : Sustracción y violación de correspondencia. 

Cestas. — Es apelable el auto que exime de ellas al vencido. Pá- 
gina 27. 

Costas. — Procede imponerlas al que se opone á la concesión del re- 
curso de apelación que la contraparte interpone contra el 
auto que la declara confesa. Página 27. 

Costas. — Es justa la declaración de costas á cargo del demandante 
que desiste de la acción, si no ha expresado oportunamente 
que desistía en virtud de congenio con el demandado. Pá- 
gina 173. 

Crédito. — No procede la venta en remate público de un crédito em- 
bargado, cuando dicho crédito es contra un concurso, y su 
pago depende de la colocación que se le dé en el juicio co- 
rrespondiente, sobre una suma de dinero depositada á la or- 
den del Juzgado. Página 152. 

Crédito. — No procede la inscripción preventiva de un crédito privile- 
giado, si en el estado de la causa no puede darse por averi- 
guada su existencia y su monto. Página 385. 



DE JUSTICIA NACIONAL 477 



D 



Defraudación. — No constituyen delito de defraudación con abuso de 
confianza, las operaciones por las cuales un gerente del Banco 
Nacional en liquidación, ha admitido que los deudores de 
unas letras quedaran sostituidos por otros, dando estos últi- 
mos garantía hipotecaria sobre propiedades que aquellos les 
traspasaron al efecto. Página 278. 

Defraudación. — El perjuicio característico de este delito, debe ser 
real, confirmándose la intención, si existiera, con el hecho. 
Página 278. 

Delito . — Véase : Mandato. 

Delitos. — Cuando una persona comete dos delitos, uno del fuero fede- 
ral y otro del fuero ordinario, ellos deben ser juzgados suce- 
sivamente anle las respectivas jurisdicciones Página 219. 

Denunciante. — El de contrabando de guano, no tiene derecho de 
intervenir en el juicio correspondiente. Página 14. 

Derechos posesorios. — Véase: Posesión. 

Domicilio. — Ninguna persona puede tener en el país dos domicilios 
generales. Página 98. 

Domicilio. — Entre dos lugares pretendidos como domicilio, de los 
cuales en uno resulta haber el causante ejercido su profe- 
sión, construido casa para su habitación habitual, hecho tes- 
tamento, tener sus domicilios los albaceas nombrados, haber 
estado radicada la administración de su finca de campo, y 
ser su domicilio de origen, y en el otro haber tenido resi- 
dencia temporaria ó periódica y ejercido funciones, debe 
estarse por el primero, máxime cuando en documento pú- 
blico otorgado pocos meses antes de su muerte, en lugar dis- 
tante de los dos disputados, el causante declaró ser aquel 
su domicilio. Página 98. 

Domicilio. — Una vez adquirido, se conserva mientras no se manifieste 
la voluntad de cambiarlo, y tal voluntad no puede presumir- 
se del hecho de haber el finado residido en los últimos meses 



478 FALLOS DE LA SUPREMA COHTE 

de su vida en el segundo lugar, haberse allí casado in ex- 
tremis. y fallecido, cuando consta que se trasladó á ese punto 
por razones de salud, y conservó en el otro su casa habita- 
ción en esa calidad, con sus muebles, papeles, etc. Pági- 
na 98. 

Domicilio, — La delaracion en el acto del matrimonio in extremis, de 
ser la persona domiciliada en el lugar de su celebración, no 
puede referirse al domicilio real, sino ala residencia, cuando 
en esa misma época, el causante, en una disposición codici- 
lar, menciona su casa y papeles conservados en ella, y está 
averiguado que, hasta el instante de dicha celebración, su do- 
micilio era en el otro lugar. Página 98. 

Domicilio. — Corresponde al Juez del lugar donde el comerciante ha 
tenido y tiene su domicilio civil, el conocimiento del juicio 
de quiebra del mismo. Página 113. 

Domicilio. — Resultando debidamente comprobado que el último do- 
micilio del difunto ha sido en la Capital federal, debe decla- 
rarse que corresponde al Juez de ésta, el conocimiento del 
juicio universal de su testamentaría. Página 174. 

Domicilio especial. — Véase: Competencia; Transporte. 



E 



Ejecución. — No es excepción admisible contra ella, la, de hallarse los 
muebles embargados sujetos á un embargo anterior, ó ser 
algunos de ellos de los exceptuados por la ley. Página 259. 

Embargo. — El incidente sobre desembargo pedido y resuelto sin sus- 
tanciados se produce propiamente por el recurso de revoca- 
toria y apelación que se interponga contra el auto que lo 
ordenó, y no suspende hasta entonces, el curso del término 
probatorio. Página 37 . 

Embargo. — El auto que lo ordena en el juicio ejecutivo no es ape- 
lable. Página 140. 

Empleado nacional. — El que defrauda los caudales públicos puestos 
en su poder por razón de su cargo, incurre en la pena esta- 



DE JUSTICIA NACIONAL 479 

blecida por el articulo 80 de la ley penal de 14 de Setiembre 
de 1863. Página 386. 

Empleados de Aduana,. — Véase : Contrabando. 

Escritura. — Véase : Hipoteca . 

Excarcelación provisoria. — No trayéndose hecho alguno nuevo que 
pueda servir para la reforma del auto que la concede, debe 
éste ser mantenido. Página 250. 

Eocpropiacion . — Debe conGrmarse el precio é indemnización fijados 
por la sentencia de primera instancia, que se considere equi- 
tativo. Página 186. 

Expropiación.— Si las partes han constituido un tribunal pericial 
para la estimación, las deligencias necesarias para formar 
juicio y dictar el fallo, son del resorte de dicho tribunal, y 
el Juez procede correctamente negándose á intervenir en in- 
cidentes sobre esa materia. Página 274. 



Falsificación de marca de fábrica. — Véase : Marca de fábrica 
Flete . — Véase : Gastos de justicia. 



G 



Gastos de justicia. — Los hechos en el interés común de los acreedo- 
res, tienen preferencia respecto del importe del flete, sobre 
el crédito de préstamo hecho sobre el mismo flete y el de 
sueldos de la tripulación. Página 190. 



H 



Babeas corpus. — El Juez federal no es competente para conocr en 
el recurso de habeas Corpus deducido á favor de un oficial de la 



480 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

guardia nacional no movilizada, arrestado por orden del Ins- 
pector de milicias de Provincia, por falta de disciplina. Pá- 
gina 127. 

Babeas corpus. — No procede este recurso, cuando la orden de de- 
tención, arresto ó prisión procede de un Juez del Crimen de 
la Capital en el ejercicio de sus funciones. Página 397. 

Hipoteca. — La escritura pública de hipoteca sobre inmuebles sitos en 
un territorio nacional que haya sido otorgada ante un escri- 
bano de provincia, siendo su primer testimonio, y debida- 
mente autorizado, no necesita la previa protocolización en di- 
cho territorio, para ser anotada en el Registro de Hipotecas 
del mismo. Página 143. 

Hipoteca. — Su toma de razón, anterior al embargo trabado sobre los 
inmuebles hipotecados por otro acreedor del propietario, da 
al acreedor hipotecario el derecho para ser pagado con pre- 
ferencia, del producto de los mismos, aunque se haya pedido 
y obtenido la protocolización de la escritura hipotecaria, con 
posterioridad á dicho embargo. Página 144. 

Honorarios. — £1 abogado que presta sus servicios profesionales 
al Banco Hipotecario Nacional, por encargo del abogado ti- 
tular que recibe de éste por los suyos, una compensación 
mensual, no tiene derecho para cobrar honorarios á dicho 
Banco. Página 11. 

Honorarios. — Es inapelable el auto por el cual se manda presentar la 
cuenta de honorarios, cuya estimación se pide. Página 43. 

Honorarios . — Véase : Recurso . 



Inscripción preventiva . — Véase : Crédito. 

Interdicto» — Los que ocupen un inmueble por razón de sublocacion, 
son simples tenedores, y no pueden transferir derechos po- 
sesorios á un tercero, reconociéndolo como propietario del 
inmueble. Este tercero no tiene por consiguiente la acción 
posesoria de recuperar contra el sublocador que hizo desa- 



DE JUSTICIA NACIONAL 481 

lojar judicialmente á aquellos, cuando éste tiene el inmue- 
ble como recibido en arriendo de otra persona, y cuando 
entre el reconocimiento hecho por los sublocatarios y el 
desalojo de los mismos no ha pasado el término de un año. 
Página 450. 



Juez suplente. — Cesa en sus funciones, el que no figura en la lista 

formada por la Suprema Corte. Página 154. 
Juieios de qu iebra.— Véase : Domicilio. 



Litis pendencia. — No procede, si no se justifica la preexistencia de 
un juicio de la misma naturaleza del promovido. Página 208. 



M 



Mandato. — La transgresión fie él, no es un delito del derecho penal : 
es necesario probar el propósito criminal del mandatario, y 
el perjuicio efectivo causado al mandante. Página 278. 

Mandato. — No puede establecerse la presunción del propósito crimi- 
nal, si el mandatario comunicó al mandante las operaciones 
hechas, si no las conceptuó perjudiciales, y no obtuvo prove- 
cho de ellas. Página 278. 

Mandato. — Cuando el conjunto de las circunstancias no permite afir- 
mar que la situación del mandante haya empeorado por he- 
cho del mandatorio, y cuando sólo resultan presunciones que, 
aunque graves, no son precisas, y pueden conducir á conclu- 
siones diversas, fundándose algunas en otras presunciones ó 
indicios, surge la duda, favorable al procesado. Página 278. 

Marca de fábrica.— No procede la instrucción del sumario, en las 
causas sobre falsificación de marca de fábrica. Página 122. 



482 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Marca de fábrica. — No existe este delito, cuando no hay posibilidad 
razonable de confusión entre la marca del falsificador y la 
del acusado. Página 430. 

Marca de fábrica. — El que usa de la registrada á favor de otro, in- 
curre en las penas establecidas por la ley de la materia. Pá- 
gina 231. 

Marca de fábrica. — La denominación «La Argentina», no es contraria 
alo dispuesto por el articulo tercero de la ley de la materia. 
Página §31 . 

Marca de fábrica.— E\ propietario de la marca «La Argentina», ex- 
plotada por la sociedad tSeminario y O», de la cual formó 
parte y se hizo después cargo trasmitiendo su activo y pa- 
sivo, puede exigir que se modifique la denominación tSemi- 
nario y O», que otra sociedad use en la fabricación de artí- 
culos similares. Página 231. 

Mejora. — El término para la del recurso de apelación, corre desde la 
notificación del emplazamiento. Página 185. 

Mensura. —Cuando se ha enajenado una área de terreno bajo un cier- 
to número de medidas á tomarse de un terreno más grande, 
y no se ha hecho á su tiempo la entrega ad mensuran* de la 
superficie enajenada, debe procederse á la mensura á costa 
del enajenante. Página 96. 



O 



Obligación á oro. — La deuda que por sentencia firme se manda pagar 
á oro, debe pagarse con arreglo á la ley de 15 de Octubre 
de 1885, número 1734, al tipo del cambio correspondiente 
en el dia del pago. Página 158. 

Obligación á pesos fuertes. — La deuda estipulada á pesos fuertes mo- 
neda metálica, se refiere á moneda especial, que en los tér- 
minos del articulo 3° de la ley deinconversion, no da dere- 
cho al deudor para satisfacerla en billetes de curso legal á 
la par. Página 74. 



DE JUSTICIA NACIONAL 483 



Pena. — Debe ser castigada la negligencia en la custodia de las cartas; 
y resultando haberse encontrado abiertas un número impor- 
tante de ellas, es benigna la pena de cuarenta pesos de 
multa al culpable. Página 45. 

Pena. — No puede agravarse la impuesta por la sentencia de primera 
instancia, si no se ha deducido recurso al respecto. Pági- 
na 249. 

Pena. — Véase: Circulación de billetes falsos de curso legal. 

Perjuicio. — Véase : Defraudación. 

Posesión. — Los que ocupen un inmueble por razón de sublocacion, 
son simples tenedores, y no pueden transferir derechos 
posesorios á un tercero, reconociéndolo como propietario 
del inmueble. Página 450. 

Posiciones. — No siendo parte ni acusador en el juicio de contraban- 
do, el e.npleado que lo ha denunciado, no pro ce Je la peti- 
ción de que sea citado á absolver posiciones. Página 415. 

Prescripnon. — Véase: Compra-venta. 

Protocolización. — Véase : Hipoteca . 

Prueba. — Véase : Embargo . 



Q 



Quiebra. — Véase: Domicilio. 



R 



Recurso. — No son suceptibles de él, los autos del inferior mandando 
cumplir una resolución de la Suprema Corte. Página 21. 

Recurso. — No es suceptible de él, el auto que ordena se manifieste 
conformidad ó disconformidad con una cuenta de honorarios. 
Página 21. 



484 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Recurso. — Ninguna ley autoriza el recurso para ante los Jueces de 
Sección, sobre nulidad de sentencia dictadas por los tribu- 
nales locales. Página 155. 

Recusación. — De la de los Jueces de los territorios nacionales, no 
puede conocer el Juez recusado, sino el de Sección ó del 
territorio nacional más próximo al asiento del Juzgado. Pá- 
gina 383. 

Reivindicación. — Ejecutoriada y cumplida una sentencia que hace 
lugar á la reivindicación y entrega de un inmueble, los su- 
cesores del demandado no pueden, en calidad de tales suce- 
sores, vender los derechos y acciones que aquel tenia á dicho 
inmueble; y el comprador está sujeto á la acción de reivindi- 
cación de los sucesores del demandante. Página 261. 

Reivindicación. — Procede la de condominio, á íavor de los condó- 
minos, contra el poseedor de la propiedad común habida por 
compra á otro condómino si no hay prueba de haberse hecho 
la división, y de haber el condómino vendedor ejercido actos 
posesorios caracterizados, que sirvan á establecer una pose- 
sión exclusiva. Página 421. 



Sentencia. — Véase : Suprema Corte. 

Sobreseimiento. — El definitivo, debe ser objeto de la sentencia fina). 

Página 30. 
Sociedad. — Sin haberse promovido contra el socio administrador, el 

juicio sobre remoción de la administración, no procede el 

nombramiento de administrador provisorio de los bienes de 

la sociedad. Página 17. 
Sublocatarios. — Véase : Interdicto ; Posesión. 
Sumario. —Véase: Marca de fábrica. 
Suprema Corte. — Interpuesto de la sentencia del inferior, solamente 

el recurso de apelación, se halla habilitada para dar fin al 

pleito, apreciando y resolviendo las cuestiones apreciadas y 

resueltas por dicha sentencia . Página 51 . 



DE JUSTICIA NACIONAL 485 

Suprema Corle. — No puede pronunciarse sobre la interpretación que 
los jueces locales hayan dado á las leyes que reglan sus res- 
pectivos procedimientos, ni sobre las contestaciones que se 
resuelvan por los principios del derecho común. Página 74. 

Suprema Corle. — No procede, y debe declararse rnal concedido el 
recurso ante ella, contra sentencia de los tribunales locales 
que se basan exclusivamente en disposiciones del Código 
Civil y leyes de procedimientos. Página 88. 

Suprema Corle. — Pqpcede el recurso ante ella, cuando ante los tri- 
bunales locales se ha puesto en cuestión la inteligencia de 
una ley nacional, y se pretende que la sentencia final desco- 
noce el derecho fundado en ella. Página 158. 

Suprema Corle. — Debe declararse bien denegado el recurso inter- 
puesto ante ella, del auto de los tribunales locales, por el 
cual se desecha la excepción de declinatoria de jurisdicción- 
del Juez del Crimen, fundada en la pretensión de correspon- 
der el conocimiento de la causa al Juez de lo Civil de la 
misma'localidad. Página 183. 

Suprema Corle. — Debe declararse improcedente el recurso de apela- 
ción interpuesto contra las sentencias de los tribunales lo- 
cales, cuando dicho recurso se funda en el desconocimiento 
de su jurisdicción, y la materia jurisdiccional no ha sido 
puesta en cuestión ante los citados tribunales. Página 244. 

Suprema Corle. — Cuando se ha acusado por varios delitos, y el acu- 
sador no apela de la sentencia que declara probado uno solo, 
é improbados los otros, l.i Suprema Corte no puede pronun- 
ciarse sobre estos últimos. La sentencia en esta parte debe 
darse por consentida. Página 277. 

Suprema Corle. — Véase : Recurso. 

Suslraccion y violación de correspondencia. — Hace pasible al autor, 
de la pena de cinco años de trabajos forzados. Página 431. 



486 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Tasación. — Es un medio deficieu'e para llegar á un resultado pre- 
ciso del verdadero valor de los inmuebles, y los jueces no 
pueden dar preferencia á unas tasaciones sobre oirás, cuando 
éstas son distintas y se destruyen entre sí. Página 278. 

Tercería. — Véase : Hipoteca. 

Término de prueba . —Véase: Embargo. 

Testigos. — Los producidos por el demandante, pueden ser examina- 
dos al tenor del interrogatorio presentado por el demandado 
aún después de vencido el término, si el interrogatorio ha 
sido presentado dentio de él, y el demandante ha asentido 
al examen urdenado por el Juez. Página 204. 

Transporte.-— No corresponde á los tribunales federales de la Repú- 
blica conocer de reclamos sobre falta de mercaderías trasporta- 
das, cuando en el conocimiento se ha convenido que si las 
hubiese, se arreglarán en Bremen, con sujeción á la ley de 
Bremen, y exclusión de los tribunales de otros países. 
Página 225. 

Tribunales locales. — Véase : Recurso. 



Venta ad mensuram. — Véase : Mensura. 



FIH DEL TOMO DÉCIMO